By Prensa Latina
Guatemala,
Guatemala. Nueve ataques armados a seis comisarías de la Policía
Nacional Civil (PNC) en menos de 24 horas, tres policías muertos y ocho
heridos, más un civil lesionado, activaron las alarmas y alientan a la
controversia en Guatemala.
Mientras el gobierno insiste en que se
trata de un contraataque de las pandillas, tras la desarticulación de un
centenar de estructuras del Barrio 18, varias voces recuerdan que hace
tiempo estas bandas criminales son utilizadas como brazo armado cada vez
que se trata de infundir terror a la población.
En cualquier caso
vale considerar que la asonada iniciada el lunes 20 de marzo en la
noche contra puestos policiales de algunas zonas de la capital, y del
departamento occidental de Quetzaltenango, surtió el efecto de cortina
de humo detrás de la cual quedaron ciertos hechos que remecieron al
gobierno.
Del 5 al 11 de marzo Guatemala se estremeció al compás
de marchas masivas de campesinos, indígenas, maestros y mujeres, cuyas
demandas apuntaron a la urgencia de cambiar el modelo económico y
patriarcal prevaleciente, así como a lograr la renuncia del presidente
Jimmy Morales.
Este movimiento cívico cobró vigor a raíz de las
incoherencias relativas al incendio en el albergue estatal Virgen de la
Asunción, de San José Pinula, donde eran frecuentes los maltratos y
violaciones sexuales a menores de edad, además de la probable operación
de una red de prostitución y trata de personas.
La muerte de 40
niñas en el hospicio a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia (SBS) movilizó a un pueblo entero ávido de justicia –sin
distinciones religiosas, ideológicas o de otro tipo– y a buena parte del
mundo.
Al mismo tiempo, alentó los recelos acerca de la
incapacidad del mandatario para gobernar y de su culpabilidad en los
hechos, lo que motivó incluso la presentación de denuncias legales en su
contra por tortura, ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e
incumplimiento de deberes.
Aunque falta mucho por esclarecer en el
caso, y más culpables por capturar, la tragedia es considerada un
crimen de Estado, máxime luego que se conoció el modo cruel en el cual
actuaron los policías respecto a las víctimas.
El escándalo
provocado por el incendio en el centro de acogida llegó al punto que
presidentes de diferentes países y hasta el Papa Francisco expresaron
sus condolencias y pidieron obrar en aras de encontrar a los
responsables de tamaña masacre.
Los gritos de “Fue el Estado” o
“Fuera Jimmy Morales, yo no tengo presidente”, entre otros, resonaron en
la Plaza de la Constitución, que de forma consecutiva recibió a miles
de personas empeñadas en patentizar su duelo y lograr una respuesta
certera de las autoridades a lo acaecido el 8 de marzo.
Empero,
cuando la ciudadanía lloraba a las niñas del Virgen de la Asunción, el
presidente aprovechó para vetar la ley destinada a dignificar a las
comadronas o parteras y el Congreso avanzó en su agenda proempresarial,
con privilegios fiscales para los ganaderos.
También en medio del
duelo aparecieron propuestas orientadas a afianzar la impunidad en
Guatemala, como la reforma al artículo 100 de la Ley del Servicio Civil
del Organismo Legislativo, para eximir de responsabilidad penal a
quienes participaron en actos parlamentarios desde el 2008.
Y el
proyecto de modificación del Código Penal, dictaminado favorablemente
por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en aras de
facilitar la obtención de medidas sustitutivas a los implicados en casos
de corrupción, entre los cuales está el expresidente Otto Pérez Molina
(2012-2015).
Como rayo de luz en medio de las tormentas cayó que
la Corte Suprema de Justicia retirara la inmunidad al coronel retirado y
diputado Édgar Justino Ovalle, el poder detrás del jefe de Estado, a
pesar de las acusaciones que pesan en su contra por delitos de lesa
humanidad durante la guerra interna (1960-1996).
Sin
embargo, el exjefe de Inteligencia en la otrora Base Militar Coronel
Antonio José de Irisarri de Cobán (Alta Verapaz, 1983) sigue ausente del
Congreso y con orden de captura internacional por su desaparición, lo
que arriesga la posibilidad de enjuiciarlo y de festejar el triunfo de
la justicia transicional al ordenar su detención.
Ovalle, alias Puñalito,
es acusado de cinco desapariciones forzadas en ese enclave del Ejército
de Guatemala, reconocido ahora como Comando Regional de Entrenamiento
de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
Desde enero de
2016 éste fue señalado por los presuntos crímenes cometidos allí, pero
argucias legales de por medio le permitieron continuar disfrutando de su
curul –y de sus idas y venidas al despacho presidencial– hasta que se
esfumó previo a ser despojado de sus fueros para ser investigado.
En
medio de las dudas en torno al paradero del secretario general del
partido que llevó a Morales a mandatario, el Frente de Convergencia
Nacional-Nación, volvieron a sonar las alarmas, esta vez en el Centro
Juvenil de Privación de Libertad para Varones, conocido como Etapa II.
El
recinto, ubicado también en San José Pinula, al suroeste de la capital,
estaba destinado a menores de edad en conflicto con la ley, pero de los
73 reos que convivían ahí, sólo 17 estaban en ese rango y 56 eran
integrantes de la pandilla Barrio 18, de los cuales 39 eran adultos,
refieren informes de la SBS.
Según estimaciones policiales, el
domingo 19 de marzo estalló una revuelta en el lugar y los pandilleros
tomaron como rehenes a siete custodios, uno de los cuales murió a mano
de sus captores, y otros tres fallecieron después de ser rescatados en
un operativo que sucedió tras 30 horas de diálogo infructuoso.
Tanto
el director de la PNC, Nery Ramos, como el ministro de Gobernación,
Francisco Rivas, reconocieron el uso de la fuerza en el operativo y del
empleo de gases lacrimógenos.
Se actuó de manera proporcional con
la fuerza que el Estado nos da para restablecer el orden, declaró Rivas y
espetó que “si ellos fueron heridos, probablemente fue por oposición al
control que se estaba ejerciendo”.
Aplacado el motín en Etapa II,
tuvieron lugar los ataques a las nueve comisarías y las autoridades los
atribuyeron en el instante a los pandilleros del Barrio 18, en tanto el
presidente de Guatemala hablaba de amenaza de alta intensidad por la
delincuencia y el crimen organizado.
“Hemos dicho que cueste lo
que cueste, no toleraremos que estructuras criminales intenten
desestabilizar la paz social”, subrayó.
Asimismo Morales pidió al
Organismo Judicial colaborar con las decisiones del Consejo Nacional de
Seguridad, para castigar en forma rápida y efectiva a los responsables
de los atentados.
“El Estado a través de la PNC ha actuado en
contra de estructuras delictivas; y hoy se observa una reacción de estas
bandas”, afirmó el titular del Mingob, según el cual son más de 100 las
estructuras criminales del Barrio 18 neutralizadas.
“Vamos a
continuar con los operativos y a detener a estos pandilleros cobardes”,
remarcó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar, en un contexto marcado por
la insistencia de ciertos sectores en reactivar la aplicación de la pena
de muerte y por la existencia de múltiples agencias de seguridad.
Pero
también por la sorpresa de consultores políticos y observadores
internacionales ante el nivel de organización demostrado por las
pandillas el 21 de marzo, aunque se conoce de la proclividad de estas a
actuar de forma temeraria y en abierta impunidad.
“Las maras en
Guatemala son una expresión violenta de una sociedad producto de una
larga historia de violencia y están emparentadas con la cultura de
impunidad que prevalece porque el Estado no es un verdadero regulador de
la vida social”, comenta a Prensa Latina el filósofo y sicólogo,
Marcelo Colussi.
En
su opinión, éstas siempre fueron utilizadas por quienes ejercen el
poder para este tipo de acciones criminales, para desestabilizar, y así
mantener en zozobra a la población y alejarla de sus verdaderos
problemas.
Quién quita que este marzo convulso, en el cual
arreciaron las manifestaciones de rechazo al presidente, sea el preludio
de tiempos más borrascosos por la insistencia de recurrir a la
militarización en el ámbito de lo que algunos llaman la restauración
conservadora en Guatemala.
Isabel Soto Mayedo/Prensa Latina
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
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