¿En qué gasta un gobierno?

León Bendesky

La Jornada 

Formular un presupuesto federal es siempre una afirmación de índole política. El presidente Donald Trump envió al Congreso su proyecto presupuestal para el año fiscal 2018 (de octubre 1º de 2017 a septiembre 30 de 2018) con una clara indicación de sus prioridades.

Además, incluye un señalamiento preciso acerca de que los recortes y reasignaciones que contiene están diseñados para redefinir el papel adecuado del gobierno federal.

Pero, ¿qué significa la noción del papel adecuado del gobierno federal, en un sentido general y, en particular, cuando ésta se expone en un presupuesto? Tal como se presenta esa afirmación parece que el gobierno que encabeza el presidente sabe exactamente lo que debe hacer en materia de la consecución, primero, y de la asignación, después, de los recursos públicos.

Por esto parecería que se conocen las preferencias de los ciudadanos, con respecto de sus aportaciones mediante los impuestos y al uso de los recursos públicos. Además, supone que dichas preferencias pueden jerarquizarse de manera clara, ordenándose de menores a mayores. Así, hasta se podría trasladar el asunto de esas preferencias a un esquema de maximización de la situación de bienestar de la población, argumentando, incluso, que mediante el presupuesto se llevaría al nivel máximo posible.

Intelectualmente es una pretensión ambiciosa y políticamente tiende a ser una postura excesiva. Después de todo, la mayoría que consiguió Trump en términos de los votos del Colegio Electoral, se expresó en una diferencia –no menor– del voto popular en favor de su contrincante. De modo que las preferencias de los electores no pueden suponerse como manifestación unívoca de los motivos del presupuesto.

La conversión en ley de la propuesta del presupuesto expresará la discusión en el Congreso y las exigencias que los representantes en las cámaras tengan de sus propios electores. Pero las grandes líneas de las preferencias del presidente y su equipo más cercano, que no se corresponde necesariamente con su gabinete, están expuestas en el documento que han recibido.

La base presupuestal dedicada al gasto en defensa es de 603 mil millones de dólares; la base para el resto del gasto es de 462 mil millones. Los siguientes rubros ven reducido su presupuesto: agricultura, comercio, educación, energía, salud, vivienda y desarrollo urbano, interior, justicia, trabajo, relaciones exteriores, transporte, tesoro. Crecen los siguientes: defensa, seguridad interna y los asuntos relativos a los veteranos. Se elimina el financiamiento para el fondo nacional de las artes, el fondo nacional para las humanidades, el Instituto de servicios a museos y bibliotecas y otros programas.

Hay que reconocer que siempre existen asignaciones de fondos que pueden ser reducidas o eliminadas a partir de ciertos criterios de eficiencia y relevancia. En este caso conviene tener en cuenta la preminencia que se concede a las partidas del gasto.

Las prioridades indican que el rasero aplicado fue el de reducir prácticamente todo lo que hace el gobierno, excepto el gasto militar y aquel dedicado a cumplir los criterios de la política de inmigración.

Los críticos del presupuesto 2018 señalan que se recortarán los gastos en las actividades en las que los mercados exhiben más fallas y donde se necesita la intervención del gobierno. Algunos casos expuestos comprenden la prevención de la contaminación del aire y del agua, las relaciones con gobiernos extranjeros, incluyendo la ayuda externa, la protección de los consumidores, la inversión en las escuelas públicas, el apoyo a la investigación básica, la prevención de desastres y el apoyo a las familias más pobres.

Con respecto de la protección del medio ambiente se critica la fuerte reducción de recursos para la Agencia de Protección Ambiental. Las actividades de ésta han sido señaladas por el director de la Oficina del Presupuesto en el Congreso como fuera de las prioridades del gobierno. Dijo, sin ambages, que no se gastarán más dólares de los impuestos en la atención del clima. Consideramos, declaró, que es un desperdicio del dinero de los ciudadanos.

Esto se aproxima mucho a lo que puede llamarse como la arrogancia presupuestal. Tal vez este rasgo deba ser considerado abiertamente como asunto de la calidad del sistema democrático de una sociedad. Hay siempre un debate implícito que tiene que ver con la consideración de los bienes públicos y los privados. En este terreno la disputa es constante.

Queda para la política pública y para el presupuesto mismo el enorme tema de la provisión de servicios de salud que se enmarca en el proyecto de los republicanos para revocar y remplazar el sistema llamado Obamacare.

El meollo está en la cobertura de tipo universal que se pretende proveer y los costos que puede cubrir la población de menores recursos. El dilema no se resuelve sin encarar el costo real de la salud. El arreglo social para abordarlo tiene que encararse de modo muy distinto a como está ahora planteado en muchos países. En todo caso el sistema siempre discrimina, ya sea por costo y por la prestación de los servicios: la calidad y las colas.