Guatemala
Tal parece que las
reformas constitucionales orientadas al fortalecimiento del sistema
judicial oficial han sido derrotadas. De concretarse, esta derrota será
el resultado de una correlación histórica de fuerzas que constituye el
marco de posibilidad que finalmente impida la aprobación de las reformas
planteadas.
Estamos ante una correlación de fuerzas de larga
duración que en la historia reciente implicó la derrota militar del
movimiento revolucionario y, posteriormente, de la consulta popular de
1999, en la cual se sometieron las reformas constitucionales devenidas
de los acuerdos de paz.
En este momento volvemos a corroborar
que la correlación de fuerzas es favorable a la clase social dominante,
representada en su partido político matriz, el Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif),
que ha resultado ser decisivo. Esta clase social ha tenido la capacidad
de gestar una alianza dentro y fuera del Congreso de la República para
obstaculizar e impedir que la propuesta de reforma constitucional se
abra camino.
En el Congreso, esta alianza articula a los
partidos políticos Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación); Partido
Patriota (PP, recientemente inhabilitado); Libertad Democrática
Renovada (Líder, también inhabilitado); Movimiento Reformador (MR);
Compromiso, Renovación y Orden (CREO); Partido de Avanzada Nacional
(PAN); Todos; Unión del Cambio Nacional (UCN); y Alianza Ciudadana.
Estas representaciones políticas tienen la característica de ser fuerzas
conservadoras de derecha, las cuales representan, agregan e intermedian
intereses empresariales y mafiosos. Todos, sin excepción, han cerrado
filas ante los débiles embates de las fuerzas reformistas y de
anticorrupción. Esta alianza, además, es en parte el correlato que se
expresa en el Organismo Ejecutivo, el cual, aun con sus profundas
debilidades, con sus incapacidades y con las muestras de los vínculos de
algunos de sus dirigentes con el crimen y la corrupción, constituye un
factor más que es articulado en esta trinca del establishment.
Esta correlación de fuerzas no sería posible sin la hegemonía reproducida por los medios de difusión y comunicación
masiva, las Iglesias conservadoras, la mayoría de los partidos
políticos, las cámaras empresariales, etc. Esta hegemonía es la
combinación de una serie de factores como el clasismo que legitima la
explotación, el expolio y la exclusión social; el racismo, que niega
toda posibilidad a sujetos que no estén identificados por la blancura de
su piel y por su cultura occidental; la ideología anticomunista, que ve en todo aquello que protesta o discrepa del statu quo
un sinónimo de insurgencia; el falso paradigma de desarrollo
fetichizado en el imperio en decadencia; la democracia como sinónimo de
elecciones en las cuales gana el que más paga; el paradigma
iusnaturalista y positivista occidental del derecho, que excluye el
reconocimiento de sistemas jurídicos que corresponden a otros tipos de
paradigmas y que impide cultural e ideológicamente el cambio social en
general y las reformas que tiendan a aminorar un milímetro el dominio de
la clase dominante y de los poderes fácticos en el país.
En
este marco, las fuerzas reformistas, encabezadas por organismos
estatales (como el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos
Humanos) o paraestatales (como la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala —CICIG—) y respaldadas por la Embajada de Estados
Unidos, constituyeron un factor insuficiente para lograr este cambio,
que ( como ya lo hemos planteado [1] )
estaba acotado e incluso era conservador si se piensa en las
transformaciones profundas que requiere el Estado o en la necesidad de
fundar un Estado diferente.
En este sentido, el Gran Consejo
Nacional de Autoridades Ancestrales, como estructura de autoridad y de
poder procedente de sujetos subordinados y oprimidos que pretendían la
reforma constitucional y particularmente el reconocimiento de los
sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, constituyó un actor
importante en este polo reformista. Si se piensa en su pretensión
específica, su fuerza también fue insuficiente por su limitada capacidad
de dirección política, de alianzas, de organización y de movilización
política para enfrentar no solo la estrategia desplegada por el Cacif y
el conjunto de las fuerzas conservadoras, sino también para lograr un
quiebre en la hegemonía que permitiera gestar una relación de fuerzas
favorable a su propósito. Estos serían los factores objetivos y mayores
que llevarían a dichas fuerzas a concebir y concretar una salida audaz y
digna al retirar el artículo 203 de la discusión política y legislativa
y, según su declaración, abrirles paso a las demás reformas en materia
de justicia.
Sin duda, habrá que generar las acciones
necesarias de sistematización, análisis e interpretación de esta
experiencia de lucha por la reforma constitucional. Estas tareas
corresponden, obviamente, a todos los actores que se plantearon
formularla y apoyarla. También es necesario replantear un conjunto de
supuestos que operaron en las fuerzas reformistas o en aquellas otras
que, aun cuando se proponen cambios más profundos, consideraron la
necesidad de apoyar estas modificaciones constitucionales. Esto será
importante para pensar qué, para qué, quiénes y cómo deberá avanzarse
para impulsar estrategias coherentes, para quebrar la hegemonía
favorable a los poderes reales y, finalmente, para lograr cambios
históricos, que son los que el Estado guatemalteco en particular
requiere. Es importante aun si las reformas constitucionales que aún
sobreviven en el procedimiento legislativo logran abrirse paso, lo cual,
reitero, parece poco probable.
Nota
[1] https://www.plazapublica.com.
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