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América Latina
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"Los
suscritos nos dirigimos a Usted para hacer manifiesto nuestro apoyo y
nuestra solidaridad con el conjunto de trece abogados, fiscales,
defensores de derechos humanos y académicos investigadores sobre temas
históricos, legales y sociales sobre derechos humanos y terrorismo de
Estado en Uruguay, que han sido objeto, recientemente, de amenazas y de
intimidación en virtud de sus acciones y su trabajo en pos de verdad,
memoria y justicia", dice la misiva.
El
texto hace referencia a las amenazas de muerte recibidas por estas
trece personas de parte del llamado Comando General Pedro Barneix y al
robo del que fue víctima el Grupo en Investigación en Antropología
Forense de la Universidad de la República en marzo de 2016, que trabaja
para la búsqueda de personas desaparecidas por la dictadura
cívico-militar (1973-1985).
El general retirado Pedro Barneix
integró, durante el primer Gobierno de Vázquez (2005-2010), una comisión
interna del ejército para investigar sobre los detenidos desaparecidos
durante la dictadura.Sin embargo, en setiembre de 2015 el militar se quitó la vida al enterarse que había sido procesado por la justicia por el asesinato de Aldo Perrini, un comerciante de la ciudad de Carmelo (oeste), quien murió en 1974 a causa de las torturas.
Perrini era votante del entonces proscripto Frente Amplio, pero no tenía ningún tipo de militancia política.
"Es
absolutamente inaceptable y en todo sentido repudiable que defensores
de los derechos humanos y académicos, tanto uruguayos como extranjeros,
sean sometidos a amenazas de esta índole, provenientes de individuos y
organizaciones más o menos ocultas que persisten, aún hoy, en defender
el terrorismo de Estado, empleando métodos que procuran intimidar a
quienes buscan la dilucidación de sus mecanismos y sus responsables",
indica el texto.
Los
firmantes, entre los que se encuentran reconocidos investigadores como
el exembajador de Uruguay ante la Organización de los Estados
Americanos, Milton Romani y Roberta Cohen, exoficial del Buró de
Derechos Humanos para América Latina del Departamento de Estado de EEUU
durante la presidencia de Jimmy Carter (1977-1981), entre otros, exigen
al Gobierno que condene e investigue las amenazas.
"Exigimos
que el Estado uruguayo, a través de sus representantes, exprese su más
firme condena ante estas nuevas amenazas, que los poderes competentes
las investiguen seria y efectivamente para dar con sus responsables, y
que se aplique la ley como corresponde en un Estado de derecho, ya que
de acuerdo a la legislación uruguaya la amenaza constituye un delito",
sostiene la carta.
En Uruguay siguen desaparecidas 192 personas secuestradas o detenidas durante el régimen dictatorial, según datos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
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