Lo
que empezó siendo un simple delito de blanqueo de dinero en un negocio
de lavado de coches en Brasilia se ha transformado en una enorme y
compleja red de pago de sobornos a políticos y funcionarios en más de
una decena de países de Latinoamérica y África, que amenaza incluso con
acabar con la carrera de varios jefes de Estado.
Este escándalo de gran relevancia reúne todos los ingredientes más turbios: dinero a espuertas, funcionarios sin reparos y cuentas bancarias opacas. La trama oculta se inició hace lustros, pero su auténtica envergadura emergió hace bien poco, como una mera ramificación de la llamada Operación Lava Jato, la investigación brasileña que lleva casi tres años destapando la inabarcable trama de corrupción en el seno de la empresa petrolífera semiestatal Petrobras. Lo que era un hijo adquirió personalidad propia y superó con creces a su progenitor.
La dimensión internacional del caso Odebrecht se hizo pública en diciembre de 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló que el conglomerado empresarial se había declarado culpable de haber pagado nada menos que 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil, desde 2001 a 2014, en "más de 100 proyectos", que en la gran mayoría de los casos correspondían a obras públicas.
El tsunami está desencadenando consecuencias políticas insospechadas. 77 exdirectivos de Odebrecht implicados están colaborando con las autoridades judiciales. A cambio de la promesa de ver reducidas sus condenas de prisión, están revelando detalles muy jugosos sobre las operaciones en el exterior de su antigua empresa. La prensa brasileña habla de unos 200 políticos comprometidos en la que ya denomina la "delación del fin del mundo". Las acusaciones se extienden por todo el subcontinente, alcanzando especialmente a Perú, Panamá y Colombia.
Lea más: Juez peruano libra orden de captura internacional para el expresidente Alejandro Toledo
Dos son los ejemplos más sonados de personas en el punto de mira de la Justicia: el expresidente peruano Alejandro Toledo y el actual mandatario panameño, Juan Carlos Varela. A Toledo se le acusa de tráfico de influencias y lavado de activos. Los fiscales ya han solicitado para él prisión preventiva de 18 meses por supuestamente haberse apropiado de 20 millones de dólares en sobornos. Sobre Toledo —quien vive ahora en San Francisco, donde trabaja como investigador en una prestigiosa universidad californiana— ya pesa una orden internacional de búsqueda y captura. Él se defiende, declarando que es víctima de una "caza de brujas", que no es un fugitivo, que es preciso mantener su presunción de inocencia y que va a defender su honestidad con la condición de que no le prejuzguen ya como culpable. En Perú, no obstante, ya le dan por sentenciado. Lo lógico es que su caso entre en un proceso de extradición que afectará probablemente a las relaciones diplomáticas entre Lima y Washington.
Por desgracia, el rastro tóxico está dando pábulo a toda suerte de especulaciones y rumores sin contrastar, cuyo objetivo es manchar reputaciones políticas, independientemente de su signo ideológico, o influir en procesos electorales en curso, como en Ecuador. La corrupción no tiene bandera, no es de izquierdas o de derechas. Sólo se mueve por la codicia humana.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
Este escándalo de gran relevancia reúne todos los ingredientes más turbios: dinero a espuertas, funcionarios sin reparos y cuentas bancarias opacas. La trama oculta se inició hace lustros, pero su auténtica envergadura emergió hace bien poco, como una mera ramificación de la llamada Operación Lava Jato, la investigación brasileña que lleva casi tres años destapando la inabarcable trama de corrupción en el seno de la empresa petrolífera semiestatal Petrobras. Lo que era un hijo adquirió personalidad propia y superó con creces a su progenitor.
La dimensión internacional del caso Odebrecht se hizo pública en diciembre de 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló que el conglomerado empresarial se había declarado culpable de haber pagado nada menos que 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil, desde 2001 a 2014, en "más de 100 proyectos", que en la gran mayoría de los casos correspondían a obras públicas.
Lo
que se está desmontando, por tanto, es un auténtico "departamento de
cohechos y coimas" que la firma fundada en Salvador de Bahía operaba de
forma sistemática e impune, utilizando no sólo entidades bancarias
brasileñas sino también bancos estadounidenses y suizos, para hacer los
pagos y obtener a cambio sustanciosos contratos.
No es extraño
pues que, gracias a estos métodos absolutamente inmorales e ilegales,
Odebrecht llegara a ser considerada una de las empresas constructoras
más fuertes y cotizadas de América Latina, con más de 125.000 empleados
en una treintena de países.El tsunami está desencadenando consecuencias políticas insospechadas. 77 exdirectivos de Odebrecht implicados están colaborando con las autoridades judiciales. A cambio de la promesa de ver reducidas sus condenas de prisión, están revelando detalles muy jugosos sobre las operaciones en el exterior de su antigua empresa. La prensa brasileña habla de unos 200 políticos comprometidos en la que ya denomina la "delación del fin del mundo". Las acusaciones se extienden por todo el subcontinente, alcanzando especialmente a Perú, Panamá y Colombia.
Lea más: Juez peruano libra orden de captura internacional para el expresidente Alejandro Toledo
Dos son los ejemplos más sonados de personas en el punto de mira de la Justicia: el expresidente peruano Alejandro Toledo y el actual mandatario panameño, Juan Carlos Varela. A Toledo se le acusa de tráfico de influencias y lavado de activos. Los fiscales ya han solicitado para él prisión preventiva de 18 meses por supuestamente haberse apropiado de 20 millones de dólares en sobornos. Sobre Toledo —quien vive ahora en San Francisco, donde trabaja como investigador en una prestigiosa universidad californiana— ya pesa una orden internacional de búsqueda y captura. Él se defiende, declarando que es víctima de una "caza de brujas", que no es un fugitivo, que es preciso mantener su presunción de inocencia y que va a defender su honestidad con la condición de que no le prejuzguen ya como culpable. En Perú, no obstante, ya le dan por sentenciado. Lo lógico es que su caso entre en un proceso de extradición que afectará probablemente a las relaciones diplomáticas entre Lima y Washington.
Otra
de las "bombas Odebrecht" afecta al territorio panameño. Al presidente
Juan Carlos Varela le acusan de haber recibido "donaciones" para
sufragar su campaña electoral. La fuente de esta denuncia no es otra
sino su amigo Ramón Fonseca Mora, exministro consejero del mandatario
conservador y socio del bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo
conocido como los Papeles de Panamá. Varela negó haber recibido dinero
sucio de manos de los brasileños, declaró que difundirá la lista de sus
donantes privados aunque la ley no le obligue a ello y explicó que
"están buscando un chivo expiatorio, alguien que desvíe la atención". El
líder panameño no es el único que se siente amenazado. Sus dos
inmediatos predecesores en el cargo, Ricardo Martinelli y Martín
Torrijos, también están siendo investigados.
Las salpicaduras
también han llegado hasta Bogotá y su máximo representante político,
Juan Manuel Santos. Hace unos días, en unas declaraciones juradas ante
la Fiscalía General de Colombia, el exsenador Otto Bula, detenido por su
papel en la trama, aseguró que había entregado maletines con un total
de un millón de dólares en efectivo en su interior para apoyar la
reelección del presidente Santos. Posteriormente, sin embargo, este
mismo delator se retractó de sus palabras en una carta enviada a otra
organización pública. ¿Qué credibilidad puede tener entonces esta
persona en un proceso judicial garantista? ¿Qué oscuras maniobras le
hicieron cambiar radicalmente de declaración? ¿Fue acaso coaccionado?
Todo esto evidencia que los testimonios arrancados en clave de
"colaboración eficaz" son importantes para los tribunales pero
insuficientes para incriminar a terceros pues pueden resultar falsos,
estar motivados por la venganza personal y esconder intereses espurios.
El grupo empresarial, que también se dedica a los sectores de la
ingeniería y la energía, extendió sus tentáculos por todas partes, ávida
de captar mercados y beneficios. Para ello se hizo con una nómina de
gente sin escrúpulos, casi mafiosos, y no demasiado fiables.Por desgracia, el rastro tóxico está dando pábulo a toda suerte de especulaciones y rumores sin contrastar, cuyo objetivo es manchar reputaciones políticas, independientemente de su signo ideológico, o influir en procesos electorales en curso, como en Ecuador. La corrupción no tiene bandera, no es de izquierdas o de derechas. Sólo se mueve por la codicia humana.
El
asunto no ha hecho más que empezar. La mancha de aceite no se detiene,
implacable. Representantes de los Ministerios Públicos de 15 países se
han reunido esta semana en Brasilia para intercambiar datos sobre las
prácticas de corrupción en que ha incurrido Odebrecht, cuyo máximo
ejecutivo, Marcelo Odebrecht, terminó condenado a 19 años de cárcel.
La
cita, a la que fueron invitados delegados de Antigua y Barbuda,
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México,
Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela, ha
supuesto un inédito caso de cooperación regional que debería abrir la
puerta a nuevas investigaciones no sólo en Latinoamérica sino también en
Europa.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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