Así
 lo cree el investigador del centro de Estudios de Seguridad y 
Ciudadanía (Cesec) de la Universidad Cândido Mendes de Río de Janeiro 
Pablo Nunes, que remarca que el Gobierno dio un "jaque mate" al 
movimiento huelguista cuando empezó a negociar con una de las 
asociaciones policiales.
Los policías resistieron un poco más pero este 13 de febrero muchos ya volvieron a trabajar normalmente: 1.200 de los 2.000 que lo hacen habitualmente, mientras que la ciudad de Vitória vuelve poco a poco a la normalidad: los autobuses vuelven a circular y reabren escuelas, hospitales y el comercio local.
Lea también: Gobernador brasileño de Espíritu Santo critica el "chantaje" de la policía
En cualquier caso Nunes destaca que lo sucedido en Espírito Santo es un "laboratorio" que testará cómo se tratarán los próximos movimientos reivindicatorios de este tipo.
En los últimos días se produjeron más de 140 muertes violentas, según el sindicato de la Policía Civil, además de continuos robos, saqueos y atracos.
Al margen del castigo que puedan sufrir los policías a medio plazo Nunes teme que el conflicto se haya cerrado en falso, ya que no se han satisfecho ninguna de sus reivindicaciones.
Sus esposas y familiares pedían un aumento del 43% del salario para compensar la inflación de los últimos años, además de mejoras en las condiciones de trabajo, que en muchas ocasiones ponen en riesgo la integridad física de los policías.
Según el estudio del Gepesp a lo largo de 2015 un total de 26 agentes de la Policía Militar de Río de Janeiro se quitaron la vida: de los 224 policías militares encuestados un 10% lo intentó y un 22% lo pensó pero no lo intentó.
Hasta
 entonces, recuerda Nunes a Sputnik, el movimiento estaba muy unido, por
 lo que esta "jugada para dividir al movimiento" ayudó a desmoralizar a 
los policías y a sus mujeres, que lideran la huelga encubierta 
bloqueando los cuarteles para que los vehículos no puedan salir a 
patrullar.
A pesar de que el fin de semana el Gobierno anunció un 
acuerdo con la policía lo cierto es que al día siguiente pocos salieron a
 patrullar: "Era un acuerdo risible, todas las contrapartidas que tenía 
que asumir el Gobierno eran promesas, conceptos vagos que se iban a 
estudiar", dice Nunes.Los policías resistieron un poco más pero este 13 de febrero muchos ya volvieron a trabajar normalmente: 1.200 de los 2.000 que lo hacen habitualmente, mientras que la ciudad de Vitória vuelve poco a poco a la normalidad: los autobuses vuelven a circular y reabren escuelas, hospitales y el comercio local.
Lea también: Gobernador brasileño de Espíritu Santo critica el "chantaje" de la policía
En cualquier caso Nunes destaca que lo sucedido en Espírito Santo es un "laboratorio" que testará cómo se tratarán los próximos movimientos reivindicatorios de este tipo.
"Los policías
 que participaron en el movimiento serán perseguidos con contundencia. 
Habrá que ver qué penas se aplican, pero creo que será una señal clara 
de que las cosas no están dentro de la normalidad", aventura el experto.
Este
 experto en seguridad pública pronostica un castigo ejemplar para 
ahuyentar la posibilidad de que se repite una huelga de este tipo, sobre
 todo teniendo en cuenta el contagio producido en Río de Janeiro.
El
 pasado viernes el Gobierno de Espírito Santo informó que acusará de 
crimen de motín y revuelta a 703 policías, lo que podría costarles 
multas y hasta 20 años de prisión.
Además, la Fiscalía estudia 
llevar este delito al ámbito federal para poder exigir a las esposas de 
los agentes que paguen por el coste del envío del Ejército a Espírito 
Santo para actuar ante la ola de violencia desatada.En los últimos días se produjeron más de 140 muertes violentas, según el sindicato de la Policía Civil, además de continuos robos, saqueos y atracos.
Al margen del castigo que puedan sufrir los policías a medio plazo Nunes teme que el conflicto se haya cerrado en falso, ya que no se han satisfecho ninguna de sus reivindicaciones.
Sus esposas y familiares pedían un aumento del 43% del salario para compensar la inflación de los últimos años, además de mejoras en las condiciones de trabajo, que en muchas ocasiones ponen en riesgo la integridad física de los policías.
"Se creó 
un movimiento de mujeres bien articuladas (…) Los policías de Espírito 
Santo tienen uno de los menores salarios de Brasil y unas condiciones de
 trabajo muy deficientes. Imagina a un policía teniendo que ir a una 
operación sabiendo que su chaleco antibalas está defectuoso. Es 
complicado", ejemplifica Nunes.
Nunes, que también es uno de los 
autores 'Por que policiais se matam?', del Grupo de Estudio e 
Investigación en Suicidio y Prevención (Gepesp en sus siglas en 
portugués) remarca que la situación de la Policía Militar en Brasil 
merece un debate serio y sereno, y que buena parte de las soluciones 
pasan por la desmilitarización.
Es
 algo que pide más del 70% de los policías, según una encuesta de la 
Fundación Getúlio Vargas, pero que cuenta con fuertes resistencias tanto
 en los altos mandos como en el Congreso Nacional, debido a la amplia 
presencia de diputados de la llamada "bancada da bala", con muchos 
intereses en la industria armamentística.
Con los últimos 
coletazos de la huelga de Espírito Santo circulan en las redes sociales 
vídeos de policías llorando por tener que volver a su dura rutina de 
trabajo, mientras que algunas esposas cuentan relatos de intentos de 
suicidio.Según el estudio del Gepesp a lo largo de 2015 un total de 26 agentes de la Policía Militar de Río de Janeiro se quitaron la vida: de los 224 policías militares encuestados un 10% lo intentó y un 22% lo pensó pero no lo intentó.
 

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