Piscina descubierta de residuos de petroleo dejada por Texaco en la Amazonia
Hace
más de 23 años, 30.000 indígenas y campesinos residentes en las
provincias de Orellana y Sucumbíos, de la Amazonía norte del Ecuador,
agrupados en la Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco,
(UDAPT), iniciaron una acción judicial en contra de la transnacional
Chevron Corporation, antes Texaco.
Para refrescar la
memoria, recordemos que Chevron, en 1964, obtuvo un concesión de más de
un millón de hectáreas en la Amazonía norte de Ecuador, para explorar y
extraer petróleo. En esa área de selva tropical amazónica, habitaban
pueblos indígenas ancestrales, entre ellos: los Siekopai, Sionas,
Cofanes, Waorani, Tetetes y Sansahuari.
La empresa Texaco
realizó una operación defectuosa, diseñada para incrementar su ganancia
económica, con la menor inversión posible. Por ejemplo: todas las
piscinas, de una dimensión mínima que sobrepasaban en promedio los 300
metros cuadrados, las construyó lo más próximo a las fuentes de agua
superficial. Vertió intencionalmente a los ríos de la Amazonía más de
16.000 millones de galones de agua tóxica (agua mezclada con tóxicos
producto de la extracción); provocó cientos de derrames de crudo, que
nunca remedio, cubrió con petróleo más de 1.500 kilómetros de vías o
carreteras.
En conclusión, causó de forma intencional y
reiterada, la destrucción de más de 450.000 hectáreas de bosque tropical
amazónico. De acuerdo a la ley ecuatoriana, al contrato de concesión y
a las prácticas operacionales de esa época, la compañía estaba obligada
a utilizar la mejor técnica, para evitar el impacto ambiental y así no
afectar la vida de las personas ni del ecosistema; pero, la actitud
irresponsable adoptada por Chevron generó uno de los peores desastres
ambientales de la historia de la humanidad, causado por una
transnacional.
Según varios estudios de salud, entre ellos
los contenidos en los libros “Las Palabras de la Selva”, de Carlos
Berinstain y “Cáncer en la Amazonía”, de Miguel San Sebastián,
realizados en la zona, se determina la existencia de cientos de casos de
cáncer, que son plenamente atribuibles a la constante exposición a los
tóxicos arrojados por la petrolera.
Proceso judicial
Con
el sueño de lograr una reparación del daño causado por las operaciones
de Chevron, más de 30.000 indígenas y campesinos de la Amazonía
ecuatoriana, en el 1993, plantearon una demanda en contra de la
petrolera Texaco, en el estado de Nueva York; es decir, ante el sistema
judicial norteamericano.
Chevron activó dos argumentos para su defensa:
- Desestimar la demanda. Para procurar convencer a los jueces norteamericanos que desestimen la demanda, la petrolera logró incidir en el Gobierno de Ecuador, con el cual suscribió un contrato, en el que la petrolera se comprometió a remediar una parte del daño causado.
- Foro no conveniente. El segundo argumento de la petrolera fue el de que el sistema norteamericano, no era el foro conveniente y que si se debía tramitar un juicio, éste debía ser ante el sistema judicial ecuatoriano.
Finalmente,
luego de nueve años de litigios ante el sistema norteamericano, Chevron
ganó esa batalla y el caso se radicó en el Ecuador, en donde la
petrolera argumentó que el sistema judicial ecuatoriano no era
competente para procesar este juicio.
En el 2011, la UDAPT
logró que Chevron sea condenada a pagar más de 9.500 millones de
dólares, que serán destinados a reparar el daño causado.
Sin embargo, durante todos esos años de proceso, Chevron retiró todos sus bienes y activos que tenía en el Ecuador, lo que determina que la sentencia que ganaron los afectados, se vuelva inejecutable en el país donde se produjo el daño.
Hasta este día, la UDAPT, con
su esquipo de abogados, ha luchado en las cortes de EE.UU., Canadá,
Ecuador, Brasil, Argentina e incluso ante la Corte Penal Internacional.
Ha recurrido a varias relatorías de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, pero hasta hoy no logra un pleno acceso a la justicia.
¿Cuáles son los obstáculos que tienen los afectados para lograr un adecuado acceso a la justicia?
Existen
múltiples obstáculos que impiden que pueblos y/o comunidades afectadas
tengan pleno acceso a la justicia y sean tratadas en igualdad de
condiciones que las corporaciones.
Costo económico.
Según datos, algunos públicos y otros por análisis de costo, Chevron ha
gastado más de dos mil millones de dólares en su defensa. Ha
contratado más de 60 bufetes de abogados en distintos países, decenas de
empresas de comunicación, de lobby, e incluso empresas de espionaje y
persecución como Kroll por ejemplo, que es una de las compañías de
espionaje más grandes del mundo. Esa corporación, a fines de 2013,
reveló que en ese año había facturado más de 15.000.000 de dólares a
Chevron, por espiar y perseguir al equipo de la UDAPT. Adicionalmente,
Chevron usa mucho de su dinero para chantajear a distintos gobiernos del
mundo, con el fin de comprar impunidad. Por ejemplo, cuando la UDAPT
logró activar el embargo en la República de Argentina, Chevron ofreció
realizar millonarias inversiones en el yacimiento Vaca Muerta, a cambio
que los jueces levanten el embargo que la UDAPT había conseguido activar
en ese país. Finalmente, el chantaje les funcionó, la Corte Suprema de
Argentina, el 4 de junio del 2013, levantó el embargo y el 16 de julio
del mismo año (2013), se suscribió el contrato de inversión entre
Chevron y el Gobierno argentino.
Es imposible para los
pueblos indígenas y campesinos competir y hacer frente a una corporación
con un sistema que no garantiza la igualdad para las partes.
Ocultamiento tras las empresas subsidiarias. Según el informe publicado en el 2011, PipingProfits, de PublishWhatyouPay de Noruega[1],
Chevron es una de las corporaciones más opacas del mundo. Mantiene más
de 77 empresas subsidiarias, la mayoría de ellas en los denominados
paraísos fiscales. Uno de los casos que nos aclara mejor esta telaraña
es la ingeniería que construyeron en Argentina para ocultarse de nuestro
juicio[2].
La UDAPT, que ganó el caso de forma legítima ante las Cortes del
Ecuador, hoy está abocada a realizar distintas acciones de exequátur
(homologación de sentencia) en jurisdicciones extranjeras, entre ellas
Canadá, Brasil y Argentina. En todas ellas, Chevron procura ocultarse
tras el velo societario, tras las subsidiarias.
Uso de la ciencia para torcer la verdad.
Durante el proceso judicial en Ecuador, se generaron más de 80.000
resultados físicos químicos, 106 informes o reportes de expertos, 60 de
los cuales pagados totalmente por Chevron. El legado de tóxicos dejados
por Chevron en nuestra Amazonía es inocultable, es evidente, tanto así
que, a los propios expertos contratados por Chevron se les hacía
imposible no encontrar contaminación. Durante la fase de
investigaciones de campo, el multitudinario equipo de expertos que
trabajaba para Chevron debía hacer un gran esfuerzo para no hallar
residuos de tóxicos, dejados por la petrolera, en la Amazonía; y cuando
daban con ellos, que era siempre, el trabajo de los expertos era
ocultarlos o minimizar su impacto[3].
Sistema de justicia inaccesible para los pueblos afectados.
Cuando nuestro caso fue planteado ante el sistema de justicia de los
EE.UU., Chevron argumentó que los jueces norteamericanos no tenían
competencia para procesar este juicio, que no era el foro conveniente.
Cuando el caso vino al Ecuador, Chevron argumentó que los jueces del
Ecuador no eran competentes para procesar el juicio. Luego, cuando la
UDAPT ganó el litigio en Ecuador e iniciamos las acciones de Exequátur
en Canadá, Brasil y Argentina, Chevron arguye, en las tres
jurisdicciones, que esos jueces no son competentes para procesar este
proceso. Este argumento lo pone Chevron porque sabe que no existe en el
mundo un instrumento jurídico que permita juzgar corporaciones, ni una
estructura o corte internacional para ese fin. Este es el gran vacío
que existe en el planeta.
Protección del país de origen de la corporación.
En este caso, es evidente que tanto el sistema judicial de los EE.UU.
como la administración pública de ese país, han protegido y siguen
protegiendo ferozmente a la corporación.
Por ejemplo, en
su momento revelaron al menos nueve cables Wikileaks, que evidenciaban
los nexos y las presiones que ejercía la embajada estadounidense en
Quito, en contra del Gobierno ecuatoriano, y del sistema judicial del
Ecuador, para ayudar a Chevron.
Adicionalmente, en los
últimos años, el sistema de justicia de los EE.UU., asentado en Nueva
York, ha emitido resoluciones que prohíben que se pueda ejecutar la
sentencia nuestra en los EE.UU., todo por un supuesto fraude. Durante
el proceso judicial, prohibieron a los ecuatorianos y sus defensores
hablar de la contaminación ambiental generada por Chevron; los jueces
que fallaron en favor de Chevron no conocen el Ecuador, no conocen el
daño causado por Chevron, no han leído la prueba que se generó para que
exista la sentencia en el Ecuador, y al menos uno de esos jueces tiene
inversiones económicas en Chevron, a través de fondos de inversión. ç
Igualmente
existen diversos documentos que revelan las reuniones de Chevron con
altos funcionarios del Gobierno norteamericano, realizando planes para
incidir en el Gobierno de Ecuador.
Tratados internacionales.
Por último, los tratados bilaterales de protección de inversiones no
hacen más que cerrar el círculo para garantizar la impunidad a las
corporaciones. En el fondo, en los tratados se incluyen normas que
generalmente están por encima de las normas domésticas de los Estados, y
que a la postre garantizan a las corporaciones realizar sus operaciones
de forma segura; pero jamás garantizan el acceso a la justicia a
comunidades afectadas, ni a los Estados cuando las empresas generan
desastres ambientales y sociales. Chevron ha planteado tres arbitrajes
internacionales en contra del Estado ecuatoriano, procesos a los cuales
los afectados no tenemos acceso. Sin embargo, pese a la óptima defensa
que haga el Ecuador, el sistema de arbitraje siempre favorece a las
corporaciones.
Los 23 años de lucha de la UDAPT contra
Chevron son el más claro ejemplo de cómo las corporaciones
transnacionales han creado una verdadera arquitectura que les garantice
impunidad, lo que nos demuestra que el problema que tenemos es
sistémico. El sistema excluye a los pueblos del acceso a la justicia y
garantiza completa impunidad a las corporaciones transnacionales.
Para
ilustrar mejor esta complejidad, aquí formulo varias preguntas. ¿Cómo
se explica el hecho de que cuando una persona quiere demandar a un
Estado ante el sistema regional o internacional de Derechos Humanos,
éste primero debe agotar todos los recursos internos de su país; mas sin
embargo, las corporaciones transnacionales pueden demandar a los
Estados directamente? ¿Por qué este trato diferenciado? ¿Por qué los
instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos, ambiente,
pueblos indígenas, son declaraciones no vinculantes; mientras que los
instrumentos jurídicos para proteger las inversiones, al inversionista, a
las corporaciones, son convenios vinculantes?
Pablo Fajardo Mendoza,
abogado ecuatoriano, es Procurador común y representante legal de los
pueblos de la Amazonía, agrupados en la UDAPT, en el juicio contra
Chevron Corporation.
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