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| Foto: Detalle de cuadro del pintor cubano Luis Alberto Ruiz Saavedra. | 
En nuestros días la imagen de la muralla ha sido ganada por el cerco xenófobo “made in TRUMP”,
 que recorta horizontes reponiendo historias construidas con los 
ladrillos de narrativas separatistas, discriminadoras y racistas, y que 
estaban siendo trabajosamente superadas a partir de la caída del muro de
 Berlín.
El inocultable 
espíritu anti latino y anti musulmán expresado con vehemencia en la 
campaña electoral, por la que votaron nutridamente grupos de electores 
republicanos, y por la que ahora cantan demandando su cumplimiento niños
 blancos de las escuelas multiculturales, ha servido de trampolín para 
la reposición de los cucuruchos del Ku Kux Klan que se ponen en
 escena saliendo de las sombras para sembrar más incertidumbre, temor y 
resistencias inéditas en las calles estadounidenses, con movilizaciones 
que –dicen- se parecen en su ímpetu a las que paralizan los mediodías de
 nuestras ciudades latinoamericanas y caribeñas.
El
 muro, que se pretende sea construido por manos y recursos mexicanos 
(léase latinoamericanos) –¡vaya ocurrencia!-, toca a los denominados 
migrantes “ilegales” supuestamente involucrados en casos de 
delincuencia. Tal formulación, que pareciera discriminar positivamente a
 los migrantes en buenos y malos, o en legales e ilegales, tiene que 
analizarse con pinzas porque hay razones jurídicas y doctrinarias más 
que suficientes para dudar de la pretendida benevolencia de la medida, y
 asumir como sus justificativos reales las nociones de la migración 
internacional que a partir del 11-S se tejen en concepciones de seguridad coercitiva y represiva asociadas al terrorismo.
El
 espíritu justiciero en el que quisieran ampararse los superhéroes de 
este tipo de historias, no es nuevo; es más bien recurrente desde la 
quema de brujas en las plazas hediondas del oscurantismo, hasta aquella 
acción macabra de un grupo de exterminio de niños de la calle a título 
de que su existencia carecería de sentido porque, dada su miseria, no 
podrían desarrollar un proyecto de vida más allá de la delincuencia.
A
 esta historia me recuerda el muro, cuyos gestores se autoafirman en la 
idea de que hacen justicia, ignorando el carácter universal de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores 
Migrantes y sus Familiares, aprobada el año 1990 por las Naciones 
Unidas, y que reconoce a los migrantes internacionales, sean o no 
documentados, en condiciones donde todos, independientemente de su 
nacionalidad, raza, credo o color, tienen derecho a un trato decente y 
humano. Este principio de no discriminación se complementa con derechos 
específicos para los migrantes no documentados, como por ejemplo su 
derecho a la libertad y a la seguridad, por lo que no pueden ser 
arbitrariamente detenidos o arrestados salvo por motivos ajustados a la 
ley (art. 16); la prohibición de las expulsiones colectivas (art. 22); 
el trato igual al de los nacionales en temas de justicia (art. 18), 
remuneraciones (art. 25), atención médica (art. 28) y educación (art. 
30)
Pero, como sabemos, 
las políticas de los países son selectivas y operan clasificando grupos 
de migrantes regulares autorizados y los migrantes irregulares o no 
documentados. También es sabido que este sistema, más que en los flujos 
de la migración, se explica en la estructuración de los aparatos 
productivos y regímenes laborales precarizados que no sólo que admiten, 
sino que requieren, mano de obra barata, de reducida capacidad 
reivindicativa, sin goce de beneficios sociales, anclados en la economía
 informal, desarrollando las tareas más pesadas con discriminación 
laboral propiciada por las prácticas empresariales que imponen a los 
inmigrantes extensas jornadas de trabajo que no aceptaría un nacional, 
la falta de contrato, horas extras no remuneradas ni vacaciones y bajos 
salarios.
Se podría decir 
que las trabas documentarias y las resistencias a la legalización, son 
funcionales a las características de una organización económica 
precarizada y precarizadora que se dinamiza con el funcionamiento de 
redes internacionales de traficantes de mano de obra extranjera, a las 
que se mira de reojo, para que accedan los pasos de frontera por las 
puertas de emergencia. En cambio, las poblaciones que arriesgan su paso 
por cuenta propia son objeto de fuertes restricciones, represiones 
violentas, cacería, maltrato, tortura física y psicológica y 
desaparición. Estas medidas provocan una relativa contención y un 
creativo perfeccionamiento de estrategias de elusión de los controles 
por aire, mar, tierra y subsuelo, moviéndose en los bordes riesgosos de 
la muerte.
Lo cierto es 
que mientras la indocumentación siga siendo un pretexto para incumplir 
los derechos y mientras no se sancionen las redes de traficantes y de 
trata así como los contratantes de la economía tercerizada, subsistirá 
el problema con el apelativo fácil del migrante “ilegal” con el que se 
criminaliza y deshumaniza a grupos sociales tildados de “antisociales” 
infractores de la ley, cuando en realidad son “refugiados económicos” 
amparados por la informalidad.
Por
 esta paradoja Lélio Mármora afirma que pocos temas son tratados con 
tanta hipocresía como la migración funcional a la informalidad de la 
economía de mercado, por dos razones: 1) sería políticamente impopular 
reconocer su existencia en los países ricos/receptores; y 2) devastaría 
el sistema mundial diferencial de costos del trabajo, crucial para 
maximizar los niveles mundiales de lucro.
Por
 supuesto que los análisis oficiales, políticos, mediáticos y familiares
 no giran en torno a esta realidad, sino a los imaginarios que sobre los
 migrantes se tejen en las sociedades receptoras, legitimando un 
espíritu discriminatorio que Immanuel Wallerstein describe así: se tiene
 internalizado que los migrantes buscan mejorar su situación económica 
raudamente y supuestamente reduciendo posibilidades laborales a los 
nacionales; que se constituyen en un problema y en una carga con costos 
indebidos en beneficios sociales y en infraestructura; que son propensos
 a la criminalidad; y que preservan las costumbres y redes de relaciones
 de sus países de origen sin asimilarse sino más bien alterando las 
rutinas sociales, constituyendo así una amenaza para la integridad 
nacional.
Lo que tampoco 
se suele decir es que los inmigrantes indocumentados viven un mundo de 
penuria, no solamente por el abandono de sus querencias y referencias 
simbólicas y materiales, sino también por el cambio radical de hábitat 
que los pone ajenos en realidades con otras culturas y lengua y que, 
además, les es hostil por la discriminación, racismo y explotación 
laboral a los que se los somete, colocándolos en situaciones de 
dramática vulnerabilidad.
Y
 tampoco se suele reconocer ni oficial ni públicamente, que aún en sus 
condiciones críticas, la migración contribuye positivamente al 
desarrollo tanto de los países de origen mediante el envío de remesas, 
como a los de destino cumpliendo las tareas peor remuneradas sin 
responsabilidades sociales ni compromisos por su calidad de vida.
Pero
 claro que no se puede echar toda la tinta en la responsabilidad de los 
países receptores, puesto que la migración es, en gran medida, producto 
de factores de expulsión que la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo de El Cairo identificó en los desequilibrios 
económicos internacionales, la pobreza, la degradación ambiental, la 
inseguridad, la violencia y la violación sistemática de los derechos 
humanos. Y si bien es cierto que la expulsión ha descendido en relación a
 los efectos de las políticas de ajuste estructural que generaron las 
fugas masivas de los “desplazados de la década perdida” por la crisis de
 la deuda externa, sigue siendo un problema acuciante que tiene que ser 
atendido con medidas de mayor desarrollo e inclusión en cada uno de 
nuestros países.
Interactuando
 con las razones de expulsión están las de atracción, como la apertura 
de los mercados de bienes y laborales, las mayores facilidades de 
desplazamiento, la mundialización comunicada que hace generar ilusiones 
de ascenso social en “el sueño americano”, los lazos familiares y 
amistosos con migrantes ya establecidos en otras fronteras y las 
interdependencias cada vez más amplias en las relaciones entre países.
El
 fenómeno es complejo, tiene múltiples aristas y responsabilidades 
compartidas. Se necesitan soluciones basadas en la noción de una 
“ciudadanía universal” en el sentido del cosmopolitismo kantiano. Para 
ello la normativa existente es abundante y es menester conocerla para 
ejercerla. Mencionemos algunos de los instrumentos internacionales 
relevantes:
La Convención 
Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 1 y 2); el Protocolo Adicional
 de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de San Salvador” (Art. 1); la Carta de las 
Naciones Unidas (Art. 55º c); la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (Preámbulo); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (Arts. 2.1 y 2.2); el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Art. 2.2); la Convención Europea para
 la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
 (Art. 1º.); la Carta Social Europea (Preámbulo); el Acuerdo de 
Residencia del Mercosur; y la Carta Andina para la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos, para citar algunos de los más 
importantes.
Ante la 
pretensión de levantar un muro separatista y retrógrado, deberíamos 
ofrecer como respuesta la construcción de una muralla como la soñada por
 el gran Nicolás Guillén, juntando todas las manos. Una muralla abierta 
al corazón del amigo y a la rosa y el clavel, con reconocimiento de la 
universalidad e indivisibilidad de los derechos, en convivencias 
pacíficas a partir del principio mutuo de respeto al otro, y 
fortaleciendo nuestros sistemas de integración. Una muralla que vaya 
desde el monte hasta la playa y donde la migración no sea un problema 
sino una oportunidad de alteridades, de encuentro entre diversos, de 
desarrollo, de relación intercultural y de convivencia planetaria en 
ciudadanías ampliadas.
Adalid Contreras Baspineiro
Sociólogo y comunicólogo boliviano. Ha sido Secretario General de la Comunidad Andina – CAN
 Publicado por kafeinawebtv | Kafé cargado
    http://www.alainet.org/es/articulo/181798  
 
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