La Jornada
El gobierno colombiano y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) anunciaron ayer
que este jueves 24 firmarán en Bogotá el Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera alcanzado el sábado 12 en La Habana, Cuba. Luego de la firma
por ambas partes, el texto será remitido al Congreso, donde se espera su
aprobación gracias a la mayoría oficialista y de otras fuerzas que
respaldan el proceso para poner fin al conflicto armado que en más de
medio siglo ha dejado 300 mil muertos, 45 mil desaparecidos y hasta 6.9
millones de desplazados internos, según cifras oficiales.
Las pláticas para lograr la desmovilización de la organización
guerrillera más antigua de América Latina se iniciaron de manera oficial
en La Habana en septiembre de 2012 y continuaron hasta agosto de este
año con el auspicio de Cuba y Noruega como países garantes, además de
Chile y Venezuela en el papel de acompañantes de las conversaciones. El
presente acuerdo se da tras un intenso esfuerzo de negociaciones para
integrar en el documento definitivo las demandas de los sectores que se
opusieron al texto original, acordado el 24 de agosto y rechazado por
estrecho margen en el plebiscito de ratificación convocado por el
presidente Juan Manuel Santos el 2 de octubre pasado. Entre los
principales cambios en el nuevo acuerdo destacan el rechazo a incluir el
acuerdo en la Constitución y la defensa explícita de la propiedad
privada en la reforma rural, además de precisiones importantes en la
restricción efectiva de la libertad de los combatientes desmovilizados.
Hasta ahora el principal escollo para terminar con el
sangriento conflicto ha provenido de los sectores retrógrados y
belicistas encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe, quien
emprendió una cruzada personal para descarrilar el proceso de paz
mediante el miedo, el fanatismo derechista y el espíritu de venganza.
Dichos grupos, que durante décadas han apostado a la aniquilación armada
de la guerrilla, pretenden fundamentar su postura en una presunta
defensa de los derechos de las víctimas, la cual se revela contraria a
éstas, en tanto que los resultados del plebiscito mostraron un amplio
apoyo al tratado de paz en las zonas más azotadas por el conflicto.
Ante esos intentos por dar al traste con la búsqueda de una salida
pacífica, la incorporación de múltiples demandas de los opositores al
acuerdo original muestra la voluntad política del gobierno de Santos y
los miembros de las Farc por mantener sus compromisos, pese a las
dificultades y la fragilidad inherentes a un proceso de naturaleza tan
compleja como el actual.
Con el anuncio de lo que se vislumbra como una firma definitiva de la
paz, no queda sino felicitar al pueblo colombiano por este logro
histórico, y desearle la mejor ventura en la complicada fase de
reconstrucción nacional por venir.
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