La marcha el 20 de septiembre de 2016 convocó miles de estudiantes y personas que apoyaron la causa. Fotografía: La Chispa
Lxs estudiantes universitarios están haciendo historia en Paraguay, a través de la denominada La Primavera Estudiantil.
A lo largo de las últimas semanas, ellxs han despertado una de las más
grandes movilizaciones en la historia del país, demandando reformas
democráticas en los estatutos de la Universidad Nacional de Asunción
(UNA). Si el estudiantado logra su meta, será la primera vez en la
historia moderna del país en que reformas de importancia nacional
resultan de la presión de los movimientos sociales. El éxito que lxs
manifestantes estudiantiles han tenido, tanto para movilizar un apoyo
masivo como para despertar una empatía nacional, revela importantes
cambios en la política paraguaya y tiene el potencial de engendrar
transformaciones aún más profundas.
Comenzadas a fines de agosto, las manifestaciones han congregado a miles
estudiantes y unificado las 12 facultades de la UNA en una huelga y en
una serie de tomas que han paralizado el campus. Lxs estudiantes
demandan cuatro reformas básicas de gobernanza de la Universidad: que se
elimine la mayoría absoluta actualmente sostenida por docentes en la
Asamblea Universitaria, la cual está compuesta por representantes del
profesorado, del estudiantado y de los egresados de las 12 facultades;
que lxs representantes sean limitadxs a una sola reelección a los
órganos de gobierno; que se prohíba la elección de individuos que ocupan
cargos de confianza dentro de la universidad; y que se establezca una
comisión electoral independiente para regular las elecciones
universitarias.
Como respuesta a las presiones de lxs estudiantes,
la Asamblea Universitaria se reunió el 29 de septiembre a debatir y
votar sobre las propuestas reformas. Como en dos ocasiones anteriores en
los últimos dos meses, la asamblea desistió
de aprobar las demandadas reformas, provocando nuevas rondas de
manifestaciones estudiantiles. A comienzos de octubre, el conflicto se
ha agudizado a la medida que líderes universitarios y una facción aliada
de líderes estudiantiles desarrollan las elecciones de representantes a
la Asamblea Universitaria. Manifestantes estudiantiles y docentes han
boicoteado estas elecciones, calificándolas como potencialmente ilegales
y claramente ilegítimas en el contexto de la crisis actual. Las
prácticas anti-democráticas llevadas a cabo durante el proceso
eleccionario—como el ocultamiento del cronograma electoral y la falta de
un periodo de presentación e impugnación de candidaturas—han reprimido
la participación y la competencia electoral, permitiendo que los líderes
universitarios elijan a dedo candidatos que responden a sus intereses.
Lxs estudiantes exigen la prórroga de las elecciones hasta que se
aprueben las reformas al estatuto, e incluso ya han logrado la suspensión
de las elecciones en las Facultades de Agronomía, Ingeniería y Medicina
por medio de un pedido de impugnación al tribunal de justicia
electoral.
Un año conflictivo en la Universidad Nacional de Asunción
Las
ocupación y las protestas actuales se iniciaron el 24 de agosto, cuando
la Asamblea Universitaria se opuso a votar por las reformas propuestas por La Comisión Especial para la Reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción (REUNA)
luego de 8 meses de negociaciones. Está comisión fue conformada por
estudiantes, docentes, y decanos con la tarea de elaborar un borrador de
los nuevos estatutos y dar fin a una ola de protestas que emergió un
año atrás, luego de que estudiantes sacaran a la luz un escándalo de
corrupción de la máxima autoridad universitaria. Durante la ocupación
del rectorado de la Universidad, lxs estudiantes recuperaron documentos
que comprobaban graves actos de corrupción y nepotismo del Decano de la
Universidad, Froilán Peralta, quien había asignado múltiples salarios a
los parientes y amistades de su ex secretaria.
Una serie de estrafalarias escenas se desplegaron durante la ocupación. Una administradora universitaria encapuchada
intentó entrar al rectorado y robar documentos; una secretaria empezó a
comer documentos para eliminar la evidencia de los casos de corrupción
luego de ser descubierta y detenida por estudiantes en las puertas del campus. La fiscalía investigó la escena y registro la evidencia, luego de largas demoras y solo bajo el escrutinio y la presión
de activistas estudiantiles. Una crisis de liderazgo se desató luego de
que Froilán fuera arrestado y 12 funcionarios administrativos fueran imputados
por el cobro indebido de salarios. La crisis terminó con el
nombramiento de nuevos líderes universitarios que acordaron negociar con
líderes estudiantiles sobre reformas de gobernanza en la Universidad.
En total, las movilizaciones del año pasado impulsaron la renuncia de 74 administradores y 232 profesores, decanos, y vice decanos y la imputación de 42 funcionarios universitarios.
Inspirada
por hechos de corrupción, la indignación estudiantil también ha
expuesto la amplia gama de abusos personales y políticos perpetrados
impunemente por docentes y líderes universitarios, a causa de la
ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la
institución. Tradicionalmente,
las autoridades universitarias han distribuido salarios y posiciones
lucrativas a miembros del Partido Colorado y a conexiones personales,
callando voces disidentes a través de su marginalización,
amedrentamientos y la amenaza de despido.
Según Mauricio Portillo,
representante estudiantil en la facultad de veterinaria, docentes
ejercen control sobre los centros de estudiantes con el apoyo de
estudiantes en peligro de aplazo. Para asegurar sus notas, estos
estudiantes trabajan para marginalizar posturas críticas y reformistas
entre sus compañeros y proteger los privilegios de los docentes en
instancias de representación estudiantil.
El privilegio político
gozado por el profesorado permite graves abusos de poder en las aulas de
la UNA. Autoridades universitarias se apropian de recursos designados
para la expansión y mejora de los programas académicos. La contratación y
protección de investigadores e instructores no calificados frena la
producción académica y científica de la institución, y obstaculiza las
innovaciones curriculares y pedagógicas necesarias para que la formación
universitaria alcance estándares internacionales en Paraguay. En junio,
un profesor de la Facultad de Medicina fue imputado por acoso sexual y, durante las últimas manifestaciones mujeres estudiantes, han denunciado
prácticas sistemáticas de coerción sexual en dicha institución.
Estudiantes de la Facultad de Derecho han reportado casos de docentes
que hacen llamadas telefónicas días antes de los exámenes finales y
solicitan pagos a los alumnos para aprobar sus exámenes.
Los
líderes universitarios han respondido al creciente movimiento
estudiantil con amenazas, amedramientos, y violencia física. Durante la
ocupación del año pasado, los estudiantes descubrieron carpetas en las
cuales administradores habían acumulado documentos registrando las
actividades y posteos en las redes sociales de líderes estudiantiles
disidentes; una práctica que recuerda al aparato de inteligencia
utilizado para eliminar a la disidencia política por medio de acoso,
arresto, tortura, y desaparecimiento forzoso durante los 35 años de la
dictadura Stronista (1954-1989). Abundan ejemplos más explícitos de la
represión del movimiento estudiantil. Diecisiete estudiantes de la
Universidad Nacional del Este fueron procesados
luego de haber ocupado oficinas universitarias para evitar la
destrucción de documentos que podrían comprobar hechos de corrupción
cometidos por funcionarios de la universidad.
A fines de septiembre, la Fiscalía de San Lorenzo ordenó la detención
de cuatro dirigentes estudiantiles, por “privación de libertad” a los
miembros de la Asamblea Universitaria, luego de que miles de estudiantes
habían rodeado el edificio donde las autoridades estaban reunidas para
discutir las reformas de los estatutos de la Universidad. La orden fue
levantada posteriormente, pero ésta es una táctica común utilizada por
los fiscales para intimidar a los dirigentes sociales y desmovilizar a
sus seguidores.
Luego de la última asamblea universitaria, la
policía detuvo e interrogó a cuatro guardias privados de seguridad
contratado por el Decano de la Facultad de Medicina después de que éstos
hayan asaltado
y amenazado a dos estudiantes manifestantes con una cadena de metal y
otras armas. El decano de la Facultad de Filosofía acusó a dirigentes
estudiantiles de “tomar órdenes” y “recibir víveres” de extranjeros y declaró
“lícito repelar la violencia con violencia”—haciendo eco del xenofóbico
y autoritario discurso de seguridad de la dictadura paraguaya.
Las
autoridades de la UNA también ejercen censura ideológica,
particularmente en la Escuela de Ciencias Sociales, que depende de la
Facultad de Derecho – una institución que está profundamente atada a la
tradición autoritaria del Partido Colorado. Esto es un legado directo de
la dictadura, la cual ha prohibido la enseñanza de Ciencias Políticas
en Paraguay de manera a limitar la construcción de un pensamiento
político crítico disidente. La Universidad Nacional ha ofrecido
licenciaturas en ciencias políticas y sociología solamente a partir del
2003, y la malla curricular, la contratación de docentes y la
administración de la escuela ha sido sometido a un manejo politizado y corrupto por directores de la Facultad de Derecho.
El
año pasado, los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales
levantaron su toma sólo luego de haber impulsado la renuncia del
director y la firma de un acuerdo
con el director interino para iniciar la desanexión de la institución
de la Facultad de Derecho, un primer paso hacia la creación de una
Facultad de Ciencias Sociales. Hasta la fecha, este acuerdo ha sido
ignorado, y como resultado, estas disciplinas, cruciales no solo para un
debate político informado, sino para el mejoramiento de la
administración pública, continúan severamente subdesarrolladas en
Paraguay.
El contexto de resurgimiento del autoritarismo en Paraguay
El
resurgimiento del control autoritario y partidario de la UNA y la
masiva resistencia estudiantil son emblemáticas de tensiones crecientes
acerca del futuro político paraguayo. La protesta estudiantil forma
parte de un conjunto de conflictos que se desatan luego de una década de
convulsivo cambio político. En 2008, seis décadas de hegemonía del
Partido Colorado fueron interrumpidos cuando el ex Obispo Fernando Lugo
llegó al poder con una coalición electoral contradictoria—compuesta por
el oligárquico Partido Liberal y nuevos partidos de izquierda con poca
fuerza electoral. Durante esta corta apertura democrática, ex
representantes de la sociedad civil ocuparon instituciones del Estado
para impulsar una serie de reformas, incluyendo una mejor cobertura y
acceso a servicios de salud pública, reformas del servicio civil y la
renegociación de las remesas que recibe Paraguay del gobierno brasilero
en concepto de electricidad generada por Itaipú Binacional. Al mismo
tiempo, el Partido Liberal, por primera vez en generaciones, tuvo acceso
a las arcas del Estado para promover su máquina política.
Estos
cambios debilitaron el control del Partido Colorado sobre los recursos
estatales, que sostenían su monopolio político. Sin embargo, los
colorados conservaron el control del parlamento y, junto con sus
contrapartes oligárquicas del Partido Liberal, bloquearon cambios
legislativos. En 2012, el Parlamento se convirtió en el centro de las
críticas mediáticas sobre la corrupción y el clientelismo, llevando a
inéditas protestas ciudadanas. En ese contexto, los legisladores de los
partidos mayoritarios aprovecharon un violento conflicto de tierra en el
distrito de Curuguaty para destituir al presidente Lugo, en un juicio
político calificado como “golpe parlamentario” por observadores internacionales.
El
juicio quebró la coalición que había llevado a Lugo al poder, rompiendo
el naciente movimiento de protestas en facciones partidarias, y
desacreditando al Partido Liberal después de unos breves meses de haber
usurpado la oficina ejecutiva. Todo ello cementó el camino para que el
Partido Colorado volviera al poder en las elecciones de 2013. A partir
de entonces, la dirección de la sociedad paraguaya y el carácter del
Estado entraron en disputa. El Partido Colorado está dividido entre una
facción autoritaria tradicional, que permaneció fuerte en el Parlamento,
y una facción empresarial prebendaria, liderada por el Presidente
Horacio Cartes, quien ha proveído al partido de los recursos financieros
necesarios para mantener su fuerza electoral. Mientras tanto, la
oposición ha permanecido dividida entre la izquierda minoritaria y el
ideológicamente conservador Partido Liberal.
En este contexto,
Paraguay ha visto una llegada tardía de los discursos neoliberales que
otros gobiernos latinoamericanos desarrollaron en 1990; discursos que
tienen como fin promover las alianzas público-privadas, la
privatización, y la liberalización internacional financiera.
Irónicamente, en el caso paraguayo, este discurso ha justificado la expansión más acelerada de
la deuda pública en la historia democrática paraguaya, así como también
la continuación del modelo agroexportador de crecimiento económico.
Mientras la economía ha estado posicionada entre las más resilientes de
América Latina, ha hecho poco para eliminar la persistente inequidad
rural o detener el crecimiento de la nueva pobreza urbana. Las
dislocaciones políticas y económicas de los años recientes han dejado a
los paraguayxs materialmente insegurxs, desconfiadxs y resentidxs acerca
del sistema político imperante. Las políticas de este gobierno
provocaron las primeras huelgas generales
a lo largo de los últimos quince años, impulsadas por sindicatos en
oposición a la ley de alianzas público-privadas, así como también movilizaciones continuas
en el interior del país para resistir el despojo de comunidades
campesinas por el agronegocio. A fines de septiembre, ciudadanos
llenaron las plazas centrales de Asunción manifestándose
en contra de un proyecto de ley que hubiera asignado un triple
aguinaldo a los funcionarios del Senado, mientras instituciones de salud
y educación pública carecen de presupuesto.
Al mismo tiempo, la
coyuntura política ha producido un acuerdo partidario que promueve el
resurgimiento de prácticas autoritarias utilizadas para controlar a la
sociedad civil durante la dictadura. Durante este gobierno, el
presupuesto de las fuerzas militares alcanzó cifras inéditas
en el periodo democrático con la adjudicación de US$132 millones a la
Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), incluyendo US$6,7 millones desviados de
manera potencialmente ilegal de fondos asignados para inversiones educativas y de infraestructura.
El
Ministerio Público y las instituciones judiciales han criminalizado la
lucha social, especialmente imputando y encarcelando a dirigentes
campesinos. El ejemplo más explícito fue la reciente condena
de 11 campesinos por crímenes de homicidio, conspiración criminal e
invasión de propiedad privada, relacionados a la muerte de nueve
policías en Curuguaty. Durante el juicio desarrollado a lo largo del
año, la Fiscalía no presentó evidencia directa para inculpar a los
campesinos del asesinato, sino desarrolló una retórica que asocia a las
organizaciones campesinas con la subversión política y el terrorismo
para sentenciar al grupo de dirigentes a penas entre cinco y treinta
años de prisión. Además, la Fiscalía no ejecutó ninguna investigación
del asesinato de 11 campesinos
que también ocurrió en Curuguaty, cuando un contingente de 300 policías
armados expulsaron a 60 campesinos hombres, mujeres y niños de la
tierra donde estaban viviendo. Los títulos de propiedad claramente
invalidaron los cargos de invasión, ya que demostraron que la tierra en cuestión
pertenecía al Estado en lugar de Campos Morombí, la empresa privada que
reclamaba ser dueña. Si bien el proceso fue una parodia de juicio, dio
un claro mensaje de que el Estado está dispuesto a violar el debido
proceso y emplear toda la fuerza de su poder punitivo en contra de
campesinos organizados para proteger los intereses de terratenientes y
agronegocios. Organizaciones campesinas y de derechos humanos mantienen
una vigilia permanente fuera del Palacio de Justicia Nacional pidiendo que se nulifique el juicio.
|
La Promesa del Movimiento Estudiantil
Sucesivas
generaciones de estudiantes han librado la lucha por democratizar la
UNA. Retomando este legado, las actuales manifestaciones estudiantiles
ya han alcanzado logros históricos—una clara señal de cambio
generacional y de la potencial renovación de liderazgo de los
movimientos políticos y sociales. La actual generación de estudiantes
universitarios fue la primera nacida luego del fin de la dictadura, en
el 1989, y de la adopción una constitución democrática, en el 1992.
Estos
estudiantes han crecido gozando de mayores libertades civiles y
políticos y mayor acceso a la información del mundo exterior que las
generaciones anteriores. También han madurado políticamente en un
momento en el cual el resto de Latinoamérica experimentaba un giro a la
izquierda, el resurgimiento de movimientos sociales, y la expansión de
derechos sociales. En tanto sus aspiraciones aumentadas chocan contra
los límites y la persistencia de instituciones autoritarias, esta
generación ha sido más capaz de montar una masiva y sostenida
resistencia.
La sigue una generación de estudiantes de secundaria
aún más audaz. Luego del colapso de una escuela pública en mayo del
2016, estudiantes ocuparon
un colegio en la capital, demandando que la Ministra de Educación se
haga responsable del desastroso estado de la infraestructura escolar y
de los inadecuados niveles de inversión. Estudiantes a lo largo de todo
el país se adhirieron a las protestas, ocupando
un total de 130 colegios durante dos semanas y forzando la renuncia de
la Ministra. A una temprana edad, estos estudiantes han comprendido su
exclusión de los privilegios de la élite política de su país, además de
un sentido de agencia colectiva en demandar al estado sus derechos sobre
bienes públicos.
A los estudiantes les une las frustraciones
comunes con una universidad mediocre y liderada por una élite mezquina y
enquistada en el poder. Sin embargo, los estudiantes que integran este
movimiento lo hacen con una diversidad de aspiraciones personales, con
visiones dispares sobre el tipo de universidad y sociedad que quisieran
construir, y con perspectivas conflictivas sobre las controversias
políticas que sacuden al país.
No obstante, las escenas de las
actuales movilizaciones dan esperanza de que servirán como experiencias
formativas para esta generación y harán emerger identidades colectivas
sostenidos por un nuevo ethos democrático. En cada facultad,
los estudiantes han llamado asambleas generales para negociar y
consensuar posturas a través de debate abierto y voto directo,
permitiendo a la masa de estudiantes observar una rendición de cuentas
de sus propios líderes. En Paraguay, donde el liderazgo autoritario es
común incluso en los movimientos progresistas, esta experiencia ofrece a
los estudiantes lecciones profundas acerca de la potencial eficiencia y
la legitimidad de los procesos democráticos.
 | |
|
Durante las últimas semanas, el campus
de la UNA ha sido un laboratorio para la expresión creativa, la
organización, la comunicación, y la generación de nuevas narrativas
públicas. Mientras las clases fueron suspendidas, estudiantes
organizaron talleres de metodología de investigación, charlas sobre la
historia del movimiento estudiantil, instalaciones de arte, lecturas de
poesía, eventos deportivos, fogatas, y conciertos de música—todo en
nombre de la reforma. Miles de estudiantes han salido a las calles
movilizando el apoyo de docentes, padres, comunicadores, y hasta empresas privadas.
En
este momento, los estudiantes se están reagrupando luego del tercer
rechazo de la asamblea universitaria a sus propuestas. Se debate entre
ellos cómo mantener el dinamismo del movimiento sin las organizaciones
institucionalizadas que les permitirían montar estrategias de reforma a
largo plazo. Dejando de lado el logro o no de sus objetivos en esta
coyuntura, el movimiento estudiantil ya ha comenzado a forjar una nueva y
más esperanzadora narrativa pública en torno a las posibilidades de
cambio en el Paraguay, la urgente necesidad de democracia, y el
imperativo de la acción social colectiva. La promesa verdadera de la
primavera estudiantil se fundamenta en los logros que ya ha generado:
los vínculos duraderos de solidaridad, el sentido de eficacia política, y
la experiencia práctica con la organización democrática. Estas son
herramientas claves para las siguientes conquistas de los movimientos
sociales en el Paraguay.
- Gustavo Setrini Ph.D. es profesor en la
Facultad de Educación, Cultura y Desarrollo Humano e investigador
afiliado al Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la
Universidad Nueva York (NYU). Es Ph.D. en economía política por el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Este artículo fue publicado en inglés en NACLA: http://nacla.org/news/2016/10/11/paraguays-student-spring
No hay comentarios:
Publicar un comentario