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"Rechazando
la acción interpuesta tendiente a obtener la suspensión de las
Resoluciones Nº 99/2016 y 129/2016 correspondientes al Ministerio de
Energía y Minería", consigna la resolución.
El Gobierno anunció después un incremento máximo del 400 por ciento en la factura final de los hogares, y del 500 por ciento para los comercios, aunque la suspensión judicial sigue vigente, y las autoridades admitieron que los ciudadanos no deben pagar esas facturas hasta tanto no se pronuncie la Corte Suprema.
Ante las bajas temperaturas que atraviesan por el invierno varias provincias del país, algunos usuarios denunciaron incrementos de hasta el 1000 por ciento en las últimas cuentas que recibieron.
El
fallo desestimó el recurso que había presentado esta semana la
asociación civil Centro de Estudios Para la Igualdad y la Solidaridad
(CEPIS).
La Corte Suprema de Justicia debe todavía pronunciarse
sobre un fallo judicial anterior que frenó en todo el país los aumentos
del precio del gas, y por tres meses la subida del precio de la
electricidad en la provincia de Buenos Aires.El Gobierno anunció después un incremento máximo del 400 por ciento en la factura final de los hogares, y del 500 por ciento para los comercios, aunque la suspensión judicial sigue vigente, y las autoridades admitieron que los ciudadanos no deben pagar esas facturas hasta tanto no se pronuncie la Corte Suprema.
Ante las bajas temperaturas que atraviesan por el invierno varias provincias del país, algunos usuarios denunciaron incrementos de hasta el 1000 por ciento en las últimas cuentas que recibieron.
Los
costos de la electricidad, del agua y del gas se mantuvieron
artificialmente bajos en el área metropolitana de la ciudad y la
provincia de Buenos Aires durante la última década a raíz de los
subsidios al consumo que implementaron los Gobiernos de Néstor Kirchner
(2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) a raíz de una
ley de emergencia económica en 2002.
Con el nuevo Ejecutivo que
asumió el 10 diciembre de 2015, los bruscos aumentos en los servicios
públicos se sumaron a la devaluación de hasta un 40 por ciento que
sufrió la moneda local después de que a finales de ese año se levantaran
las restricciones al dólar.
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