Buenos
Aires, 10 abr (PL) Resultó una semana atravesada por las disputas
judiciales que derivaron en la imputación del presidente argentino,
Mauricio Macri, por su participación en varias empresas offshore, en
medio del escándalo internacional en torno a los "Panamá Peppers".
Además, la exmandataria Cristina Fernández fue imputada en una causa
por lavado de dinero que lleva a cabo el juez Sebastián Casanello, en la
que también están siendo investigados el exministro de Infraestructura
Julio De Vido y el empresario de la construcción Lázaro Báez, quien se
encuentra detenido.
En este contexto, el Congreso fue escenario
de algunas victorias legislativas para el oficialismo que lejos de
despertar adhesiones de vastos sectores sociales, resultaron iniciativas
muy cuestionadas; en particular, la decisión de introducir
modificaciones a la ley de medios.
En una maniobra que se
interpreta como un nuevo favor del Ejecutivo Nacional hacia el poderoso
monopolio mediático Grupo Clarín, la ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, debatida durante años y convalidada incluso por la Corte
Suprema de Justicia, sufrió importantes cambios que prácticamente
invalidan su objetivo.
De este modo, la obligación que pesaba
sobre el Grupo Clarín de desprenderse de algunas licencias para evitar
una posición dominante y monopólica en el mercado de las comunicaciones
quedó en la nada. Es más, a partir de estas "correcciones" podrá ampliar
los márgenes de sus empresas y dominar aún más al sector.
Estas
alteraciones a distintas normas, se dieron en el marco de una sesión
especial en la Cámara de Diputados, que trató una decena de decretos de
necesidad y urgencia firmados por el presidente Mauricio Macri, durante
el período de receso para los legisladores.
Como ocurrió con el
proyecto de acuerdo con los Fondos Buitre, el bloque oficialista
Cambiemos fue acompañado por diputados de espacios políticos opositores,
como el Frente Renovador, el GEN y varios partidos provinciales. En
tanto el Frente para la Victoria y los legisladores de izquierda votaron
de manera negativa.
La polémica también se desató por la forma
con la que el oficialismo derogó algunos tramos esenciales de la ley. Lo
hizo con el sistema de votación de "mano alzada", y no con el sistema
nominal [voto electrónico] tal cual fue sancionada en 2009. De esta
manera, no puede saberse quién voto a favor ni los números finales del
sufragio.
El Senado también tuvo su propia agenda de temas. El
más importante fue la reunión de la Comisión de Trabajo y Legislación
Laboral que recibió a los referentes sindicales de las cinco centrales
obreras, en un encuentro que tuvo similares características a la
producida en la Cámara Baja la semana pasada.
Los dirigentes
gremiales volvieron a reclamar que el Congreso argentino declare la
emergencia ocupacional frente al avance masivo de los despidos. También
remarcaron que preparan una marcha conjunta para el 29 de abril, y no
descartar realizar para esa fecha un paro nacional.
Sin embargo,
poco se hablará de los temas que se han enumerado en los párrafos
anteriores, debido a la inminente declaración de Cristina Fernández ante
el juez Claudio Bonadío, por la causa del "Dólar Futuro". Incluso desde
algunos sectores ortodoxos del Poder Judicial prefiguran una posible
detención de la expresidenta argentina.
En definitiva,
cualquiera sea el escenario que finalmente se termine dando, la
conflictividad social va en aumento, con movilizaciones que comienzan a
peticionar la salida adelantada del actual gobierno. Una historia que
los argentinos ya conocen.
*El autor es periodista argentino, colaborador de Prensa Latina |
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