Eric Nepomuceno
La Jornada
El pasado miércoles, y a
lo largo de poco más de cinco interminables horas, Jovair Arantes, un
veterano y absolutamente oscuro diputado, leyó las 128 páginas de su
informe sobre el pedido de apertura de juicio político a la presidenta
Dilma Rousseff. Su voz se fue desvaneciendo poco a poco, y al final
estaba casi afónico. Con un hilito de voz ronca aprobó el juicio.
Lo que más llamó la atención en su lectura, sin embargo, no fue la
falta de voz, sino la cantidad de tropiezos que tuvo, principalmente
cuando mencionaba a algún jurista famoso o se detenía en la palabra
jurisprudencia. Se entiende: el diputado Arantes es dentista de
profesión, y su familiaridad con la ciencia del derecho es comparable a
la de un habitante del Sahara con el hielo.
El verdadero autor del informe se llama Renato Oliveira Campos,
conocido abogado, que tiene a su cargo montañas de procesos judiciales
abiertos contra integrantes del mismo Partido del Movimiento Democrático
Brasileño (PMDB), que hasta hace poco era el principal (y más infiel)
aliado del gobierno. Es muy vinculado a Michel Temer, el vicepresidente
que tiene puestos los ojos en el cargo si Dilma Rousseff es destituida
de la presidencia de la nación.
Esa es solamente una de las vertientes de la muy enredada conducción
que Eduardo Cunha, reo en el Supremo Tribunal Federal e investigado en
ocho otras causas por corrupción, evasión fiscal y de divisas, así como
otros delitos similares, impone al juicio político de la presidenta
brasileña. Como era absolutamente esperado, Jovair Arantes, relator del
caso, recomendó la apertura del juicio a Dilma.
El viernes se inició el debate de su informe. Nada menos que 108
diputados, o sea, 43 más de los que integran la comisión especial
encargada de votar la eventual aceptación del informe, se inscribieron
para hablar. Luego de mucho griterío, el debate empezó poco después de
las cuatro de la tarde. La expectativa era de que la sesión avanzase
hasta las tres de la madrugada del sábado.
El nivel intelectual de los integrantes de la comi-sión especial
permitió que se registrasen escenas de comedia bufa. Un ejemplo, entre
docenas: en lugar de discutir las pesadas acusaciones contenidas en el
informe leído por el dentista-diputado, se argumentó, para justificar la
destitución de Dilma Rousseff, que la proliferación del mosquito Aedes aegypti,
con la consecuente y harta distribución de virus diversos, era prueba
de que el gobierno no puede seguir en manos de la mandataria electa por
54 millones de brasileños.
Todos los que participaron del debate, criticando o defendiendo el
texto leído por el relator, sabían claramente que se trataba de un
simple juego de palabras.
Mañana se votará en la comisión especial. Gobierno y oposición
consideran seguro que el informe será aprobado. El futuro dependerá,
entonces, de la votación en el pleno de la Cámara, con fecha todavía
indeterminada, pero que deberá ocurrir pronto, en las próximas semanas
como plazo máximo.
Para esa batalla, apoyadores y opositores de Dilma Rousseff tratan de
conquistar los votos necesarios y mantenerla en su cargo o alejarla del
sillón presidencial. El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que
pese al desgaste sufrido por su imagen sigue siendo la principal figura
política del país, actúa de manera incesante, capitaneando el bloque de
ministros que ofrecen oro, incienso y mirra a los indecisos.
Hoy por hoy, la oposición no dispone de votos suficientes para
alcanzar su objetivo. El PMDB, bajo el liderazgo de Michel Miguel Elías
Temer, está como siempre estuvo: dividido. El aparatoso anuncio de
ruptura capitaneado por el vice que quiere ser presidente no resultó:
todavía hay muchos parlamentarios que se dicen contrarios al impeachment.
Hay, sin embargo, más nubarrones pesados en el cielo de otro campo de
batalla, el judicial. Las filtraciones altamente selectivas de
declaraciones de altos ejecutivos de constructoras que corrompieron a
políticos y altos funcionarios de la estatal Petrobras siguen goteando,
un día sí y el otro también, complicando la situación del Partido del
Trabajo y, claro, de la presidenta. El pasado jueves el ex presidente de
la Andrade Gutierrez, segunda mayor constructora brasileña, admitió que
en 2014 hubo donaciones ilegales para la campaña de Dilma Rousseff y su
vice, Michel Temer.
Que se divulguen de manera ilegal declaraciones supuestamente bajo
sigilo judicial es parte de la trama cuyo objetivo es debilitar aún más a
la presidenta. Esta vez con un elemento extra que lo hace más complejo:
el Tribunal Superior Electoral analiza el caso. Si acepta como válidas
denuncias como ésas, se impugnará no sólo a la presidenta, también al
vicepresidente. Nuevas elecciones serán convocadas.
Habrá que explicar, desde luego, por qué una donación al candidato de
oposición, el derrotado Aecio Neves, fue legal y otra, idéntica, a la
candidatura PT-PMDB, fue ilegal.
Pero la verdad es que en el actual –y muy convulsionado– escenario
político brasileño, explicaciones lógicas no encuentran espacio, no son
requeridas.
Lo que prevalece es la saña desenfrenada de quienes quieren destituir a la presidenta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario