Mientras el
Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal le da trámite a un recurso de
inconstitucionalidad, presentado el jueves 25 de los corrientes, sobre
el caso de libertad de expresión del dirigente indígena y campesino
Daniel Pascual Hernández, este 29 de febrero el defensor de Derechos
Humanos solicitó al Procurador de los Derechos Humanos que garantice su
derecho a la emisión del pensamiento. Asimismo miles de personas y
organizaciones continúan solidarizándose con Pascual Hernández y
rechazando la criminalización y penalización de la libertad de expresión
y libre emisión del pensamiento en Guatemala #
El Defensor de Derechos Humanos, Daniel Pascual Hernández, coordinador
del Comité de Unidad Campesina –CUC-, puso una denuncia ante la
Procuraduría de Derechos Humanos –PDH- en contra de Carmen Adelina
Toaspern Medina, juez del Tribunal Duodécimo del ramo Penal por obviar
la aplicación del artículo 35 de la Constitución Política de la
República y el Decreto 9 de la Asamblea Nacional Constituyente -Ley de
Emisión del Pensamiento-, en el proceso de acción privada en donde se
conoce una querella presentada en contra del dirigente campesino,
acusado falsamente de cometer los delitos de difamación, calumnia e
injuria.
De acuerdo con la denuncia presentada este 29 de
febrero de 2016, “a la juez se le hizo ver verbalmente y por escrito”
que debía apegarse a las leyes de rango constitucional y que inclusive
se le pidió su declinatoria en el caso, pero hizo caso omiso e insistió
en mantener ligado a proceso a Pascual Hernández amparada en legislación
de rango inferior a la Carta Magna, es decir, por leyes ordinarias como
el Código Penal y el Procesal Penal con lo que estaría violando el
debido proceso.
De esta cuenta, Pascual Hernández solicitó al
Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, que garantice
su derecho a la Libertad de Emisión del Pensamiento. Añadiendo, que ante
esta situación existe la amenaza de que se penalice la libertad de
expresión, y que está sumamente preocupado por la persecución que esto
pueda provocar sobre guatemaltecas y guatemaltecos del área rural y
urbana, y sobre defensores de derechos humanos, provocando autocensura y
temor en las personas a expresarse libremente.
Sigue recibiendo solidaridad
Luego de que la juez del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal ligara a
proceso a Pascual Hernández, por los supuestos delitos de Difamación,
Calumnia e Injuria, las muestras de solidaridad no dejan de llegar al
dirigente campesino.
Este 29 de febrero, Hernández dijo que ha
recibido unos 5 mil mensajes solidarios con su persona y su lucha, a
través de llamadas y mensajes por correo electrónico y su perfil en
redes sociales. También se tiene información que más de 90
organizaciones indígenas, campesinas, de Derechos Humanos, de mujeres,
de jóvenes, de Organizaciones No Gubernamentales de Guatemala y el resto
del mundo han enviado por escrito sus muestras de solidaridad para con
Pascual Hernández y rechazando la criminalización y judicialización del
derecho a la Libertad de Expresión.
¿Por qué la población se
está pronunciando a favor de la libertad de expresión? Porque es algo
inherente al ser humano, por lo tanto si se permite la penalización de
ese derecho, se estaría conduciendo a la sociedad guatemalteca a una
situación dictatorial.
En este sentido, Pascual Hernández opinó
que las instancias judiciales del país no están asumiendo este tema como
un asunto de libertad de expresión, sino como un delito penal lo que
atenta contra la Constitución Política de Guatemala. “La persecución
penal de la libertad de expresión es una situación grave, porque a
partir de hoy puede ser perseguida cualquier persona, sea o no dirigente
o lideresa”.
En relación a lo anterior, Helmer Velásquez,
coordinador general de la Coordinación de Organizaciones No
Gubernamentales y Cooperativas –Congcoop- opinó al respecto que la
diferencia entre una sociedad oscurantista y una sociedad abierta
(democrática), es la libertad de expresión, “que los ciudadanos puedan
expresarse no solo verbalmente o por escrito, sino que participen y
opinen en cualquier espacio, es un derecho que no puede ser arrebatado;
denunciar la injusticia es un derecho y un deber, y a nosotros nos
parece que la Fundación Contra el Terrorismo lo que pretende en este
zarpazo a la insipiente democracia es justamente provocar un retroceso
sobre la base del temor”.
Por su parte, Pablo Ceto, de la
Comisión de Relaciones Políticas de las Alcaldías de la Región Ixil,
manifiesta que el país necesita tener mayores espacios para que la gente
se exprese, diga sus ideas, sus opiniones, sueños y critique. Porque
ese es un derecho humano universal, y en este caso está siendo vulnerado
no solo el derecho de Daniel Pascual como dirigente indígena,
campesino, popular, y un dirigente joven democrático, sino, contra ese
derecho universal. “Es un retroceso en el cumplimiento de los acuerdos
de paz”.
Asimismo, Juana Batz, de la Junta Directiva de la
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala -CONAVIGUA-, manifestó que
el pueblo indígena se siente muy ofendido, “la población tiene libertad
de expresión, tenemos la libertad de manifestar y hablar sobre las cosas
que violan nuestros derechos humanos”.
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