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El gobierno de Obama
presentó un plan al Pentágono para el cierre de la cárcel de Guantánamo,
donde se encuentran 91 “terroristas” y que en su momento de mayor
ocupación albergó a 779 prisioneros. La propuesta es enviar a los
detenidos que tienen el visto bueno de Defensa para ser puestos en
libertad a terceros países y trasladar al resto a alguna prisión dentro
de Estados Unidos (cárceles que se encuentran en Carolina del Sur,
Kansas y Colorado). Esto último cuenta con la desaprobación del Congreso
desde hace tiempo. De modo que las opciones son las siguientes: 1) que
el Congreso revoque la ley de defensa del 2010 en la que se prohíbe el
traslado de los prisioneros de Guantánamo a EEUU; 2) que Obama traslade a
los prisioneros apelando al poder que le da la Constitución, si logra
reducir el número de detenidos a aquellos que no podrían ser
trasladados, es decir, algo así como 40 hombres; 3) dejar la cárcel en
funcionamiento a ver qué decide el nuevo presidente [1].
Con respecto a la opción 2), hay que recordar que el Ejecutivo apeló a
su poder para abrirla, pero ahora parece improbable que lo utilice para
cerrarla [2].
Obama se basó en este poder para ordenar el bombardeo de fuerzas de
EEUU a Siria, sin autorización del Congreso y violando las leyes
internacionales; también apeló a su poder extraordinario para expandir
la vigilancia del Estado en las redes, a los fines de recolectar
información sobre potenciales terroristas (emails, chats, mensajes,
llamadas, etc.) al interior del territorio estadounidense. Pero para
cerrar Guantánamo esperará el apoyo del Congreso (aunque los
antecedentes muestran la escasa probabilidad de contar con esta ayuda).
El asunto de Guantánamo adquirió visibilidad hace unos años, cuando el
senado presentó un informe con las estrategias de tortura para la
obtención de información por parte de la CIA en la guerra contra el
terrorismo, dando cuenta de los abusos que se llevan a cabo en prisiones
como la de Guantánamo [3]. En su momento, se asumió que el abuso a los Derechos Humanos había sido "brutal" y "profundamente erróneo" [4]
y Obama declaró: “Continuaré usando mi autoridad como presidente para
garantizar que nunca más recurramos a estos métodos”. Sin embargo nada
sucedió, dejando claro que una cosa es llegar al gobierno y otra muy
distinta es tener el poder [5]
suficiente como para doblegar la voluntad de los mandos militares que
son los que ostentan buena parte de la toma de decisión en un país
gobernado por una élite poderosa que opera tras una fachada de
democracia pluralista perfecta.
Esta élite del poder (cúpula de
la clase dominante) está compuesta también por un núcleo de empresarios
cuyos intereses están directamente asociados al “despegue” del
“complejo-industrial carcelario” de EEUU en las últimas décadas. Este
concepto se utiliza para dar cuenta de los intereses compartidos entre
gobierno y empresas que utilizan la vigilancia, el poder de policía y la
cárcel como soluciones a problemas que en realidad, encuentran su raíz
en cuestiones económicas, sociales y políticas [6].
Este complejo industrial carcelario es promovido por el Estado y
administrado por empresas como Corrections Corp of America (CCA) y GEO
Group, líderes en la alianza de la industria correccional, con un
negocio de 70 mil millones anuales [7].
Uno de los argumentos reales (y no en el plano de la supuesta
preocupación ética que genera la tortura) para cerrar Guantánamo es que
cada preso cuesta a las arcas estadounidenses una media de 4.4 millones
de dólares al año. Esto no es una excepción, pues al interior de EEUU,
sólo en 2010 se han gastado 80 mil millones de dólares en el
complejo-industrial carcelario [8].
Estados Unidos es líder en cantidad de presos, 2.2 millones de personas
en la cárcel y más de 4.8 millones en libertad condicional (China
cuenta con 1.7 millones de presos y Rusia con 670,000). Los negros y
latinoamericanos son los presos preferidos, conformando el 39% de los
presos [9].
Ante este escenario, el cierre de Guantánamo puede ser analizado como
parte de una problemática mucho más profunda ya que pone en discusión no
sólo las estrategias “válidas” para luchar contra el “terrorismo” a
nivel internacional, sino que remite a la pregunta de quiénes “mandan”
en EEUU y los negocios e intereses detrás del encarcelamiento masivo;
qué sociedad pretende construir (o destruir) la clase dominante
estadounidense. Esto es nada menos que preocupante cuando son estos
sectores los que presionan para elaborar y poner las reglas sobre la
democracia y la justicia a nivel internacional; además de ser cuestiones
de por sí inquietantes en un año electoral.
Notas
[1] http://www.nytimes.com/
[2]
Luego del 9/11, los fiscales del Ejecutivo manipularon la ley para
otorgar al gobierno de Bush las atribuciones para crear Guantánamo. A su
vez, el Congreso aprobó la Autorización para el uso de Fuerza Militar,
que autoriza al presidente como Comandante en Jefe del Ejército durante
tiempo de Guerra a mantener abierta la cárcel de Guantánamo, forzar la
interrogación de los detenidos (acto que es considerado como “tortura”
en el resto del mundo) y llevar a cabo otras acciones extraordinarias a
determinar en el marco de la guerra contra el terrorismo. Ver: http://www.truth-out.org/
[3] Ver por ejemplo: Guantánamo Force-Feeding Causing Agony, Says US Judge http://www.truth-out.org/
[8] https://www.
Silvina M. Romano/CELAG
Artículo publicado en http://www.celag.org/
URL de este artículo: http://www.alainet.org/es/
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