Editorial La Jornada
La cancillería mexicana anunció ayer un acuerdo alcanzado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y nuestro país para efectuar una 
prueba piloto, a realizarse en enero próximo, a fin de trasladar a México a algunos de los cubanos que desean viajar a Estados Unidos y que se encuentran varados en Costa Rica, luego que las autoridades de Nicaragua cerraron sus fronteras al tránsito de esos migrantes.
El ministro costarricense de Relaciones Exteriores, Manuel González, 
puntualizó que la prueba consistirá en trasladar a los migrantes de 
Costa Rica a El Salvador –con boletos pagados por ellos mismos– y de 
ahí, llevarlos por tierra a través de Guatemala y México hacia la 
frontera estadunidense. Si todo sale bien, la solución se aplicará a los
 entre 5 mil y 7 mil cubanos que están en territorio costarricense.
El canciller González dijo sin embargo que la medida reviste un carácter 
absolutamente excepcionaly regirá sólo para los isleños que ya se encuentran en Costa Rica, mas no para los que pretendan, en lo sucesivo, pasar por ese país, el cual suspendió recientemente las visas de tránsito a los ciudadanos de Cuba.
La medida anunciada ayer es positiva y humanitaria, sin duda, pero 
del todo insuficiente; no sólo por su excepcionalidad sino también 
porque deja intactos problemas de fondo que deben ser corregidos.
Los intentos de cubanos por llegar a Estados Unidos se han 
incrementado a raíz del proceso de normalización de las relaciones entre
 Washington y La Habana, debido al temor de algunos isleños de que la 
regularización conduzca a la supresión de las condiciones de privilegio 
de que gozan los ciudadanos de Cuba para obtener residencia 
estadunidense. Pero esa prebenda no aplica a quienes se trasladan en 
condiciones regulares de la isla hacia Estados Unidos, sino únicamente 
para quienes logran llegar a territorio de la Unión Americana por mar o a
 través de terceros países, lo que ha alentado la migración ilegal desde
 hace décadas, además de que ha sido un doble rasero discriminatorio e 
infame: a diferencia del resto de los latinoamericanos, a los cubanos 
les basta con presentarse en un puesto fronterizo estadunidense y 
declarar su nacionalidad para ingresar al país.
Con tales antecedentes, resulta inexplicable a primera vista 
que gobiernos como los de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México 
hayan cerrado el tránsito a ese flujo migratorio que no tiene a esos 
países como destino final. Lo sensato, humano y correcto sería permitir 
que esos cubanos atraviesen los territorios de esas naciones en 
dirección a Estados Unidos.
La única razón que permite entender la intolerancia de los gobiernos 
referidos es la presión desde Washington a fin de que impidan a los 
cubanos llegar a territorio estadunidense, una presión que se ejerce de 
manera furtiva, porque la Casa Blanca, si bien considera indeseable el 
arribo de miles de isleños a su territorio, no puede contradecir 
abiertamente sus propias políticas, aún vigentes, de aliento a la 
migración de Cuba.
Hay datos sólidos para afirmar que México y Guatemala han sido 
convertidos por Washington en una suerte de garitas migratorias 
adelantadas a fin de obstaculizar el tránsito de centro y sudamericanos 
hacia Estados Unidos. Todo indica que esa estrategia –que conlleva tanto
 una injerencia como una sumisión injustificables– está siendo aplicada 
ahora para cerrar el paso a los migrantes cubanos.
Pero para los gobiernos involucrados no hay razón legítima para 
persistir en la aplicación de restricciones migratorias. Resulta 
humanamente obligado que se permita a los cubanos el libre tránsito 
hacia el país vecino del norte. Si las autoridades de Washington se 
encuentran ahora atrapadas entre su legislación anticubana –la cual 
pretendió siempre presentar a la isla como un infierno que sus 
habitantes deseaban abandonar a toda costa– y su temor por una llegada 
masiva de cubanos, a ellas corresponde encontrar una solución, y es 
exigible que dejen de subrogar los problemas en esta materia a otras 
naciones.
 

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