La
Procuraduría General de la República (PGR) anunció este miércoles
(23/9) que estuvo investigando la venta ilegal de tierras comunitarias,
que son partes de los territorios originarios de las comunidades de la
Región Autónoma del Caribe Norte.
Recientemente, estas
transacciones ilícitas generaron fuertes enfrentamientos entre colonos y
comunitarios miskitos, que han dejado un saldo de varios fallecidos y
heridos.
La población indígena denuncia la constante
invasión de sus territorios de parte de colonos, así como el avance
preocupante de la frontera agrícola. Asimismo, alega que dicha invasión
estaría vinculada especialmente al tráfico y venta ilegal de
propiedades.
El resultado de la investigación realizada
por una Comisión especial de gobierno -que estuvo presidida por la PGR y
que involucró a otras instancias gubernamentales- provocó también la desaforación del diputado y dirigente miskito Brooklyn Rivera Ryan.
El
ahora ex legislador está siendo acusado de participar en la venta
ilegal de unos 1.550 km² de tierras en el Caribe Norte de Nicaragua, y
de estar vinculado a al menos 16 transacciones ílicitas, cuyos contenidos fueron ampliamente presentados en el hemiciclo parlamentario.
A
raíz de los enfrentamientos en el Caribe Norte, el presidente Daniel
Ortega ordenó la creación inmediata de una Comisión Especial, lo que
llevó la PGR a reactivar la Comisión de atención interinstitucional en
los territorios originarios afro-descendientes del Caribe y Alto
Wangki-Bocay (Decreto 13-2015).
"La PGR procedió a ampliar
las investigaciones, a efectos de restablecer la paz jurídica y la
convivencia social, y hacer efectiva la judicialización de todas
aquellas personas que resultaren implicadas en hechos delictivos
vinculados al tráfico y ocupación de tierras comunales indígenas, y
otros delitos conexos previstos y sancionados en el Código Penal que han
sido dados a conocer", explica la PGR en un comunicado emitido ayer.
También
trascendió que la Procuraduría fue notificada de la suspensión del
ejercicio del notariado de 5 abogados partícipes en las ventas de áreas
comunales en la Costa Caribe. También se deja causa abierta tanto en la
vía civil como en la penal.
El procurador Hernán Estrada
informó que serían no menos de 30 los notarios que pudieran estar
involucrados en el tráfico de tierras indígenas.
Reconocimiento de los derechos ancestrales
En
ese mismo comunicado, la PGR recuerda que, en menos de ocho años y por
mandato del presidente Ortega, ha dado respuesta a una deuda histórica
del Estado con las poblaciones de estas zonas de Nicaragua.
"Esta
institución ha titulado y reconocido sus derechos ancestrales a 23
territorios originarios de las comunidades de las Regiones Autónomas del
Caribe Norte y Sur, así como de los pueblos y comunidades étnicas de
los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.
De esa manera
-continúa la PGR- se restituyó y se garantizó el derecho de vivir y
desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a
sus tradiciones históricas y culturales".
La titulación abarcó unos 37 mil kilómetros cuadrados de tierra, es decir una superficie superior a la de El Salvador.
Giorgio Trucchi | LINyM
http://www.alainet.org/es/articulo/172607
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