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jueves, 30 de abril de 2015

Aportes al análisis del momento político en Guatemala


Foto Jose Orozco
Foto: José Orozco
 Miles de guatemaltecos se sintieron convocados y se movilizaron el 25 de abril (25-A-2015) para manifestar su rechazo rotundo a la corrupción en el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

El detonante que motivó esta acción colectiva fue la captura de una red criminal, denominada “La Línea”, la cual operaba en la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), en varias aduanas y puertos del país. En esta estructura resultaron involucrados funcionarios de alto rango como el Secretario Privado de la Vicepresidencia, el titular de la SAT y su ex director, así como directores de aduanas y puertos, además de funcionarios menores. Fue relevante, asimismo, que en dicha estructura participaban personas vinculadas a estructuras contrainsurgentes y criminales manejadas por ex militares de mediano rango, como el Teniente “Jerez”, y de alto rango de viejo cuño golpista y mafioso. Están involucrados asimismo, empresarios que han sido tan corruptos y responsables como los funcionarios detenidos, y seguramente redes de tráfico ilegal de drogas que pudieron haber hecho uso de esta estructura. 
La red criminal estaba ligada, íntimamente, a la Vicepresidenta Roxana Baldetti, como al Presidente, Otto Pérez Molina, siendo que el supuesto jefe de la red criminal era el mismo Secretario Privado de la Vicepresidenta, Juan Carlos Monzón, así como otros personajes involucrados en negocios personales de ambos funcionarios.  Hay indicios, por grabaciones a la red criminal, que en esta pudieran estar involucrados directamente el Presidente y la Vicepresidenta, lo cual no obstante, ya se maneja como vox populi y es parte de las motivaciones para la movilización social.

Más allá del hecho, interesa en este artículo hacer un conjunto de reflexiones sobre la coyuntura, que pudieran ser útiles para pensar en nuestro posicionamiento y orientación política: 
  1. Judicialmente hace falta determinar hasta donde están involucrados el Presidente y la Vicepresidenta de la República. Esto pasa por la captura del prófugo Secretario Privado de la Vicepresidente, quien fue alertado por esta funcionaria estando ambos en un viaje en Corea del Sur. Asimismo, pasa por el compromiso real de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (organismo de la ONU gestado para contribuir en la investigación de grupos criminales en el país, siendo las graves falencias del sistema judicial guatemalteco) y el Ministerio Público por investigar a fondo. También por establecer hasta donde la acción de estos organismo está o no condicionada por fuerzas de poder reales como la Embajada de Estados Unidos y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF. En este sentido la vigilancia y el seguimiento judicial por parte de la ciudadanía es esencial en este sentido. 
  1. La movilización tuvo como punto de encuentro la protesta y exigencia de renuncia hacia la Vicepresidenta y el Presidente. En general hubo poco protagonismo de fuerzas sociales y políticas convocando. Los partidos políticos no fueron para nada visibles, lo cual se podría interpretar como auto exclusión siendo el rechazo del cual gozan estas fichas o empresas electorales. 
  1. La protesta fue una muestra de indignación por un conglomerado social multi clasista, multi identitario y multi ideológico. Una movilización ciudadana, sin más, donde lo que dominó fue la idea de ser parte de un pueblo indignado.  Aun cuando se replicó también en buen número de cabeceras departamentales, en la misma hicieron falta –por imposibilidad para movilizarse hasta esos espacios de centralidad– millones de guatemaltecos que se han visto afectados por la política del gobierno de Otto Pérez, que ha impuesto a fuerza de represión un modelo de acumulación de capital afincado en la explotación de la clase trabajadora y el expolio de los recursos naturales; asimismo, conglomerados que también cuestionan la corrupción y exigen la  renuncia de los mandatarios, pero que viven en el área rural y lugares lejanos de los centros de convocatoria. 
  1. Esta movilización careció de conducción política (lo cual siempre debemos dudar, especialmente por como mueven sus hilos quienes tienen el poder real en este país: la oligarquía, G-8 o CACIF). Se careció, igualmente, de un planteamiento que trascendiera la sola exigencia de la renuncia y que propusiera un camino más claro a seguir. Esto en buena medida se debió al desprestigio en general del sistema de partidos políticos y muchos de los autodenominados líderes. Asimismo, al tino de coincidir en la búsqueda de denunciar al gobierno, exigir la renuncia de la Vicepresidente y el Presidente, y dar un golpe certero al gobierno y las pretensiones de su partido político, el Partido Patriota (PP), para seguir gobernando.
  1. La movilización del 25 de abril asestó un duro golpe político –y mediático– al PP. Días antes había experimentado la renuncia de su presidenciable, el oligarca Alejando Sinibaldi, alcaldes, militantes, así como varios diputados que se habían insertado en dicho partido y en el organismo legislativo como operadores de grupos corporativos y del CACIF. Se prevé que otros diputados e inclusive algún ministro, presente su renuncia en los próximos días. En este momento, puede afirmarse, dicho partido resulta inviable como instrumento político y confirma la tendencia a que ningún partido que ha gobernado, vuelva a ganar una elección presidencial. Además, sus altos funcionarios quedan sujetos a investigación en lo que resta del periodo presidencial –tiempo durante el cual el Presidente y Vicepresidenta gozan de antejuicio- o posteriormente, siendo que la CICIG operará en el país por dos años más. 
  1. El Partido Líder y su candidato Manuel Baldizón quedaron evidenciados en su alianza con el Partido Patriota. No se ha pronunciado ante el grave hecho político-criminal, mientras los medios masivos vinculados a esta fuerza política invisibilizaron la protesta y exigencia de renuncia a los altos funcionarios implicados políticamente. Manuel Baldizón, además de liderar las encuestas referidas a las fuerzas en contienda hacia la elección de septiembre de este año, ha venido haciendo negociaciones con el actual gobierno tanto en el Congreso como en el organismo ejecutivo, con el objetivo de empezar a presionar por una política en función de sus intereses ante un eventual gobierno encabezado por él. La alianza PP-Líder se mantiene y sostiene al gobierno actual, mientras la oposición más incisiva expresada en el partido Unidad Nacional de la Esperanza –UNE–, no constituye una alternativa, siendo que es una fuerza acuerpada por diputados tránsfugas –inclusive provenientes del mismo PP- y aliado con una de los grupos corporativos de cuño oligárquico en el país. 
  1. El carácter histórico de esta marcha ciudadana, podría abonar a la búsqueda de la oligarquía local que pretende reformar el Estado a su conveniencia. Es evidente como la oligarquía, no obstante que sigue dando curso histórico al Estado, ha estado enfrentando la disputa y pérdida parcial en el control de la institucionalidad pública: Quienes han estado disputándole ese control son, por un lado, burguesías emergentes devenidas de los negocios en el mismo aparato estatal y de los negocios del narcotráfico, y en segundo lugar, por elites militares, una de las cuales es encabeza el mismo Presidente de la República. La reforma desde la oligarquía, si bien se orientaría a mermar sustancialmente el poder de las mafias y las elites militares, dejaría intacto el Estado como un reproductor del modelo de acumulación de capital vigente. En la coyuntura actual esto sería lo más probable si es que logran potenciar el descontento y movilización a su favor y en esa dirección. 
  1. La izquierda política y social, por su parte, experimenta una profunda debilidad devenida de sus problemas ideológicos y políticos. Su fuerza es marginal debido, en parte, a su fragmentación. No obstante, la coyuntura política abre la posibilidad para su articulación. Está por verse hasta donde logra gestar un acuerdo político y por consiguiente un camino propio para orientar y aprovechar a su favor estas y las futuras movilizaciones desde los intereses de la clase trabajadora del campo y la ciudad y de los pueblos originarios.
  1. Sin duda, una exigencia es que la investigación criminal llegue hasta donde deba llegar, incluso hasta el Presidente de la República. Debe investigarse la línea y vínculo de la red criminal detectada con los ámbitos y funcionarios más altos de este gobierno. Esto con el objeto de desmontar las redes de corrupción y crimen, que están vinculadas con criminales devenidos de la política terror estatal durante el enfrentamiento armado interno, así como con las redes que se aprovecharon y aprovechan de la militarización, la privatización, las concesiones, los fideicomisos, etc.  Asimismo, que se revele y procese a los empresarios y empresas involucradas. 
  1. Sin embargo, la perspectiva debiera trascender la mirada en torno al hecho de corrupción y la exigencia de renuncia del Presidente y la Vicepresidenta, y la investigación y captura de estas y otras redes criminales. Esto sólo es parte de la agenda de corto plazo. En ese sentido es necesario pensar sobre el qué hacer desde quienes en general nos situamos en el polo popular de la lucha política. En ese sentido, surgen las siguientes preguntas íntimamente relacionadas: 
¿Cuál va a ser el acuerdo para transformar al Estado corporativo construido y manejado históricamente por la oligarquía (hoy G-8 y CACIF) y por el imperio estadounidense?

¿Cuál va a ser el acuerdo para transformar al Estado militarizado, característica devenida de la alianza entre el grupo dirigente del empresariado y militares contrainsurgentes?

¿Cuál va a ser el acuerdo para transformar el Estado cooptado por el crimen organizado?

¿Cuál va a ser nuestro proyecto político, el de la clase trabajadora, los pueblos, así como de múltiples sectores populares y sociales que planteamos la necesaria transformación del país? 
  1. Hoy muchos hablan de la reforma del Estado, de la refundación del Estado. El CACIF ha planteado una profunda reforma, y seguro la promoverá desde sus intereses de clase social. En esta lógica y como satélites del planteamiento conservador aparecen diferentes universidades, fundaciones, ONG y “movimientos”, como el Movimiento Cívico Nacional. También existen otros actores que están gestando o haciendo planteamientos con un carácter, diríamos, progresista, pero sin fuerza y claridad política alternativa: sin sujeto político. Hace falta que el polo popular geste su propia propuesta, de este o de otro tipo, con este nombre o con otro, pero orientada a transformar el país y desde los sujetos históricamente explotados y oprimidos.
Valgan estas reflexiones para sumar al análisis que necesitamos para enfrentar la coyuntura política actual. Asimismo, como aporte para permitirnos gestar (como proceso) el programa político, la estrategia compartida y el sujeto político articulado.
  
http://www.alainet.org/es/articulo/169243

La Diplomacia Económica como arma


Justicia global
La guerra es sólo la continuación de las políticas con la suma de otros medios
Klaus von Clausewitz (Vom Kriege)

Creo que estamos en una tercera guerra mundial que decidirá si el futuro es unipolar anglosajón o multipolar. El aspecto bélico de la lucha se hace por intermediarios, porque una confrontación directa entre los protagonistas resultaría en derrota mutua. El dinero es el nervio de la guerra (Thomas More), la estrategia es agotar económicamente los adversarios; el arma es la diplomacia económica.

Putin propone compartir con Europa los recursos de la Unión Económica Euro-Asiática, para crear una entidad económica de Lisboa a Vladivostok. Eso es la peor pesadilla anglosajona, porque la economía mundial basada en el dólar dejaría de ser y Europa continental regresaría como potencia protagonista. Esa propuesta tan ventajosa para la Unión Europea debiera despertar el entusiasmo europeo, pero su clase política sirve un interés distinto al de sus pueblos, por ello colaboró en el golpe de estado en Kiev, que desestabilizó a Ucrania, su vecina, y pone en riesgo su más segura conexión energética.

Los Estados Unidos tomaron el relevo de Gran Bretaña en servir los mismos intereses financieros y heredaron la misma política de sembrar conflictos, que justifican bases e invasiones en todas partes. Los excesos cometidos con la emisión desaforada de dólares inorgánicos que alimentan el alza de los valores en la bolsa, desvincularon el sector financiero del resto de la economía que muestra indicadores negativos. El dólar debe mantener su rol de moneda excepcional e imprescindible porque su uso es un tributo mundial que se paga a los Estados Unidos. La red de acuerdos de libre comercio -ahora de asociaciones oceánicas- propuestos por Estados Unidos, tiene la función esencial de mantener el uso del dólar como referencia de valor. Es para mantener esa ventaja avasallante que hoy propone dos acuerdos ambiciosos, negociados en secreto: el Trans-Pacific Partnership Agreement (TTP) y el Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership. En el primero excluye a China; en el segundo excluye a Rusia.

Esta semana ha sido testigo del inicio de una ola de protestas populares contra esas dos iniciativas de la diplomacia económica norteamericana. El día 21 de abril manifestaban en Washington los sindicatos y muchos congresistas demócratas contra el Trans-Pacific Partnership (TPP). El día 19 de abril en toda Europa se protestaba contra el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), apenas después que el Congreso de Estados Unidos autorizara, el 17 de abril, el llamado Fast Track, para negociarlo.

Ese llamado Fast Track, cuyo nombre oficial es « autorización para negociar comercio», vino esta vez con una curiosa condición. La Sección 8, sobre Soberanía, dice que todos los acuerdos comerciales de Estados Unidos no son vinculantes para Estados Unidos, cuando contradigan una norma suya presente o futura. Con lo cual los acuerdos son obligatorios sólo para los otros socios, pero obligan a Estados Unidos sólo cuando quiere. Para asegurar mejor esa excepción, el congreso se otorga a sí mismo la facultad de sentenciar si el caso es parte del derecho internacional. Los vasallos tienen los derechos que su señor tenga a bien reconocerles.

China por su parte ha tenido mucho éxito con su propia red de acuerdos de libre comercio y de asociación económica, en que se comercia también en remimbis. En particular el Regional Comprehensive Economic Partnership, que excluye a Estados Unidos, pero incluye economías importantes del Pacífico como Japón, India, Corea del Sur, Australia e Indonesia.  Otra iniciativa china es un fondo de $40 millardos para crear infraestructura de transporte y cooperación industrial en los países asiáticos que atraviesan la versión terrestre o marítima de la Nueva Ruta de la Seda.

En el área financiera de la diplomacia económica suceden movimientos estratégicos. Desde la Conferencia de Bretton Woods, en 1944, Estados Unidos tuvo poder de veto en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regional. Los préstamos allí imponen medidas inspiradas por la filosofía neoliberal favorable a los intereses de las grandes empresas. Países como China, que ahora es la primera economía mundial, desean actualizar el valor de los votos en esos organismos financieros internacionales, pero Estados Unidos lo veta. Esa rigidez llevó a la creación de dos nuevos organismos financieros: el New Development Bank ($40 millardos) de los BRICS y del Asian Infrastructure Investment Bank (57 países, $50 millardos) del que son socios todos los países de importancia financiera, salvo Japón y Estados Unidos.

El contenido de los acuerdos de asociación

Aunque se negocien en secreto, el contenido de los acuerdos que propone Estados Unidos a la cuenca del Pacífico y a la Unión Europea es conocido, porque no se negocia nada, sino la adhesión, como en los contratos con bancos. Estados Unidos viene imponiendo a sus socios el mismo texto desde el TLCAN (NAFTA) con México y Canadá en 1994. Usó el mismo modelo para Jordania, Chile, Centroamérica (CAFTA), Marruecos, Colombia y un largo etcétera. Cuando quiso expandirlo a nivel regional, con el ALCA, fue rechazado con firmeza, en Buenos Aires, por los países del Mercosur, además de Bolivia, Ecuador y Venezuela.

La principal desventaja de esos acuerdos, que pretenden ser varios y son siempre el mismo, es que imponen el neoliberalismo como única política económica y miran sólo a la ganancia de las grandes empresas internacionales. Los rasgos más salientes son cuatro.

En comercio exigen una apertura a la exportación subsidiada de productos agrícolas de Estados Unidos –incluso OGM- que acaban con la agricultura local. Eso destruye también la fuente de la cultura nacional y provoca éxodo campesino hacia ciudades donde su hacinamiento genera miseria y delincuencia o empuja a la emigración desesperada. Es el caso de México y América Central.

En Propiedad Intelectual imponen normas que prolongan los monopolios que otorgan las patentes, para producir productos farmacéuticos y agroquímicos. Eso retrasa la fabricación de medicinas genéricas baratas y encarece el cuidado de la salud pública. En agroquímicos aplaza o encarece el uso de nuevos productos con perjuicio de la productividad y rendimiento agrícola.

En inversión extranjera, se mira como inversión extranjera la simple compra por un ente extranjero de acciones en una empresa nacional, sin nuevo aporte; sea aumento de capital, nueva tecnología, infraestructura o nuevos empleos. El Estado receptor debe abrir las puertas y garantizar el éxito de la inversión y deberá responde ante árbitros extranjeros por cualquier cambio que afecte la ganancia de la empresa inversora. Por ejemplo, la Occidental Oil obtuvo una sentencia contra Ecuador por US$2,3 millardos, porque tribunales ecuatorianos le aplicaron leyes ecuatorianas contra corrupción.

En comercio de servicios, esos acuerdos cambian el enfoque usado en la OMC de «lista positiva», que abre sólo los sectores mencionados en una lista, por un enfoque de «lista negativa» donde lo que no esté negado queda abierto. Eso abre todos los servicios del porvenir y quita el derecho a diseñar futuras políticas de desarrollo nacional. Es notable que en ellos Estados Unidos especifica que el acuerdo no compromete a los estados y sólo vincula al Distrito de Columbia y Puerto Rico.

Perspectiva de la Diplomacia Económica

Desde el siglo XVI los anglosajones, bajo la etiqueta de libertad de comercio, practican el imperialismo económico. Fue el caso de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, la primera Big Corporation, que mandaba a los señores de la India, Pakistán, Bangladesh, Myanmar y Sri Lanka. Es significativo que la bandera de Estados Unidos es idéntica a la usada por la CIIO/ BEIC, salvo por el cuadrante superior, donde las estrellas substituyen el Union Jack (bandera de Reino Unido).

Lo que se negocia hoy en foros multilaterales de fondo económico, como OMC, OMPI, FMI, Banco Mundial, OMS, OIT, implica casi siempre una erosión de soberanía; la reducción de espacios para políticas económicas y sociales autónomas. Exigencias más drásticas se hacen en todos los acuerdos bilaterales con las etiquetas de libre comercio, cooperación económica o en los de asociación regional.

La percepción clásica de que los acuerdos internacionales reflejan y consolidan un Statu Quo, no se aplica a la Diplomacia Económica.  La iniciativa aquí tiende a alterar el Statu Quo. Se le altera negociando normas internacionales que tendrán consecuencias políticas, económicas y sociales al interior de los países. Las normas no siempre versan sobre asuntos económicos. Las negociaciones sobre comercio de servicios son sobre cambios en códigos legales internos. Las negociaciones en la OMPI son sobre futuros privilegios y monopolios privados. La OIT se mueve entre coaliciones de gobiernos, empresarios y sindicatos. Los organismos financieros internacionales suelen negociar decisiones políticas junto con sus préstamos. La Ronda Doha de la OMC, iniciada para acabar con el subsidio de exportaciones agrícolas, ahora gira sobre la futura apertura agrícola, industrial y de servicios.

El uso de estrategias económicas para debilitar al adversario antes de iniciar una guerra es antigua.  En época recientes la diplomacia usa sanciones económicas desde la Sociedad de las Naciones. Lo novedoso es que se obligue a un grupo de países soberanos a imponer a otro sanciones económicas que también perjudican sus propios intereses económicos. Es el caso de la Unión Europea imponiendo sanciones a Rusia y un caso claro de «matar dos pájaros de un tiro». ¿Cui bono?

El pillaje, el botín, los tributos y el crédito han sido siempre acciones económicas usadas para mantener una supremacía. Emmanuel de Waresquiel dice en su Fouché (2014) que Napoleón financiaba sus guerras con el pillaje y los ingleses las suyas con endeudamiento. Los Estados Unidos usan ambos.

Conclusión

La diplomacia económica debiera merecer mucha más atención por parte de las cancillerías, porque su rol e incidencia en la política internacional es real, concreto y determinante; es el arma principal de la guerra en curso. En su lucha por prolongar su hegemonía, Estados Unidos cuenta con gran fuerza militar, pero hay adversarios a quienes no se puede aplicar. Su potencia tiene un punto débil y es el dólar, imprescindible para mantener su arsenal, y vulnerable por la falta de un respaldo de valor real y el gran cúmulo de deudas. Por ello teje una red de acuerdos que impongan el uso del dólar, junto con su sistema de distribuir la riqueza. Los países que prefieren un mundo multipolar moderno, distinto al surgido de Bretton Woods, construyen otro mundo económico paralelo y esperan el resultado, mientras modernizan sus ejércitos. Si vis pacem, para bellum.

- Umberto Mazzei es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia. Es Director del Instituto de Relaciones Económicas Internacionales Sismondi, en Ginebra.  www.ireisismondi.orgwww.ventanaglobal.info

http://www.alainet.org/es/articulo/169213  

Alianza del Pacífico, la nueva era del capitalismo dependiente


Alianza del Pacifico

La Alianza del Pacífico cumple cuatro años de existencia después de la Declaración en Lima en 2011. Los países miembros (México, Chile, Colombia y Perú) acordaron en dicha reunión los siguientes objetivos: 1) facilitar el libre tránsito de personas; 2) aumentar el comercio intrarregional y la cooperación aduanera; 3) apoyar la integración financiera por medio de la conexión de las bolsas de valores; 4) crear mecanismos para resolver los problemas de la integración regional.

La política comercial de la Alianza del Pacífico está inspirada en el regionalismo abierto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El regionalismo abierto postuló que las economías abiertas favorecerían la competitividad de los sectores orientados al exterior y que los proyectos de integración apoyarían la integración productiva de las economías latinoamericanas.

Las empresas trasnacionales de la Alianza del Pacífico fueron apoyadas mediante la liberalización de las transacciones comerciales y financieras a partir de la década de 1990. De esta manera, las políticas de industrialización fueron reemplazadas por el régimen neoliberal que socavó las perspectivas de desarrollo de la región.

Por otro lado, los países miembros liberalizaron 92% del comercio intrarregional como parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico firmado en 2012, mientras que la parte restante se liberalizará gradualmente hasta 2030.

Sin embargo, la integración productiva de la Alianza del Pacífico permanece estancada, ya que el comercio intrarregional representa 3.5% del comercio total, proporción insignificante en comparación con las transacciones comerciales intrarregionales de Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión Europea que representan 15 y 66% del comercio total respectivamente.  

Por otro lado, la Alianza del Pacífico no llevará a cabo medidas para fortalecer el mercado interno, factor que desfavorece la integración productiva. El salario mínimo de los miembros no experimentó cambios significativos desde 2009, debilitando la recuperación de las economías nacionales (OIT, Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2014, 2014, http://bit.ly/1Co7Sfx).

Además, la ausencia de mecanismos de financiamiento tales como bancos de desarrollo, fondos estructurales, proyectos de inversión comunes señalan el desinterés de la Alianza del Pacífico por implementar medidas que favorezcan la integración regional.

La prioridad de la Alianza del Pacífico es encontrar nuevos mercados en expansión a causa de la baja rentabilidad que genera el mercado interno para las grandes empresas trasnacionales. De esta manera, los miembros de la Alianza del Pacífico desean profundizar las relaciones comerciales con la región Asia-Pacífico.

Los países de la organización buscan crear nuevas relaciones comerciales centradas actualmente en Estados Unidos que concentró 60% de las exportaciones totales en 2013, debido principalmente a la estructura comercial de México con Estados Unidos (BID, Alianza del Pacífico y el MERCOSUR: sus perfiles de comercio, 2013, http://bit.ly/1GRcZK2).

Sin embargo, las negociaciones serán difíciles debido a la oposición de Estados Unidos al ascenso de los países asiáticos con el papel predominante de China que propuso una zona de libre comercio en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) incluyendo a los miembros de la Alianza del Pacífico en noviembre de 2014.

El establecimiento de esta zona de libre comercio está obstaculizado por el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), que excluye a China con el fin de blindar a la Alianza del Pacífico ante el inminente ascenso del gigante asiático en Latinoamérica reforzando la hegemonía de Estados Unidos.

La consolidación de la Alianza del Pacífico dependerá de la evolución del papel geopolítico de Washington en América Latina. La estrategia norteamericana pretende aprovechar la debilidad de los procesos de integración y la escasa voluntad política de Brasil de liderar el desarrollo de la región.

De esta manera, Estados Unidos busca aumentar la influencia de la Alianza del Pacífico en América Latina con el objetivo de desarticular los proyectos de integración y cercar a los países latinoamericanos que mantienen una política anti-imperialista contra los intereses de Washington en Latinoamérica.

Por otra parte, la Alianza del Pacífico decidió establecer negociaciones con los miembros del MERCOSUR sin desafiar el rol geopolítico de Estados Unidos en la región. El interés reciente de Chile por estrechar los vínculos comerciales entre la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR representa el primer intento de proyectar las relaciones comerciales de los miembros hacia el exterior de la organización.

Las exportaciones de la Alianza del Pacífico al MERCOSUR alcanzaron la cifra de 23,700 millones de dólares en 2013, cantidad que representa 4.2% de las exportaciones totales. La liberalización de las relaciones comerciales entre ambos bloques aumentaría el comercio bilateral en un monto de 8,000 millones de dólares (CEPAL, La Alianza del Pacífico y el MERCOSUR: Hacia la convergencia en la diversidad, noviembre 2014, http://bit.ly/1D0SJmP).

Las relaciones comerciales entre ambos bloques no son recientes, puesto que las empresas trasnacionales de la Alianza del Pacífico establecieron operaciones en los países del MERCOSUR a partir de la década de 1990. La expansión geográfica de los grupos de capital incluyen los sectores de materias primas y servicios con el papel predominante de empresas como América Móvil, Cemex, Falabella, Arauco, LATAM.

La creación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) también apoya la expansión de las empresas trasnacionales por medio de la integración financiera de los países miembros. La implementación del MILA consistió en la negociación de activos de renta variable de las empresas de mayor capitalización en las plazas financieras de los cuatro países.

La incorporación de la Bolsa Mexicana de Valores al MILA creó la plataforma financiera de mayor importancia en América Latina con una capitalización de mercado de 1,100 millones de dólares superando a la Bolsa de Sao Paulo de Brasil en 2014 (BID, México se integra al Mercado Latinoamericano Integrado, 2014, http://bit.ly/1Pq9M8k). Por lo tanto, la implementación del MILA intentó apoyar la proyección de las bolsas bursátiles de la Alianza del Pacífico, acción que intensificó la competencia entre las bolsas de valores más importantes de América Latina.

Sin embargo, la implementación del MILA estuvo precedida por la contracción del comercio mundial, la caída del precio de las materias primas y la reducción de la inversión extranjera en América Latina. De esta manera, la caída de rentabilidad de las empresas trasnacionales de la Alianza del Pacífico está representada en la pérdida acumulada del índice S&P MILA Pacific Alliance Select (índice que mide el rendimiento de las empresas de mayor capitalización de la Alianza del Pacífico) de 20.92% desde su lanzamiento en julio de 2014.

La caída de Bolsa Mexicana de Valores fue la más representativa ya que posee el mayor peso en el MILA. El gobierno mexicano continuará llevando a cabo operaciones significativas en el mercado de divisas para estabilizar el peso mexicano y facilitar los flujos de inversión intrarregionales. Las operaciones de subastas de dólares del Banco de México fueron insuficientes ya que el peso mexicano acumula una depreciación anual de 17% (Banco de México, Mercado Cambiario, 2015, http://bit.ly/1BSIbTz).

La devaluación de las monedas afectó significativamente la Alianza del Pacífico ya que los miembros deben soportar el déficit en cuenta corriente por la apertura desmedida de las economías nacionales. En consecuencia, la descapitalización de las finanzas públicas aumentó con el encarecimiento de las importaciones.

Además, los países de la Alianza del Pacífico están dispuestos a emprender acciones para equilibrar los saldos negativos de las finanzas públicas con el fin de fortalecer la confianza en los mercados financieros internacionales. De esta manera, la coordinación de la política fiscal será realizada en detrimento de las economías nacionales.

Por otro lado, los miembros de la Alianza del Pacífico acordaron avanzar en ampliar la variedad de los instrumentos negociados en la última reunión en marzo del año en curso. El MILA podría empezar a negociar activos de renta fija que incluyen las obligaciones de los gobiernos nacionales y mayores instrumentos de las grandes empresas.

No obstante, las perspectivas son desfavorables ante la posibilidad del aumento de la tasa de interés en Estados Unidos que seguramente afectará las bolsas de valores en América Latina. De este modo, las consecuencias negativas de la dependencia financiera de las economías de la Alianza del Pacífico aparecerán con el ascenso del dólar y las instituciones financieras de Washington.

Por añadidura, el riesgo de la activación de la línea de crédito flexible por 70,000 millones de dólares otorgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) permanece presente en México. De esta manera, la adopción de las medidas de ajuste impuestas por el FMI agravaría el panorama económico nacional en 2015.

En conclusión, la Alianza del Pacífico afianzó la nueva era de los proyectos de integración que apoyan la internacionalización de los grupos de capital, sin aportar ningún beneficio a las clases populares en América Latina. La dependencia de las economías de la Alianza del Pacífico se profundiza y pretende aumentar su influencia en Centroamérica con la posible incorporación de Panamá y Costa Rica. 

Ulises Noyola Rodríguez
Periodista. Contacto: ulisesnoyola1@gmail.com
  
http://www.alainet.org/es/articulo/169240  

Baltimore, una historia de tolerancia cero e impunidad comprada con las arcas públicas


Como en Ferguson y Nueva York, las protestas, la bronca y la violencia que se desató esta semana tras la muerte de un joven negro a manos de la policía no son un hecho aislado ni azaroso. Años de represión e impunidad policial y de connivencia política explican una nueva crónica de un estallido anunciado en Estados Unidos.
Como en Ferguson y Nueva York, las protestas, la bronca y la violencia que desató esta semana en la ciudad de Baltimore la muerte de un joven negro a manos de la policía no son un hecho aislado ni azaroso. Años de represión e impunidad policial y de connivencia política explican una nueva crónica de un estallido anunciado en Estados Unidos.
Las cicatrices más recientes en esta ciudad del noreste norteamericano, en la que más del 63% de sus habitantes son negros, datan de finales de los años noventa.
Baltimore importó el modelo de tolerancia cero del ex intendente de Nueva York Rudolph Giuliani, una política que ganó adeptos en todo el mundo, incluida Argentina, y que propone como parte de su estrategia masificar las detenciones, inclusive de personas que hayan cometido la más mínima infracción.
El entonces intendente demócrata de Baltimore, Martin O’Malley, defendió la estrategia como “la correcta para ese momento” y destacó que las cifras de asesinatos y crímenes violentos disminuyeron. Sin embargo, la ciudad le tuvo que poner fin después de siete años y de gastar millones de dólares en indemnizaciones.
En 2004, Baltimore pagó 6 millones de dólares a Jeffrey Alston, un hombre que quedó paralizado del cuello para abajo después de ser detenido por “tener olor a alcohol en el aliento” y trasladado a una comisaría.
Un año después, Dondi Johnson, un hombre de 43 años, fue detenido por orinar en la calle y después de un breve viaje en un patrullero terminó cuadripléjico, con la columna quebrada y desplazada. Murió un mes más tarde, y un jurado ordenó a la ciudad pagarle 7,4 millones a la familia de la víctima.
Finalmente, en 2006, dos organizaciones de derechos civiles acusaron al Estado municipal de cometer “abuso de poder” con las detenciones masivas y ganaron el juicio. El gobierno tuvo que pagar otros 870.000 dólares y eliminó la política de tolerancia cero.
Las detenciones masivas terminaron, pero no la impunidad policial comprada con dinero público.
Según una investigación publicada por el diario Baltimore Sun en septiembre pasado, esa ciudad del estado de Maryland pagó más de 5,7 millones de dólares en acuerdos extra judiciales desde 2011 para evitar condenas por brutalidad policial.
Estos acuerdos, además, garantizaron que las víctimas y sus familias no puedan hablar públicamente de sus arrestos injustos y de las golpizas que recibieron.
Entre las víctimas que destaca el matutino se encuentra un chico de 15 años que fue detenido cuando andaba en bicicleta, una contadora de 26 años embarazada que intentaba terminar una pelea callejera, una mujer de 50 años que vendía números para una rifa en su iglesia y una abuela de 87 años que había llamado a Emergencias porque su nieto había sido baleado. En la mayoría de estos casos, las víctimas eran negros.
Pero no todas las historias de brutalidad policial en Baltimore terminan con heridas graves y una indemnización. Algunas terminan peor.
Según un informe de la reconocida organización norteamericana de derechos civiles ACLU, publicado el mes pasado, 109 personas murieron a manos de policías cada vez más militarizados en el estado de Maryland entre 2010 y 2014, 31 de ellos en la ciudad de Baltimore.
De las víctimas fatales de la policía en esos cuatro años, un 70% eran negros (en un estado en el que la población afroamericana no alcanza el 30%) y más de un 40% estaban desarmados.
Pese a estas cifras, el único policía que fue procesado por la muerte de un civil en este período fue un agente de Baltimore que mató a un marine veterano en un bar, cuando no estaba de servicio.
La acumulación de estos antecedentes a lo largo de los años forzó a las autoridades de Maryland a presentar un paquete de medidas para aumentar la regulación y la fiscalización del accionar de las fuerzas policías.
Sin embargo, en el último mes el sindicato de policía consiguió remover algunos de los puntos más importantes de la reforma, como que todas las muertes causadas por agentes deban ser investigadas por fiscales del estado y no de la ciudad, y que los procesos sean civiles y no internos.
“Nuestro jefe no tiene un problema con disciplinar a los policías malos”, explicó el sargento Clyde Boatwright, presidente de la Escuela del Sindicato de Policía de Baltimore en una audiencia pública que se realizó el mes pasado para discutir la reforma y que reprodujo el portal de noticias The Intercept.
“Lo que estamos diciendo es que el sistema funciona”, agregó el oficial, reafirmando una vez más una creencia que comparten la mayoría de la dirigencia política del país y los grandes medios de comunicación estadounidenses pese a los sistemáticos y masivos estallidos de protestas y bronca que provocan la innegable discriminación y desigualdad que sufre la comunidad negra.
Telam

Perú: Entre el desorden territorial y la conflictividad social


Modelo economico
Si pudiéramos imaginar el territorio nacional más allá del tradicional mapa, nos podríamos encontrar con imágenes sucesivas que se superponen una encima de otra, a la manera de piezas de puzzle. Si por ejemplo nombraríamos “Amazonia”, probablemente imaginemos: bosques, pueblos nativos, petróleo, ríos, diversos animales, etc. Y si nombramos “Andes”: montañas, pueblos campesinos, nevados, auquénidos, minería, etc. Todas esas fichas- imágenes, son parte de un todo que conforma la idea de país que estamos construyendo.

Sin embargo, el territorio que imaginamos se ve cada vez más acechado por diferentes intereses que no son bien canalizados y que van distorsionando el objetivo final del Estado. Como si todo se revolviera y te intentaran cambiar las fichas verdes por otras grises, imponiendo tonos monocromáticos en esa supuesta construcción de país conjunta. A eso le agregamos que los instrumentos y mecanismos que nos pueden ayudar a gestionar el territorio y establecer un criterio de orden y sostenibilidad, van siendo debilitados y hasta saboteados.

Para hacernos una idea, la presión que ejercen las actividades extractivas se ha ido incrementando de manera exponencial conforme hemos ido creciendo económicamente; y ahora bajo la justificación de una desaceleración económica el Gobierno propone que el principal criterio para “ordenar” el territorio es el libre mercado. Las consecuencias: el 21% del territorio nacional, hoy se encuentre concesionado[1]; de ese territorio concesionado el 49.63% son tierras de comunidades campesinas[2]. Si volteamos la vista hacia la Amazonía encontramos que el 75% del territorio se somete a presión de diversas actividades extractivas, principalmente la explotación de hidrocarburos, concesiones maderables, plantaciones de monocultivos y otras[3]. Nuestro mar enfrenta parecida situación. A esto hay que agregarle la proliferación de actividades como la tala ilegal, minería informal, tráfico de terrenos,  narcotráfico y la aparición de redes de crimen organizado, atentas al descalabro territorial que enfrentamos, como el caso de la red Orellana[4].

Esta situación se ve agravada por las acciones que el actual Gobierno ha ido impulsando a nivel normativo. Nos referimos a los cuatro paquetazos que desde mediados del 2013 han sido aprobados para supuestamente promover las inversiones. El primer paquetazo conformado por el D.S. 054-2013-PCM, D.S. 060-2013-PCM, Ley 30025. El segundo paquetazo un serio golpe a la institucionalidad ambiental y territorialidad Ley 30230[5]; el tercer paquetazo: D.S. 001-2015-EM[6], Ley 30264 y el cuarto paquetazo: proyecto de Ley 3941-2014-PE[7]. Normas que han ido debilitando los estándares ambientales y facilitando el acceso a la tierra y territorios indígenas. Leyes ómnibus que legislan sobre todo tipo de derechos borrando de un plumazo lo poco avanzado en protección de derechos y políticas públicas en favor de los ciudadanos.

En suma la presión de actividades extractivas, actividades ilegales, combinada con un gobierno centralista cada vez más débil en el terreno para establecer criterios claros para ordenar el territorio, conforma una fotografía de verdadero caos territorial. Tierra abonada para permanentes conflictos. Solo en marzo la Defensoría del Pueblo registró 211 conflictos[8], de los cuales 141 son conflictos socioambientales: 94 de minería, 22 de hidrocarburos. Nada menos que un 66,8% del total. Pero además el Gobierno central se trata de ocupar de la resolución de 129 de ellos, es decir del 61,1%. Lo que cada vez parece más insostenible primero porque es imposible atender las múltiples demandas de diversos conflictos a través de un ente centralizado como es la Oficina de Dialogo de la PCM y segundo porque muchos conflictos como Conga, Pichanaqui y recientemente Tía María, desbordan los débiles mecanismos para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos inmersos en una protesta, cuyas causas en cierta forma, han sido generados por el propio gobierno.

Esta situación está haciendo precaria la convivencia entre peruanos y nos sigue llevando a un espiral de conflictividad, que se expresa en la mal llamada “ley de la selva”, puesto que ahí donde se supone no hay orden existe una ley natural, la del más fuerte. Fuerza que se mide económicamente, tal como lo quiere el neoliberalismo; donde la cooptación del Derecho esta “constitucionalizando” los intereses económicos de los más poderosos para sus fines convenientes, como es caso de leyes que fomentan el acaparamiento de tierras para actividades extractivas o debilitan los estándares ambientales; quitándole contenido a uno de los pilares de la democracia, el Estado de Derecho puesto a la servicio del bienestar común de todas y todos los peruanos.

 Luis Hallazi es abogado y politólogo, especialista en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador. luis.hallazi@gmail.com

Notas

[1] La organización Cooperacción refiere el dato de 21,20% mientras el informe de Propuesta Ciudadana “Concesiones Mineras en el Perú: Análisis y propuesta de política” refiere que una quinta parte (20%) estaría concesionado a la minería. http://www.propuestaciudadana.org.pe/node/850000

[2] Según el X Informe del Observatorio de Conflictos mineros en el Perú. http://www.cooperaccion.org.pe/informa/44-cooperaccion-informa/501-xi-informe-del-observatorio-de-conflictos-mineros-en-el-peru

[3] Según el Atlas Amazonia Bajo Presión publicado por la RAISG. http://www.ibcperu.org/notice-12/

[4] Para más información: 10 claves para entender como operaba la red criminal. http://peru21.pe/politica/rodolfo-orellana-red-criminal-10-claves-2192955

[5] Para más información: Paquetazo Castilla: un peligroso giro a la exclusión. http://politicaderechoysociedad.blogspot.com/2014/08/paquetazo-castilla-un-peligroso-giro-la.html

[6] Para más información: Más concesiones mineras recortando derechos de comunidades campesinas. http://politicaderechoysociedad.blogspot.com/2015/02/mas-concesiones-mineras-recortando.html

[7] Para más información sobre los paquetazos y la titulación comunal: El drama de la titulación comunal   http://servindi.org/actualidad/126931

[8] Para más información: http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.alainet.org/es/articulo/169293  

El hoy de nuestra América Latina. . . .30-04-2015



Agencia Púlsar
 Fumio Kishida30 de abril de 2015, 10:06La Habana, 30 abr (PL) El canciller de Japón, Fumio Kishida, expresó su esperanza de que con la visita que inicia hoy a Cuba se activen las relaciones bilaterales, políticas y económicas, se amplíen la cooperación y el intercambio mutuos.
Imagen activa30 de abril de 2015, 09:58Buenos Aires, 30 abr (PL) El Jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, desestimó hoy los resultados del análisis de la economía argentina que el Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgó este miércoles.

LA PRENSA LATINA


Imagen activa30 de abril de 2015, 03:03Por Luis Manuel Arce *
La Habana (PL) Aún después de perder las regiones Militares Primera y Segunda al enemigo le quedaba un dispositivo considerable que incluía, además de las tres divisiones destacadas en las provincias del delta del Mekong, mas de 400 mil efectivos en Saigón y su perímetro defensivo, una poderosa fuerza de paracaidistas y las tropas regionales.  

29 de abril de 2015, 14:04Por Jorge Luna
Montevideo, 29 abr (PL) Todos los partidos políticos uruguayos empeñados en ganar los gobiernos departamentales y municipales del país, desarrollan campañas tan intensas como las de los comicios presidenciales y parlamentarios del 2014


Imagen activa30 de abril de 2015, 00:51Caracas, 30 abr (PL) El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció hoy que el Congreso de Estados Unidos premiará a connotados opositores vinculados a actos terroristas de inicios de 2014 y este año.
Maestros colombianos mantienen paro en espera de acuerdo con Gobierno30 de abril de 2015, 09:57Bogotá, 30 abr (PL) Sin acuerdo con el Gobierno, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) aseguró que continuará el paro en demanda de mejoras salariales, protesta respaldada hoy por el mayor gremio obrero de la nación.
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lluvias en capital cubana30 de abril de 2015, 08:12La Habana, 30 abr (PL) Dos muertos y daños materiales aún por cuantificar es el saldo de las intensas lluvias en esta capital, según reporta hoy el diario Granma. 
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LA RADIO DEL SUR
REBELION

miércoles, 29 de abril de 2015

Stratfor, inteligencia y espionaje


Vigilancia
  • Prospectiva y vigilancia privada 
  • Empresa de Friedman al desnudo 
Espionaje. Hace tiempo ya que WikiLeaks (febrero de 2012) reveló, con información de Anonymous, “cinco millones” de correos electrónicos de “una poderosa empresa de seguridad” de entre 2004 y 2011. Se refería a la “CIA en la sombra”, a la empresa de consultoría Stratfor, con clientes tan importantes como las grandes corporaciones Bhopal’s Dow Chemical Co., Lockheed Martin, Northrop Grumann, Rayhteon, y agencias del gobierno, incluido el Depto. de Seguridad Interior, los Marines y la Agencia de Defensa de los EUA.

Quizá no se dio tanto vuelo al trasfondo, este de “la CIA en la sombra”, porque la nota estaba ligada al fenómeno “ovni, extraterrestre” (sic). Pero WikiLeaks revela que Stratfor usa “redes de informadores —a los que supuestamente se paga en cuentas de bancos suizos y tarjetas de crédito de prepago— estructura de pago de sobornos, técnicas de blanqueo de capitales y métodos psicológicos”. Y muestra “cómo trabaja una agencia privada y cómo escoge a individuos para sus clientes privados y gubernamentales”.

George Friedman había reaccionado antes, cuando se dio el jaqueo “por los piratas informáticos”, en un editorial de su propio portal “El Hackeo de Stratfor” (https://www.stratfor.com/weekly/hack-stratfor), reconociendo: Tenemos relaciones con la gente en los EEUU y otros gobiernos, y obviamente con la gente en las empresas que aparecerán en los correos electrónicos. Pero ese es nuestro trabajo. Somos lo que dijimos que éramos: una organización que genera sus ingresos a través de análisis geopolítico. En el núcleo de nuestro negocio está adquirir objetivamente, organizar, analizar y distribuir información”.

El FBI tomó parte de la investigación para dar con los responsables y Stratfor se vio obligada a admitir que era una empresa privada “de inteligencia y espionaje”, y había sido vulnerada poniendo en riesgo su credibilidad y trayectoria. Pero sigue.

Prospectiva desde la geopolítica, o geopolítica con prospectiva. El análisis del futuro, como técnica para vislumbrar el futuro como realidad “posible”, un método traído desde la esfera de los negocios hacia la aplicación generalizada y utilizada por las agencias de inteligencia, o las agencias de espionaje que hacen análisis de prospectiva.

¿Qué justifica el “análisis prospectivo”? “Ver” el futuro. Ciertamente parece complicado escribir de lo que no se ve. Mencionemos dos razones que preparan la coartada: 1) No resulta imposible, siguiendo el ejemplo clásico, que los ingenieros/arquitectos primero llevan al papel los planos (antes en la imaginación), y luego con mano de obra, maquinaria y acero, cemento, paneles preconstruídos, pintura, trabajen hasta edificar la obra. Es fácil encontrar entre los prospectivistas a arquitectos o ingenieros. 2) Esa es una de las tesis básicas del análisis prospectivo. Primero hacen una buena y exhaustiva compilación de datos y cifras, luego viene la revisión de las variables. Se analizan y proyectan como escenarios a futuro, primordialmente bajo la tesis de “lo posible”.

El análisis resulta favorable, siempre y cuando existan los recursos necesarios, también con los planificadores o los operadores desde los gobiernos, más los inversionistas privados indicados para que la toma de decisiones resulte eficaz, dados los rendimientos previstos. Así funcionan negocios como Stratfor.

Sólo en estos casos, solo así, resultan efectivos y realizables los planteamientos de lo “posible”. Porque invierten anticipadamente en una realidad, de la cual saben cómo alcanzar y en todos los casos justificar el éxito.

En otras palabras, que los anticipos de la realidad resultan siempre favorables “a petición de parte”. Es como justifica Friedman, en entrevista por la presentación de su libro Los próximos 100 años (de diagnóstico reservado): “No tengo una bola de cristal. Sin embargo, dispongo de un método que, por imperfecto que pueda parecer, me ha resultado muy útil a la hora de entender el pasado y anticipar el futuro. Mi trabajo consiste en descubrir el orden que subyace al desorden de la historia y anticipar los acontecimientos, tendencias y tecnologías que nos traerá”.

No obstante, al ser bien pagado el análisis de prospectiva, genera desconfianza hacia aquellos analistas que se acomodan a “clientes” del gobierno, con particulares cuyos intereses son tan específicos como contrarios al bienestar general. De ese modo relumbran sus proyecciones, como buenos “adivinos” del futuro con clientes cautivos. Es decir, las consultorías y los analistas de prospectiva alcanzan el éxito porque sirven a intereses específicos, más como justificación de un devenir caótico o catastrófico, cuando de grandes inversiones se trata, que del futurismo como tal.

Porque se hacen de los elementos que les otorga la certeza de hacia dónde encaminar las cosas, o por dónde anticiparlas. Sencillo: porque tienen la sartén por el mango al servir a quienes toman las decisiones. O cuando, casi siempre, se trata de intereses encubiertos que luego salen a flote convertidos en enormes ganancias.

Pues bien. En esa clasificación caben las agencias de inteligencia de los gobiernos —destacan los centros de inteligencia en el primer mundo como Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, España; en otros como Argentina, Brasil, México y Uruguay—, y las privadas como la propia Stratfor de EUA, Grupo Atenea de España, que luego devienen centros de espionaje. El ciberespionaje va de la mano, como lo abordamos ya (Ver: http://www.alainet.org/es/articulo/169190 ).

Salvador González Briceño

http://www.alainet.org/es/articulo/169282