Se
sabe que el procurador general de la República y el secretario de
Gobernación tuvieron conocimiento oportuno (hace meses) de los
antecedentes y actividades criminales del perredista José Luis Abarca,
presidente municipal de Iguala.
Se sabe que la esposa de
Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa, tenía fama pública de ser el
poder (criminal) detrás del trono en Iguala.
Se sabe que,
avisados o enterados, de que se preparaba un acto de dura represión
contra los normalistas de Ayotzinapa, la policía estatal, la policía
federal, el ejército y altos funcionarios del gobierno federal se
abstuvieron de intervenir para evitar o atemperar la represión
anunciada y que terminó con el asesinato de seis personas y el
secuestro y desaparición forzada de los 43 estudiantes de aquella
escuela normal rural.
Se sabe que el gobierno federal tardó más
de dos semanas en intervenir ante un caso delictivo de la más obvia
competencia federal.
Se sabe que el gobierno federal primero
arropó al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y que ante la enorme
presión nacional e internacional decidió echarlo de la gubernatura.
Se sabe que para lograr esto último, Los Pinos se valieron del
presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Carlos Navarrete, para amenazar al gobernante estatal con dar curso a
un grueso expediente judicial que lo llevaría por varios años a prisión
si no obedecía la instrucción de pedir licencia al cargo.
Se
sabe que, mientras el marido ya está en la cárcel de alta seguridad de
el Altiplano, la esposa de Abarca sólo se encuentra arraigada por 40
días, pese a la existencia de testimonios públicos por cuenta de
algunos policías igualtecos participantes en los hechos del 26 de
septiembre que afirman que las órdenes directas para cometer los
asesinatos, los secuestros y las desapariciones forzadas las
proporcionó la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa.
Se sabe (o al menos se sospecha fundadamente) que la detención de
Abarca y Pineda Villa no ocurrió ni en la fecha ni en el lugar
proporcionados por las autoridades, lo que implica que la supuesta
captura en Iztapalapa fue sólo un montaje.
Se sabe que hasta
ahora Abarca, ya preso, no ha dicho ni media palabra respecto a la
localización de los muchachos secuestrados y desaparecidos, lo que
sugiere intensas negociaciones entre gobierno y criminal a fin de
intercambiar silencio por impunidad para muchos otros involucrados en
las atrocidades de Iguala, entre ellos la propia esposa de Abarca, la
parentela de ambos cónyuges y algunos funcionarios municipales,
estatales y federales copartícipes en los horrendos crímenes, incluidos
el ex gobernador Aguirre, altos mandos militares y altas autoridades
políticas, policiacas y judiciales de la federación.
Se sabe
que ni la defenestración de Aguirre ni la negociada captura de los
Abarca han hecho cesar o atemperar las exigencias nacionales e
internacionales de la aparición con vida de los muchachos secuestrados
y desaparecidos.
Se sabe que esta vez no ha funcionado el
recurso del chivo expiatorio. Ni ese otro de “echarles carne a los
perros para que dejen de ladrar”, pues no es fácil acallar a millones
de personas, en México y en el resto del mundo, que no están buscando
ningún beneficio económico o político individual, y que sólo claman por
la aparición con vida de los 43 normalistas y el castigo para todos los
responsables de las atrocidades de Iguala.
Se sabe, porque se
está viendo, que el gobierno federal se encuentra enredado y que no le
halla la cuadratura al círculo. O aparecen vivos los 43 muchachos o la
crisis no amainará. A pesar de verborrea, ofrecimientos de dinero,
montajes, discursos huecos, marrullerías y profusas campañas mediáticas
para ocultar la verdad y eludir responsabilidades.
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