Erika Celestino* y César Iglesias**
El
Instituto Politécnico Nacional (IPN) se encuentra ante una encrucijada
histórica ineludible: mantenimiento a largo plazo de un sistema que
designa director general sin votación libre, universal y secreta, o
tránsito hacia la autonomía democrática. Es insostenible que los
mexicanos tengamos derecho a elegir presidente de la República, pero
los politécnicos no para elegir director general.
Sin duda, existen fuerzas políticas dentro del IPN interesadas en
generar un escenario basado en lo que Wallerstein llama principio de
Lampedusa: simular que todo cambia para que todo siga igual. Peor aún,
el riesgo de un director general que dé juego a las organizaciones
históricas porriles está en curso. De darse, se produciría una
auténtica regresión histórica. El IPN debe ser llevado a convertirse en
una institución del siglo XXI. Siendo una de nuestras instituciones
educativas más importantes, podría transitar al reconocimiento de su
mayoría de edad.
Para explorar que la oportunidad histórica actualmente abierta
consiga concretarse, el IPN enfrenta el desafío de edificar un proyecto
propio de autonomía. Que contribuya a desarrollar la autonomía en la
historia del sistema educativo mexicano. Entre las respuestas para
oponerse a la autonomía politécnica se encuentra que ni las
universidades de Europa ni las de Estados Unidos cuentan con autonomía.
Para anhelar y vislumbrar la viabilidad de la autonomía democrática no
hay que mirar hacia el norte, sino hacia el sur. Hay que mirar el
futuro, pero desde dentro del pasado y el presente de América Latina.
Si se lanza una mirada de ese orden, emerge que en la historia de
América Latina la autonomía democrática para las instituciones
educativas no es un anhelo; ya existe, con una trayectoria nada corta,
que cuenta con vigorosos alcances. Ese pequeño rincón del mundo,
Bolivia, arroja lecciones memorables. Desde hace 33 años, sus 11
universidades públicas –con la Universidad Mayor de San Andrés, la
Universidad Mayor de San Simón y la Universidad Gabriel René Moreno al
frente– ejercen el derecho de votación libre, universal y secreta de su
comunidad estudiantil y docente no sólo para elegir rector, sino
vicerrector. Más aún, con base en votaciones democráticas se designan
directores académicos de las facultades y directores de carreras –una
facultad puede incluir diversas licenciaturas–.
Sumamente importante: todas las universidades públicas de Bolivia
cuentan con consejos paritarios en todos sus niveles. Dando lecciones
avanzadas de democracia, el consejo universitario es paritario. Lo
conforman un número de profesores igual al número de facultades, más
dos estudiantes de cada una de ellas, Decanos, un representante de la
Federación Universitaria Docente, dos de la Federación Universitaria
Local, más el rector y el vicerrector. Plataforma esencial de su
autonomía democrática: cada facultad y carrera tiene consejos
paritarios, están integrados por 50 por ciento profesores y 50 por
ciento alumnos. Los directores de carrera y académico, y hasta el
decano, miembros de estos órganos de gobierno, se nombran mediante
votaciones. Muy destacado: los funcionarios no forman parte de estos
consejos paritarios.
Sobre
la base de su autonomía política, la Constitución otorga amplios
poderes de autonomía administrativa a las universidades públicas
bolivianas: el consejo universitario, el consejo facultativo (es decir
de cada facultad) y el consejo de carrera aprueban el plan operativo
anual y el presupuesto correspondiente. A través de los consejos
paritarios, la comunidad estudiantil y docente interviene, con todo
derecho legalmente reconocido, de modo directo y eficaz, en el diseño
de proyectos de canalización del presupuesto federal que se les asigna
y de política de contratación de profesores. Velan por su ejecución
práctica.
Por si fuera poco: en Bolivia existe el impuesto directo a
hidrocarburos. Los combustibles fósiles reciben un impuesto de 5 por
ciento que, sin mediación de aprobación alguna, se asigna directamente
al desarrollo del sistema educativo público nacional.
No es desde el triunfo de Evo Morales: es de mucho atrás que el
movimiento estudiantil alcanzó las victorias para edificar la autonomía
democrática en las universidades públicas. La alcanzaron desde 1930.
Tuvieron dos interrupciones, 1972-78 y 1980-81. La autonomía
democrática de las universidades públicas esta formalizada en la actual
Constitución Política del Estado Plurinacional, pero en la anterior
Constitución también estaba reconocida.
Bolivia importa como constatación de que la autonomía democrática es
viable y posible. De que el nombramiento legal de directivos dota de
estabilidad y equilibrios de largo plazo a una institución que se basa
en la legitimidad democrática. El IPN debe producir su proyecto de
autonomía. Mirar con perspectiva el IPN del siglo XXI permitiría
reconocer que la autonomía democrática llevaría esta institución a dar
un gran paso adelante en la historia de México.
*Profesora ESE-IPN
**Profesor ESCA UT-IPN
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