Adital
Representantes
de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC por
sus siglas en inglés), basada en Chicago, Estados Unidos, exigen que el
Gobierno de EE.UU. detenga la deportación de niños, niñas y adolescentes hacia
condiciones de violencia e inseguridad, pues existen leyes estadounidenses e
internacionales que les protegen, promueven la unión familiar y previenen que
sean víctimas de tortura o de reclutamiento forzado en conflictos violentos. El
gobierno estadounidense ha incrementado las deportaciones, a tal grado que se
registran entre mil 200 y mil 400 diarias, principalmente hacia México y a los
países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador).
Además
la NALACC demanda que el gobierno estadounidense proporcione consejo legal
apropiado y acceso a protecciones humanitarias a la vez que es prácticamente
imposible que una persona menor de edad pueda hablar y defenderse por sí mismo
en una corte.
Además
la NALACC demanda que el gobierno estadounidense proporcione consejo legal
apropiado y acceso a protecciones humanitarias a la vez que es prácticamente
imposible que una persona menor de edad pueda hablar y defenderse por sí mismo
en una corte.
Es
necesario también, según la Alianza, que las autoridades estadounidenses
utilicen todos los medios a su alcance para proteger a los niños y a las niñas,
incluyendo figuras jurídicas como el asilo, la Convención de la ONU contra la
Tortura, el Estatus Juvenil Especial Inmigrante, y visas de no inmigrante,
entre otros. Además medidas administrativas adicionales como el Estatus de
Protección Temporal o Acción Diferida, según el caso.
Los
representantes defienden que a mediano y largo plazo los gobiernos de la región
deben replantear las políticas económicas y de desarrollo social, así como el
actual enfoque de seguridad que prioriza la militarización y el control sobre
el bienestar humano y el respeto a los derechos humanos. "Cualquier medida que
ignore estos aspectos al más largo plazo, simplemente estará sentando las bases
de la siguiente crisis”.
De
acuerdo con la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (Cepal) el
tráfico de personas en las Américas se estima entre las 700 mil y los 2
millones anualmente entre los países de origen, tránsito y destino. En el 2011,
el Departamento de Estados Unidos reportó 7 mil 909 juicios por trata de
personas, de los cuales 3 mil 969 concluyeron en condena. Hasta el 31 de mayo
de 2014, la DHS [Departamento de Inmigración] en Estados Unidos había
registrado 46,188 casos de niños y niñas extranjeras que habían migrado por su
cuenta: 13,282 hondureños; 11,577 mexicanos; 11,479 guatemaltecos y 9,850
salvadoreños.
Los
representantes de la Alianza visitaron recientemente Guatemala por segunda vez
para reunirse con líderes de la sociedad civil y autoridades de gobierno claves
en el tema migratorio. Ellos evalúan que la violencia y la inseguridad
ciudadana en Centroamérica, así como los mitos generados alrededor de la
Reforma Migratoria, son algunas de las causas del éxodo masivo de niños y de
niñas centroamericanas. Se estima que para finales del 2014, esta crisis
humanitaria haya afectado a unas 90 mil personas menores de edad en Guatemala,
Honduras y El Salvador y para el 2015 a unos 127 mil. Durante su travesía, los
niños y niñas son expuestos a violaciones a sus derechos humanos, mientras que
los Estados han mostrado poca voluntad política para garantizar su debido
proceso, su integridad y la reunión familiar.
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