20 de marzo de 2014, 12:44Bogotá,
19 mar (PL) El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), Emilio Alvarez, afirmó que es un deber del
Gobierno colombiano acatar las medidas cautelares (protección de
derechos) otorgadas al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
La Corte
Constitucional colombiana ha establecido que las medidas de esa
naturaleza, emitidas por el sistema interamericano, son de obligatorio
cumplimiento y bajo ninguna instancia se puede interpretar que entrañan
un desconocimiento de la justicia interna, declaró a la emisora Caracol
Radio.
En un informe de 11 páginas, difundido por medios de prensa locales, la
Comisión pide al Estado colombiano suspender de manera inmediata la
sanción disciplinaria dictada por el procurador general Alejandro
Ordóñez contra Petro, el 9 de diciembre de 2013 (ratificada luego en
enero de este año) y permitirle al alcalde culminar su mandato hasta
2015.
"Se trata de un acto suspensivo para poder entrar a fondo
en las peculiaridades del caso e investigar alguna incompetencia",
puntualizó Alvarez.
Añadió que las autoridades estatales tienen
15 días para considerarse notificadas y 90 para entregar información
sobre la investigación formal abierta sobre la destitución e
inhabilidad por 15 años dictada contra Petro.
A partir de ahí el proceso podría tardar entre seis y nueve meses, especificó.
La CIDH tiene mandato en Colombia y es un deber del Gobierno respetar y acatar esas medidas, reiteró el funcionario.
pgh/ag |
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