26 de marzo de 2014, 11:03Washington,
26 mar (PL) Al menos 70 inmigrantes indocumentados detenidos en una
prisión privada en el estado norteamericano de Washington retomaron hoy
una huelga de hambre en demanda del cese de las deportaciones,
informaron activistas.
La acción sigue a un movimiento de protesta iniciado por cientos de
reclusos durante los primeros días de marzo en el Northwest Detention
Center, recinto ubicado en Tacoma, en el mencionado estado, para exigir
mejores condiciones y el cese de las deportaciones.
La huelga de hambre, que comenzó a principios de marzo, perdió impulso
cuando varios internos fueron separados del resto de la población penal
y colocados bajo observación médica.
Según los abogados que
representan a los reos, al movimiento se sumaron mil 200 personas,
aunque los dueños de las instalaciones cifran el número de huelguistas
en solo 750.
Angelica Cházaro, una abogada de inmigración y
profesora de leyes de la Universidad de Washington, que representa a
varios de los internos, señaló que la reanudación del paro responde a
la incapacidad de los gerentes de la prisión para mejorar las
condiciones de trabajo, entre otras demandas.
Durante la huelga inicial las autoridades amenazaron a los detenidos con obligarlos a tomar alimentos por la fuerza.
Movimientos similares están en marcha en centros carcelarios de Arizona
y Tacoma, donde el gobierno federal utiliza reclusorios privados
operados por GEO Group and Management and Training Corp.
Activistas señalan que el encarcelamiento de inmigrantes indocumentados
es un negocio rentable para compañías de prisiones privadas en el país,
que han gastado más de 32 millones de dólares en cabildeo a nivel
federal desde 2000 en busca de más fondos para los centros de detención
privados.
Las mayores compañías involucradas en el negocio son
Corrections Corporation of America y GEO Group and Management and
Training Corp, que utilizaron cerca de 45 millones de dólares en
donaciones de campaña para el Congreso y a los grupos de presión para
impulsar mayores fondos para esos centros de confinamiento.
Denuncias de activistas señalan que los contribuyentes estadounidenses
pagaron un estimado de dos mil millones en 2012 por el encarcelamiento
de inmigrantes.
ls/lb |
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