Viviana Díaz tiene 61 años y recuerda como si fuese ayer la mañana en
que su padre, Víctor Díaz, recibió un llamado telefónico, se despidió
de ella, de su madre y sus dos hermanos
y salió de su casa en Santiago de Chile. Era el 11 de septiembre de 1973 y esa sería la última vez que lo vería.
“Después comenzaron los allanamientos a mi casa buscando a mi padre,
que pasó a vivir en la clandestinidad durante 32 meses”, relata
Viviana. La madrugada del 12 de mayo de 1976 su padre fue encontrado,
torturado y detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA).
“En ese momento comenzó una búsqueda que se
extiende hasta el día de hoy”, explica Viviana, quien dedicó su vida a
esclarecer lo sucedido a su padre y a los otros más de mil detenidos
desaparecidos que dejó la dictadura chilena. Tres comisiones nacionales
de verdad y reparación (conocidas coloquialmente como las Comisiones
Rettig, Valech I y Valech II) calificaron un total de 1,110 personas
como víctimas de desapariciones forzadas, de los cuales se restaron
siete casos de personas clasificadas erróneamente para llegar a un
total de 1,103 casos de desapariciones forzadas en Chile.
Según el artículo 2 de la
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
(2006), la desaparición forzada puede ser definida como el arresto, la
detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad
que sea obra de agentes del Estado o cometidas por personas o grupos de
personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del
Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad
o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona
desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley.
La
Convención considera que la práctica generalizada o sistemática de la
desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como
está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las
consecuencias previstas por él. Además, este tratado internacional
obliga a los Estados a criminalizar la desaparición forzada.
América del Sur: el camino a la verdad
La utilización sistemática de las desapariciones forzadas como
mecanismo de represión y tortura estuvo ligada a las diversas
dictaduras que afectaron a América del Sur entre las décadas de 1960 y
1980.
Para Ariel Dulitzky, experto del
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias,
la región se caracterizó por ser el lugar donde ocurrieron, se
desarrollaron y se perfeccionaron las prácticas de la desaparición
forzada. A pesar de ello, América del Sur es en la actualidad “un
espacio donde las soluciones creativas para dar respuesta al fenómeno
de la desaparición forzada están en pleno proceso”.
“Hay
esfuerzos muy importantes en materia de justicia en muchos países”,
observa Dulitzky, al concluir su misión oficial a Chile (del 13 al 21
de agosto) junto a otra experta del Grupo de Trabajo, Jasminka Dzumhur.
¨Nosotros creemos que en materia de justicia es impresionante el avance
que ha habido en Chile. Aprendimos que a pesar de que sigue vigente una
ley de amnistía se puede juzgar y condenar a personas responsables de
desapariciones forzadas¨.
Destacó que en toda la región ha
habido avances importantes con condenas a dictadores y todo tipo de
oficiales en distintos rangos. ¨Hoy hay casos abiertos en muchos países
que no solamente buscan a los actores militares o de fuerzas de
seguridad que estuvieron involucrados en desapariciones forzadas, sino
también civiles que fueron partícipes y cómplices. Ese es un cambio muy
importante”, señaló Dulitzky.
En Argentina, organizaciones de
derechos humanos cifran en 30 mil los desaparecidos por la dictadura
militar de ese país, a lo que se suma el robo y apropiación sistemática
de 500 bebés. “En materia de desapariciones forzadas, Argentina tiene
un claro liderazgo en la región, es un ejemplo de cómo hay que hacer
las cosas”, dice Luciano Hazan, miembro del
Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas y abogado de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo.
A pesar del tamaño de la tragedia, “Argentina está a la vanguardia en
materia de reparación a las víctimas y sus familiares, en la
construcción de espacios de memoria, la búsqueda de justicia y el fin
de la impunidad”, concuerda Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas
de Plaza de Mayo. La ley de nulidad de las leyes de amnistía, los 600
procesados y cientos de juicios en marcha por crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la dictadura y la constante búsqueda de los
bebés secuestrados por agentes militares son distintas iniciativas que
hacen destacar a esta nación.
Otros avances importantes se
experimentaron recientemente en Uruguay, que en marzo de 2012 realizó
un acto de reconocimiento de responsabilidad estatal por el secuestro y
desaparición de María Claudia García de Gelman, en cumplimiento de la
sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En esa ocasión, el mismo Presidente José Mujica también afirmó su
compromiso con la justicia y su voluntad de que hechos similares no
vuelvan a repetirse.
Para Dulitzky, el caso de Brasil también
es un claro ejemplo de los avances en la lucha contra la impunidad en
la región. El 16 de mayo de este año, el gobierno brasileño instaló una
Comisión Nacional de la Verdad,
con el objetivo de determinar las responsabilidades sobre los crímenes
de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
La
Comisión tendrá dos años para emitir un informe sobre los abusos a los
derechos humanos cometidos entre 1946 a 1988. Sin embargo, quienes
resulten responsables de los crímenes no podrán ser juzgados, debido a
una Ley de Amnistía que protege a las personas involucradas en los
regímenes dictatoriales de ese país.
De los seis
países
con los que trabaja la Oficina Regional para América del Sur del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Perú es el
único que no ha ratificado la Convención Internacional para la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Sin embargo, actualmente el Congreso peruano se encuentra trabajando en
ese proceso.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha prestado especial
atención al fenómeno de la desaparición forzada en muchas ocasiones. En
febrero de 1980, la Comisión de Derechos Humanos decidió establecer un
Grupo de Trabajo compuesto por cinco expertos independientes para
examinar cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o
involuntarias de personas.
Dos de los cinco miembros del
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas visitaron Chile entre el
13 y el 21 agosto. En sus
observaciones preliminares, los expertos destacaron los avances del Estado chileno y realizaron una serie de recomendaciones.
“Creemos que Chile está todavía en deuda en [establecer] penas
efectivas proporcionales a la gravedad del delito de desaparición
forzada”, comenta Dulitzky. “Creemos que falta una política nacional,
global y coherente por parte del Estado chileno para tratar todas las
dimensiones del fenómeno de la desaparición forzada, lo que hay son los
esfuerzos individuales pero no una institución clara dentro del Estado
que se haga responsable por coordinar e impulsar la prevención,
erradicación y sanción de las desapariciones forzadas”, agrega.
Anteriormente en América del Sur, el Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas realizó una misión a Argentina. La visita se
extendió entre el 21 y 24 de julio de 2008 y culminó con la publicación
de un
informe final en enero de 2009.
El rol de la sociedad civil: catalizadora del cambio
Junto a otras mujeres que sufrieron la desaparición forzada de sus
familiares en Chile, Viviana Díaz creó la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos, la que presidió entre 1999 y 2003. Desde su
experiencia como defensora de los derechos humanos, concuerda con el
diagnóstico del Grupo de Trabajo. “La justicia es una tarea pendiente,
porque la impunidad es lo peor que le puede pasar a un país. El que
construye sus cimientos en base a crímenes está condenado a repetir su
historia”, afirma.
La Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos realizó numerosos actos exigiendo información sobre el
paradero de sus seres queridos. Viviana participó activamente de todos
ellos. Llegada la democracia, la agrupación mantiene un rol activo en
la búsqueda de justicia y lucha contra la impunidad. Además, se han
propuesto como misión la conservación de la memoria histórica de
aquella época, a través de proyectos como “Reconstruyendo Memoria”, que
en 2004 fue reconocido por
UNESCO como parte del
Registro de la Memoria del Mundo.
En marzo de 2012, Viviana recibió el primer Premio Nacional de Derechos
Humanos, entregado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de
Chile.
“A pesar de todo el sufrimiento, creo que no fue en
vano pasar la vida entera dedicada a esto”, comenta Viviana. Luego de
años de lucha, en 2007 se revelaron importantes datos sobre el caso de
su padre, cuyo cuerpo fue arrojado al mar luego de siete meses de
torturas. Por el secuestro y homicidio de Víctor Díaz hay 74
procesados.
Pero Viviana no fue la única. Muchas mujeres
alrededor de América del Sur se organizaron en torno a un doloroso
objetivo en común: encontrar a sus parejas y familiares.
“El
avance que hemos tenido en la lucha contra las desapariciones forzadas,
en la verdad, la justicia, las reparaciones, la memoria, siempre han
sido por la iniciativa, por la fuerza y el empuje de las organizaciones
de la sociedad civil”, destaca Dulitzky. ¨En conjunto con los Estados,
y en algunas ocasiones a pesar de ellos, las ONG han jugado un rol
fundamental en el esclarecimiento y justicia en materia de
desapariciones forzadas¨, aseveró.
En Argentina, desde el
secuestro de su hija embarazada de tres meses en 1977, Estela de
Carlotto no ha dejado de buscar a su nieto, Guido. “Durante la
dictadura se llevó a cabo un plan de robo de bebés: secuestraban y
torturaban a jóvenes embarazadas, robaban a sus hijos y luego las
mataban. El bebé robado era criado con otro nombre e identidad”,
explica Estela.
En agosto, la agrupación anunció la
recuperación del nieto 106, identificado como Pablo Gaona Miranda,
quien fue secuestrado al mes de nacido y adoptado por un coronel en
retiro. Como él, quedan otros 400 casos por resolver.
“No
queremos ni perdón ni reconciliación, queremos verdad, justicia y el
peso de la ley. Algunos quieren que olvidemos, nosotras decimos que
jamás”, enfatiza Estela, para quien es fundamental dar a conocer la
verdad de los horrores de las desapariciones forzadas de la dictadura,
con el objetivo de que su utilización sistemática en la región no
vuelva a repetirse.
Fuente:
http://acnudh.org/2012/08/desapariciones-forzadas-la-incansable-busqueda-de-la-justicia-en-america-del-sur/
Más información:
Ver hoja informativa de la Oficina Regional para América del Sur sobre la Convención: http://acnudh.org/?p=166
Lea las Observaciones Preliminares del Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas luego de su visita a Chile el 13 al 21 de
agosto: http://acnudh.org/?p=15359
Lea comunicado del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas al finalizar su misión en Chile: http://acnudh.org/?p=15366
Ver video de entrevista con Ariel Dulitzky: http://youtu.be/2KmxReTHrko 
Luanda (PL) En medio de agitados actos políticos de campañas y preparativos de la Comisión Nacional Electoral (CNE), Angola ultima detalles con vistas a los próximos comicios generales, que se realizarán en este país africano el 31 de este mes.
