El documento refiere que existe impunidad en este crimen, debido a esfuerzos insuficientes para determinar el paradero de los desaparecidos y para sancionar a los culpables.
La entidad de la ONU formuló 33 recomendaciones al gobierno, entre estas las relacionadas con la prevención y la investigación, así como llevar una estadística precisa sobre las desapariciones y la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Menciona entre los grupos en más peligro a los emigrantes, mujeres, defensores de derechos humanos y periodistas.
Aunque reconoce medidas adoptadas por el Gobierno y los positivos cambios constitucionales aprobados el año pasado en materia de derechos humanos, el texto destaca la dimensión actual de este crimen.
El país, continúa, enfrenta una complicada situación debido al incremento de la violencia por parte del narcotráfico.
Sin embargo, agrega, ese enfrentamiento a la delincuencia no se puede realizar a expensas del respeto de los derechos humanos.
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