En una breve cita, el sociólogo kuna, Juan Pérez A., resumió la esencia del diálogo entre gobierno nacional y pueblos ngobe y buglé en torno a la construcción de hidroeléctricas en la comarca del occidente panameño: “Este desarrollo me hace pobre”. Para algunos, la apropiación (robo) de tierras ajenas contribuye al “progreso” económico y al mal llamado crecimiento del producto interno bruto. Por lo tanto, si las leyes acaban con comunidades y desintegran familias es aceptable porque contribuye al “desarrollo”. Ese discurso gastado y mal concebido se sigue aplicando en Panamá. En el caso de la Comarca Ngobe-Buglé, se ha encontrado con el rechazo y la resistencia de los pueblos indígenas organizados y decididos a no ceder.
En todo proceso de negociaciones tienen que existir ciertas bases que son respetadas por las distintas partes. Sobre todo, el mediador – si existe – tiene que tener en sus manos estos lineamientos para asegurar la claridad del proceso y el éxito de las negociaciones. En el caso del “diálogo”, desde un principio el mediador debió haber identificado las causas del conflicto y sentado las bases sobre las cuales se “dialogaría”.
La falta de transparencia quizás fue un descuido por parte de la mediación. El gobierno, por su lado, no tenía interés alguno en llegar a un arreglo que beneficiara a todas las partes. En el caso de los ngobe-buglé, llegaron a la mesa creyendo – equivocadamente – que las reglas estaban claras.
Para comenzar, la causa del conflicto fue el desconocimiento por parte del gobierno nacional del acuerdo suscrito en febrero de 2011 por el cual se prohibiría la construcción de hidroeléctricas en la comarca Ngobe-Bugle y sus territorios adyacentes. Las protestas y los dos muertos (producto de la represión desmedida del gobierno) causados por la introducción del proyecto de ley gubernamental en la Asamblea de Diputados en enero de 2012, condujo a un nuevo acuerdo en San Lorenzo mediante el cual se llevó el diferendo a una mesa de diálogo en la Asamblea.
El “diálogo” se reduce, entonces, a un solo punto: ¿Está el gobierno nacional dispuesto a cumplir con la palabra comprometida en febrero de 2011 de no permitir la realización de proyectos hidroeléctricos en la Comarca? Veamos primero cuales son las bases sobre las cuales se debió desarrollar el diálogo, antes de revisar el papel que han tenido la parte mediadora y la posición de las partes.
¿Cuáles son las bases sobre la cuales debió proceder la mediación para buscar una solución al conflicto entre las partes? A nuestro entender, hay cuatro elementos esenciales que deben tenerse en cuenta para que las partes juzguen la validez de la palabra dada por el gobierno en febrero de 2011 .
Por un lado, la Constitución Política de la República. Dice casi textualmente que el gobierno respetará la propiedad colectiva de los pueblos indígenas dentro de sus comarcas.
En segundo lugar, las leyes de la República, especialmente las que tienen que ver con la figura de la Comarca. La ley que creó la Comarca Ngobe Buglé estipula que todo proyecto originado desde fuera debe ser objeto de consulta y aprobación por parte de las instancias representativas del pueblo indígena.
Tercero, los acuerdos entre el gobierno y los pueblos ngobe y buglé. En este caso habría que poner sobre la mesa los acuerdos de San Félix de febrero de 2011 donde el presidente Ricardo Martinelli dio su palabra de que no se realizarían proyectos en la Comarca.
Por último, cualquier otro aporte que la mediación considere pertinente y que es aceptada por las partes. El padre Lacunza, de la Iglesia católica, a nombre de la mediación considero oportuno – sin razón – plantear que los indígenas tenían que someterse a las necesidades del Estado panameño para que las negociaciones tuvieran éxito. Lacunza es un excelente teólogo pero no tiene formación en ciencias políticas y desconoce que el “diálogo” se produce a nivel de una instancia del Estado. El gobierno (Ejecutivo) y la Asamblea (Legislativo) son, según la Constitución, “órganos del Estado”. A su vez, los pueblos ngobe y buglé también son reconocidos por la Carta magna como entes políticos y deliberantes.
En la mesa de “diálogo” están las partes del Estado (según la definición de la Constitución) negociando a nombre de sus intereses. Obviamente, la negociación es asimétrica. El Ejecutivo (gobierno) tiene en sus manos todo el poder material (recursos financieros, militares, legales e, incluso, culturales) y no pretende ceder en sus intenciones. En cambio, los indígenas sólo tienen su voluntad y determinación de proteger su tierra, apoyado por su espíritu de lucha.
Debo señalar que me han hecho muchas observaciones y reclamos por los escritos que le hemos dedicado a este crucial tema del “diálogo”. Quiero destacar lo planteado por el ingeniero Oscar Sogandares, quien me corrige con relación a la identidad de los propietarios del proyecto para construir una hidroeléctrica en Barro Blanco sobre el río Tabasará (en la comarca Ngobe – Buglé). La empresa dueña de la concesión para construir una represa con capacidad para generar 28.8MW en Barro Blanco es hondureña y presidida por el empresario Luis Kafie. Este dato merece otro artículo aparte.
- Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.
http://marcoagandasegui11.blogspot.com
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