José Mujica
El presidente uruguayo, José Mujica, emitió este lunes un decreto para habilitar la reapertura de unas 80 investigaciones de casos vinculados a la violación de derechos humanos durante la última dictadura en Uruguay. De este modo, quedarán anulados todos los actos administrativos basados en la ley de Caducidad, anunció el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.Breccia señaló en conferencia de prensa que el mandatario uruguayo resolvió “revocar por razones de legitimidad todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo (…) Que consideraron en su oportunidad que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones” de la denominada ley de Caducidad.
Señaló que el decreto habilita a la Justicia a determinar qué casos son amparados o no por esta ley, aprobada en 1986 y que obliga a la Justicia uruguaya a consultar al Poder Ejecutivo qué casos ocurridos durante la dictadura puede investigar.
Asimismo, Breccia enfatizó que con esta decisión el Poder Ejecutivo “está cumpliendo fundamentalmente con un deber ético, pero además con lo que establece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, que en marzo pasado ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas durante la última dictadura, entre 1973 y 1985.
El corresponsal de teleSUR en Uruguay, Fabián Cardozo informó este lunes que “esta decisión venía siendo manejada por el Gobierno de José Mujica como una alternativa a lo que fue en su momento un fracaso ante el Parlamento”.
“A partir de este decreto, que se va a ejecutar en los próximos días, serán casi 90 las investigaciones y ahora podrán ser juzgados” los responsables de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, reportó Cardozo.
Señaló que ahora “los familiares de las víctimas podrán presentarse ante la Justicia para que los culpables sean juzgados (…) A partir de ahora podrán ser los casos juzgados y los represores detenidos”.
El pasado 17 de junio, varios senadores del FA elevaron una solicitud a la Presidencia de Uruguay solicitando copia de 88 casos amparados en la ley de Caducidad desde diciembre de 1986.
La intención de los senadores es obtener copia de los expedientes para promover después una solicitud de derogación de los mismos, como ya aconteció en el caso de Álvaro Balbi, cuando se derogó el amparo administrativo a solicitud de su esposa.
La senadora del FA Mónica Xavier explicó que se buscan los mayores consensos para terminar con la impunidad.
La ley de Caducidad fue aprobada un año y medio después de otra norma jurídica que amnistió a los presos y perseguidos políticos, cuando la Justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.
Durante 20 años, los gobiernos de partidos tradicionales rechazaron todas las solicitudes presentadas, hasta que en 2005, con la llegada del Frente Amplio (FA) al poder, el entonces presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios.
La administración de Vázquez dio una nueva interpretación a la Caducidad, lo que permitió encarcelar al ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985) y a otros 16 ex militares y policías por crímenes cometidos durante el régimen.
Telesur
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