Comunicado de la Fundación Right Livelihood ante el cierre de la CICIG en Guatemala
Una de las campañas
anticorrupción más exitosas del mundo llega a su fin este 3 de
septiembre. Tras haber liderado los esfuerzos por fortalecer el estado
de derecho en un país con altos niveles de corrupción, la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala finaliza prematuramente
el trabajo de 12 años. La CICIG
fue un organismo único en su tipo, creado a instancias de la ONU y el
estado guatemalteco y cerrado por orden unilateral del presidente
saliente Jimmy Morales.
Hace un año se conocía que dos personalidades destacadas de la lucha contra la corrupción eran galardonadas con el Premio Right Livelihood
"por su innovador trabajo al exponer el abuso de poder y enjuiciar la
corrupción, reconstruyendo así la confianza de las personas en las
instituciones públicas". Se trata de Iván Velásquez, abogado colombiano
jefe de la CICIG, y Thelma Aldana, Fiscal General de Guatemala durante
el período 2014-2018.
Desde entonces, por orden presidencial,
Velásquez fue declarado ‘persona no grata’ y se le prohibió el ingreso a
Guatemala. Mientras que Aldana es blanco de una campaña de persecución
que le impidió ser candidata a la presidencia durante las elecciones de junio pasado y la obligó a salir del país por razones de seguridad.
Ambos, Velásquez y Aldana, participaron con video-mensajes del
seminario internacional de cierre de la CICIG, el 20 y el 21 de agosto
en la ciudad de Guatemala.
"El mayor legado de la CICIG es el
fortalecimiento del Ministerio Público y el sistema de justicia en
general. Pero lo más importante es que contribuyó a la conciencia
pública de que nadie está por encima de la ley y que la lucha contra la
corrupción y la impunidad es posible”, dijo Aldana.
En el mismo
sentido se pronunció Velásquez: “En Guatemala se han logrado resultados
significativos no solo en persecución penal sino en el empoderamiento
de las instituciones y de la ciudadanía”.
Desde sus orígenes en
2007, la CICIG presentó 34 propuestas de reformas legales e investigó
120 casos de corrupción que involucraron a políticos poderosos y
empresarios influyentes. Las investigaciones condujeron al
desmantelamiento de 70 estructuras criminales, el enjuiciamiento de 600
personas y el dictado de 400 condenas, según el informe final de la CICIG , titulado “El legado de justicia en Guatemala”.
El trabajo de la Comisión derribó al ex presidente Otto Pérez Molina y
su vicepresidente Roxana Baldetti, en 2015. Cuando las investigaciones
apuntaron a Jimmy Morales y su familia, el presidente declaró a la CICIG
una amenaza para el país, se negó a renovar su mandato y ordenó la retirada del personal internacional.
“El trabajo exitoso de la CICIG para fortalecer el sistema judicial y
garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto del
estado de derecho en Guatemala debe continuar. Su experiencia debe
usarse como una hoja de ruta para el futuro también en otros lugares del
mundo donde la corrupción está dañando a la sociedad”, dijo Ole von
Uexkull, Director Ejecutivo de la Fundación Right Livelihood.
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