El pasado 28 de agosto, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció la creación de la Unidad de Asuntos para Venezuela (Venezuela Affairs Unit,
VAU por sus siglas en inglés), que estará ubicada en la embajada de
Estados Unidos en Bogotá, Colombia, lo que exhibe a ese país
sudamericano como la principal plataforma para un golpe de Estado made in USA contra el gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro y el papel servil y cipayo del presidente colombiano Iván Duque.
La Unidad de Asuntos de Venezuela estará dirigida por James Story, ex
encargado de negocios en la Embajada estadunidense en Caracas, y quien
fue uno de los últimos diplomáticos en retirarse de la misión en la
capital venezolana en marzo, después de que el presidente Nicolás Maduro
rompiera relaciones con Washington.
El nivel de la VAU no es
tradicional en el servicio exterior de Estados Unidos, y según
trascendidos de prensa no se equiparará a una “sección de intereses”
como la que existió en La Habana, Cuba, durante décadas. De acuerdo con
fuentes del Departamento de Estado, su carácter provisional la coloca
fuera del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en cuanto a aprobar
su personal, aunque seguirá supervisando el desarrollo de las
relaciones bilaterales.
La creación de la oficina diplomática
paralela de EU en Bogotá contó con el apoyo bipartidista
(demócrata/republicano) del Congreso, y busca dar legitimidad regional
al desdibujado presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan
Guaidó, en un momento de extrema debilidad política de la oposición
interna al gobierno de Maduro.
El presidente Maduro rompió
relaciones con EU el 23 de enero pasado, luego de que Donald Trump
desconociera su mandato y reconociera a Guaidó, su creación, como
“presidente encargado”, en medio de una campaña de intoxicación
mediática en el mundo occidental dirigida a presionar, desestabilizar y
producir un “cambio de régimen” en Venezuela, con apoyo de varios
presidentes de la ultraderecha latinoamericana agrupados en el llamado
Grupo de Lima.
Desde entonces, oficiales de la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) comenzaron a realizar contactos con funcionarios
diplomáticos venezolanos con fines de reclutamiento e incitación al
abandono de sus cargos, en particular en Colombia, Panamá y Naciones
Unidas.
Según reportes periodísticos, a cambio de convertirse
en colaboracionistas de la agencia de espionaje estadunidense, oficiales
de la CIA ofrecieron sumas de dinero de entre 120 y 150 mil dólares,
con el encargo, a quienes defeccionaran, de que deberían ofrecer
entrevistas a medios de prensa donde evidenciarían, entre otras
exigencias, rechazo al presidente Maduro y al gobierno que habían
defendido hasta ese momento.
Desde entonces, también, los
agentes de la CIA incrementaron sus actividades en territorio
colombiano. En 2018, la agencia estadunidense ya había logrado la
defección del agregado de prensa venezolano en Bogotá, Luis Espinoza.
Destaca, asimismo, el apoyo brindado a una red terrorista basificada en
Perú, denominada operación “Jaque Mate Venezuela 2019”, dedicada a la
ejecución de actos violentos en territorio venezolano con fines de
desestabilización.
Antes de la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales en Colombia, entre Iván Duque y Gustavo Petro, en junio
de 2018, la CIA preparó una denuncia pública donde acusaba, falsamente, a
Royland Belisario, miembro del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN), de un supuesto atentado contra el hoy presidente
Duque. La versión fue recuperada por el diario bogotano El Tiempo el 3 de marzo de 2019 y atribuida a “organismos de inteligencia colombianos”.
El 15 de abril de 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en
la Universidad de Texas, el secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que
cuando “yo era director de la CIA, mentimos, engañamos y robamos.
Teníamos hasta cursos de entrenamiento”. La transcripción oficial del
Departamento de Estado censuró esas aseveraciones, pero sí quedaron
registradas en video. Y aunque es público y notorio que a lo largo de su
historia la CIA ha hecho lo que Pompeo dijo, no deja de ser grave que
el jefe de la diplomacia estadunidense se refiera a sí mismo de esa
forma.
El 7 de febrero anterior, tras la detención del ex
coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Oswaldo Valentín García
Palomo, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de
Venezuela, Jorge Rodríguez, destacó ante los medios la publicación de
mensajes intimidatorios y noticias falsas por parte de actores del
antichavismo que delineaban el marco de una serie de acciones golpistas.
De tiempo atrás, García Palomo había contado con el apoyo de la CIA y
de los gobiernos de Colombia, Chile y Brasil. En su confesión, el ex
militar declaró que la Agencia Central de Inteligencia lo había
contactado a través del general retirado Antonio Rivero, activista del
Partido Voluntad Popular (el de Guaidó) y agente de la CIA, según
Rodríguez. Detalló, también, que en territorio colombiano había contado
con el apoyo de alias “Alejandro”, un general de la Policía Nacional de
Colombia, quien era el enlace con el gobierno de Juan Manuel Santos.
El plan golpista había sido reactivado en mayo de 2018, previo a las
elecciones colombianas, con la asesoría de alias “Indiana” y el “coronel
Lee” por parte de la CIA y de “Alejandro”, por parte del gobierno de
Colombia. Los oficiales instruyeron a García Palomo el plan de ataque
contra Venezuela durante el primer trimestre de 2019, y su confesión,
según Jorge Rodríguez, venía a desmontar la campaña de intoxicación
desinformativa internacional sobre la “crisis humanitaria”, como
coartada para una invasión diseñada por la CIA y el Pentágono con apoyo
de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima.
En el contexto de una prolongada guerra híbrida imperial de desgaste,
el sábado 23 de febrero de 2019, calendarizado como el enésimo “Día D”
de la asediada República Bolivariana de Venezuela, resultaría otro
estrepitoso fracaso de la terrorista ultraderecha internacional que
responde a los dictados de la Casa Blanca.
En esa coyuntura, uno
de los miembros de la estación de la CIA en Bogotá acompaño al senador
estadunidense de ascendencia cubana Marco Rubio y al representante por
el estado de Florida, Mario Díaz-Balart, en su visita a la localidad
colombiana de Cúcuta, limítrofe con Venezuela y uno de los principales
focos de tensión entre ambos países. En esa ocasión, Rubio y Díaz-Balart
–representantes de la mafia cubano estadunidense de Miami− estuvieron
acompañados de Carlos Trujillo, embajador de EU ante la OEA.
Cúcuta, donde según el intelectual colombiano Renán Vega Cantor “reina
el poder paramilitar” −hasta el punto que se le conoce como la
“República Independiente de los Paracos”−, había sido el escenario, la
víspera, del concierto “Venezuela Aid Live”, organizado por la gusanería
cultural del clan Estefan (el matrimonio conformado por Gloria y Emilio
Estefan ), que contó con la asistencia de unos 30 artistas Made in Miami , incluido Silveste Dangond, denominado “el paramilitar del vallenato”.
Ese concierto de odio y de guerra fue concebido como una acción de
distracción en la frontera colombo-venezolana, dirigido a encubrir una
operación de bandera falsa en el marco de la pretendida introducción de
“ayuda humanitaria” a Venezuela de la Agencia Internacional para el
Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), que
desde 1961 ha sido utilizada por la CIA como una de sus armas más
poderosas para sus operaciones encubiertas.
En el argot
militar, las operaciones de bandera falsa son las que realiza una
potencia agresora de forma clandestina, en aras de parecer agredida y
culpar al enemigo. El 23 de febrero, dos camiones de la USAID con
supuesta ayudada humanitaria para Venezuela fueron incendiados con
cocteles molotov en el puente internacional Francisco de Paula
Santander, del lado colombiano y por grupos violentos de la oposición
venezolana, y el vicepresidente de EU, Mike Pence y el secretario de
Estado, Pompeo, culparon al “tirano” Maduro.
La operación, que contó con la asistencia in situ
del presidente colombiano Iván Duque y su homólogo chileno, Sebastián
Piñera, así como del lacayo del Ministerio de Colonias de EU, el
uruguayo Luis Almagro, exhibió los nexos de la mafia cubano-americana de
Miami auspiciada por la CIA con los “paracos” de Cúcuta y la
ultraderecha continental, pero también la impunidad con la que la
agencia estadunidense desarrolla sus actividades injerencistas contra
Venezuela desde el territorio de Colombia.
Desde inicios de 2019
y hasta la fecha, la Embajada de EU en Bogotá ha venido incrementando
el número de funcionarios en su consulado en Cúcuta con dos objetivos
fundamentales: apoyar las visitas de congresistas, políticos y militares
estadunidenses así como de jefes y oficiales de la comunidad de
inteligencia que viajan a esa región fronteriza, y para el monitoreo de
la situación en Venezuela, sobre lo cual remiten partes diarios que son
remitidos al Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Pentágono.
El consulado de EU en Cúcuta cuenta con un alto número de funcionarios
que estaban adscritos a la misión diplomática norteamericana en Caracas,
la cual debieron desalojar tras la ruptura de relaciones decretada por
Nicolás Maduro. Según versiones periodísticas, entre ellos habría
algunos expertos en operaciones encubiertas y al trabajo de campo con la
ultraderecha venezolana, grupos paramilitares y bandas criminales, pero
también con hacendados opositores, que como parte de la guerra
económica contra el gobierno constitucional de Maduro, realizan
operaciones clandestinas para sacar al exterior minerales (oro, bauxita,
hierro), petróleo y gasolina.
En ese contexto, la creación de
la Unidad de Asuntos para Venezuela anunciada por Pompeo la semana
pasada, vendría a reforzar el papel del dúo Álvaro Uribe-Iván Duque como
cipayos de Washington y el de Colombia como plataforma para la agresión
del Pentágono y la CIA contra Venezuela.
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