La
publicación el 18 de mayo de una investigación periodística en el
periódico The New York Times dio cuenta de la existencia de una
directiva firmada por el comandante general del Ejército de Colombia, el
general Nicasio de Jesús Martínez, en que se ordenaba a las tropas
duplicar la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u
obligan a rendirse en batalla; y posiblemente acepte el aumento de
civiles en el proceso, señalaba Nicholas Casey el periodista
norteamericano autor de la investigación.
En un comienzo
tanto el gobierno del presidente Iván Duque como el propio general
Martínez negaron la existencia de dicha orden, pero tras su publicación
no les quedó otra salida que aceptar que dicha directiva existía y
anunciaron su derogatoria.
Una directiva similar a esa se
había proferido en el año 2005 firmada por el entonces ministro de la
Defensa Nacional, Camilo Ospina y ésta directiva dio paso al masivo
asesinato de civiles a quienes se hizo pasar por integrantes de grupos
subversivos. En reciente informe de la fiscalía general a la
Jurisdicción Especial de Paz, JEP, se documentan más de 2500 casos que
organismos de derechos humanos tasan en cerca de 5000 civiles ejecutados
extrajudicialmente en el período de 2002 a 2010 en que ejerció la
presidencia de la República el hoy senador Álvaro Uribe Vélez.
Este
antecedente es el que marca la importancia de la publicación de la
investigación del periodista de The New York Times. Los días siguientes a
la publicación se inició una cacería dentro de las fuerzas armadas para
tratar de identificar la fuente de las filtraciones a la prensa. El 22
de mayo fueron citados a la II División del Ejército con sede en la
ciudad de Bucaramanga a 14 altos oficiales para interrogatorios y
practica de pruebas de polígrafo que también fue denunciada al mismo
tiempo en que el hecho ocurría con lo cual tuvo que ser suspendido.
También
este hecho fue negado por Martínez y por el alto gobierno. No obstante,
la contundencia de las pruebas publicadas por la Revista Semana, no
dejaron dudas que se había iniciado una verdadera cacería de brujas en
el seno del Ejército Nacional. Pese a la gravedad de las denuncias y a
las mentiras en que incurrió el general Martínez el Senado de la
República con el activo apoyo del gobierno ascendió el 5 de junio a la
categoría de general de 4 soles a Martínez en una votación de 64 votos
afirmativos y uno negativo. Las bancadas de oposición se retiraron al
momento de la votación en señal de protesta por el ascenso.
Esa
cacería de brujas no paró allí. En su más reciente edición la revista
Semana publicó pruebas en que el general Eduardo Quirós, jefe del
Comando de Apoyo de contrainteligencia (Cacim) quien había ordenado los
interrogatorios en Bucaramanga, señala que el pasado 7 de junio en el
auditorio del batallón de ingenieros militares ubicado en el sector de
Puente Aranda en el occidente de Bogotá: “El que me traiga quiénes son
los que están filtrando la información de lo que está saliendo en la
prensa le damos 100 millones de pesos o seis meses de permiso”.
Tanto
la filtración de la información como la posterior cacería de brujas
para encontrar a los responsables de las filtraciones a la prensa, dice
la Revista Semana, reflejan el ambiente interno que se vive dentro del
Ejército, y que ha llegado a extremos como seguimientos y amenazas
contra aquellos que entregan y reciben la información. “Todo comenzó por
saber quién contó y entregó los famosos formatos para duplicar los
resultados, pero el fondo de esa persecución es sobre todo para evitar
que se conozcan casos de corrupción de todo tipo en los altos niveles”
contó a Semana un oficial adscrito al comando del Ejército.
Como
parte de esa investigación periodística Semana obtuvo en la Fiscalía y
la Procuraduría partes del acervo probatorio y evidencias que hacen
parte de las investigaciones en las cuales están comprometidos altos
oficiales de la actual cúpula militar. Semana publicó pruebas que
comprometen en actos de corrupción al general Adelmo Fajardo, actual
segundo comandante del Ejército a quienes varios oficiales que
trabajaron bajo sus órdenes contaron a los investigadores cómo debían
sacar dinero de proveedores del Ejército para entregarle a este oficial
para gastos personales y viajes de su familia al exterior. Pero más
graves son las denuncias contra el general Jorge Horacio Romero, actual
cabeza del Comando de Apoyo de Acción Integral. Varios empresarios de
Antioquia declararon ante los investigadores cómo el general, cuando fue
comandante de la cuarta brigada en Medellín, les solicitó dinero a
cambio de autorizar la expedición de salvoconductos para el porte de
armas. Parte de esos salvoconductos se habrían entregado a integrantes
de bandas criminales dentro de ellas a la banda criminal conocida como
la Oficina de Envigado.
Los tres altos militares llegaron a
formar parte de la actual cúpula militar designada en diciembre pasado
por el presidente Iván Duque Márquez pese a que las investigaciones y
las pruebas y documentos se habían radicado antes ante la inspección del
Ejército cuando el encargado de esa área era el propio Nicasio de Jesús
Martínez, cargo que ejerció hasta diciembre pasado cuando Duque lo
nombró como comandante general del Ejército de Colombia. Ante la
contundencia de las denuncias la Procuraduría General de la Nación
informó que abrió investigación disciplinaria contra los tres generales y
el Gobierno Nacional llamo a calificar servicios al general Jorge
Horacio Romero, envió de vacaciones al general Adelmo Fajardo y traslado
a otra dependencia del Ejército al general Eduardo Quirós.
Hay
que recordar que en diciembre pasado cuando Duque nombró a la nueva
Cúpula de las Fuerzas Armadas, José Miguel Vivanco, director para las
Américas de Human Rights Watch, señaló que en esa nueva cúpula militar
había por lo menos 9 generales presuntamente comprometidos con las
ejecuciones extrajudiciales dentro de los cuales menciono al general
Nicasio de Jesús Martínez nombrado por Duque como comandante general del
Ejército. Ninguno de los tres generales mencionados por Semana en esta
investigación forma parte de esta lista que presentó Vivanco.
Todo
esto ocurre mientras no cesa el crimen de líderes y lideresas sociales y
excombatientes de las FARC en proceso de reinserción. Son 704 líderes
sociales asesinados desde la firma de los acuerdos de Paz y 137
excombatientes de las FARC.
Como hemos señalado en otros
textos la ineficacia de las Fuerzas Armadas y de Policía para detener
esta matazón está estrechamente relacionada con los nexos que sectores
importantes de las mismas mantienen con esas bandas criminales en los
territorios en que ocurren la mayor parte de los asesinatos como en todo
el corredor del océano pacifico colombiano, en la región del Catatumbo,
en el departamento del Cauca y Antioquia que es donde se concentra la
mayor parte de esos asesinatos. Una crónica periodística del diario El
Espectador recientemente publicada muestra como en la región del bajo
Cauca ejercen dominio militar esas bandas con la complicidad de las
fuerzas del Ejército y de la Policía y precisamente es lo que ocurre en
otras regiones del país. Mientras no se rompan esos nexos entre la
Fuerza Pública y las bandas criminales llámense disidencias, Caparrapos,
Clan del Golfo o sea grupos paramilitares y la Fuerza Pública la
matazón de líderes sociales y de excombatientes de las FARC no va a
parar.[i]
Sobre
los nexos entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares estos han
sido comprobados en las sentencias de la Jurisdicción de Justicia y Paz.
En 43 de las 51 sentencias (84,3%) que esta jurisdicción creada bajo el
gobierno de Álvaro Uribe ha dictado, hasta el año 2018, se dejó
constancia explicita y se compulsaron copias a la Fiscalía General de la
Nación porque se encontraron nexos entre miembros del Ejército Nacional
como parte de las redes de apoyo a los grupos paramilitares. A la
Armada Nacional se señala de su apoyo y participación en cuatro de
dichas sentencias. En 21 de las 51 Sentencias se dejó constancia
explicita de señalamientos a miembros de la Policía Nacional como parte
de los grupos de apoyo a los grupos paramilitares. Habría que agregar
además que en estas 51 sentencias se señala a 187 empresas que habrían
apoyado a los grupos paramilitares nombradas en 21 de las sentencias.[ii]
El
problema además de los nexos comprobados es que la impunidad en estos
casos es superior al 90% según las propias cifras oficiales. Para
avanzar en detener efectivamente la matazón que estamos viviendo es
imperativo romper esos nexos lo cual pasa por una verdadera
investigación para develar esos nexos. Pero también se requiere de una
política pública que establezca como criterio para el ascenso dentro de
las Fuerzas Armadas y de Policía del desempeño de la oficialidad en la
protección efectiva de los derechos humanos en los territorios bajo su
jurisdicción. Esto no da espera y el debate no solo debe cubrir la
denuncia sino las acciones y la transformación de la política pública de
protección de los derechos humanos.
Bogotá julio 11 de 2019.
-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur
Notas
[i] Violencia en el bajo Cauca: una subregión en la que mandan los ilegales. El Espectador, julio 10 de 2019. Disponible en www.elespectador.com
[ii]
La Verdad en las Sentencias de Justicia y Paz. Centro Internacional de
Toledo para la Paz-Colombia. Universidad Javeriana, Instituto de Salud
Pública y Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Bogotá, 2018. Disponible en www.citpaxobservatorio.org
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