Expediente Público
El 13 de junio la
Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(MACCIH), en conjunto con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y
la Corrupción (UFECIC), presentó ante las autoridades hondureñas una
amplia investigación sobre corrupción conocida como el caso «Pandora».
El caso revela la desviación de fondos de la Secretaría de Ganadería y
Agricultura (SAG) destinados a apoyar a mujeres en situación de pobreza,
para financiar campañas políticas y engordar los bolsillos de los
implicados durante las elecciones de 2013.
La investigación
implica tanto a miembros del gobernante Partido Nacional, como del
opositor Partido Liberal y al partido FAPER. Entre los 38 imputados hay
caras conocidas como Elvin Santos, destacado líder del Partido Liberal y
empresario de la construcción, con vínculos comerciales con las últimas
administraciones nacionalistas. También vincula a veteranos diputados
nacionalistas como Rodolfo Irías Navas (siete periodos en el Congreso) y
a Celín Discua (cinco periodos). También fue acusado Jean Marie de
Peyrecave, viudo de Hilda Hernández, hermana del Presidente Hernández,
fallecida en un accidente de helicóptero a finales de 2017. En los
últimos días se vinculó al caso a la actual primera dama de Honduras Ana García , que habría recibido más de 60 mil dólares a través de cheques emitidos por una de las empresas vinculadas al caso.
Una historia sin fin
Honduras arrastra un grave problema de corrupción desde su nacimiento
como República. A principios del siglo XIX, las dinámicas geopolíticas
coloniales y poscoloniales dejaron al país en una situación de
debilidad, en la que se configuró una nefasta relación entre una
reducida élite política criolla y los «inversores internacionales»,
basada en el tráfico de influencias y la opacidad. Durante las primeras
décadas del siglo XX, el país se convirtió en un enclave para compañías
bananeras estadounidenses, que hacían y deshacían gobiernos a su antojo.
En aquellos años, un empresario bananero llegó a afirmar que «en
Honduras una mula vale más que un diputado», haciendo referencia al alto
grado de corrupción existente en aquella época. Con posterioridad, el
país se vio golpeado por otras dinámicas internacionales como la guerra
fría, la guerra a las drogas o el neoliberalismo, que no permitieron un
desarrollo democrático de sus instituciones.
Llegado el siglo
XXI, Honduras padeció una severa crisis política como consecuencia del
golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que derrocó al gobierno de
Manuel Zelaya Rosales. Tras esta ruptura del orden democrático, el
sistema político hondureño, basado en el bipartidismo entre el Partido
Nacional y el Partido Liberal, entró en un proceso de descomposición. El
resultado fue un gobernante Partido Nacional fortalecido
electoralmente, que vio la oportunidad de inaugurar un periodo de
hegemonía política en el país.
Pasados 9 años de gobiernos
nacionalistas, tres procesos electorales altamente cuestionados y una
crisis poselectoral a finales de 2017 y a principios de 2018 que dejó más de 30 muertos
, la hegemonía nacionalista muestra algunos signos de desgaste. Sin
duda la indignación social contra la corrupción podría llegar a
determinar el destino político del país en los próximos años.
Para tratar de arrojar algo de claridad sobre la maraña de corrupción e
impunidad que actualmente impera en Honduras, es necesario analizar por
separado varios aspectos clave del fenómeno: el alcance y la magnitud de
los casos de corrupción en Honduras; el m arco l egal y el contexto
político que favorecen la impunidad; y, los factores de quiebre del
sistema de impunidad imperante en el país.
Alcance y magnitud de casos de corrupción en la Honduras actual
No es posible realizar una medición exacta de la magnitud de la
corrupción en Honduras. Sin embargo, desde organizaciones de sociedad
civil se han realizado diferentes ejercicios para tratar de darle un
valor estimado. La organización FOSDEH cifra en un 4.5% del PIB el valor de los recursos que pierde el Estado por culpa de la corrupción cada año.
Para dar un panorama más claro al respecto se hace una breve referencia
a los principales casos de corrupción revelados en los últimos años,
que sin duda solo representan una pequeña muestra de lo que podría estar
ocurriendo en el país, dad a s las limitadas capacidades investigativas
existentes:
Desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social - IHSS
El desfalco del IHSS consiste en una trama de corrupción con múltiples
ramificaciones, que supuso la sustracción de unos 200 millones de
dólares de esta institución. El modus operandi de esta trama se basó en
la utilización de empresas fantasmas para realizar cobros por bienes y
servicios inexistentes, o la sobrevaloración de bienes y servicios
realmente prestados. El propio presidente Juan Orlando Hernández reconoció públicamente
que su campaña electoral de 2013 se financió parcialmente con fondos
provenientes de este desfalco, sin mayores consecuencias jurídicas.
Este caso ha sido investigado por el Consejo Nacional Anticorrupción y
varios de sus responsables guardan prisión. La sociedad hondureña
respondió con indignación ante estas revelaciones, y en mayo de 2015 se
creó el conocido «movimiento de los indignados», quienes se movilizaron
durante varios meses en las llamadas «marchas de las antorchas».
Entre las exigencias de ese movimiento destacó la instalación de una
misión internacional de apoyo al Poder Judicial para luchar contra la
corrupción, liderada por Naciones Unidas, a imagen y semejanza de la
Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala
(CICIG).
La magnitud y frecuencia de las protestas llevó al
gobierno de Hernández a negociar con la Organización de Estados
Americanos la instalación de la MACCIH en 2016, cuyo mandato y
competencias, aunque mucho más limitados que los de la CICIG, sin duda
suponen un importante paso en la lucha contra la corrupción en Honduras.
Astropharma
Este caso reveló una trama que se
dedicó a la venta de medicamentos de mala calidad (en algunos casos se
trataba de cápsulas de harina) por parte de la empresa Astropharma al
sistema de salud publico hondureño. La empresa en cuestión es propiedad
de Lena Gutiérrez, vicepresidenta del Congreso Nacional durante las
administraciones de Pepe Lobo y parte de la de Juan Orlando Hernandez.
En todo momento, el Partido Nacional apoyó firmemente a la señora
Gutiérrez, que estuvo en arresto domiciliario al mismo tiempo que seguía
siendo vicepresidenta del Congreso. Uno de los testigos protegidos del
caso sufrió un atentado
en 2015, cuando recibió cinco disparos, uno en la cabeza. En febrero de
2018, la señora Gutiérrez quedó en libertad por resolución de la Corte
Suprema de Justicia, que continua con el proceso judicial en su contra.
Caso Red de Diputados
El caso conocido como Red de Diputados
fue presentado por MACCIH-UFECIC a los tribunales hondureños en
diciembre de 2017, en plena crisis postelectoral. La investigación
presentada reveló la existencia de una Red de Diputados que se apropió
ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales que
fueron desviados para uso personal. Cuatros diputados y una diputada se
valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la
Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional. Los cinco diputados
pertenecían a partidos opositores al gobierno, y en 2016 votaron en el
Congreso Nacional a favor del nombramiento de varios magistrados para la
Corte Suprema de Justicia propuestos por el gobierno de Juan Orlando
Hernández, en la mayoría de los casos en contra de la disciplina de
partido.
Meses más tarde, estos mismos magistrados dieron al Presidente Hernandez el aval jurídico
necesario para presentarse a la reelección, en violación flagrante de
lo establecido en la constitución hondureña. De los diputados vinculados
a esta trama, dos de ellos fueron expulsados de su bancada y partido
(LIBRE) tras aquella votación para nombrar a los nuevos magistrados de
la Corte Suprema. Otro de ellos fue expulsado de la Democracia
Cristiana.
Con posterioridad, se supo que la investigación
realizada por la MACCIH–UFECIC alcanzaba a muchos más diputados. En
declaraciones a un medio de comunicación español, el entonces vocero de
la MACCIH afirmó que podría afectar a unos 140 diputados , en lo que calificó como una «vasta red».
Lamentablemente, este caso acabó siendo archivado por la jueza que lo
estaba conociendo, quien trasladó acciones al muy politizado Tribunal
Superior de Cuentas (TSC) y dejó en libertad a los acusados. Todo ello
se realizó bajo el amparo de la recién aprobada Ley de Presupuesto para
2018, sobre la que se darán más detalles posteriormente.
La caja chica de la dama
En este caso
está directamente involucrada la exprimera dama y esposa de Porfirio
Lobo (2010-2014), Rosa Elena Bonilla. La investigación presentada por la
MACCIH–UFECIC en febrero de 2018, reveló la existencia de una trama que
operó entre 2011 y 2014, mediante el desvío de fondos destinados a
obras sociales y manejados por la oficina de la primera dama por un
valor de 16 millones de lempiras (más de 600 mil dólares).
La
reacción del expresidente Lobo a la detención de su esposa no se hizo
esperar. En una llamada realizada a uno de los programas de debate
político más populares del país, aseguró que cinco personas con mucho
poder en Honduras se reunieron en casa presidencial y decidieron
entregar a su esposa como «ofrenda» a una MACCIH en crisis tras la
salida del anterior vocero Juan Jiménez Mayor. Unos días antes, el
gobierno hondureño había procedido a embargar bienes a la exprimera
dama, encontrando al entrar en su vivienda en Tegucigalpa, 16.7 millones
de lempiras en efectivo. Una cantidad casi idéntica a la que se le
acusa de sustraer en la investigación presentada en su contra. En los
meses posteriores, y con la atención mediática más centrada en otros
asuntos, una Corte de Apelaciones hondureña redujo el peso de las
acusaciones contra la señora Bonilla al recalificar los delitos
imputados y le devolvió todos los bienes embargados. El caso sigue en
marcha.
Caso Pacto de Impunidad - Fe de erratas
Este caso
, presentado en marzo de 2018 por la MACCIH, tiene relación directa con
el archivo del proceso conocido como «Red de D iputados». Su origen
está en la aprobación de la Ley de Presupuesto de 2018 en enero de 2018.
Esta ley, siguiendo el proceso legislativo común, fue sometida a
aprobación por el Congreso y posteriormente fue publicada en el diario
oficial La Gaceta. La sorpresa surgió cuando la versión publicada en
este diario contenía una disposición que no fue votada en el Congreso,
según afirmó la MACCIH tras revisar exhaustivamente los videos de la
sesión parlamentaria correspondiente.
Dicha disposición
ordenaba al Tribunal Superior de Cuentas realizar una auditoría de tres
años de duración y que cubriría todos los fondos públicos gestionados,
recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, Congreso
Nacional y otras entidades entre los años 2006 y 2018. Además,
establecía que, durante ese periodo de tres años de auditoria, no
procedería «ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de
responsabilidad, ya sea esta administrativa, civil o penal». De esta
forma y como se comentó anteriormente, se estaba cerrando la posibilidad
de que desde la MACCIH se presentasen más investigaciones sobre
corrupción, ya que su mandato terminaría antes del fin de la auditoria.
Aunque posteriormente se publicó una « fe de erratas» en La Gaceta, se mantuvo el precepto introducido con algunas modificaciones en su redacción.
En el caso «fe de erratas», la MACCIH presentó acusación contra siete
diputados (uno de ellos Secretario del Congreso) y una exparlamentaria
por manipulación del texto legal efectivamente aprobado en el Congreso.
Es importante señalar que la citada exparlamentaria, Ana Joselina
Fortín, en su momento diputada del opositor PAC, también votó en 2016,
contraviniendo la disciplina de partido, en favor de la nueva Corte
Suprema de Justicia que acabaría permitiendo la reelección de Juan
Orlando Hernández. Este proceso lleva meses pendiente de una resolución
judicial al respecto, que ha sido retrasada inexplicablemente.
Como respuesta a este proceso, el pleno del Congreso Nacional, con los
votos a favor del Partido Nacional y sus aliados, emitió una declaración
afirmando la falsedad de las acusaciones contra los diputados
encausados. En julio de 2018 el Secretario del Congreso e imputado por
este caso Tomás Zambrano, presentó una moción para
reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para facultar a los
secretarios del Congreso Nacional a modificar el contenido de lo
aprobado y ratificado por el pleno de parlamentarios. La moción fue
aprobada.
Caso Pandora
Se trata del último caso
presentado pciamiento ilegal de campañas políticas en 2013 y varios
casos de enriquecimiento personal. Entre los acusados figuran algunos de
los diputados nacionalistas con mayor antigüedad en el Congreso, un
exalcalde nacionalista preso por vínculos con el narcotráfico, un
recientemente fallecido exministro de finanzas de Porfirio Lobo, y un
cuñado del Presidente Hernández. También aparecen señalados destacados
líderes opositores como Elvin Santos del Partido Liberal.
Así,
se revelaba que fondos provenientes de una administración del Partido
Nacional fueron a parar a las arcas del Partido Liberal y de sus
dirigentes, en un momento (2013) en el que se produjo un pacto político
entre el Partido Nacional y Liberal para marginar de instituciones clave
como el Ministerio Público, el Registro Nacional de las Personas o el
Tribunal Supremo Electoral a los opositores y emergentes partidos LIBRE y
PAC.
Tras la presentación del caso a las autoridades
competentes, los tribunales hondureños analizaron la información
recibida y no procedieron de forma inmediata a la captura de los
acusados. Las órdenes de captura fueron emitidas un mes después de presentado el caso, como resultado de las presiones del gobierno estadounidense, que horas antes había hecho pública la retirada de la visa a la jueza Alma Guzmán, por haber liberado a los acusados del caso «red de diputados».
La mayoría de los acusados se presentó de forma voluntaria ante el
tribunal que, tras una audiencia inicial de varios días de duración,
decidió dejar en libertad con cargos a todos los procesados
, con la excepción del señor Jacobo Regalado, a quien se le dictó
prisión preventiva. En la misma resolución, la jueza eliminó la
acusación por lavado de activos (el delito más grave que se imputaba a
los acusados), y la sustituyó por el delito de encubrimiento, con una
pena mucho más baja.
El 27 de julio, un medio de comunicación hondureño informaba de la existencia de un supuesto nuevo requerimiento fiscal
en el marco de este caso, que ya estaría en manos del Ministerio
Publico y en el que se acusaría a otros 54 congresistas y ex
congresistas. Según la información difundida, los diputados serian
miembros del Partido Nacional (31 congresistas), Partido Liberal (12
congresistas), Partido Libre (8 congresistas), Democracia Cristiana (2
congresistas) y Unificación Democrática (1 congresista).
Otros:
Los casos mencionados hasta ahora solo son una muestra de lo que podría
estar ocurriendo en el país. En los últimos años, se han multiplicado
las revelaciones de nexos directos entre el crimen organizado y las
instituciones públicas. Hay alcaldes presos por narcotráfico, como el de
Yoro . Otros tienen orden de captura y están fugados,
como el de El Paraíso, Cop á n, que durante la última campaña electoral
se dio el lujo de participar en un acto proselitista en
favor de su testaferro y actual alcalde del municipio, durante el cual
mostró su apoyo incondicional a la reelección del presidente Hernández.
Desde tribunales de Estados Unidos, narcotraficantes de la organización
criminal conocida como «Los Cachiros» han vinculado con sus actividades
al actual Ministro de Seguridad , al alcalde de San Pedro Sula
y a varios políticos del más alto nivel. También han sido señalados
públicamente por vínculos con el crimen organizado el hermano del
presidente Hernández y el expresidente Pepe Lobo, cuyo hijo cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos y en cuyo gobierno el crimen organizado recibió jugosos contratos públicos .
Existen además en el país numerosos conflictos relacionados con las
licencias otorgadas por el gobierno para la explotación de recursos
naturales, en cuya administración se observa altos niveles de opacidad y
favoritismo. El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres fue
precisamente en el contexto de su oposición a uno de estos proyectos. El
caso está siendo investigado por la MACCIH.
Marco legal y contexto político que favorecen la impunidad
La corrupción en Honduras constituye un fenómeno estructural, con gran
afectación en todos los poderes del Estado. Ya se han mencionado algunas
de las causas de este fenómeno, relacionadas con la historia del país y
sus últimas crisis políticas. A estas es fundamental añadir una nueva
clave: un marco legal inadecuado para la lucha contra la corrupción e
impunidad.
Ya se ha hecho referencia a algunas de estas
normativas, como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o la
Ley de Presupuesto de 2018, pero también existen otras como la « Ley de Secretos » , la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad , la Ley de Promoción de Alianzas Público-Privadas , o la Ley del Programa Voluntario de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones
, que contienen aspectos sumamente preocupantes y que podrían estar
dando cobertura a sectores corruptos de la clase política hondureña.
Es evidente que la clase política gobernante en Honduras no quiere
remover el avispero de la corrupción, ni ve con buenos ojos el trabajo
que se realiza desde la MACCIH o el CNA. El diputado nacionalista y
vicepresidente del Congreso Nacional Antonio Rivera Callejas ya dijo
públicamente el pasado enero que «la MACCIH quiere desestabilizar el
país».
Prueba de la falta de aprecio de la clase política hacia
la MACCIH es la sobresaltada (y breve) vida de la institución. La
presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra su convenio de
creación, interpuesta por el Secretario del Congreso, Tomás Zambrano,
es un caso paradigmático de este tipo de «sobresaltos». Aunque
finalmente la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento verificando
la legalidad del convenio, el fallo contiene varias disposiciones entre
sus considerandos que podrían poner en peligro su viabilidad y capacidad de actuación .
La salida del anterior vocero Juan Jiménez Mayor, estuvo precedida de fuertes presiones y acciones en su contra. Él mismo denunció
que sectores corruptos habían contratado un bufete de abogados para
tratar de deslegitimarlo, vinculándolo al escándalo Odebrecht en Perú,
su país natal. La salida de Jiménez Mayor fue amarga, y aunque los
dardos lanzados por el exvocero fueron dirigidos al Secretario General
de la OEA Luis Almagro, sin duda los enemigos internos que tenía en
Honduras pesaron mucho sobre su salida.
El nombramiento de un
sustituto a Jiménez Mayor se produjo varios meses después de su salida,
debido a la actitud de bloqueo del gobierno de Hernández, a pesar de que
desde la OEA se propuso con rapidez el nombramiento en el cargo del
brasileño Luiz Antonio Marrey Guimaraes. El nombramiento del nuevo
vocero se produjo de forma simultánea a la firma de una carta de 10
puntos entre la OEA y el gobierno de Honduras, que desde algunos
sectores de sociedad civil se teme pueda suponer una limitación al
mandato de la MACCIH.
Fa ctores de quiebre del sistema de impunidad imperante en el país
La problemática de la corrupción, como fenómeno estructural al interior
de la sociedad y el estado hondureño, presenta diversos factores de
quiebre que, en los próximos años y si se combinan de forma adecuada,
podrían llevar a un cambio positivo en el país.
El primero de
estos factores de quiebre lo constituye la movilización ciudadana contra
la corrupción. La movilización de los indignados de 2015 constituye
todo un referente al respecto. La capacidad de las y los hondureños de
replantearse sus estrategias de movilización y lograr hacer presión ante
instituciones y partidos políticos será la clave fundamental de la
deriva del país.
Otro factor de quiebre fundamental será el
trabajo que se realice desde organismos clave como la MACCIH–UFECIC y el
CNA, así como desde los medios de comunicación independientes. La
presentación de nuevos casos de corrupción puede servir como revulsivo
para la movilización social, y para presionar al gobierno para que
reforme el marco legal existente y tome medidas contra los corruptos. La
importancia de este factor en el actual panorama supone una fuerte
debilidad de cara a avanzar en el proceso de cambio necesario, ya que la
existencia de la MACCIH está muy vinculada a la propia voluntad del
gobierno de renovar su convenio una vez se venza el periodo de vigencia
inicial. Además, y más allá de la importancia de los casos presentados
por la MACCIH, la dependencia del sistema de justicia hondureño de un
organismo internacional supone una réplica de anteriores modelos de
dependencia externa.
Para lograr un impacto sostenible del
trabajo de la misión, será fundamental avanzar en la independencia de
instituciones clave del sector justicia como el Ministerio Público y el
Poder Judicial. Lamentablemente, el panorama político actual no es
proclive a que se produzcan este tipo de reformas, como lo pone de
manifiesto el proceder de los poderes públicos descrito en este
artículo.
Un tercer factor de quiebre de este sistema lo
constituyen las presiones que los socios internacionales de Honduras
realicen sobre el Estado para lograr las reformas necesarias. Sin
embargo, es evidente que las relaciones políticas, económicas y
militares que tiene Honduras con su principal socio, Estados Unidos,
están basadas en muchas más consideraciones que la lucha contra la
corrupción (relaciones comerciales, lucha contra el narcotráfico,
consideraciones geopolíticas…).
Conclusiones
La
corrupción en Honduras, como fenómeno estructural, ha crecido en los
últimos años y alcanza a la mayor parte de las instituciones del Estado.
Existe todo un proceso de concentración de poder alrededor de la
Presidencia de la República, dirigido inicialmente a dar una
legitimación jurídica a la reelección presidencial, y que ha generado un
modelo de Estado autoritario y opaco. El propio entorno del Presidente
Hernández está salpicado por la corrupción (recordemos el caso de su
cuñado, su hermano y su esposa comentados anteriormente).
Además, se observa que miembros de partidos opositores están
involucrados en tramas corruptas, en las que supuestamente habrían
recibidos fondos públicos con origen en el poder ejecutivo en el momento
exacto en que sus partidos realizaban alianzas políticas con el
gobierno (vinculadas al nombramiento de una nueva Corte Suprema de
Justicia, nuevo Fiscal General, y nuevas autoridades del Registro
Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral).
La
maraña de intereses existentes, la inestabilidad política imperante a
nivel nacional y regional y la incertidumbre sobre el futuro de las
relaciones internacionales en la era Trump, dibujan un panorama poco
claro para Honduras. Parece evidente que solo una potente movilización
social logrará sacudir los cimientos en los que se asienta el fenómeno
de la corrupción en Honduras.
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