A propósito del día internacional de los pueblos indígenas
La tragedia ante la
muerte de 10 personas fruto de una intoxicación masiva en el centro
poblado de San José de Ushua, Ayacucho, despierta muchas interrogantes,
pero si vamos un poco más allá, representa una larga historia de
tragedias que se resumen en la inmensa grieta de desigualdad cultural,
social y económica entre el mundo rural y urbano, producido en gran
medida por la discriminación y racismo institucional, que debería
hacernos reflexionar a propósito del día internacional de los pueblos
indígenas y originarios.
La pregunta menos pertinente para este
caso, es saber si el centro poblado de San José de Ushua, ubicado a más
de 3 mil metros de altura y con 177 habitantes es un pueblo indígena y
originario. La respuesta legal dependería de quien la enuncie,
probablemente para el gobierno central no lo sea, puesto que no es una
comunidad campesina reconocida formalmente y si lo fuera, tampoco eso
aseguraría que sea un pueblo indígena originario. El Estado a través del
ente rector en materia de pueblos indígenas acaba de aprobar el Decreto
Legislativo N°-1360, que le otorga la competencia exclusiva a dicho
sector para decidir quién es un pueblo indígena, lo que profundiza el
problema de discriminación e identidad étnica.
Por otro lado,
el centro poblado es la forma de organización del Estado para brindar
servicios mínimos que ha ido superponiéndose a la esfera institucional
de las comunidades campesinas reconocidas constitucionalmente con
autonomía organizativa. Hoy muchas comunidades campesinas son también
municipalidades de centros poblados, con alcalde y regidores, generando
tensiones y confusión entre los pobladores que también son comuneros con
sus autoridades. El Estado ha condicionado a las comunidades campesinas
y nativas a constituir un centro poblado o distrito para brindar
servicios mínimos, y en ese camino el Estado se convierte en el
principal impulsor de debilitar la institución de las comunidades
campesinas y nativas, pueblos indígenas.
Sin embargo, la
verdadera tragedia tras los hechos de Ushua radica que tras la
intoxicación de medio centenar de personas, el centro poblado solo
contaba con una posta médica donde no hay médicos, ni medicamentos para
atender una emergencia como esta; si esa situación hubiera ocurrido en
cualquier ciudad probablemente se hubieran salvado todas las vidas. A
los pobladores de Ushua también los mato la falta de atención médica
inmediata, un derecho a la salud pública que lamentablemente el Estado
no puede proporcionar en vísperas del bicentenario de la fundación de la
república.
Los pueblos indígenas y originarios en el Perú
viven en una constante discriminación en el acceso a sus derechos
básicos como salud, educación, vivienda o agua potable, a pesar de los
pequeños avances estos últimos años, son aún muchos los retos por
alcanzar. Cualquiera del abanico de derechos fundamentales que queramos
analizar desde el enfoque intercultural, se encuentra quebrado por la
discriminación y racismo de la estructura estatal, preso en su lógica de
intervención, no permite que por encima de todo este la dignidad de las
personas y el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
La evidencia radica en la manera como el Estado atiende las
demandas de estos derechos básicos, ni que decir de derechos colectivos
como la tierra y territorio o la consulta previa; la reacción primero es
de dudar de esas demandas, y ante el reclamo persistente y sostenido
solo algunos casos, los más urgentes, son atendidos, pero para responder
y resarcir el daño el trámite burocrático será tan largo que algunos
años después recién se pueda lograr instalar tanques de agua potable o
atender la salud pública de pobladores, como es el caso de las
comunidades nativas de las Cuatro Cuencas, cuyo territorio y cuerpos de
agua fueron contaminados por petróleo durante 40 años.
La
defensa de los derechos de los pueblos indígenas a veces hace que nos
perdamos en debates normativos o trámites administrativos, perdiendo la
perspectiva del sentido común en la existencia del Estado: buscar el bienestar de sus ciudadanos sin distinción de ninguna índole.
Para eso es necesario tomar conciencia de los límites de nuestras
instituciones y poder transformarlas; reconocer que muchos de sus
mecanismos están diseñados para discriminar al ciudadano rural,
campesino e indígena, en comparación del ciudadano urbano. En ese
sentido, el gran reto y deuda que tenemos como país, es la
democratización de nuestros vínculos étnicos, sociales, económicos y
culturales y con ello, el acceso a derechos básicos de poblaciones
indígenas estará camino a ser garantizados.
Luis Hallazi, es abogado y politólogo investigador en derechos humanos.
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