La Jornada
El alcalde de Los Ángeles, el demócrata Eric Garcetti, informó en la Ciudad de México que próximamente 60 mil personas obtendrían la residencia legal en esa urbe. Con dicho anuncio el político estadunidense refrendó su respaldo a la comunidad migrante, un importante gesto por parte de quien gobierna la ciudad con la mayor comunidad de mexicanos en Estados Unidos.
El apoyo del alcalde Garcetti es uno más de los obstáculos que cada día se suman en el camino de la amenaza del presidente electo Donald Trump de emprender la deportación masiva de dos y hasta tres millones de inmigrantes indocumentados que cuenten con antecedentes penales. Dichas dificultades se plantean, primero, por alcaldes, gobernadores y jefes de policía en las llamadas ciudades santuarios, aquellas que han apostado por integrar social y económicamente a sus comunidades migrantes en vez de segregarlas y perseguirlas.
En segundo lugar, los planes del magnate toparán necesariamente con la resistencia de los propios inmigrantes, sus asociaciones y los sectores progresistas y humanitarios de la sociedad estadunidense, ninguno de los cuales permanecerá pasivo ante las posibles agresiones y acciones violatorias de los derechos humanos de estos grupos.
Por otra parte, existe una complicación, si no es que incluso una imposibilidad técnica, para poner en marcha un plan de deportaciones semejante en los primeros días del gobierno ultraderechista. Al respecto cabe recordar que, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, hasta julio de este año el gobierno de Barack Obama había expulsado del país del norte a 2 millones 955 mil extranjeros, número que prácticamente alcanza el techo superior de deportaciones anunciado por Trump. Queda claro que para igualar esa cifra en una octava parte del tiempo que le tomó al mandatario demócrata sería necesario construir centros de detención temporal a una velocidad récord, incrementar de manera exponencial el número de efectivos policiacos y fletar una gigantesca flotilla de transporte terrestre y aéreo, entre otros requisitos que exigen asignaciones presupuestarias difíciles de cuantificar.
Sin embargo, incluso si los sectores xenofóbicos del gobierno electo y de la sociedad estadunidense lograran su empeño, sería un triunfo a todas luces contraproducente, toda vez que los migrantes aportan a la economía de Estados Unidos un elemento fundamental de su competitividad ante Europa y Asia. En efecto, la capacidad de las exportaciones del país vecino para competir frente a sus rivales en el mercado global proviene en buena medida del alto grado de explotación del trabajo indocumentado, el cual recibe remuneraciones por debajo de los mínimos legales, conformando en los hechos un subsidio a la economía estadunidense.
Es de sentido común que dejar a la superpotencia sin millones de trabajadores generaría una aguda escasez de mano de obra en la agricultura, la industria, el comercio y los servicios, y que esa carencia repercutiría a su vez en un incremento de los costos del trabajo que se traduciría en una pérdida de terreno ante los competidores a quienes, paradójicamente, Trump promete desplazar mediante guerras comerciales y renegociación agresiva de acuerdos de libre comercio.
En conclusión, estamos ante otro ejemplo de la incierta viabilidad de las propuestas más delirantes y agresivas del presidente electo, las cuales no sólo se antojan difícilmente realizables, sino también lesivas para los intereses que Donald Trump dice defender.
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