Panamá
Lo que van a leer no es
nada nuevo. El contubernio es la alianza, secreta, ilícita y
reprochable, tal como lo define la Real Academia Española de la Lengua.
En el caso que denuncio es la vinculación entre las clases dominantes,
las que controlan el poder político y económico y, como Panamá es un
país muy pequeño en extensión geográfica y en población, es más fácil de
descubrir la corrupción imperante.
En nuestro país, el poder
económico se apoderó del Estado desde 1903, y se ha beneficiado de él
desde entonces. No ha habido poder político alguno que no responda a
esos intereses, como son contadas las excepciones de aquellos que
controlan ese poder y que no hayan engordado sus bolsillos. Pero, lo que
está ocurriendo hoy en día en Panamá no tiene puntos de referencia en
nuestra historia; es por ello, que para que aquellos ingenuos que aún no
creen que entre las clases dominantes hay pactos y acuerdos de todo
tipo, me permito describir el más llamativo.
Ricardo Martinelli
Berrocal ocupó la presidencia de Panamá en el quinquenio 2009-2014. Su
gobierno se caracterizó por llevar a cabo mega proyectos de todo tipo,
no tanto por su necesidad sino por la gran oportunidad de coimas que
estos proyectos generaban. Su posición le dio la oportunidad de sobornar
a mucha gente y de quitarles sus propiedades. Se calcula que robó entre
3,500 a 4,000 millones de dólares. Actualmente está autoexiliado en los
Estados Unidos. Tiene en Panamá varios procesos pendientes por
corrupción, y el más grave es por haber violado la intimidad de más de
un centenar de panameños, es decir, de violar sus derechos humanos. Yo
me encuentro entre los seis ciudadanos que hemos cumplido con los
procesos legales a término en el caso que se conoce como “los pinchazos”
y que tenemos querellados al señor Martinelli Berrocal. En síntesis,
que se nos violó nuestra privacidad. El 21 de diciembre de 2015, el juez
de garantía que lleva el proceso, magistrado Jerónimo Mejía, dictó un
fallo que todos consideramos como un hito en nuestro devenir histórico,
al solicitar que se detuviera y procesaras al ex presidente. La propia
Corte Suprema de Justicia dio las instrucciones para que fuera conducido
a nuestro país y sometido a la Ley. Lamentablemente, el tiempo se ha
encargado de desinflar el globo eufórico que causó en la población dicha
sentencia. A la fecha, dos meses y medio después, el magistrado Mejía
no ha hecho nada. Ni siquiera ha emitido una orden a la Policía Nacional
ni a Migración para que se detenga al señor Martinelli si pisa suelo
patrio, ni ha traducido al inglés el expediente de apenas 2,000 páginas.
El magistrado Mejía no puede aducir falta de recursos porque se ha
comprobado que muchos magistrados de la Corte han realizado viajes al
exterior lo que los panameños calificamos como “turismo judicial”.
¿Qué
es lo que está ocurriendo? Un pacto. O dicho de una manera más clara,
un vulgar contubernio entre el expresidente Martinelli Berrocal y el
actual presidente Juan Carlos Varela. El segundo ocupó la cancillería
durante el quinquenio de 2009-2014, por 26 meses y, naturalmente, fue
cómplice de la corrupción imperante en ese periodo. Martinelli Berrocal
le tiene su expediente guardado. Juan Carlos Varela ordenó la reelección
de Ayú Prado como Presidente de la Corte Suprema de Justicia y hombre
muy afín al señor Martinelli Berrocal.
Como el caso de los
pinchazos es el más serio, Juan Carlos Varela ha delegado en personas
muy allegadas a él para que terminen de darle al pacto su retoque final y
le han ordenado al magistrado Mejía que enlentezca el proceso hasta que
salga el humo blanco. Naturalmente, que detrás de todo esto están
corriendo muchos millones. A los panameños se nos trata de entretener en
enfrentamiento mediáticos, pero el meollo del asunto, que hoy denuncio,
se oculta. Entre la oligarquía hay ladridos, pero no mordidas.
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