El Salvador
IPS
“La
minería es inviable en El Salvador”, sentencian Salvador Sánchez Cerén,
quien asumirá el 1 de junio la Presidencia de este país, y su equipo
ambiental. Detrás de esta posición del nuevo gobierno hay muchas luchas
de las comunidades rurales afectadas.
Una de ellas es la del pueblo
Llano de la Hacienda, en el centro del país, cuyos 1.200 habitantes se
dedican sobre todo a sembrar milpas (maíz, frijol y calabaza),
pastorear vacas y, recientemente, a detener proyectos de minería
metálica.
Los hombres y mujeres de este lugar constituyeron el
primer foco de resistencia a la empresa canadiense Pacific Rim Mining
Corp, que en 2009 demandó al Estado salvadoreño por negarle el permiso
de explotación del yacimiento de oro El Dorado.
El pueblo está
enclavado entre las montañas del municipio de San Isidro, en el
departamento de Cabañas, 65 kilómetros al noroeste de San Salvador, y
tiene la mina como indeseada vecina.
La subsidiaria local de
Pacif Rim fue adquirida en noviembre de 2013 por el consorcio
australiano OceanaGold, por 10,2 millones de dólares.
La demanda
inicial fue por 77 millones de dólares y subió el año pasado a 301
millones, en un caso que se dirime en el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco
Mundial. La audiencia decisiva será en septiembre.
En Llano de
la Hacienda, negar el permiso a la Pacific Rim es un triunfo de las
comunidades de la zona, luego de años de intensa oposición y de un
conflicto social que desembocó, según los pobladores, en el asesinato
de tres activistas, entre junio y diciembre de 2009.
“Toda
nuestra lucha la comenzamos por este río, para que no se contaminara
con cianuro”, dijo a IPS el campesino Juan Hernán Molina, mientras
descansaba en las riberas del río Titihuapa, que serpentea entre cerros
y llanos. El cianuro, metal pesado que se emplea en la extracción de
oro, es letal para la salud humana.
El Titihuapa desemboca en el río Lempa, el más importante de este país y que abastece de agua a la capital, San Salvador.
Otra
batalla ganada por el movimiento ambientalista salvadoreño fue el fallo
del Ciadi que denegó en agosto de 2013 una prórroga para que el
estadounidense Commerce Group continuara con su demanda de 100 millones
de dólares contra el Estado.
El Salvador se había negado a
renovar el permiso de explotación de la mina San Sebastián, en el
oriental departamento de La Unión, que el Commerce Group venía
explotando entre 1987 y 2009.
En el caso de Pacific Rim “se ha
ganado una batalla, pero no la guerra”, señaló José María Arévalo, otro
campesino de El Llano de la Hacienda.
“Lo que queremos es que se
prohíba definitivamente”, dijo a IPS mientras caminaba por las veredas
de la zona. “En todos esos potreros hay pozos perforados por Pacific
Rim, cuando estaba explorando en búsqueda de oro”, agregó mientras los
señalaba.
Si bien la exploración se detuvo, en la mina El Dorado
se mantiene un pequeño grupo de trabajadores que realizan labores de
mantenimiento de equipo y limpieza, dijeron los residentes a IPS.
Hace
dos años, organizaciones ambientales aglutinadas en la Mesa Nacional
contra la Minería presentaron a la unicameral Asamblea Legislativa un
proyecto de ley que prohíbe la actividad minera, por sus repercusiones
en la salud y el ambiente.
De aprobarse, El Salvador ingresaría al reducido grupo de países de América Latina que impiden esa industria por ley.
La
Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en 2010 una ley que prohíbe
la minería a cielo abierto, y Panamá hizo lo propio dos años después,
pero delimitando la prohibición a las zonas de las comunidades
indígenas de las provincias occidentales de Bocas del Toro, Chiriquí y
Veraguas.
Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente de El
Salvador presentó en 2012 un proyecto de ley para suspender las
actividades mineras, que las organizaciones sociales consideran
insuficiente.
“No acompañamos la idea de una moratoria, porque
deja (el asunto) en suspenso, le da espacio a las compañías para que se
preparen, pero nosotros queremos pararla de tajo”, señaló Héctor
Berríos, dirigente del Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932
(Mufras 32).
La organización, con sede en San Salvador, lleva años acompañando a las comunidades de Cabañas en su lucha contra la minería.
En
todo caso, ni el proyecto de suspensión ni la prohibición total han
cuajado en el parlamento de 84 diputados, donde los partidos de derecha
son contrarios a ambas iniciativas y cuentan con mayoría.
El
partido de Sánchez Cerén, el izquierdista y exguerrillero Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tiene solo 31
legisladores y difíciles apoyos para alcanzar los 43 votos requeridos
para sacar adelante la ley de suspensión.
“Los diputados deberían
ponerse en los zapatos de una, y velar por el bien de la salud de la
población y por el agua”, dijo a IPS en San Isidro la joven Roxana
Ramírez, mientras se afanaba junto a otras tres mujeres en la
elaboración de encurtidos de hortalizas.
Ellas participan de un
proyecto que pretende demostrar que los municipios cercanos a El Dorado
pueden desarrollarse y generar empleo, sin necesidad de recurrir a la
minería como fuente de ingresos.
“Es una alternativa que puede
retomarse en las demás comunidades”, agregó Ramírez, mientras
introducía trozos de zanahoria y coliflor en una pequeña bolsa con
vinagre.
Sánchez Cerén, vicepresidente del gobierno saliente,
maestro y exguerrillero de 69 años que en marzo ganó las elecciones
presidenciales, tendrá que demostrar cuán firme es su compromiso,
reiterado durante la campaña electoral.
Sus nombramientos en el
Ministerio de Medio Ambiente hacen pensar que al menos lo va a
intentar. Como viceministro fue designado el activista Ángel Ibarra,
quien desempeñó un papel protagónico en la lucha contra Pacific Rim y
la minería en general, desde la Unidad Ecológica Salvadoreña.
“Hay una decisión del nuevo presidente de que la minería es inviable en El Salvador”, dijo Ibarra a IPS con convencimiento.
Como
ministra del Medio Ambiente fue designada la hasta ahora viceministra
Lina Pohl, una de las promotoras de la suspensión y quien días antes
reiteró que “no puede haber actividad minera”, aunque matizó “bajo las
condiciones actuales”.
Pero sin una ley que la prohíba, y sin
las fuerzas necesarias en la Asamblea Legislativa para aprobar una
norma de ese tipo, la minería se mantiene como una amenaza latente para
las comunidades.
A la sombra de un árbol junto al río Titihuapa,
el campesino Arévalo advirtió: “No vamos a descansar hasta que los
políticos aprueben una ley antiminería, esa es la única opción”.
Muchos males y pocos bienes
En este país centroamericano de 6,2 millones de habitantes había en
2004 unos 18 yacimientos de oro y plata, parte de ellos entregados en
concesión a empresas locales y extranjeras.
Desde 2008 no hay nuevas concesiones, pese a que suman 74 las olicitudes pendientes.
El sector aporta apenas 0,8 por ciento al producto interno bruto, según
el estudio “La minería metálica y el desarrollo sustentable en América
Latina”, publicado por Oxfam América en 2008.
Pero para
sectores empresariales amparados por la derechista Alianza Republicana
Nacionalista (Arena), que gobernó entre 1989 y 2009, una suspensión
minera sería mala señal para la inversión extranjera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario