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Las licitaciones para la industria del carbón preocupan a ambientalistas en Estados Unidos. Crédito: Bigstock
WASHINGTON, 6 feb 2014 (IPS) - El gobierno de Estados Unidos viola
políticas federales de licitación cuando otorga tierras públicas a
ciertas empresas de la minería del carbón, según una auditoría de un
órgano investigativo del Congreso legislativo.
Esta
irregularidad podría costar millones de dólares a los contribuyentes,
mientras las empresas degradan la integridad ambiental de la cuenca del
río Powder, en los norocci dentales estados de Wyoming y Montana, y
liberan gases de efecto invernadero a gran escala.
Las
disposiciones federales estipulan que la Oficina de Administración de
Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) debe licitar predios públicos
en un proceso competitivo y transparente.
Pero un informe de la
Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en
inglés), divulgado el martes 4, concluye que este proceso no se está
respetando.
En 90 por ciento de las 107 licitaciones de tierras estudiadas por la GAO hubo una sola empresa ofertante.
La
GAO es una agencia independiente y no partidaria que trabaja para el
Congreso legislativo investigando cómo gasta el gobierno federal el
dinero de los contribuyentes. Su auditoría “presenta un argumento
convincente para sostener que el procedimiento carece de integridad”,
dijo a IPS el director del Instituto de Economía Energética y Análisis
Financiero, Tom Sanzillo.
“Como no hubo supervisión independiente durante estos 30 años de licitaciones federales, ninguna de ellas fue revisada”, añadió.
Sanzillo
identificó dos compañías, Arch Coal y Peabody Energy, como las
principales beneficiarias de las licitaciones de la BLM. Críticos
señalan que la falta de un proceso competitivo devalúa las
licitaciones, disminuyendo así los ingresos del gobierno, que termina
arrendando tierras públicas a precios más bajos.
Un informe de
junio de 2013 del inspector general del Departamento del Interior
(agencia rectora de la BLM) advirtió que Estados Unidos había perdido
60 millones de dólares debido la subvaloración de las licitaciones.
Pero
Sanzillo cree que la cifra es mucho mayor. En un análisis de ese
estudio, el experto observó que el inspector general no había tomado en
cuenta las fallas metodológicas de la BLM a la hora de establecer el
valor del carbón público.
El inspector general “identifica al
menos tres debilidades en el programa de la BLM”, sostuvo Sanzillo en
su análisis. “No hay una verificación independiente de la información
geológica y de ingeniería, no hay estimaciones de los ingresos por las
exportaciones proyectadas y no se usan datos de ventas comparables para
fijar los precios de la licitación”.
Además, los informes de la
GAO y del inspector general señalan que la BLM no contempló los
ingresos generados por Arch y Peabody con la exportación de carbón
cuando determinó el valor de los yacimientos, desvalorizándolos.
La BLM no respondió a tiempo las preguntas de IPS para este artículo.
“Están
regalando acceso federal a un precio que está muy por debajo del que
debería ser”, sostuvo Sanzillo. “Por lo tanto, el gobierno federal, y
particularmente los estados de Wyoming y Montana, están siendo
estafados”.
La GAO había hecho una revisión similar de las
licitaciones en la cuenca del río Powder en 1983. Entonces, la agencia
descubrió que el gobierno perdía 100 millones de dólares por la
subvaloración de las concesiones. Pero sus recomendaciones nunca se
implementaron.
El último informe de la GAO recomienda que la BLM
use más de un método para determinar el verdadero valor del carbón,
teniendo en cuenta las ganancias generadas por la exportación. También
sugiere que la agencia desarrolle un mecanismo de supervisión y
publique la información sobre sus licitaciones en su sitio web.
El
Departamento del Interior avaló estas recomendaciones, pero Sanzillo
señala que la BLM es renuente a mostrar más transparencia.
Degradación ambiental
Aparte
del costo económico, la minería del carbón tiene un serio impacto
ambiental en la cuenca del río Powder, que preocupa a residentes y a
organizaciones ambientalistas nacionales.
La cuenca se convirtió
en “uno de los generadores de emisiones de carbono más significativos
de Estados Unidos”, advirtió Kelly Mitchell, activista en temas de
clima y energía de la organización Greenpeace.
“Trece por ciento de las emisiones de carbono estadounidenses proceden de la cuenca del río Powder”, dijo a IPS.
Se teme que las emisiones totales de la región continúen creciendo si la BLM sigue otorgando más concesiones mineras.
“Hay
unos 5.000 millones de toneladas de carbón federal para licitar allí”,
dijo Mitchell. “Si se otorga ese carbón, liberará más de 8.300 millones
de toneladas métricas de dióxido de carbono, esto es, las emisiones
anuales de más de 1.700 millones de automóviles”.
El Consejo de
Recursos de la Cuenca del Río Powder, organización ambiental de
Wyoming, solicitó a la BLM que suspenda las operaciones de minería
hasta que rectifique sus fallas en el procedimiento licitatorio.
La organización expresó preocupación tanto por las implicaciones económicas como por el daño ambiental.
“Creemos
que se debe suspender la licitación del carbón hasta que se aborden
algunos de los impactos ambientales”, dijo Shannon Anderson, del
Consejo.
“Hay impactos generados por la disminución de la
calidad del aire, la pérdida de agua y el gran uso de nuestros
acuíferos, que son fuentes primarias de agua potable. Hemos visto
drásticas pérdidas de superficie disponible para fines recreativos,
como caza, senderismo o pastoreo” de ganado, señaló.
Wyoming
responde por 40 por ciento de todo el carbón producido en Estados
Unidos, y el gobierno federal es el propietario de 85 por ciento del
mineral que existe en ese estado.
Esto convierte a Wyoming en uno de los estados más atractivos para la industria de la energía.
Pero
la oposición a la concesión de tierras públicas para la industria ha
crecido en los últimos años. El gobierno de George W. Bush (2001-2009)
otorgó 41.600 hectáreas en el occidental estado de Utah para la
explotación de carbón y gas, lo que desencadenó una gran resistencia
pública.
Según la GAO, 74 por ciento de las concesiones de
tierras públicas a compañías de energía entre 2007 y 2009 fueron
cuestionadas por el público de los estados de Wyoming, Utah, Colorado y
Nuevo México.
A comienzos de 2009, el gobierno de Barack Obama
instruyó a la BLM que no hiciera “preferencia por el desarrollo del
petróleo y del gas por sobre otros usos”.
También comenzó a
indicar a la industria de la energía qué tierras son más adecuadas para
la minería, la perforación o la fractura hidráulica (“fracking”, en
inglés) con el mínimo impacto ambiental.
Sin embargo, la
industria parece estar eligiendo las tierras que más le convienen, y
las reformas no han tocado la subvaloración de las licitaciones ni los
problemas de deterioro ambiental en la cuenca del río Powder y en otras
áreas del país.
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