El pasado mes de enero, la Fiscalía peruana archivó las denuncias de esterilizaciones forzadas durante el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), pese a que la Defensoría del Pueblo presentó los casos de al menos 18 muertes por esas prácticas.
“El fiscal no ha cumplido con las formalidades para hacer un archivo de investigación porque él ha recibido las declaraciones de 500 mujeres y ha tenido que pronunciarse sobre esas denuncias”, declaró el sábado la abogada de la organización feminista Demus, Rossy Salazar.
Al igual que el Instituto de Defensa Legal (IDL), Salazar presentó un recurso de queja contra el archivo de la Fiscalía, ya que considera que “hay suficientes evidencias” de la responsabilidad de Fujimori en este caso.
Dicha medida de la Fiscalía peruana, asimismo, ha motivado una campaña mundial de recogida de firmas por parte de Amnistía Internacional para exigir la revisión del archivo.
La presidenta del Consejo Directivo de Amnistía Internacional de Perú, Diana Zapata, declaró que esa decisión “es aberrante” porque es “la negación al acceso de los derechos de estas personas”.
Se trata de “un tema de discriminación, porque en su gran mayoría eran mujeres indígenas, campesinas, pobres, analfabetas y quechuahablantes que no pudieron dar su consentimiento, pleno, libre e informado antes de sufrir estas cirugías”, afirmó Zapata.
La investigación de las esterilizaciones forzosas fue reabierta en junio del 2013 por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, a recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado Peruano, debido al alto número de mujeres afectadas.
El controvertido programa promovido por Fujimori --condenado en 2009 a 25 años de cárcel por violación a los derechos humanos y corrupción-- forzó la esterilización de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales, a quienes con engaños y chantajes se les privó de sus capacidades reproductivas
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