Perú
¿Cuál es la relación entre conflictividad socioambiental, movimientos
sociales y derechos humanos en el Perú contemporáneo? Sin duda, cada
vez emergen más interpretaciones extensivas sobre los derechos actuales
y también nuevos derechos humanos. Esto se debe en parte, a la
creciente conflictividad socioambiental y al impulso que los distintos
movimientos sociales le están dando a estos derechos, con rasgos cada
vez más particulares y claro está, a la posición geoestratégica del
Perú con respecto a estos nuevos escenarios. Esto nos llevaría a
reflexionar en las causas y consecuencias, me detengo en una
consecuencia: la balcanización de la noción de Estado-Nación. El mismo
concepto desde donde se han construido muchas de nuestras instituciones
e identidades. La misma base también
desde donde se ha construido la doctrina de los derechos humanos que
desde 1948 viene tratando de equilibrar (cada vez menos) esta lógica
economicista cultural y económicamente liquida que impera.
Por tanto a la vez que asistimos al debilitamiento del Estado-Nación
observamos también el fortalecimiento del mercado trasnacional, de sus
actores financieros que a través de empresas o alianzas multinacionales
y consorcios económicos, definen políticas económicas que inciden de
manera alarmante en todo el planeta. El auge del capitalismo o el credo
neoliberal, es también un actor que debilita al Estado-Nación, este
pensamiento único, se consolida cada vez más ante nuevos e inciertos
escenarios en el marco de la globalización económica y política, a la
que también los movimientos sociales buscan dotarla de un cambio
político.
Los derechos humanos emergentes, suponen una nueva
concepción de la participación ciudadana, dando voz a actores
nacionales e internacionales que tradicionalmente han tenido un nulo o
escaso peso en la configuración de las normas jurídicas nacionales e
internacionales. Los movimientos sociales han sido los vehículos desde
donde se han impulsado y deben seguir haciéndolo si se quiere una
sociedad con justicia social, justicia ambiental y solidaridad
trasnacional en la defensa de territorios y recursos naturales. Quien
puede negar, por ejemplo, el aporte en la conciencia ambiental respecto
al caso Conga y su valor jurídico respecto al derecho a un medio
ambiente sano o el derecho humano al agua.
Estas
reivindicaciones de los movimientos sociales van siendo traducidas
mediante una agenda de derechos y es allí desde donde se esperan las
respuestas. Es decir, el Derecho concebido como un Derecho
transformador, es necesario dotarle de una fuente inspiradora que
reinterprete esta realidad y permita generar equilibrio ante la actual
arquitectura normativa asimétrica como es la que edifica el Derecho
corporativo. Bajo esta premisa podemos encontramos formulaciones como
la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, propuesta
en el marco del Fórum Universal de las Culturas de Barcelona en
septiembre de 2004, y aprobada en el Fórum de Monterrey (México) en el
2007. Desde esa perspectiva hay muchos derechos que se han ido
configurando, entre derechos nuevos sin ningún precedente o con escasos
vínculos con los derechos reconocidos jurídicamente como el derecho a
la renta básica o el derecho a la paz, otros derechos ya conocidos pero
con creativas interpretaciones como el derecho a habitar el planeta y
el medio ambiente, el derecho a la resistencia o el derecho a la verdad
y la justicia, son ejemplos que reavivan una lógica de derechos humanos
basado en la dignidad, que permiten generar mecanismos efectivos para
garantizar el plan de vida de individuos y comunidades a la luz de
estos tiempos.
Sin embargo, el Estado peruano y su creciente
ineficiencia para entender la conflictividad socioambiental aportan lo
suyo para resquebrajar esa construcción endeble del Estado-Nación. Solo
para referirnos a un indicador: tenemos una institucionalidad estatal
precaria, este diagnóstico también coincide con los más acuciosos
análisis del sector empresarial extractivo. Es decir sociedad civil
organizada y sector empresarial extractivo llegan a la misma
conclusión: es necesario trabajar en la institucionalidad estatal.
La diferencia es que en la práctica la CONFIEP [1] y sus principales
voceros presionan al Gobierno para “destrabar” proyectos, lo que
concretamente implica la flexibilización de instrumentos de control
ambiental (estudios de impacto ambiental EIA, CIRA, etc.);
flexibilización de mecanismos de participación política (restricción
del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas);
flexibilización de derechos laborales, etc. Esa es la respuesta del
sector empresarial extractivo que no hace más que contribuir a seguir
precarizando las instituciones. El Estado por su parte asume el
compromiso de implementar medidas que permitan “desbloquear” proyectos
[2] reduciendo sus márgenes de actuación a un papel de mero
facilitador, sin capacidad de garantizar derechos. Las preguntas que
nos hacemos algunos son: ¿Cuánto más puede soportar esta
institucionalidad precaria, el flujo de inversiones que como señala el
Presidente, aumentan a un ritmo de 35% anual [3] en las actividades
extractivas?, ¿Cuál es el límite ante la premisa que los conflictos
sociales son precursores de cambios institucionales sociales y
ambientales, con un Estado reducido a su mínima expresión de modelo
neoliberal?
El Gobierno asumió compromisos que no puede
cumplir con las poblaciones afectadas; por otro lado, asume nuevos
compromisos con los inversionistas nacionales y extranjeros a largo
plazo, que dejará un enorme impacto social y ambiental en las
poblaciones. Esta doble irresponsabilidad del Gobierno y de los propios
inversionistas y empresarios nacionales del sector extractivo irá
desembocando en más tensiones, que acaben por desbordar y generar
cauces distintos de conflictividad, con cambios en la configuración
territorial. Estamos entonces ante una balcanización del Estado
nacional y el fracaso de la construcción de un proyecto Estado- Nación
a la vieja usanza. En su lugar tenemos la impronta de un Estado
neoliberal, que por otra parte tendrá que hacer frente a la falta del
cumplimiento de compromisos del Gobierno, que se traduce en una crisis
de legitimidad y de gobernabilidad, indicadores que tienen poco interés
en una sociedad neoliberal donde el “éxito” económico es lo que
realmente preocupa.
Bajo esa realidad, los retos siguen
siendo los mismos, es necesario generar un aglutinamiento de aquellas
fuerzas que pretenden equilibrar el actual panorama, eso significa
trabajar de una manera más coordinada y estratégica. Son las
corporaciones empresariales extractivas, nacionales e internacionales,
los motores que impulsan estos cambios. Desde esa perspectiva un
Derecho transformador tiene que activar todos los mecanismos jurídicos,
políticos y comunicacionales para garantizar los derechos de las
poblaciones vulneradas. Se hacen necesarias interpretaciones creativas
de los cuerpos jurídicos y de diagnósticos políticos, de tal manera que
se agoten acciones de exigibilidad y justiciabilidad contra la
violación de distintos derechos humanos que lamentablemente, son
sistemáticamente vulnerados por los impactos de empresas
transnacionales y nacionales no solo en Perú sino en el planeta entero.
Notas:
[1] La CONFIEP es la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas.
[2] Discurso del Presidente de la Republica en la Ceremonia de cierre de PERUMIN-31 Convención Minera, 20-09-2013, Arequipa.
[3]
Son los datos brindados por el Presidente Ollanta Humala en la
ceremonia de cierre de PERUMIN-31, además agrega que el monto alcanzado
hoy es un total de casi 60,000 mil millones de dólares.
Luis
Hallazi es abogado y politólogo, asesor de la Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas-CAOI, especialista en Derechos Humanos por la
Universidad Carlos III de Madrid; Ciencia Política y Relaciones
Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente
candidato a doctor por la misma universidad. Contacto: luis.hallazi@gmail.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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