Un comunicado informa sobre esa solicitud debido a la agresión con armas de fuego sufrida el pasado sábado por labriegos de dos comunidades, efectuada por supuestos guardias privados de seguridad de un ingenio azucarero con los rostros cubiertos.
Lamenta la inacción para prevenir un nuevo deceso en el Valle del Polochic, departamento de Alta Verapaz, donde en marzo pasado hubo un fallecido en violentos desalojos por parte de la Policía y el Ejército.
Tras aquel hecho esa dependencia de la ONU expresó su preocupación sobre la incompatibilidad entre los procedimientos llevados a cabo y las normas internacionales de derechos humanos, recuerda el texto.
También manifestó el deber del Estado de tomar las medidas a su alcance en busca de una solución a la demanda de vivienda y tierra para garantizar la subsistencia de las más de 700 familias desalojadas en aquella zona.
Ahora reclama al Ministerio Público a conducir una pesquisa exhaustiva para esclarecer y determinar la legalidad y responsabilidad de las acciones cometidas.
Además, insta a controlar de manera efectiva a esas empresas privadas, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
Hechos como este ponen en evidencia que los problemas de fondo del campo en Guatemala no pueden ser resueltos a través de acciones unilaterales basadas en el derecho penal ni, mucho menos, en la acción de cuerpos de seguridad privados, señala el comunicado.
Llama la atención acerca de los problemas históricos de la concentración de las tierras, la falta de alternativas de subsistencia de las comunidades campesinas y la inseguridad alimentaria en estas, en particular las indígenas.
De esos afirma que deben ser abordados desde una política agraria integral, participativa y basada en un diálogo serio y de buena fe.
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