En un comunicado divulgado la víspera por el boletín digital La Voz del Sandinismo, el gobierno expresó su preocupación, rechazo y la más enérgica condena por la promulgación de esas disposiciones legislativas.
Asimismno manifestó su preocupación por la suerte de casi medio millón de trabajadores indocumentados, al tiempo que advirtió que esa legislación prácticamente autoriza una cacería de brujas que podría extenderse a otros Estados de la Unión.
El comunicado llama a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, "encargados de velar por los derechos humanos y de luchar contra la discriminación racial", a que adopten las medidas correspondientes.
Igualmente hace un llamado al gobierno de Estados Unidos a tomar las medidas necesarias para poner fin a estas políticas racistas y discriminatorias, y a cumplir con sus obligaciones internacionales relacionadas con el tratamiento a los inmigrantes.
El 23 de abril del pasado año, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley SB1070, que criminalizó la estadía en ese territorio estadounidense de inmigrantes indocumentados, lo que concitó numerosas críticas y protestas tanto en el país como en el exterior.
El pasado jueves, Brewer firmó dos nuevas leyes estaduales contra la inmigración indocumentada, que permiten a las autoridades de Arizona crear una milicia civil subordinada a la propia gobernadora para perseguir a los inmigrantes, y financiar la construcción de un muro fronterizo, respectivamente.
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