Un nuevo e importante informe sobre las políticas de detenciones secretas en todo el mundo, realizado por cuatro expertos en derechos humanos independientes de Naciones Unidas, concluye que: “A escala global, las detenciones secretas en relación con las políticas de contraterrorismo siguen siendo un grave problema”, y “si se recurre a ellas de forma sistemática y extendida, las detenciones secretas pueden alcanzar el umbral del crimen contra la humanidad”.
El informe, de 226 páginas, publicado el pasado miércoles como avance de una versión inédita, es la culminación de un estudio conjunto, que ha durado un año, del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o castigos degradantes, crueles e inhumanos, del Relator Especial para la promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales a la hora de contrarrestar el terrorismo, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias. Se presentará el próximo mes de marzo en el Consejo para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En la introducción, los expertos de Naciones Unidas establecen que:
“Se mantiene a una persona en detención secreta si las autoridades del Estado actúan en virtud de su capacidad oficial, o determinadas personas actúan bajo las órdenes de las mismas, con autorización, consentimiento, apoyo o aquiescencia del Estado, o en cualquier otra situación en que la acción u omisión de la persona que lleva a cabo la acción de detener es atribuible al Estado y priva a otra persona/s de su libertad; cuando a esa persona no se le permite contacto alguno con el mundo exterior (“detención incomunicada”); y cuando el que detiene o cualquier otra autoridad competente niega, rechaza confirmar o desmentir, u oculta de forma activa, el hecho de que se ha privado a una persona de su libertad, que se la ha escondido del mundo exterior, por ejemplo, ante su familia, abogados independientes u organizaciones no gubernamentales, o cuando se niegan a proporcionar, u ocultan de forma activa, información sobre el destino o paradero del detenido/a”.
Después de repasar el origen histórico de las detenciones secretas –en un contexto legal y a través de numerosos ejemplos del siglo XX-, el informe se centra fundamentalmente en las detenciones secretas de los últimos nueve años, proporcionando un detallado relato de las políticas de EEUU tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y haciendo también un repaso de las prácticas de detenciones secretas llevadas a cabo en otros 25 países, entre los que figuran Argelia, China, Egipto, India, Iraq, Irán, Israel, Libia, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí, Sri Lanka, Sudán, Siria, Uganda y Zimbabwe.
Esas secciones contienen valiosos resúmenes, que explican cómo, en muchos casos, se utiliza el terrorismo como tapadera de políticas de detención secreta de naturaleza política. Sin embargo, el corazón del informe lo constituye un análisis detallado de las políticas de la “guerra contra el terror” de la administración Bush.
De particular preocupación para los autores del estudio conjunto -más allá de la ilegalidad global de todo el proyecto concebido y ejecutado por la administración Bush- es el destino de docenas de hombres mantenidos en prisiones secretas dirigidas por la CIA, o transferidos por la CIA a prisiones de otros países. Basándose en cifras reveladas en uno de los tristemente célebres “memorandum sobre la tortura” de la Oficina del Consejo Legal, escrito en mayo de 2005 por el Fiscal General Adjunto Stephen Bradbury, en mayo de 2005, la CIA había “asumido la custodia de 94 prisioneros y había utilizado técnicas reforzadas en diverso grado en los interrogatorios de 28 de esos detenidos”.
Los 28 hombres sometidos a “técnicas reforzadas” son claramente “detenidos de alto valor” –incluyendo a Khalid Sheikh Mohammed, el supuesto cerebro de los ataques de 11/S, y Abu Zubaydah-, que fueron trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006, pero ningún informe oficial ha explicado nunca qué sucedió con los otros 14 detenidos de alto valor, ni tampoco con la mayoría de los 66 hombres restantes.
El informe establece también que, como mínimo, se llevó a muchas docenas de otros prisioneros a cárceles de otros países.
Siguiendo la pista de esos hombres, el informe descubre el desarrollo del programa de detenciones secretas de EEUU, recurriendo a nuevas investigaciones de los registros de vuelos para demostrar que los aviones con los que se llevaron a cabo las entregas, cuidadosamente ocultados en los registros, volaron a Polonia, Rumania y Lituania. El informe también se refiere a la existencia de una instalación secreta dentro de Guantánamo, expuesta por Scott Horton en el Harper’s Magazine de la pasada semana, que hizo que los expertos señalaran que estaban “muy preocupados ante la posibilidad de que tres detenidos de Guantánamo (Salah Ahmed Al-Salami, Mani Shaman Al-Utaybi y Yasser Talal Al-Zahrani) pudieran haber muerto el 9 de junio de 2006 durante los interrogatorios realizados en esas instalaciones, en lugar de en sus propias celdas,”.
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