Millones de nuevos pobres en Bolivia

 Alfredo Serrano Mancilla, Nicolás Oliva

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Estamos cada vez más cerca de la cita electoral en Bolivia. Han pasado más de 300 días desde que Áñez asumiera como presidenta de Bolivia sin haber sido electa para tal menester. En este tiempo, claramente se extralimitó en la mayoría de las decisiones y no respetó el “espíritu transitorio” que debía marcar su gestión. Lo hizo en materia de Relaciones Internacionales, Justicia, sectores estratégicos, Fuerzas Armadas, etc. Y, cómo no, también tomó las riendas en los asuntos económicos y sociales. 

No cabe duda de que la pandemia es un hecho global que ha afectado a la economía de todos los países. Pero también es verdad que una buena parte de los gobiernos han reaccionado con políticas que amortiguan este impacto negativo. Si observamos el estudio realizado por la Universidad de Columbia (Economic policy responses to a pandemic: Developing the Covid-19 economic stimulus index), queda absolutamente demostrado que Bolivia está en la cola de los países en América Latina con menor porcentaje de su PIB dedicado a políticas fiscales expansivas: apenas el 1%, mientras se prevé que la caída de su economía sea -en el caso más optimista- del 6% (según Banco Mundial; y muy similar al dato del Banco Central de Bolivia). Aunque seguramente la caída será mucho mayor si seguimos el ritmo de actualizaciones a la baja que vienen haciendo la mayoría de organismos internacionales. 

En economía, como bien sabemos, no hay milagros. Todo tiene su por qué. Si se hunde la economía por motivos externos y no se hace nada para solventarlo, entonces la ecuación se resuelve con una gran crisis empobrecedora. Este es el caso de la Bolivia gobernada por Áñez. 

Y, en este sentido, es importante no olvidar una cuestión obvia: cualquier contracción económica no afecta a todos por igual. Siempre unos salen peor que otros. No es lo mismo un shock económico adverso para la población que obtiene ingreso diario, respecto a otra que tiene empleo formal y estable, con mayor capacidad económica, con ahorros. Por tanto, es fundamental simular el impacto económico negativo, cualquiera que fuera, considerando que tal efecto se distribuye desigualmente por deciles. 

Si microsimulamos la caída del 6% del PIB pronosticada por el Banco Mundial, siguiendo el patrón identificado en las encuestas continuas de empleo de Bolivia de los últimos años, y considerando la política de “brazos caídos” de Áñez, entonces tendríamos que en Bolivia se habría generado algo más de un millón de nuevos pobres (1.059.672); y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema.

Si en vez de considerar ese escenario tan optimista, asumiéramos lo planteado en la investigación realizada por Beatriz Muriel (Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo), que estima que la pandemia ocasionaría una pérdida de ingresos de entre 30-50%, según el cuantil, entonces tendríamos más de dos millones de nuevos pobres en Bolivia (2.739.826). De estos, 2 millones vivirían en condiciones de extrema pobreza.

En un nivel intermedio está nuestra propia predicción como CELAG, que considera una caída del PIB boliviano del 7,9%, que generaría más de un millón de nuevos pobres, siempre y cuando no se implementen medidas y acciones económicas diferentes a las que actualmente lleva a cabo el Gobierno de Áñez. Entre ellos, casi 800 mil personas entrarían a la pobreza extrema y 1,4 millones engrosarían la pobreza.

 

 

Luego del ciclo largo de políticas exitosas implementadas por el MAS para erradicar la pobreza, como así lo certifica la totalidad de los organismos internacionales, en estos pocos meses la ineficacia de la política económica y social del Gobierno de Áñez frente a la pandemia ha provocado un masivo empobrecimiento de la ciudadanía boliviana; entre uno y dos millones de nuevos pobres, según sea el escenario considerado. Y lo más preocupante de esta situación es que aún se puede agravar más si no se hace nada. 

Lo único esperanzador es que en pocos días habrá elecciones y se abrirá la posibilidad de que el pueblo boliviano elija una opción que le dé mejores condiciones de vida, en vez de empobrecerles deliberadamente. El candidato Arce ya demostró que sí sabe crecer desempobreciendo; y al otro lado, está Mesa que es una incógnita en materia económica porque apenas ha explicado qué haría para erradicar la pobreza. Veremos qué ocurre. 

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)

http://www.celag.org

@CELAGeopolitica 

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¿Por qué una nueva Constitución para Chile?

 Hervi Lara B.

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Una nueva Constitución es imprescindible para construir un país en el que “el pan alcance para todos”. La Constitución de 1980 no es auténtica Constitución, sino sólo una ley fundamental impuesta por la fuerza, por lo que histórica, social, legal y éticamente está cuestionada tanto en su elaboración como en su aprobación. En su núcleo estructural privilegia a unos pocos y excluye a las mayorías. Lo que hoy vivimos es bajo la tutela pinochetista, por lo que es letra opresiva que se acata, pero que no se obedece ni se cumple moralmente. Ello sucede porque el texto dirigido por Jaime Guzmán no expande la vida; oculta el desorden de la verdad atropellada; mantiene los derechos conculcados; porque falta la alegría (que no llegó) y se han nublado las esperanzas. 

Chile requiere una Constitución democrática, en la que sus defectos sean corregidos en virtud de su propio dinamismo. Esto debe ser así, porque la democracia es riesgo, es aventura, es participación razonable en la conducción de la vida cívica, es búsqueda de integración social. (1). Una auténtica Constitución debe contener en su esencia al Bien Común, esto es, que el interés privado esté subordinado al interés público, como ya lo dijera Aristóteles varios siglos antes de Cristo. (2) Ello significa, en primer lugar, que la economía esté subordinada a la política y que tanto la economía como la política y también el derecho sean expresiones de la ética. En términos directos, se trata de que los derechos humanos no separen la economía de la política, sino que se produzca una implicancia entre los derechos jurídicos, civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales, a los que deben sumarse los derechos de tercera generación. De esta manera, una nueva Constitución podría afrontar y crear condiciones de posibilidad de superación de las enormes desigualdades y segregaciones que padece la mayor parte de la población chilena. 

Se trata de una “insurrección pacífica”, al igual como fue el planteamiento de la resistencia francesa tras la ocupación nazi, siendo portavoz de partidos, movimientos y sindicatos: “un plan completo de seguridad social, con miras a asegurar los medios de vida a todos los ciudadanos, en todos los casos en que estos fueran incapaces de obtenerlos a través de su trabajo”. Para realizar aquello se debían nacionalizar las riquezas básicas, los grandes bancos y devolver a la nación los medios de producción monopolizados, fruto del trabajo común. (3). 

En las actuales condiciones, en Chile no existe manera de que aquello sea realidad, porque la estructura de la sociedad emanada de la dictadura pinochetista es antihumana, irracional, niega la promoción de la vida, no acepta la igualdad para todos, sino que privilegia a los poderosos. Para estos últimos, un pueblo consciente y politizado significa un peligro. Por tanto, evitan dicho peligro convirtiendo en realidad la afirmación de que “para dar libertad al dinero las dictaduras encarcelan a la gente”. (4). 

Una nueva Constitución debe desmontar el fetichismo que rodea la pseudodemocracia capitalista, porque en el capitalismo lo que se denomina democracia es un pacto por el cual los explotados renuncian a su derecho de decisión para negociar las condiciones de su propia explotación y así poder sobrevivir. (5). La experiencia de la historia de Chile y de la historia de América Latina demuestra que ante el menor amago de transformación social se desencadena la violencia reaccionaria. La Unidad Popular y el levantamiento popular del 18 de octubre de 2019 son claras demostraciones de lo antes aseverado. 

Una nueva Constitución permitirá abrir caminos de superación del miedo, el cual es la “materia prima” del capitalismo, cuya metodología es el ejercicio del terror. (6). La superación del miedo va de la mano de la política, esto es, de la regeneración moral del país. Ello implica “decir lo que se debe decir, porque ello dignifica y ennoblece la vida”. (7). Política es moverse por ideales que, aunque pudiendo ser erróneos, jamás son mentiras. Es la crítica de la realidad en pos de otra realidad más digna, gestora de una nueva cultura que, a su vez, exige un proceso de descolonización del conocimiento para derrotar a la mentira. La mentira no se derrota sólo con consignas y eslóganes, sino con educación y conciencia para que el pueblo mantenga vivo su espíritu. 

Frente a un capitalismo cada vez más beligerante, una nueva Constitución debe abrir vías para acabar con él, antes que el capitalismo acabe con Chile y con la humanidad. En el presente proceso constitucional el pueblo tiene una oportunidad de transformar también su fragilidad organizativa, su inmadurez política y el espontaneísmo. Emulando a José Martí, “la guerra que se nos libra es de pensamiento. Ganémosla a fuerza de pensamiento”. 

Santiago de Chile, 25 de septiembre de 2020. 

Notas 

1. Cfr: Jorge Millas, “Con reflexión y sin ira”. (Discurso ante el pseudo plebiscito de 1980. Teatro Caupolicán. Santiago, agosto de 1980).

2. Cfr: Aristóteles, “Política”.

3. Stépahane Hessel, “Indignez vous”.

4. Eduardo Galeano, “Patas arriba”. (La escuela del mundo al revés).

5. Cfr: Atilio Borón, “Aristóteles en Macondo”. (Notas sobre democracia, poder y revolución en América Latina). / Ed. América en Movimiento, Santiago, 2015.

6. Cfr: Pablo Dávalos, “La democracia disciplinaria”. (El proyecto neoliberal para América Latina). / Ed. Quimantú, Santiago, 2012.

7. José Ferrater Mora, “Unamuno”. (Bosquejo de una filosofía). / Ed. Losada, Buenos Aires, 1944.

 

Fuente: El Ciudadano (Chile)

 https://www.alainet.org/es/articulo/209071