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martes, 31 de diciembre de 2019

Fernández logra congelar los precios de combustibles, alimentos y peajes en Argentina

Feroz campaña opositora


Buenos Aires. En este fin de año complejo y difícil, pero con una población más esperanzada, el gobierno de Alberto Fernández logró congelar los precios del combustible, los alimentos, el peaje y otras medidas importantes, mientras comenzó a encenderse la economía con la aplicación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica, en el contexto de Emergencia Pública, votada recientemente, como prioridad para enfrentar la crisis del país que está a punto de la cesación de pagos, y con la decisión de algunos sectores empresariales, como el de los aceiteros, que decidió un importante bono para su trabajadores para paliar la situación.
A 20 días de su llegada, el gobierno de Fernández está sufriendo una nueva y feroz campaña de la oposición derechista, que se expresa en la manipulación y tergiversación de las medidas que tomó rápidamente ante la emergencia del hambre, la pobreza, el desempleo, y con 50 por ciento de la industria parada, tras haber caído en forma permanente durante los cuatro años de la administración de Mauricio Macri.
Analizando el registro de la deuda más grande contraída desde los primeros años del retorno a la democracia en 1983, y de lo actuado por el macrismo con medidas que afectan duramente la soberanía nacional, tanto analistas locales como internacionales coincidieron en seguir hablando de tierra arrasada o campo minado a lo recibido por Fernández el pasado 10 de diciembre.
Fernández no pudo gozar de la tradicional luna de miel que habitualmente se entrega a todo nuevo gobierno, definido en 100 días. Ni una semana pudo relajarse con la prudencia de la oposición, la calma de grandes medios o la cordura de líderes de los productores agropecuarios. Como si no hubieran existido los cuatro años de devastación macrista, las críticas son rabiosas y la resistencia (opositora) desaforada, analiza el periodista Alfredo Zaiat en Página/12.
El programa de medidas tomadas por la nueva administración para frenar la caída de la economía y el deterioro sociolaboral es impunemente tergiversado al calificarlo de ajuste, sostiene Zaiat, y refiere el tratamiento de la prensa favorable al anterior gobierno, que instaló falsamente la idea de que se congelaban las jubilaciones, cuando sucedió todo lo contrario.
Los jubilados están recibiendo un bono de 10 mil pesos repartido por mitades en diciembre y enero y todos tendrán un aumento en marzo, señala el periodista, y menciona la asombrosa distorsión de la situación económica, aclarando que redistribuir ingresos en forma progresiva no significa aplicar un ajuste a la economía; que la crisis deben pagarla quienes tienen más recursos en términos relativos, y eso no es un ajuste; tampoco lo es ordenar las cuentas fiscales desquiciadas luego de cuatro años de proyecto neoliberal.
Son los mismos medios que llamaban sinceramiento al largo ajuste de los cuatro años de Macri que en términos históricos, significó una caída de tal duración y magnitud que sólo es comparable con lo sucedido durante 2001, la hiperinflación o la crisis de 1982, ubicando la de 2018/2019 entre las más graves de la historia reciente y ahora a una política de redistribución progresiva de recursos y de recomposición del consumo popular la califican de ajuste o un impuestazo.
El gobierno de Kicillof
Uno de los más castigados en estos momentos es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien denunció a la oposición de Juntos por el Cambio, que dejaron una situación insostenible y ahora se oponen a las medidas necesarias para enfrentar la situación, en referencia a lo actuado por los legisladores opositores que tienen mayoría en el Senado, que no permitió el tratamiento la semana pasada en el Congreso provincial de la Ley Impositiva que gravaba a terratenientes y a los sectores de mayor riqueza.
Dentro del programa de las prioridades, el gobernador decidió cobrar más de impuesto inmobiliario a los grandes propietarios rurales (de 2 mil hectáreas hacia arriba), que sólo conforman 7 por ciento de las partidas emitidas y otorgar excepciones a los chacareros de menos de 100 hectáreas (tambos y ganadería) lo cual fue difundido por la prensa de guerra –como se le llama aquí a los medios en campaña antigubernamental– a informar sobre “un impuestazo”.
La decisión de Kicillof, además, mostró una verdad oculta y es que existe el latifundio invisibilizado y quedaron expuestas las enormes diferencias que existen en la provincia de Buenos Aires, recibió el respaldo de los intendentes peronistas y citó a los opositores para este jueves a una reunión en la que intentará cerrar la negociación.

Corresponsal
Periódico La Jornada

Vergonzoso, ver a países de AL, incluido Brasil, sometidos a la voluntad de EU: Lula

Critica articulación profunda de la extrema derecha

El ex mandatario asegura que seguirá su lucha por la democracia

Lo que ocurre en América Latina es una articulación profunda de la extrema derecha liderada por Estados Unidos, afirmó el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien en entrevista concedida en exclusiva a Telesur reafirmó: Voy a luchar hasta restablecer la democracia en Brasil, ante la situación actual que vive su país con el gobierno de Jair Bolsonaro.
Hace algunos días el líder del Partido de los Trabajadores criticó el papel de la Organización de Estados Americanos en la región y aseguró que es una vergüenza, ya que actualmente se observa a varios países latinoamericanos sometidos a la voluntad estadunidense, informó el portal de noticias www.nodal.am.
Entre estos países mencionó a Brasil y al gobierno de Bolsonaro, quien se ha convertido en aliado de aquellos gobiernos injerencistas que buscan desestabilizar al continente y que atacan a los sectores que demuestran estar en desacuerdo con sus políticas.
Acusó a Washington de liderar los intentos por destruir aquellos sistemas que defienden su democracia y la soberanía de sus recursos.
Acerca del golpe de Estado en Bolivia, criticó que las fuerzas armadas no respaldaran al presidente legítimo Evo Morales y que tomaran partido por quienes violentaron la democracia y atacaron a la población.
Sobre las elecciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en México, y Alberto Fernández en Argentina, aseguró que representan una esperanza para la región, especialmente para el pueblo de la nación sudamericana, a quien reconoció su compromiso por regresar a la democracia luego del gobierno de Mauricio Macri.
Lula felicitó también al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y al pueblo de Venezuela por resistir el bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos, así como los intentos de la extrema derecha por regresar a la violencia y no participar en un diálogo para garantizar la paz.
El líder obrero recordó a los venezolanos que sólo ellos son responsables de resolver sus problemas y elegir a sus gobernantes sin caer en provocaciones de quienes no respetan la voluntad de las mayorías y de aquellos que buscan desestabilizar el país.
También recordó la época en que Latinoamérica contó con presidentes como Hugo Chávez (Venezuela), Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Néstor Kirchner y Cristina Fernández (Argentina), Tabaré Vázquez (Uruguay) y él y Dilma Rousseff (Brasil), periodo en el que la región alcanzó logros populares y donde la democracia ejerció un papel fundamental.
Sobre el proceso judicial en su contra afirmó que éste poco a poco será desacreditado por la irregularidades que hubo detrás de su detención.
En cuanto a sus planes, reafirmó que Brasil “tiene todas las condiciones para recuperar un debate democrático y combatir el neoliberalismo que destruyó todo el patrimonio público.
Los días que estuve detenido en la prisión de Curitiba me fortalecieron políticamente y hoy tengo mayor voluntad de luchar hasta restablecer la democracia en Brasil, advirtió el dirigente izquierdista que enfrenta varios procesos por cargos de corrupción.

Periódico La Jornada

Giuliani habló con Maduro en 2018 para presionarlo a dejar el poder

Quería que se fuera por la puerta de atrás

El Washington Post revela que el abogado personal de Trump ejercía una diplomacia a la sombra

Foto
▲ Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York y abogado personal del presidente Donald Trump, en imágenes de archivo.

Washington. Rudolph Giuliani, abogado personal del presidente estadunidense, Donald Trump, conversó por teléfono con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en septiembre de 2018, con la intención de presionarlo a dejar el poder, en una presunta diplomacia paralela, informó ayer el diario The Washington Post.
Matt Mackowiak, vocero del entonces representante republicano por Texas, Pete Sessions, quien también habría participado en la llamada, confirmó al rotativo que la conversación fue una maniobra de seguimiento a la reunión que sostuvo su jefe con Maduro en Caracas la primavera de ese año.
Estas acciones formaban parte de una iniciativa diplomática en la sombra, apoyada por el sector privado, según el Post, para abrir de nuevo a Venezuela, rico en recursos naturales, al mercado y a los negocios privados extranjeros.
Sessions, quien representaba en el Congreso a un distrito que acoge a compañías petroleras que tuvieron intereses en Venezuela, regresó de su viaje a Caracas con una lista de garantías que había aceptado Maduro para dejar el poder, según la publicación.
De acuerdo con las declaraciones brindadas al diario, Giuliani, quien no ostenta ningún cargo en la administración Trump, conversó con John Bolton, entonces asesor de seguridad nacional, para definir un plan que buscaba la salida del gobernante bolivariano por la puerta de atrás después de que Sessions ya había hecho varios contactos relacionados con Maduro.
El diario reportó previamente que Giuliani llegó a un acuerdo para negociar una comunicación indirecta entre Maduro y Trump. Los contactos extranjeros del abogado y ex alcalde de Nueva York fueron sometidos a escrutinio como parte de la investigación del juicio político contra el jefe de la Casa Blanca, impulsado por la Cámara de Representantes.
Giuliani también fue acusado en el impeachment de ser responsable de establecer comunicaciones entre Trump y el gobierno del presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, con la finalidad de presionar para que abriera una indagatoria a Joe Biden, precandidato demócrata, y al hijo de éste en el país europeo con el fin de beneficiarse en las próximas elecciones presidenciales, a cambio de recibir apoyo militar de Washington.
Los impulsores del juicio de destitución denuncian que Trump faltó a sus obligaciones constitucionales y antepuso sus intereses personales a los de la nación durante el intercambio con Ucrania.
En este contexto, Erik Prince, importante donante republicano y fundador de la controversial empresa de seguridad Blackwater, fue referido al Departamento del Tesoro debido a posibles violaciones a las sanciones a Venezuela relacionadas con su reciente viaje a ese país el mes pasado, donde se reunió con la vicepresidenta bolivariana, Delcy Rodríguez, informaron ayer dos funcionarios estadunidenses.
No hay indicios de que Prince, hermano de la secretaria de Educación, Betsy DeVos, será sancionado por la reunión. Pero el hecho de que la visita haya causado alarma resalta la preocupación de los funcionarios en el gobierno de Trump sobre lo que aparentemente fue un acercamiento diplomático no autorizado con Maduro.
Los hechos ocurren justo cuando parece que se diluye el apoyo al líder opositor Juan Guaidó en Venezuela, si no es que también en Washington.
En Caracas, tres presuntos militares venezolanos identificados como Josué Abraham Hidalgo, Franklin Caldera y Ruso Cárdenas, anunciaron en un video publicado en redes sociales antier una sublevación contra Maduro.
En la grabación, Hidalgo, quien dice ser teniente, argumenta: Con el objetivo fundamental de cumplir con nuestro deber, amparados en los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución, en nuestra condición profesional, estamos autorizados a hacer uso de la fuerza en tierra venezolana para defender y hacer respetar nuestra Carta Magna.
Además, llamó a sus compañeros militares a no ofrecer sus servicios al gobierno de Maduro, a preservar el honor de la Guardia Nacional Bolivariana y a defender a la población del país hasta el último aliento.

Foto Afp y Guillermo Sologuren
Periódico La Jornada

Fuerte respuesta de Madrid a La Paz: ordena la expulsión de tres diplomáticos

Aumenta el acoso
Acción de reciprocidad
Da plazo de 72 horas para que dejen el país el encargado de negocios y los agregados militar y policial

Madrid. En medio de la crisis diplomática a tres bandas entre México, España y Bolivia, el gobierno ibérico encabezado por el socialista Pedro Sánchez ordenó expulsar a tres miembros de la embajada de Bolivia en España, a los que dio 72 horas para abandonar el país. Se trata de una medida de reciprocidad y como respuesta a que la presidenta de Bolivia, Jea­nine Áñez, declaró personas non gratas a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado; a la encargada de negocios de España en la nación andina, Cristina Borreguero; al cónsul de España en La Paz, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados que asistieron a un acto conjunto.
El origen de la disputa entre esas dos naciones es una visita de cortesía que hizo la encargada de negocios de España en Bolivia, Borreguero, a la embajadora mexicana, que desde el golpe de Estado contra el presidente legítimo Evo Morales ha mantenido una intensa actividad diplomática para garantizar la vida de los funcionarios y ex miembros del gabinete del gobierno anterior.
▲ El gobierno español, que encabeza el socialista Pedro Sánchez, dio la orden de expulsar a tres miembros de la embajada de Bolivia en España.Foto Ap
Esa visita de los funcionarios españoles a la embajada de México fue vista por algunos sectores del gobierno boliviano como un intento de sacar de allí a los asilados políticos, algo que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español se ha rechazado rotundamente.
Lo único que se anunció por parte de la ministra temporal, Margarita Robles, fue una investigación sobre el asunto para esclarecer los hechos, independientemente de que los tres diplomáticos bolivianos abandonen de inmediato el país. Se trata del encargado de negocios, Luis Quispe Condori; el agregado militar, Marcelo Vargas Barral, y el agregado policial, Orso Fernando Oblitas Siles.

Corresponsal
Periódico La Jornada

Los congresistas bolivianos condenan proceder de Áñez

Aumenta el acoso

La gobernante “actúa de manera hormonal e ilegal“, afirma el líder camaral del país andino, Sergio Choque

La Paz. El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Sergio Choque, criticó ayer la expulsión hormonal e ilegal de diplomáticos de México y España por parte de la presidenta de facto, Jeanine Áñez.
Choque, del partido Movimiento al Socialismo (MAS), afirmó que Áñez actúa de manera hormonal e ilegal por pedir que se retiren del país diplomáticos extranjeros y recordó que su gestión es transitoria, señaló la emisora boliviana Éxito.
FotoÁñez declaró ayer personas non gratas a la embajadora de México, María Teresa Mercado; a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero; al cónsul español, Álvaro Fernández, entre otros miembros del cuerpo diplomático, tras la controvertida visita del fin de semana de personal español a la embajada mexicana donde están asilados ex ministros del presidente en el exilio, Evo Morales.
Choque advirtió: esto va a provocar que tengamos posteriormente rupturas de relaciones con estos dos países que en el ámbito internacional jugaban un papel importante en el apoyo en el desarrollo de nuestro país.
En cualquier caso, exigió una investigación sobre los cuatro encapuchados –policías españoles en función de escolta– que intentaron entrar en la residencia mexicana en La Paz, para verificar si éstos tenían la intención de evacuar al ex ministro Juan Ramón Quintana, acusado de terrorismo y sedición.
▲ Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, expresó que las aciones de Jeanine Áñez provocarán rupturas de relaciones con México y España.Foto tomada de Twitter
La presidenta del Senado, Eva Copa, en funciones de presidenta del parlamento, dijo: Lo único que estamos causando (con esas expulsiones) es mayor conflicto y daños bilaterales con países que ayudaron al nuestro en temas económicos y de relaciones internacionales. Lamentó que Áñez no haya considerado la larga cooperación entre ambos países ni el papel de España en la pacificación de Bolivia tras el golpe de Estado de noviembre, del cual surgió el gobierno de facto.
En otro asunto, la Asamblea Legislativa Plurinacional tratará en enero, tras el receso de fin de año, la carta de renuncia de Morales, que hasta ahora no ha sido aceptada ni rechazada formalmente, anunció ayer Copa.
La lectura de la renuncia del presidente y el vicepresidente (Álvaro García Linera) se tocará dentro de la agenda, retomando la Asamblea Legislativa, pues corresponde, no se ha tocado aún, indicó a la prensa la parlamentaria del MAS, partido que tiene más de dos tercios en ambas cámaras.
Por otro lado, la Fiscalía General abrió una investigación contra los responsables del programa de radio La Resistencia por presuntos delitos de uso indebido de influencias y sedición.

 Periódico La Jornada

Bolivia expulsa a la embajadora de México y al cónsul de España

Aumenta el acoso
Lesionaron nuestra soberanía: Jeanine Áñez

Policías y activistas generan tensión en los alrededores de la residencia de la diplomática


La Paz. Bolivia ordenó expulsar a diplomáticos de México y España, tras la controvertida visita del fin de semana de personal español a la embajada mexicana, donde están asilados ex ministros de Evo Morales, desencadenando una medida de expulsión recíproca de bolivianos por Madrid.
La presidenta interina Jeanine Áñez Chávez declaró personas no gratas a la embajadora de México, María Teresa Mercado; a la encargada de Negocios de España, Cristina Borreguero; al cónsul español, Álvaro Fernández, y al grupo de presuntamente diplomáticos encapuchados y armados relacionados en el incidente del pasado viernes.
Jeanine Áñez dijo en una declaración de prensa en el Palacio Quemado que ellos han lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia y ordenó que abandonen el país en un plazo de 72 horas.
En la residencia mexicana, situada en un exclusivo barrio en el sur de la ciudad de La Paz, se encuentran de nueve a 10 ex colaboradores de Evo Morales desde que éste dimitiera el 10 de noviembre, tras casi 14 años en el poder, luego de una convulsión social por las elecciones generales del 20 de octubre, declaradas fraudulentas por observadores internacionales de la OEA.
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▲ La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, realizó una conferencia de prensa en La Paz y dio 72 horas para abandonar ese país a la embajadora de México y a funcionarios de España.Foto Afp
Entre los asilados están los ex ministros Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, con órdenes de detención, y otros bajo investigación. Todos están denunciados por los delitos de sedición y terrorismo, por lo que La Paz les niega salvoconductos para salir del país.
El gobierno boliviano denunció que la encargada de negocios y el cónsul de España llegaron a la embajada de México, junto con personal encapuchado y presuntamente armado de seguridad, con el objetivo de evacuar al ex ministro Quintana, brazo derecho de Morales desde que llegó al poder en 2006.
La residencia mexicana continuaba este lunes bajo una nutrida seguridad policial, que vigila a todo automotor que circula por el lugar, mientras una veintena de activistas civiles también se instalaron para protestar de manera pacífica contra el gobierno extranjero, constató la Afp.

Periódico La Jornada

Amanece, que no es poco

15 días de Gobierno

En el marco de una necesaria, aunque, por ahora, muy desigual batalla cultural, ofrezco algunas reflexiones acerca de los primeros pasos del gobierno de Alberto Fernández. En particular, analizaré las primeras medidas del gobierno para responder la pregunta crucial de quién paga la crisis, quiénes son los “ganadores” y los “perdedores” de estas medidas.
Desde sectores opuestos, hay dos enfoques para la respuesta a este interrogante que no dudo en que deberían descartarse.
Un extremo es el de los medios hegemónicos, que apoyan las descarnadas recetas neoliberales del macrismo y sectores de ideologías afines, pero que critican las medidas del gobierno “por izquierda”, con una fingida sensibilidad ante el drama social. Estos sectores –que vienen protegiendo las superganancias de los grandes exportadores de granos y callando sobre la necesidad de gravar las que se llevan los bancos o las empresas energéticas, mineras y petroleras– “descubren”, de la noche a la mañana, que el pueblo sufre con los ajustes y que destinar fondos al pago de la deuda externa resta recursos a la salud, la vivienda, la educación, la lucha contra la pobreza.
El otro enfoque que debe descartarse es el del trotskismo, que simplifica esquemáticamente datos ciertos, con propuestas para la acción incapaces de orientar con éxito la acción concreta, en este momento histórico y con la identidad y convicciones que los trabajadores, y la población en general, tienen en la Argentina de hoy.
Una primera respuesta al interrogante de quienes ganan y quienes pierden con las medidas gubernamentales se basa en dos ejes:
Uno, el rumbo general de las medidas del gobierno responde a las promesas electorales de socorrer a los millones de argentinos que el macrismo ha sumado a la pobreza, muchos de ellos directamente condenados al hambre y la más completa desprotección estatal.
Otro, la falta de recursos se está cubriendo sólo parcialmente con el aporte de los que más tienen, los que se beneficiaron de la brutal transferencia de recursos que les fueron arrebatados a los trabajadores y sectores más vulnerables en los últimos cuatro años, pese a que –lejos de perder– lograron importantes ganancias entre 2003 y 2015.
¿Por qué decimos que el rumbo general responde a las promesas electorales?
Es así, en la medida en la que suponen una presencia sólida del Estado en la asistencia de los sectores más golpeados por la crisis, además de que favorecen la recuperación del consumo y una eventual reactivación productiva. Entre otras que apuntan a ese objetivo pueden citarse:
  • Plan contra el hambre
  • En relación con los jubilados, se aplicó el aumento correspondiente a diciembre, la devolución de parte del IVA en compra de alimentos y una compensación de $ 10.000 en dos pagos para los que cobran la mínima, que será de $2.000 en el caso de la AUH.
  • Es falso que se congelan los haberes. El beneficio, que alcanza al 70% del total, no llega a devolver la dignidad, ya que, sólo para recuperar los ya insuficientes niveles de 2015, debería ser del 100%. Sin embargo, es un paso para reacomodar toda la escala, la que recibirá incrementos trimestrales -eran semestrales- hasta la aprobación de una nueva fórmula de movilidad.
  • Se postergaron hasta abril las cuotas del primer trimestre de los créditos Argenta y se redujeron 12 puntos porcentuales sus tasas de interés. Esta medida supone un importante alivio para los casi cuatro millones de “damnificados" por estos préstamos usurarios que el anterior gobierno, todos jubilados, pensionados y beneficiarios de ayudas sociales.
  • Habrá aumento salarial a privados y estatales, a cuenta de paritarias, para las que se fijará un monto o porcentaje mínimo, por debajo del cual no podrá acordar ningún gremio, y todos podrán convenirlo por encima sí. Es otra mentira impuesta que se suspenden las paritarias.
  • Ya se congelaron las tarifas de electricidad y gas, un punto clave en la desdolarización de la economía. Tampoco se aplicarán los aumentos otorgados por Macri para enero, una bomba de tiempo a estallar en 2020.
  • Se recupera la gratuidad de los medicamentos para 2 millones de jubilados, hay una reducción mínima del total, y se controlarán los aumentos de los que consume toda la población.
  • Un porcentaje fijo de los fondos de algunos de los nuevos impuestos sancionados irá directamente para financiar el PAMI.
  • Aquellos empresarios que pretendan despedir trabajadores incorporados a partir del 23 de diciembre deberán pagar doble indemnización.
  • Se reglamentarán beneficios para las Pymes -principal fuente de empleo y de abastecimiento del mercado interno- más de 20.000 de las cuales ya desparecieron, y otras 700.000 se encuentran en situación crítica: moratoria de sus deudas con el Estado, condonación de multas, intereses y extinción de la acción penal.
¿Por qué entendemos que la falta de recursos se está cubriendo sólo parcialmente con el aporte de los que más tienen?
Para responder, se impone analizar otras decisiones del gobierno y, también, la falta de otras que considero que serían necesarias para superar la difícil coyuntura socio-económica en la que nos encontramos.
No dudo en valorar el incremento de la alícuota de Bienes Personales, particularmente en el exterior, en donde se han fugado una parte significativa de las fortunas amasadas en el país, y blanqueadas por Cambiemos.
Es evidente la justeza del congelamiento de las tarifas de servicios públicos por 180 días, lapso en el que se definirá un criterio razonable para su actualización. El compromiso es poner fin a la dolarización que permitió fabulosas ganancias para las empresas, y el empobrecimiento de los usuarios, sin inversiones que permitieran mejorar las prestaciones.
Sin embargo, cuesta entender la inexistencia de medidas para que los bancos tributen por las ganancias que obtuvieron (y siguen obteniendo) a través de la “timba” con los bonos y letras del Estado, gracias a las políticas de la gestión macrista. Estas les permitieron tomar dinero del Estado (dinero proveniente de los impuestos y los aportes de todos los argentinos) con tasas de interés astronómicas, pero sin riesgo alguno. Todavía esperamos por una Ley de Entidades Financieras que finalmente reemplace a la de la dictadura”.
La cacareada angustia cerealera encubre que, gracias a la devaluación y la baja de derechos de exportación, durante la era Macri, el sector agropecuario aumentó sus ingresos en un 607%. Si descontamos la inflación de este porcentaje, advertimos que las ganancias de estos sectores se duplicaron en los últimos cuatro años, especialmente, en el caso de los grandes exportadores, que deberían aportar más y mejor.
Cabe preguntarse si es el apremio de lograr inversiones que aporten divisas al país fundamenta la reducción de las retenciones a las petroleras o no modificar las de las mineras. La angustiante búsqueda de dólares no puede servir como excusa para lo injustificable: darle vía libre al glifosato y a las fumigaciones, tener un Secretario de Minería vinculado a la Barrick Gold o un acuerdo de Cambiemos con el justicialismo de Mendoza que permitirá la contaminación de la megaminería.
El hecho de que no se esté gravando a estos nudos del privilegio y la depredación es doblemente preocupante si se tiene en cuenta el concepto de solidaridad que ofrecen algunos funcionarios.
Al igual que durante la gestión del Frente para la Victoria, se argumenta que debe haber solidaridad entre los propios trabajadores, en lugar de fomentar esa solidaridad entre los sectores más privilegiados por el uso y el abuso de su propiedad del capital y aquellos que solo tienen para ofrecer su fuerza de trabajo.
En aquel entonces, se respondió con ese deformado concepto de solidaridad a los reclamos gremiales por el porcentaje del salario confiscado a los trabajadores en concepto de impuesto a ganancias inexistentes.
Incluso cuando no están afectados en lo particular, los trabajadores pueden ser solidarios en la defensa de los derechos, como cuando paran para apoyar y dar fuerza al reclamo de otros sectores, o mediante su aporte voluntario a los sistemas gremiales de salud.
Sin embargo, no debería exigírseles, como “solidaridad”, resignar su salario por una indebida imposición estatal. Esta es una trampa conceptual, o de clase, que suplanta el análisis, y las medidas, de fondo que son necesarias. En otras palabras, en lugar de pedirles demagógicamente a los trabajadores que más ganan –desde un camionero hasta un funcionario público- que disminuyan sus salarios y jubilaciones, el salario del resto de los trabajadores debería elevarse proporcionalmente. El objetivo no puede ser, como reclaman algunos, que un legislador gane como un docente, sino de que sea el docente el que -en escala- gane como el legislador.
La fuente de recaudación para esta elevación proporcional de todos los salarios debería ser obtenida con gravámenes a estos otros sectores que venimos mencionando (mineras, petroleras, bancos y otros sectores de mayor capacidad contributiva) que no están tocados por las medidas anunciadas.
Si los recursos para salir de la crisis no salen de los sectores que, realmente, han ganado más, sino de aquellos, entre los trabajadores, que tienen un poco más –si, por ejemplo, se posterga la recuperación de las jubilaciones medias mientras no se grava a los grandes grupos económicos–, las mejores intenciones dejan el camino libre para que prenda la indignación.
Fuera de un encuadre de verdadera solidaridad –de los que más han ganado y tienen recursos de capital hacia los que más ha golpeado la crisis y solo tienen su trabajo–, cualquier convocatoria a un “sacrificio” es abstracta e injusta. Favorece a los ya favorecidos y no termina de contribuir al progreso de toda la porción de la sociedad que lo necesita.
En el debate legislativo de la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, vuelve a plantearse un cuestionamiento (seudo) “republicano”, ante una delegación de poderes, expresamente permitida por el Art. 76 de nuestra Constitución, pero que la oposición que se autotitula constitucionalista llegó a calificar de “cesarista”.
Es la misma oposición que “constitucionalistamente” avaló a Macri cuando se apropió de la facultad legislativa y modificó inconstitucionalmente leyes por medio de un decreto, o la que calló ante su intento frustrado para designar, también por decreto, dos jueces de la Corte Suprema.
Ante el pedido de facultades para mejorar la hipoteca externa que nos dejan, la respuesta del PRO, sus radicales aliados, y la gran prensa endeudadora, es “denunciar” que los 88 artículos de la ley y los anuncios redistributivos, constituyen “señales” para el FMI, el cumplimiento de un plan presuntamente ya pactado.
Si cabe alguna discusión seria acerca de la deuda externa es, en todo caso, acerca de si es cierto que no hay otra salida que desangrarnos para pagar esa hipoteca usuraria, en gran parte, ilegal, que esteriliza cualquier esfuerzo de reconstrucción. Pero de eso no se habló desde los bloques mayoritarios en el Congreso, ni motiva reflexión alguna en los diarios.
En 2018, el Ejecutivo, con silencio del oficialismo parlamentario y de la propia Justicia, produjo la mayor delegación de poderes que recuerde la historia, y a manos de un poder extraterritorial: cedieron la soberanía argentina y dejaron en manos del FMI el dictado de nuestra política económica y social.
Ellos, precisamente ellos, ahora lloran por la Republica, cuando avasallaron la Justicia y vulneraron derechos al echar, en forma arbitraria, a trabajadores estatales, legislativos y periodistas sin hablar de la violación del 14 bis de la CN.
Otro “fuerte” cuestionamiento opositor lo despertó el sinceramiento de la Emergencia (Art. 1 de la ley) en distintas áreas, cuestionamiento que encubre el intento de disimular la situación catastrófica en que dejaron el país.
Estos cuestionamientos también eluden el fondo de la cuestión: la ley se diferencia de la gestión anterior por dos puntos centrales: desdolarizar la economía y reemplazar el ajuste por la Emergencia con el fin de adoptar medidas y reasignar partidas para encarar circunstancias extremas, en algunos casos, y dramáticas en otros.
Las cifras oficiales acerca de la situación del país ponen en evidencia emergencias extremas y otras emergencias que pueden considerarse dramáticas. En el primer grupo tenemos a la emergencia económica, a la financiera, a la tarifaria y a la previsional. En el segundo la sanitaria, social, la educativa y la habitacional.
Conclusión
La fuerte presión para incidir sobre el rumbo del gobierno va desde reclamos para alinear nuestra política exterior con la de EE. UU a críticas con la mágica reaparición de la palabra “ajuste”, por parte de medios que la ocultaron cuatro años bajo la piadosa denominación de “austeridad” mientras cuestionaban el “gradualismo” del saqueo. Las presiones también incluyen notas de opinión con el tono de virginidad vulnerada de supuestos defensores de la Constitución (que la ignoran en su artículo 14 bis) y promotores de la Republica (que solo la entienden en su formalidad y, aun así, la vulneran).
El tiempo que se viene es un tiempo de disputa por la conciencia popular, en el que la feroz ofensiva del privilegio debe ser enfrentada sin disimular cuestionamientos a cualquier decisión que afecte el rumbo de recuperación emprendido, a todo aquello que debilite o divida el campo nacional y popular.
No dudo que arrancamos muy detrás de donde quedamos en 2015: entonces se trataba de avanzar, mientras que, ahora, de recuperar lo arrebatado para retomar el camino.
Confío en dos conceptos/brújula para guiarnos en estos tiempos difíciles.
Uno de ellos es determinar sobre quien se busca cargar el peso principal de la crisis, que hasta ahora pagaron los trabajadores. El otro –que fue fatalmente subestimado entre 203/2015, e insuficientemente impulsado en la resistencia frente al neoliberalismo– es promover la más amplia militancia con pensamiento crítico como base de la construcción de núcleos de poder popular desde todos los sectores sociales, las barriadas, los lugares de trabajo y estudio. Esta es la clave para enfrentar la reacción de los grupos de poder concentrados en la epopeya de reconstruir la Patria.   

Del silencio de los vencidos a la polifonía que denuncia la invasión del 89

Panamá

La noche del 20 de Diciembre de 1989 ha sido larga. Tres décadas ha tardado la sociedad panameña en sacudirse la modorra, empezar a abrir los ojos y reflexionar sobre la pesadilla padecida. Recién despiertos y aún en la cama empezamos a evocar lo soñado, buscando precisar los contornos de las cosas, esclareciendo los personajes y las acciones, interpretando el sentido de los actos y las imágenes que se nos aparecen reiteradas. ¿Fue un sueño?
Se impuso el silencio, se apagaron las luces, se acalló la verdad de lo ocurrido desde el momento mismo en que la mañana del 20 de Diciembre un helicóptero norteamericano reventó con misiles las instalaciones de Radio Nacional en el edificio de la Contraloría; desde el momento en que las tropas yanquis, sin mediar razones, asesinaron con un certero tiro en el ojo al periodista gráfico Juantxu Rodríguez; desde que los marines desembarcaron en Howard y controlaron la prensa para que no pudiera acceder a las áreas de combate.
Durante treinta largos años, se impuso el relato de los vencedores sobre lo sucedido. Se impuso junto con las instituciones nacidas de la invasión: el régimen político oligárquico y corrupto, la política neoliberal, el título constitucional que creo la Autoridad del Canal y los “acuerdos de seguridad”.
La versión de los vencedores sobre la invasión ha sido simple: “el culpable y responsable único de los hechos ha sido el general Manuel A. Noriega”; “los gringos vinieron a salvarnos y traernos la democracia”; “no hubo tantos muertos como se dice”; “los que murieron eran todos batalloneros y norieguistas, por lo cual están bien muertos”; “los batalloneros y codepadis fueron los que quemaron El Chorrillo”; “los que denuncian la invasión son comunistas”.
Por supuesto, nunca lograron imponer un silencio completo, pero las voces que intentaban esclarecer la verdad eran minoritarias, marginadas y marginales, subversivas, ignoradas por los grandes medios de comunicación.
Pero ahí estuvieron desde el principio, como el maestro Rafael Olivardía que alzó su voz entre los chorrilleros hacinados en el hangar de Albrook para gritar: “somos refugiados de guerra”. Estuvo el Comité de Familiares de los Caídos del 20 de Diciembre, que rápidamente se organizaron dirigidos por la señora Corro; los batalloneros que defendieron la patria cuya voz se oyó a través del compañero Rolando Sterling.
Las fuerzas populares y patrióticas conformamos el Comité Pro Rescate de la Soberanía desde inicios de 1990, y rápidamente coordinamos la primera Marcha Negra, la cual se ha sostenido por 6 lustros, a veces con escasos participantes y a veces multitudinaria, pero nunca dejó de movilizarse para conmemorar la fecha y denunciar lo sucedido.
Sin embargo, todo ello sucedía en los márgenes de la sociedad hasta que poco a poco, sin notarlo, se ha ido deshaciendo la versión original de los vencedores, y ha ido saliendo a la luz la magnitud y crueldad de lo cometido por las tropas invasoras. De pronto el tema de la invasión dejó de ser un monólogo de “comunistas” y pocas víctimas “resentidas” para dar paso a una polifonía de voces que abordan el tema desde distintos ángulos, algunos con más aciertos que otros, pero todos contribuyendo a despertar la conciencia y despejar las brumas.
Desde la conmemoración del cuarto de siglo hasta este treinta aniversario de la invasión ha habido un florecimiento del tema en todos los escenarios imaginables, desde la literatura, los debates, las muestras museográficas de fotografías y pinturas, la filmografía especialmente llama la atención. Incluso decenas de personas que habían callado se han animado a dar sus testimonios y denunciar lo que les pasó. Hay que reconocer en la labor de poner el tema sobre la mesa el mérito del grupo de periodistas de Concolón.
Durante muchos años solo se contó con el documental norteamericano Panama Deception, que ganó el Oscar como mejor documental en 1992, dirigido por Bárbara Trent, editada por David Kasper y narrada por Elisabeth Montgomery. A nivel nacional sólo se habían hecho algunos videos muy cortos del Grupo de Cine Experimental (GECU) de la Universidad de Panamá. De pronto han aparecido: Invasión, de 90 minutos, de Abner Benaim 2014; dos filmes de ficción como la cinta Diciembres (2018) de Enrique Castro y Operación Causa Justa (2019) de los directores Luis Pacheco y Luis Franco. A los que podemos agregar el corto Memoria de Aris Rodríguez y Natalia Beluche (2019).
De ser un tema exclusivo de algunos ensayos y libros testimoniales, la invasión a conllevado una explosión literaria que abarca todos los géneros. La profesora Ileana Gólcher ha construido un blog en que lista referencias bibliográficas más de 140 títulos sobre este tema cuya consulta recomendamos ( Los libros de la invasión. Ileana Gólcher   http://igolcher.blogspot.com/2010/12/los-libros-de-la-invasion-ileana.html).
La invasión ha sido abordada por autores como: Manuel Orestes Nieto, Roberto Luzcando, Ramón Oviero, Pablo Menacho, Arístides Martínez Ortega, Arysteides Turpana, Xavier Collado, Consuelo Tomás, Bertalicia Peralta, Moisés Pascual, Indira Moreno, Eyra Harbar, Leoncio Obando, Lucy Chau, Alex Mariscal, Jilma Noriega de Jurado, Enrique Chuez, Moravia Ochoa, Mario Augusto Rodríguez, Pedro Luis Prados, Porfirio Salazar, Héctor Collado, Dayra Miranda, David Robinson, Mario García Hudson, José Carr, Juan Gómez, Raúl Leis, Dimas Lidio Pitty, Tristán Solarte, Martín Testa, Chuchú Martínez, Víctor Manuel Rodríguez, Pedro Rivera, Carlos Changmarín, Juan David Morgan, Itzel Velázquez, Víctor Manuel Rodríguez, Rey Barría, Félix Armando Quirós, Carlos Jiménez, José Franco, Octavio Tapia, Javier Stanziola, Giovanna Benedetti, Claudio de Castro, Julio Yau, Carlos Fong, entre tantos.
Celebremos esta multitud de voces que, cada uno a su manera, nombran lo hasta hace poco innombrable, y denuncian el crimen y sus autores materiales e intelectuales. Pero no seamos completamente inocentes pue se sabe que hablar del tema también puede servir para “normalizar”, o sea, para “asimilar” o hacer el asunto digestible para el régimen político.
La interpretación del vencedor no ha desaparecido del todo, ella sigue ahí. Igual que en la interpretación de la separación de Colombia, se nos quiere convencer, de que si bien se impuso la intervención arbitraria y violenta del imperialismo yanqui, la “cosa hubiera sido peor si no nos invadían”, “había que pagar el costo de liberarnos”, “ahora estamos mejor”.
Hay que recordarles a los jóvenes que la invasión no ha terminado, sigue pasando cada día y ellos son las víctimas: del régimen corrupto que odian, del modelo económico, del canal de espaldas al pueblo, de la presencia solapada de tropas del Comando Sur. Eso sigue siendo “subversivo” e inasimilable para la versión oficial.  

lunes, 30 de diciembre de 2019

Bolivia: admite líder opositor que pactó con militares para derrocar a Evo



Camacho, líder cívico boliviano, reconoce que pactó con el ejército la salida de Evo Morales

La Paz. El dirigente opositor regional Luis Fernando Camacho Vaca, El Macho, reconoció en un video que pactó y coordinó las protestas con la policía y el ejército para forzar la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia, ocurrida el 10 de noviembre. El líder indígena reprochó esta revelación que confirmaría de manera irrefutable que fue un golpe de Estado.
Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y ahora candidato presidencial, explica durante una reunión con seguidores –grabada y viralizada en redes sociales– que José Luis Camacho Parada, su padre, cerró con la mediación del ahora ministro de facto de Defensa, Fernando López, un acuerdo con militares y policías, por separado, para no reprimir las protestas opositoras que se desataron tras las elecciones del 20 de octubre.
López no sólo reconoció su participación en los encuentros, sino que fueron efectuados antes de la renuncia de Morales, reportó la agencia de noticias Prensa Latina.
El Macho aclaró que después de cerrar la negociaciones se decidió lanzar un ultimátum de dos días (el 2 de noviembre) para que Morales dimitiera. Pedimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a La Paz. Era ahí el problema. Yo creo que fue el momento más duro de lo que pasamos, confesó.
Evo Morales tuiteó el video con un mensaje: Camacho confirma que cívicos hablaron con militares y policías para derrocar a mi gobierno. Fue un golpe de Estado pese a que la presidenta interina Jeanine Áñez, el líder opositor Carlos Mesa y el propio Camacho intentan negarlo. El video es prueba irrefutable. La justicia debe actuar contra los golpistas y genocidas.
La actual crisis en el país andino se desató luego de las elecciones del 20 de octubre en las que Morales se religió para un cuarto mandato. La oposición denunció fraude y el presidente invitó a la Organización de Estados Americanos a realizar una auditoría a los comicios y ofreció la garantía de que el resultado sería vinculante. El organismo hemisférico apenas revisó 226 actas de un total de 34 mil, y eso le bastó para avalar las acusaciones, tras lo cual el líder indígena de inmediato convocó a celebrar otra jornada electoral.
Morales dimitió el 10 de noviembre, luego de que la cúpula militar le sugirió que renunciara. Recibió asilo en México, después viajó a Cuba para una revisión médica y actualmente está en Argentina, que lo recibió como refugiado.

Periódico La Jornada

El 19 de enero se sabrá el nombre del candidato del MAS para los comicios, anuncia el mandatario

En enero podría conocerse al candidato del MAS para los comicios en Bolivia
Buenos Aires. El presidente de Bolivia en el exilio, Evo Morales, anunció ayer que el 19 de enero se realizará una gran asamblea para dar a conocer el nombre del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones a las que convocó el gobierno de facto, posiblemente para mayo o junio del próximo año, después de una larga reunión en el hotel Bauen con dirigentes de su partido en la cual se debatieron varios temas.
También envió un mensaje a los sectores del MAS que resisten de alguna manera su liderazgo, al advertir que estos no son tiempos de restructuración ni de reorganización, sino de fortalecimiento, y a los movimientos sociales que están con el MAS y los que también plantean algún tipo de resistencia.
El mandatario, que está refugiado, en Argentina tras su asilo en México, informó que se había hablado con los dirigentes de los nueve departamentos de Bolivia para analizar y resolver cómo fortalecer nuestro movimiento político y social.
En la conferencia de prensa, Morales recordó que su gobierno fue víctima de un golpe de Estado y que no se cometió fraude, término que usaron para tratar de justificar el golpe, y denunció que la auditoría de la Organización de Estados Americanos produjo un informe a medias, por lo cual pidió, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, la creación de una comisión de la verdad para investigar los hechos que terminaron con su renuncia el 10 de noviembre pasado.
El mandatario se refirió a la campaña que llevan adelante los medios y la dirigencia golpista para tratar de proscribir al MAS impulsando a que le quiten la personería política.
Es realmente antidemocrático que quieran eliminar nuestra sigla, sería un error que la derecha nos proscriba porque no tenemos ningún problema legal, sostuvo Morales, quien recordó que hay partidos que sacaron 3 por ciento de votos en las elecciones del pasado 20 de octubre y siguen siendo legales.
Morales señaló que el acuerdo con el presidente Alberto Fernández es que no puede hablar sobre asuntos locales, pero sí tengo derecho a opinar de mi país.
Algunos medios adelantaron que esta reunión transcurriría en la provincia de Salta, limítrofe con Bolivia, pero Morales dijo que se consideró inconveniente, ya que hubiera requerido un enorme despliegue de seguridad y habría aumentado las presiones sobre el gobierno argentino, en momentos en que suceden hechos gravísimos por la acción del gobierno de facto –en el caso de los funcionarios bolivianos asilados en la embajada de México en La Paz– que violan las reglas internacionales y han llevado a la cancillería mexicana a plantear la situación ante Bolivia y organismos mundiales.
Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron obligados a renunciar el pasado 10 noviembre por los jefes militares y policiales, y debieron salir en un avión enviado por el gobierno mexicano en circunstancias dramáticas y asilarse en ese país, para luego venir a refugiarse a Argentina.
En las elecciones citadas por la presidenta interina de facto, Jeanine Áñez, ni Morales, quien continúa siendo presidente hasta el 22 de enero, ni su vicepresidente García Linera, pueden participar. En estas circunstancias, Morales fue nombrado jefe de campaña para las elecciones a las que el nuevo Tribunal Supremo Electoral deberá poner fecha. Se le ha dado un plazo hasta el próximo 6 de enero
Entre los candidatos cuyos nombres se manejan en Bolivia, están el ex canciller David Choquehuanca, Diego Pary, que acompañó al presidente Morales en su exilio, el joven dirigente de la zona del Chapare Andrónico Rodríguez, y la legisladora Adriana Salvatierra.

Corresponsal
Periódico La Jornada

Termina decenio mortífero para los niños de países en conflicto: Unicef

Reporta más de 170 mil atrocidades

Sólo en 2018 más de 12 mil menores fueron asesinados o quedaron mutilados en actos de violencia


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▲ Un informe de Unicef reporta que en octubre de este año fueron asesinados 657 niños en Siria. En la imagen, captada el fin de semana, una menor en el campamento de desplazados de Washukanni, en la provincia de Hasakeh.


Madrid. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se despide de una década mortífera para los niños: verificó más de 170 mil atrocidades desde 2010 con un número de ataques documentado que se ha triplicado desde entonces con un promedio de 45 violaciones graves de los derechos de los menores por día –entendidas como asesinatos, violaciones, reclutamientos forzados o secuestros– en escenarios de conflictos mundiales.
Unicef señaló que el número de países afectados por conflictos es el más alto desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, en un mundo en el cual las guerras son cada vez más largas y las matanzas cada vez más sangrientas, aseguró ayer Henrietta Fore, directora ejecutiva del organismo.
Los ataques contra los niños son incesantes porque los contendientes se burlan de una de las reglas más básicas de la guerra: garantizar la protección de los pequeños. Por cada acto de violencia contra los niños que genera titulares y provoca gritos de indignación, hay muchos más que no se denuncian, lamentó la directora ejecutiva.
En 2018, la Organización de Naciones Unidas (ONU) documentó más de 24 mil violaciones graves contra los derechos de los niños, que incluyen asesinatos, mutilaciones, violencia sexual, secuestros, denegación de acceso humanitario, reclutamiento forzoso y ataques contra escuelas y hospitales.
Si bien esto puede explicarse en parte por el aumento de la supervisión y la elaboración de informes, la cifra sigue siendo 2.5 veces mayor que en 2010.
Más de 12 mil niños fueron asesinados o quedaron mutilados en 2018, denunció Unicef, antes de condenar el uso continuo y generalizado de ataques aéreos y armas explosivas que causan la gran mayoría de víctimas infantiles en conflictos armados.
Los ataques y la violencia contra los menores no han cesado en 2019. En la primera mitad del año, Naciones Unidas documentó más de 10 mil casos de violación a los derechos de los niños, aunque es posible que las cifras sean incluso más elevadas.
Unicef es capaz incluso de hacer un recuento de atrocidades mensuales. En enero, por lo menos 32 niños fueron asesinados o murieron en el norte y el este de Siria como resultado de la violencia, el desplazamiento y las condiciones invernales extremadamente duras.
En marzo, más de 150 personas, entre ellas 85 niños, fueron asesinadas cuando un grupo armado atacó la aldea de Ogossagou, en la región de Mopti, en el centro de Malí. Otro ataque en Sobanou-Kou provocó 24 nuevas víctimas infantiles.
En junio pasado tres niños fueron utilizados como señuelos para detonar chalecos explosivos en un atentado que mató a 30 personas e hirió a otras 48 en un centro comunitario en la localidad de Konduga, en el estado nigeriano de Borno.
En septiembre, Unicef informó que 2 millones de niños siguen sin asistir a la escuela en Yemen, entre ellos casi medio millón que abandonaron los estudios desde que el conflicto se intensificó en marzo de 2015.
En octubre, el organismo constató que 657 niños fueron asesinados en Siria. Un mes después, el fondo reportó casi 900 mil niños cameruneses sin escolarizar tras años de violencia e inestabilidad en el noroeste del país africano.
A principios de diciembre, cinco menores murieron cuando hombres armados abrieron fuego en Burkina Faso. En Ucrania oriental, donde casi medio millón de niños sufre las repercusiones del conflicto interno, este año se registraron 36 ataques contra escuelas.
A mediados de diciembre, Unicef informó que un promedio de nueve niños fueron asesinados o mutilados cada día en Afganistán durante los primeros nueve meses de 2019.
Por última vez en esta década, el organismo de la ONU ruega a todas las facciones beligerantes que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y pongan fin de inmediato a todas las violaciones contra los derechos de los niños. También los apremia a que dejen de utilizar como objetivo la infraestructura civil, incluidas las escuelas, los hospitales y las instalaciones de agua, y por último pide a los estados con influencia sobre las partes en conflicto que utilicen su poder para garantizar la protección de los niños.

Foto Afp
Periódico La Jornada

Bolivia: exacerbar el chovinismo

Editorial La Jornada


Quienes gobiernan de facto en Bolivia enviaron ayer a España una enérgica protesta por el incidente ocurrido el viernes pasado en la residencia oficial de nuestro país en La Paz, donde vecinos y efectivos policiales del país sudamericano hostigaron a la encargada de negocios y al cónsul de España, Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, así como a sus escoltas. Según el régimen golpista, los diplomáticos españoles habrían llegado acompañados de hombres encapuchados y armados, a sabiendas de que se trataba de sus guardias.
Más aún, funcionarios bolivianos aseguraron que los representantes peninsulares habían llegado a la sede mexicana con el propósito de llevarse furtivamente de allí a Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia del depuesto Evo Morales, quien se encuentra bajo la protección de México y al que el régimen de facto acusa de terrorismo y de narcotráfico. Para colmo, el régimen que formalmente encabeza Jeanine Áñez exigió la salida del país de los españoles involucrados en el asunto.
Los hechos son mucho menos truculentos: los representantes de Madrid acudieron a una visita de cortesía con la embajadora María Teresa Mercado y mientras sus escoltas –pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones de la policía española– los esperaban afuera, vecinos partidarios de las autoridades, respaldados por policías locales, los acosaron y pretendieron videograbarlos, por lo que los guardaespaldas se cubrieron el rostro y optaron por retirarse para evitar las provocaciones. Cuando intentaron volver, con el fin de recoger a Borreguero y a Fernández, una pequeña turba les impidió el paso y zarandeó sus vehículos. A la postre, la encargada de la embajada de España comunicó la situación a la encargada de las relaciones exteriores de Bolivia, Karen Longaric, quien, al cabo de más de una hora, envió un automóvil para que los diplomáticos españoles pudieran abandonar el lugar. Posteriormente, la cancillería de Madrid señaló de manera inequívoca que la visita de Borreguero y Fernández a la residencia oficial mexicana era exclusivamente de cortesía y niega rotundamente que pudiera tener como objeto facilitar la salida de las personas que se encuentran asiladas allí.
El incidente muestra hasta qué punto está resuelto a llegar el régimen de facto con tal de inventar enemigos externos, en el afán de atizar un patrioterismo que les permita ampliar su exigua base social. Sólo de esa manera puede explicarse la gratuidad de la hostilidad y la incontinencia de los golpistas para con México y ahora, para con España. Tal empecinamiento no sólo denota la carencia de oficio, sino también de sentido común, porque, habida cuenta de su falta de legitimidad internacional, lo que menos necesitan los gobernantes bolivianos es un pleito con el gobierno español. Cabe preguntarse en qué momento iniciará el golpismo la fabricación de una crisis bilateral con Argentina, cuyo presidente, Alberto Fernández, otorgó asilo al derrocado Evo Morales.
Lo cierto es que se trata de un juego insensato y peligroso porque busca envenenar a la población boliviana con fobias absurdas y animadversiones sin sentido en contra de diversos países y ciudadanos extranjeros, y cuando se alimentan chovinismos de esa clase las consecuencias pueden ser nefastas y duraderas. Cabe esperar que la opinión pública de la infortunada nación hermana sepa mantenerse inmune a esa campaña de odio y opte por preservar vínculos que deben seguir caracterizándose por la fraternidad y la cooperación.

American curios; Luces



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▲ La mayoría de los jóvenes estadunidenses dicen favorecer el socialismo, y ahora hasta las cúpulas políticas y mediáticas admiten que ya no pueden descartar que Bernie Sanders, quien se define como un socialista democrático, gane la candidatura presidencial demócrata para 2020. La imagen, ayer en Nueva Hampshire.Foto Ap
L
as luces que irrumpen, interrumpen, enfrentan la oscuridad que inunda este país, deben ser la noticia más importante en esta coyuntura estadunidense.
Aunque se tiene que usar la palabra neofascismo para describir de manera objetiva lo que sucede en esta nación, sorprendentemente también se tiene que usar la palabra socialismo (en las tres décadas de reportar sobre este país, nunca me imaginé que algún día tendría que usar esas dos palabras para informar sobre una coyuntura aquí).
La labor periodística de cubrir al régimen trumpista es incesante, pero esa no es la única nota. La otra igual, o tal vez, más importante, es sobre aquellas luces que desafían el asalto más siniestro y cruel en tiempos recientes, y que en gran medida brotan como respuesta a dos problemas fundamentales de nuestros tiempos: la desigualdad/injusticia económica producto de políticas neoliberales y el cambio climático.
Algo inédito este año es que la mayoría de los jóvenes y un amplio sector de la población aquí dicen favorecer el socialismo, y ahora hasta las cúpulas políticas y mediáticas admiten que ya no pueden descartar que Bernie Sanders, quien se define como un socialista democrático, gane la nominación como candidato presidencial del Partido Demócrata.
El fenómeno de Sanders es nutrido por diversos movimientos y luchas anteriores, que se suman a su llamado por una revolución política para recuperar esta democracia de las manos del uno por ciento más rico y devolverla a las mayorías.
Este fenómeno ya está ganando a nivel local y estatal, y en elecciones recientes una nueva generación de políticos, no pocos de ellos llamándose socialistas, fueron electos a gobiernos locales en varios puntos del país (en Chicago, seis concejales socialistas ganaron escaños).
A la vez, movimientos encabezados o impulsados por jóvenes están cambiando la dinámica política de Estados Unidos. Sorprendió a todos: adolescentes encabezaron y organizaron una de las movilizaciones más grandes del año, con más de 250 mil en las calles de Nueva York, y millones más en el mundo, inspirados por Greta Thunberg. A la vez, otras vertientes de esa expresión se organizaron en el Sunrise Movement, que está obligando a candidatos y políticos a definirse en torno a la crisis ecológica y adoptar una agenda progresista sobre la propuesta de un New Deal Verde (https://www.sunrisemovement.org). En las últimas semanas, artistas como Jane Fonda y Lily Tomlin se han sumado a las acciones de desobediencia civil de estos movimientos para denunciar la falta de respuesta al cambio climático por las cúpulas políticas y empresariales del país.
March for our Lives, encabezado por jóvenes que han sobrevivido tiroteos masivos en sus escuelas, no han dejado de asustar a políticos con su perseverancia y esfuerzos de organización nacional para exigir controles sobre las armas en manos privadas en Estados Unidos, en alianza con otras agrupaciones contra la violencia (https://marchforourlives.com).
Durante 2019 continuó un resurgimiento sindical en este país, y por segundo año una de sus vanguardias fue el magisterio, con los sindicatos de maestros de Chicago, Los Ángeles, Oakland, Denver y West Virginia en huelgas no sólo en busca de sus beneficios y salarios, sino por el bien común, al defender las escuelas públicas. En el sector privado, más de 30 mil trabajadores de una cadena de supermercados en Nueva Inglaterra realizaron una huelga de 11 días, otros 20 mil hicieron lo mismo en el noroeste poco después, mientras 49 mil trabajadores automotrices de General Motors realizaron la huelga más grande de ese sector en décadas durante seis semanas, entre otras luchas.
Y ante la ofensiva antimigrante más agresiva en décadas, el mosaico de organizaciones inmigrantes y sus aliados no han descansado en confrontar al régimen que ha colocado a niños y familias en campos de concentración y generado un clima de persecución en toda comunidad inmigrante.
De todas estas luces, se alumbra la esperanza para el Año Nuevo.

La transformación de Bolivia y el gobierno de facto



Hacia el año 2005 Bolivia era una de los países más pobres de Latinoamérica, con índices de pobreza extrema muy cercanos a 40 por ciento, una concentración del ingreso en pocas manos medida por el índice Gini de 0.60 –uno de los más altos de Sudamérica–, el salario mínimo nacional boliviano era el más bajo de la región (54 dólares), una diferencia de 128 veces entre el 10 por ciento más rico versus el decil más pobre de la población y la esperanza de vida al nacer de 63.5 años era la más baja de Sudamérica, muy lejos de la inmediata anterior que era Paraguay con 71.2 años.
Asimismo, desde agosto de 1985 Bolivia había adoptado el modelo neoliberal, que básicamente se resume en la aplicación del libre mercado interno y externo, liberalización del mercado de trabajo, privatización de las empresas públicas y de los recursos naturales tales como el gas y los minerales.
La tasa de crecimiento promedio del periodo neoliberal 1985-2005 era apenas de 3 por ciento y en todo ese lapso Bolivia nunca encabezó en la región este indicador y por el contrario mostró cifras inferiores al promedio de todos los países de la región.
En casi 15 años de gobierno democrático en Bolivia la aplicación de un modelo económico propio deja un país totalmente cambiado. Por una parte, Bolivia pasó a liderar por seis años la tasa de crecimiento económico en Sudamérica con un promedio de 5 por ciento entre 2006 y 2018, pese al entorno internacional desfavorable, con descensos importantes del precio del petróleo, gas y los minerales, estos últimos principales productos de exportación bolivianos.
De la misma manera, Bolivia presentaba en 2018 la tasa de desempleo más baja de la región, con una considerable reducción del Gini a 0.46 y también encabezando la reducción de la tasa de pobreza extrema, que en 2018 llegó a sólo 15 por ciento, el salario mínimo nacional en 2019 alcanzó 305 dólares, superando ya a varios países de la región. Asimismo, la diferencia entre los más ricos y los más pobres bajo de 128 a sólo 40 veces en 2017 y la esperanza de vida subió a 73.5 años.
Los indicadores financieros reflejaban mucha estabilidad macroeconómica: inflación controlada, estabilidad del tipo de cambio, sostenibilidad de la deuda externa e interna, reservas internacionales en niveles adecuados, el retorno de la población al uso de la moneda nacional (desdolarización) y un sistema financiero sólido que contribuía por medio del crédito productivo al aumento de la producción especialmente de las micro y pequeñas empresas.
Tras el golpe, y dada la composición del gobierno de facto y sus medidas, claramente se ve una tendencia por retornar al modelo neoliberal y a la distribución del botín de las instituciones estatales en función de los intereses de cada uno de los sectores que participaron en la asonada.
Si en el pasado claramente el neoliberalismo fue tras los recursos naturales bolivianos, especialmente el gas y los minerales, hoy el objetivo es el control del litio y toda su cadena de industrialización.
Parece que existe una campaña para desprestigiar y quebrar a las empresas públicas estatales para que luego, entregar éstas y los recursos naturales a la iniciatriva privada nacional e intereses extranjeros.
Pero este cambio de gobierno no será sin costo, especialmente para las clases medias. Claramente desde las pasadas elecciones la economía empezó a de-sacelerarse en medio de una enorme incertidumbre, producto de los bloqueos de los comités cívicos y la manera que el gobierno de facto enfrentó las movilizaciones de los sectores populares a favor de Evo, ya que por una parte el desabastecimiento y los precios domésticos se incrementaron afectando el bolsillo de la población, las dudas sobre el futuro de la economía en manos del actual gobierno de facto generaron retiros de depósitos en el sistema financiero, el fantasma de la dolarización reapareció y rumores de devaluación mermaron las reservas internacionales del Banco Central.
Por otra parte, tener a los militares y policías en las calles reprimiendo los movimientos sociales, en conjunto con los puentes aéreos que se realizaron para garantizar el abastecimiento de productos y alimentos, principalmente a la ciudad de La Paz, han presionado a un mayor déficit fiscal, con sus efectos sobre las fuentes de financiamiento.
Adicionalmente, el gobierno de facto, que se suponía era transitorio y cuya principal función era llevar adelante las elecciones generales, echaron a embajadores, cónsules y demás personal de las embajadas y los sustituyeron por personal afín, con el consecuente incremento innecesario del gasto público, que junto con otros gastos injustificados presionan sobre el déficit fiscal que posiblemente rebasará 9.5 por ciento del producto interno bruto, que representaría el déficit fiscal más alto desde la década de los 80 del siglo pasado.
Estos hechos sin duda van a afectar el desenvolvimiento de la economía boliviana desacelerándola, con sus negativas consecuencias sobre el empleo, el ingreso de los bolivianos, incluidos los de las empresas privadas bolivianas de todo tamaño y Bolivia dejará de encabezar la tasa de crecimiento de la región.
* Ex ministro de Economía del gobierno del presidente boliviano Evo Morales

Un año para no olvidar



En mis años mozos solía escuchar cada tanto la frase este es un mes para olvidar o, en casos extremos, a este año, mejor olvidarlo.
Pues 2019 es, para mí, todo lo contrario: un año para recordar siempre y siempre, para no olvidar jamás.
Ha sido uno de los peores años de mi vida. En parte, por razones de índole personal, pero principalmente, o mejor, esencialmente, por lo que hicieron y hacen con mi país.
De la autonomía universitaria a las artes y la cultura, con especial énfasis en el cine, del medioambiente a las facilidades para que una policía corrupta y asesina asesine cada vez más, del desmonte de la estatal de petróleo, Petrobras, a la destrucción de comisiones de la sociedad que contribuían a la defensa de los derechos humanos, del funeral de la educación pública al final de una tradición de décadas en política externa; por donde se mire lo que se ve es pura, furiosa destrucción.
En un año hemos retrocedido décadas y vaya a saber cuántas más serán necesarias para volver al punto en que estábamos antes de la catástrofe. Las instituciones sacrosantas siguen apáticas. Nadie parece capaz de pararle la mano a Bolsonaro y su furia destructora.
A mi edad, no creo que alcance a ver esa recuperación.
Brasil desapareció del escenario internacional y ni siquiera en los años más duros de la dictadura tuvo una imagen tan negativa entre las naciones civilizadas del mundo.
No, no hay que olvidar este año tenebroso, de puras tinieblas. Lo que me pregunto es cómo hemos llegado tan abajo a este pozo que parece no tener fondo.
Jair Bolsonaro es un primate tosco, grosero, totalmente desequilibrado, sin noción alguna del cargo que ocupa y del país que destroza. Actúa basado exclusivamente en furia, en odio, en resentimiento. Un ultraderechista sin norte ni rumbo, que ve enemigos en todas partes y que no oye otra voz que la de su mente enferma.
Lo que me inquieta y me desespera es que nada de eso es novedad. A lo largo de larguísimos 28 años en que fue un diputado cuya ocupación principal era, además de hacerse con un montón de dinero, defender a las milicias paramilitares, a la dictadura que de 1964 a 1985 sofocó a esta nación, a elogiar a torturadores nauseabundos.
Durante su campaña electoral recorrió el país advirtiendo que una vez en la presidencia trataría de extinguir el comunismo y el socialismo que jamás existieron en Brasil; aseguró defendería los valores de la familia, mismos que nunca definió, y expresó que gobernaría bajo la tutela de Dios un país que constitucionalmente se declara laico.
¿Cómo nadie advirtió el peligro anunciado, escandalosamente anunciado? ¿Cómo semejante esperpento logró convencer a la mayoría de los electores de que valía la pena jugarse a una apuesta suicida?
Entre los votos obtenidos por Fernando Haddad, el candidato del PT, y los que optaron por votar en blanco, anular el voto o abstenerse, llegó a 61 por ciento del universo de electores brasileños.
La única conclusión a que logré llegar es que los que votaron en blanco, anularon o se abstuvieron son los responsables directos por el horror que vivimos. Por ignorancia o lo que sea, pero son responsables.
Habría, claro, que mencionar a un juez manipulador y parcial, Sergio Moro, que impidió que el favorito –Lula da Silva– disputase la elección presidencial, mandándolo a la cárcel en un proceso escandalosamente absurdo. Ese mismo que, en una elocuente demonstración deindecencia, ahora ocupa el Ministerio de Justicia del presidente que ayudó a elegir. Y también el poder de los medios de comunicación hegemónicos que se empeñaron hasta el fondo del alma para demonizar la política y abrir espacio para un renovador que, concretamente, representaba lo peor de lo peor de la política más miserable.
La única conclusión a que llego es que había una nación sumergida, extremamente reaccionaria, racista y homofóbica. Un país que siempre supe que existía, pero creía muy minoritario, y que se reveló en todo su esplendor al elegir a semejante bestia.
Dicen los sondeos de opinión que Bolsonaro llega al final de su primer año siendo el presidente más rechazado de la historia. O sea, mi nación es también una de arrepentidos. Inconsecuentes arrepentidos.
A principios de 2019 la sacrosanta y dañina entidad llamada mercado financiero preveía que a estas horas el dólar se estaría cotizando en 3.80 reales, que el PIB habría crecido 2.5 por ciento y que todo andaría de maravillas.
Bueno: la mejora del PIB rondará 1.1 por ciento, el dólar 4.10 reales y existen unos 12 millones de desempleados y otros 24 millones de subempleados o trabajadores en situación de extrema precariedad.
Los ricos de siempre siguen optimistas. Los ninguneados de siempre siguen ninguneados. Y el nefasto desequilibrado que nos preside sigue prometiendo empeorar cada vez más lo que ya está destrozado.
Sí, sí: 2019 es un año para ser recordado para siempre. Ha sido el año del retroceso. Queda por ver qué y cómo hacer para resistir y sobrevivir a un 2020 que se vislumbra turbio en un horizonte gris.
Nunca, como hoy, decir Feliz Año Nuevo es más, que un deseo, un pedido desesperado.