Desde sectores opuestos, hay dos enfoques para la respuesta a este interrogante que no dudo en que deberían descartarse.
Un extremo es el de los medios hegemónicos, que apoyan las descarnadas
recetas neoliberales del macrismo y sectores de ideologías afines, pero
que critican las medidas del gobierno “por izquierda”, con una fingida
sensibilidad ante el drama social. Estos sectores –que vienen
protegiendo las superganancias de los grandes exportadores de granos y
callando sobre la necesidad de gravar las que se llevan los bancos o las
empresas energéticas, mineras y petroleras– “descubren”, de la noche a
la mañana, que el pueblo sufre con los ajustes y que destinar fondos al
pago de la deuda externa resta recursos a la salud, la vivienda, la
educación, la lucha contra la pobreza.
El otro enfoque que debe
descartarse es el del trotskismo, que simplifica esquemáticamente datos
ciertos, con propuestas para la acción incapaces de orientar con éxito
la acción concreta, en este momento histórico y con la identidad y
convicciones que los trabajadores, y la población en general, tienen en
la Argentina de hoy.
Una primera respuesta al interrogante de quienes ganan y quienes pierden con las medidas gubernamentales se basa en dos ejes:
Otro, la falta de recursos se está cubriendo sólo parcialmente con el aporte de los que más tienen,
los que se beneficiaron de la brutal transferencia de recursos que les
fueron arrebatados a los trabajadores y sectores más vulnerables en los
últimos cuatro años, pese a que –lejos de perder– lograron importantes
ganancias entre 2003 y 2015.
¿Por qué decimos que el rumbo general responde a las promesas electorales?
Es así, en la medida en la que suponen una presencia sólida del Estado
en la asistencia de los sectores más golpeados por la crisis, además de
que favorecen la recuperación del consumo y una eventual reactivación
productiva. Entre otras que apuntan a ese objetivo pueden citarse:
- Plan contra el hambre
- En relación con los jubilados, se aplicó el aumento correspondiente a diciembre, la devolución de parte del IVA
en compra de alimentos y una compensación de $ 10.000 en dos pagos para
los que cobran la mínima, que será de $2.000 en el caso de la AUH.
-
Es falso que se congelan los haberes. El beneficio, que alcanza al 70%
del total, no llega a devolver la dignidad, ya que, sólo para recuperar
los ya insuficientes niveles de 2015, debería ser del 100%. Sin embargo,
es un paso para reacomodar toda la escala, la que recibirá incrementos
trimestrales -eran semestrales- hasta la aprobación de una nueva fórmula
de movilidad.
- Se postergaron hasta abril las cuotas del primer trimestre de los créditos Argenta
y se redujeron 12 puntos porcentuales sus tasas de interés. Esta medida
supone un importante alivio para los casi cuatro millones de
“damnificados" por estos préstamos usurarios que el anterior gobierno,
todos jubilados, pensionados y beneficiarios de ayudas sociales.
-
Habrá aumento salarial a privados y estatales, a cuenta de paritarias,
para las que se fijará un monto o porcentaje mínimo, por debajo del cual
no podrá acordar ningún gremio, y todos podrán convenirlo por encima
sí. Es otra mentira impuesta que se suspenden las paritarias.
-
Ya se congelaron las tarifas de electricidad y gas, un punto clave en la
desdolarización de la economía. Tampoco se aplicarán los aumentos
otorgados por Macri para enero, una bomba de tiempo a estallar en 2020.
-
Se recupera la gratuidad de los medicamentos para 2 millones de
jubilados, hay una reducción mínima del total, y se controlarán los
aumentos de los que consume toda la población.
- Un porcentaje fijo de los fondos de algunos de los nuevos impuestos sancionados irá directamente para financiar el PAMI.
-
Aquellos empresarios que pretendan despedir trabajadores incorporados a
partir del 23 de diciembre deberán pagar doble indemnización.
- Se reglamentarán beneficios para las Pymes
-principal fuente de empleo y de abastecimiento del mercado interno-
más de 20.000 de las cuales ya desparecieron, y otras 700.000 se
encuentran en situación crítica: moratoria de sus deudas con el Estado,
condonación de multas, intereses y extinción de la acción penal.
¿Por qué entendemos que la falta de recursos se está cubriendo sólo parcialmente con el aporte de los que más tienen?
Para responder, se impone analizar otras decisiones del gobierno y,
también, la falta de otras que considero que serían necesarias para
superar la difícil coyuntura socio-económica en la que nos encontramos.
No dudo en valorar el incremento de la alícuota de Bienes Personales,
particularmente en el exterior, en donde se han fugado una parte
significativa de las fortunas amasadas en el país, y blanqueadas por Cambiemos.
Es evidente la justeza del congelamiento de las tarifas de servicios
públicos por 180 días, lapso en el que se definirá un criterio razonable
para su actualización. El compromiso es poner fin a la dolarización que
permitió fabulosas ganancias para las empresas, y el empobrecimiento de
los usuarios, sin inversiones que permitieran mejorar las prestaciones.
Sin embargo, cuesta entender la inexistencia de medidas para
que los bancos tributen por las ganancias que obtuvieron (y siguen
obteniendo) a través de la “timba” con los bonos y letras del Estado,
gracias a las políticas de la gestión macrista. Estas les permitieron
tomar dinero del Estado (dinero proveniente de los impuestos y los
aportes de todos los argentinos) con tasas de interés astronómicas, pero
sin riesgo alguno. Todavía esperamos por una Ley de Entidades Financieras que finalmente reemplace a la de la dictadura”.
La cacareada angustia cerealera encubre que, gracias a la devaluación y
la baja de derechos de exportación, durante la era Macri, el sector
agropecuario aumentó sus ingresos en un 607%. Si descontamos la
inflación de este porcentaje, advertimos que las ganancias de estos
sectores se duplicaron en los últimos cuatro años, especialmente, en el
caso de los grandes exportadores, que deberían aportar más y mejor.
Cabe preguntarse si es el apremio de lograr inversiones que aporten
divisas al país fundamenta la reducción de las retenciones a las
petroleras o no modificar las de las mineras. La angustiante búsqueda de
dólares no puede servir como excusa para lo injustificable: darle vía
libre al glifosato y a las fumigaciones, tener un Secretario de Minería vinculado a la Barrick Gold o un acuerdo de Cambiemos con el justicialismo de Mendoza que permitirá la contaminación de la megaminería.
El hecho de que no se esté gravando a estos nudos del privilegio y la
depredación es doblemente preocupante si se tiene en cuenta el concepto de solidaridad que ofrecen algunos funcionarios.
Al igual que durante la gestión del Frente para la Victoria,
se argumenta que debe haber solidaridad entre los propios trabajadores,
en lugar de fomentar esa solidaridad entre los sectores más
privilegiados por el uso y el abuso de su propiedad del capital y
aquellos que solo tienen para ofrecer su fuerza de trabajo.
En
aquel entonces, se respondió con ese deformado concepto de solidaridad a
los reclamos gremiales por el porcentaje del salario confiscado a los
trabajadores en concepto de impuesto a ganancias inexistentes.
Incluso cuando no están afectados en lo particular, los trabajadores
pueden ser solidarios en la defensa de los derechos, como cuando paran
para apoyar y dar fuerza al reclamo de otros sectores, o mediante su
aporte voluntario a los sistemas gremiales de salud.
Sin
embargo, no debería exigírseles, como “solidaridad”, resignar su salario
por una indebida imposición estatal. Esta es una trampa conceptual, o
de clase, que suplanta el análisis, y las medidas, de fondo que son
necesarias. En otras palabras, en lugar de pedirles demagógicamente a
los trabajadores que más ganan –desde un camionero hasta un funcionario
público- que disminuyan sus salarios y jubilaciones, el salario del
resto de los trabajadores debería elevarse proporcionalmente. El
objetivo no puede ser, como reclaman algunos, que un legislador gane
como un docente, sino de que sea el docente el que -en escala- gane como
el legislador.
La fuente de recaudación para esta elevación proporcional de todos
los salarios debería ser obtenida con gravámenes a estos otros sectores
que venimos mencionando (mineras, petroleras, bancos y otros sectores
de mayor capacidad contributiva) que no están tocados por las medidas
anunciadas.
Si los recursos para salir de la crisis no salen de los sectores que, realmente, han ganado
más, sino de aquellos, entre los trabajadores, que tienen un poco más
–si, por ejemplo, se posterga la recuperación de las jubilaciones medias
mientras no se grava a los grandes grupos económicos–, las mejores
intenciones dejan el camino libre para que prenda la indignación.
Fuera de un encuadre de verdadera solidaridad –de los que más han
ganado y tienen recursos de capital hacia los que más ha golpeado la
crisis y solo tienen su trabajo–, cualquier convocatoria a un
“sacrificio” es abstracta e injusta. Favorece a los ya favorecidos y no
termina de contribuir al progreso de toda la porción de la sociedad que
lo necesita.
En el debate legislativo de la “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”, vuelve a plantearse un cuestionamiento (seudo) “republicano”, ante una delegación de poderes, expresamente permitida por el Art. 76 de nuestra Constitución, pero que la oposición que se autotitula constitucionalista llegó a calificar de “cesarista”.
Es la misma oposición que “constitucionalistamente” avaló a Macri
cuando se apropió de la facultad legislativa y modificó
inconstitucionalmente leyes por medio de un decreto, o la que calló ante
su intento frustrado para designar, también por decreto, dos jueces de
la Corte Suprema.
Ante el pedido de facultades para mejorar la hipoteca externa que nos dejan, la respuesta del PRO,
sus radicales aliados, y la gran prensa endeudadora, es “denunciar” que
los 88 artículos de la ley y los anuncios redistributivos, constituyen
“señales” para el FMI, el cumplimiento de un plan presuntamente ya pactado.
Si cabe alguna discusión seria acerca de la deuda externa es, en todo
caso, acerca de si es cierto que no hay otra salida que desangrarnos
para pagar esa hipoteca usuraria, en gran parte, ilegal, que esteriliza
cualquier esfuerzo de reconstrucción. Pero de eso no se habló desde los
bloques mayoritarios en el Congreso, ni motiva reflexión alguna en los diarios.
En 2018, el Ejecutivo, con silencio del oficialismo parlamentario y de
la propia Justicia, produjo la mayor delegación de poderes que recuerde
la historia, y a manos de un poder extraterritorial: cedieron la
soberanía argentina y dejaron en manos del FMI el dictado de nuestra política económica y social.
Ellos, precisamente ellos, ahora lloran por la Republica,
cuando avasallaron la Justicia y vulneraron derechos al echar, en forma
arbitraria, a trabajadores estatales, legislativos y periodistas sin
hablar de la violación del 14 bis de la CN.
Otro “fuerte” cuestionamiento opositor lo despertó el sinceramiento de la Emergencia
(Art. 1 de la ley) en distintas áreas, cuestionamiento que encubre el
intento de disimular la situación catastrófica en que dejaron el país.
Estos cuestionamientos también eluden el fondo de la cuestión: la ley
se diferencia de la gestión anterior por dos puntos centrales:
desdolarizar la economía y reemplazar el ajuste por la Emergencia
con el fin de adoptar medidas y reasignar partidas para encarar
circunstancias extremas, en algunos casos, y dramáticas en otros.
Las cifras oficiales acerca de la situación del país ponen en evidencia
emergencias extremas y otras emergencias que pueden considerarse
dramáticas. En el primer grupo tenemos a la emergencia económica, a la
financiera, a la tarifaria y a la previsional. En el segundo la
sanitaria, social, la educativa y la habitacional.
Conclusión
La fuerte presión para incidir sobre el rumbo del gobierno va desde
reclamos para alinear nuestra política exterior con la de EE. UU a
críticas con la mágica reaparición de la palabra “ajuste”, por parte de
medios que la ocultaron cuatro años bajo la piadosa denominación de
“austeridad” mientras cuestionaban el “gradualismo” del saqueo. Las
presiones también incluyen notas de opinión con el tono de virginidad
vulnerada de supuestos defensores de la Constitución (que la ignoran en su artículo 14 bis) y promotores de la Republica (que solo la entienden en su formalidad y, aun así, la vulneran).
El tiempo que se viene es un tiempo de disputa por la conciencia
popular, en el que la feroz ofensiva del privilegio debe ser enfrentada
sin disimular cuestionamientos a cualquier decisión que afecte el rumbo
de recuperación emprendido, a todo aquello que debilite o divida el
campo nacional y popular.
No dudo que arrancamos muy detrás de
donde quedamos en 2015: entonces se trataba de avanzar, mientras que,
ahora, de recuperar lo arrebatado para retomar el camino.
Confío en dos conceptos/brújula para guiarnos en estos tiempos difíciles.
Uno de ellos es determinar sobre quien se busca cargar el peso
principal de la crisis, que hasta ahora pagaron los trabajadores. El
otro –que fue fatalmente subestimado entre 203/2015, e insuficientemente
impulsado en la resistencia frente al neoliberalismo– es promover la
más amplia militancia con pensamiento crítico como base de la
construcción de núcleos de poder popular desde todos los sectores
sociales, las barriadas, los lugares de trabajo y estudio. Esta es la
clave para enfrentar la reacción de los grupos de poder concentrados en
la epopeya de reconstruir la Patria.
Buenos Aires. En este fin de año complejo y difícil, pero
con una población más esperanzada, el gobierno de Alberto Fernández
logró congelar los precios del combustible, los alimentos, el peaje y
otras medidas importantes, mientras comenzó a encenderse la economía con
la aplicación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica,
en el contexto de Emergencia Pública, votada recientemente, como
prioridad para enfrentar la crisis del país que está a punto de la
cesación de pagos, y con la decisión de algunos sectores empresariales,
como el de los aceiteros, que decidió un importante bono para su
trabajadores para paliar la situación.
