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sábado, 31 de agosto de 2019

Miles de manifestantes denuncian en Colombia la oleada de asesinatos de líderes sociales desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016



AMY GOODMAN: Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles el viernes 26 de julio en más de cincuenta ciudades y pueblos de toda Colombia, para protestar contra la oleada de asesinatos de líderes indígenas, afrocolombianos y ambientalistas en los últimos años. Marchas solidarias se dieron alrededor del mundo, de Washington DC, a México DF y Atenas. En 2016, el Gobierno colombiano y los rebeldes de las FARC firmaron un histórico acuerdo de paz para sacar al país de medio siglo de conflicto armado. Sin embargo, desde entonces casi quinientos activistas pro derechos humanos, muchos de ellos de la comunidad afrocolombiana, han sido asesinados por su trabajo contra la minería ilegal, el tráfico de drogas y a favor de la restitución de tierras y las causas ambientales.
Algunas de las pancartas de la movilización decían “Sin líderes, no habrá paz” y “Paren el derramamiento de sangre”. Esta es la política y activista Gloria Cuartas.
GLORIA CUARTAS: Detengan el asesinato selectivo y sistemático de activistas, hombres, mujeres, indígenas, afrocolombianos, agricultores y estudiantes que están defendiendo el derecho a vivir en sus territorios, el derecho a que la biodiversidad sea respetada, para que los acuerdos de paz sean respetados.
AMY GOODMAN: Las manifestaciones del viernes se dieron después de que un desgarrador video que muestra a una niño gritando de forma desconsolada tras presenciar el asesinato de su madre se hiciera viral. La madre del niño era María del Pilar Hurtado, una reconocida activista comunitaria que luchaba por los derechos de los campesinos sin tierra en el municipio de Tierralta, Córdoba.
Para ahondar sobre el tema vamos a Washington DC, desde donde nos acompaña Luis Gilberto Murillo, quien se desempeñó como gobernador del departamento del Chocó, un área de mayoría afrocolombiana y ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia de 2016 a 2018, bajo el mandato del presidente Santos. En la actualidad Murillo es un investigador invitado en el Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de la American University, y participó en la protesta del viernes frente a la residencia del embajador colombiano en Estados Unidos en Washington, D.C. Bienvenido a Democracy Now, Luis Gilberto Murillo, ¿puede explicar por qué han sido asesinados tantos activistas en Colombia en los últimos años?
LUIS GILBERTO MURILLO: Muchas gracias, Amy, por esta oportunidad. En Colombia se firmó un acuerdo de paz, que es histórico porque después de 52 años de conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, un movimiento guerrillero, se llegó a este acuerdo que puso fin a ese conflicto. Estamos hablando de un conflicto que en 52 años tomó la vida de cerca de 260 mil personas, ocho millones de víctimas, muchos desplazados. Y, a través de ese acuerdo, las FARC entraron a la vida civil. Hoy son un partido político. Pero inmediatamente que se dio el acuerdo, se inició el asesinato de líderes sociales, ambientales, afrodescendientes, indígenas. El 40 por ciento de estos asesinatos son de mujeres y muchas minorías étnicas. Y estos asesinatos, que ya están cerca de entre 500 y 700, desafortunadamente, se dan porque son líderes que demandan sus derechos, sus derechos de acceso a la tierra, sus derechos a servicios básicos de educación, salud, de unas poblaciones vulnerables y que han sido desatendidas por el Estado. Nuestras poblaciones demandan esos derechos y por eso nosotros salimos a las calles convocados por el movimiento Defendamos la Paz, de la sociedad civil, para precisamente mostrar la solidaridad a los líderes sociales y también poder protestar por los asesinatos y convocar al país para que la conciencia nacional le dé prioridad precisamente a la protección de estos líderes.
AMY GOODMAN: ¿Ha rendido cuentas el gobierno por todo esto? ¿Qué ha hecho el Gobierno de derecha del presidente Duque desde que llegó al poder?
LUIS GILBERTO MURILLO: El presidente Duque ganó las elecciones y ha tenido una propuesta realmente de revisión de los acuerdos de paz. Son críticos del acuerdo que se firmó con las FARC y su primer intento, precisamente, fue cambiar, rehacer estos acuerdos, dándole un golpe a la columna vertebral de los acuerdos que fue el sistema de Justicia Especial para la Paz. Precisamente por eso nació el grupo Defendamos la Paz, que son diversos líderes, casi 2000 líderes de las regiones a nivel nacional, artistas, políticos de todas las vertientes que lo que nos une es la protección de esos acuerdos de paz, la defensa de la paz y de los líderes. Y el presidente Duque realmente no es un entusiasta de la implementación de los acuerdos de paz y creemos que sería un grave error que se continúe en una agenda de debilitar estos acuerdos que son tan importantes para muchas regiones en el país, sobre todo para la Colombia apartada y desatendida por el Estado.
AMY GOODMAN: Hable sobre algunas de las personas que han sido atacadas o asesinadas como, por ejemplo, María del Pilar Hurtado, asesinada en el norteño departamento de Córdoba, a cuyo hijo pudimos ver en un desgarrador video llorando sobre su cadáver.
LUIS GILBERTO MURILLO: Sí, la infortunada muerte de María del Pilar Hurtado refleja la gran tragedia nacional que es el asesinato de líderes sociales. María del Pilar Hurtado era, como muchos, una mujer lideresa de su comunidad que defendía el derecho de acceso a la tierra y, sobre todo, de acceso a la vivienda. Y ella lideraba un grupo en Tierralta y por esa simple razón, precisamente, fue asesinada. Y lo que hemos venido diciendo es que obviamente no podremos tener una paz estable y duradera si la vida no es sagrada, y la vida de los líderes tiene que ser sagrada. El asesinato de María del Pilar Hurtado, una mujer afrodescendiente, conmovió al país. Ver a su hijo gritando por su muerte, sin poder consolarse ni nadie que lo pudiese consolar… Y dejó cuatro niños huérfanos: a uno de cinco años, dos gemelos mellizos de 12 años y uno de 14 años. Esto es un ejemplo de la gran tragedia de los más de 500, 700 líderes que han sido asesinados en el país, y esto no puede continuar. Esto realmente tiene que parar.
AMY GOODMAN: Hable de las similitudes entre lo que está ocurriendo en Colombia y en Brasil, donde tenemos a Jair Bolsonaro, otro presidente de derecha, quien desde su llegada al poder ha reducido las medidas de protección para la Amazonía, poniendo trabas a la lucha contra las actividades ilegales de la industria maderera, minera y ganadera. Recientemente un grupo de hombres armados atacaron una remota reserva indígena y asesinaron a cuchilladas a uno de sus líderes.
LUIS GILBERTO MURILLO: La deforestación es uno de los enormes desafíos que tienen los países de la Amazonía y, obviamente, Brasil, Colombia, Perú, etcétera. Sin embargo, los países están dando una gran batalla para controlar la deforestación. En el caso de Colombia, con medidas que se han venido implementando. La deforestación venía en aumento y se pudo reducir un 10 por ciento en el año 2018. Sin embargo, en el caso de Brasil, las políticas de Bolsonaro son políticas que están directamente relacionadas con el debilitamiento de las medidas de protección de la Amazonía, empezando por la promoción de la minería, la promoción del cambio de uso del trópico y de la foresta en esa zona, para agricultura. Y, además de eso, el debilitamiento de los derechos de las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes representadas en los quilombolas. Estas comunidades son centrales por su cultura, por la manera de interaccionar con la naturaleza en la Amazonía, son centrales para la protección de la Amazonía. Las políticas que está implementando el Gobierno de Bolsonaro son políticas que son irresponsables frente al compromiso que se tiene con la protección de la Amazonía, que es central para poder combatir el cambio climático. Y allí, yo hago un llamado al Gobierno de Estados Unidos para que le dé mayor prioridad a la protección de los bosques, sobre todo de los bosques tropicales a nivel global, pero aún mucho más a la Amazonía, para que se defina realmente un marco de acompañamiento a los países de la Amazonía con asistencia técnica y financiera para proteger precisamente ese ecosistema y, sobre todo, que pueda mandar un mensaje claro al Gobierno brasileño de Bolsonaro sobre la protección de ese ecosistema. No tengo muchas esperanzas porque obviamente no creo que las cosas estén mucho mejor en Estados Unidos. También veo que sus líderes están negando el cambio climático.
AMY GOODMAN: Luis Gilberto Murillo, ¿cuál cree que debe la respuesta a lo que está pasando en Colombia? Háblenos del departamento del que usted fue gobernador en dos ocasiones, el Chocó, una región con una población mayoritariamente afrocolombiana. ¿Son estas las zonas más golpeadas?
LUIS GILBERTO MURILLO: En el caso del departamento del Chocó hay retos supremamente importantes en materia ambiental, en materia de implementación de los acuerdos de paz en Colombia. En el departamento del Chocó, la gran mayoría de la población afrodescendiente apoya la implementación de esos acuerdos, tiene gran esperanza, porque hoy tenemos enormes desafíos en materia ambiental, minería ilegal, extracción ilícita de madera, pero se está haciendo un gran esfuerzo con las comunidades para poder proteger estos ecosistemas. El año pasado, por ejemplo, y en los dos últimos años consecutivos, ha disminuido la deforestación. Pero esta es una población que tiene enormes carencias: pobreza extrema, exclusión social, mucha desigualdad y, obviamente, los impactos del conflicto por la presencia de grupos armados ilegales, las guerrillas del ELN y, obviamente, los grupos de bandas criminales, Autodefensas Gaitanistas. Y es uno de los departamentos con mayor impacto, obviamente, por el conflicto, pero la gente no pierde la esperanza y son esas semillas de esperanzas las que hay que seguir regando.
AMY GOODMAN: Luis Gilberto Murillo, en lo que respecta a la Amazonía, en Colombia el presidente Duque ha defendido el uso del herbicida de Monsanto Roundup Ready para la destrucción de los cultivos de coca. En Estados Unidos Roundup Ready está bajo un intenso ataque debido al gran número de demandas judiciales entabladas por personas que están enfermando tras usar este herbicida durante décadas. ¿Cuál es la situación en Colombia?
LUIS GILBERTO MURILLO: El presidente Duque está equivocado en la intención de utilizar la aspersión aérea para poder eliminar cultivos de coca. En primer lugar, hay que atacar toda la cadena del tráfico de cocaína y de narcóticos. La aspersión aérea tiene enormes impactos negativos sobre la salud de las poblaciones en esas zonas, comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes, pero también tiene enormes impactos ambientales, y estamos hablando de aspersión aérea en zonas de la Amazonía con una alta biodiversidad. Colombia es el primer país en diversidad de aves. El segundo país en diversidad de anfibios. Y así sucesivamente. Es el segundo país en biodiversidad después de Brasil y, realmente, hacer aspersión con Roundup en esa zona es realmente matar la naturaleza y afectar a las poblaciones. Por eso, la Corte Constitucional prohibió el uso de la aspersión aérea y en los acuerdos de paz se incluye una provisión para que se puedan aplicar métodos de erradicación manual en acuerdo con las comunidades. En el Gobierno anterior se firmaron cerca de 100 mil acuerdos individuales de erradicación, se han erradicado 35.000 hectáreas con un factor muy importante, con una tasa de resiembra de solo 0,6 por ciento, comparado con la fumigación, la aspersión aérea, que es del 60 por ciento. Luego, entonces, la aspersión aérea no es eficaz para eliminar los cultivos de coca y tiene enormes impactos negativos como ustedes ya han sido testigos aquí en Estados Unidos con los casos que hay por el caso de Roundup. Así que ese sería un enorme error. E invitamos al Gobierno de Estados Unidos y a los líderes en este país a que realmente abandonen esa idea de seguir asperjando en zonas de la Amazonía en Colombia.
AMY GOODMAN: Finalmente, y cambiando de tema, el domingo 28 de julio tratamos de contactarle sin éxito, tal vez debido a lo que estaba pasando en París, donde Egan Bernal, de 22 años, se ha convertido en el primer colombiano y el ciclista más joven en ganar el Tour de Francia. Escuchémosle.
EGAN BERLAN: Es increíble. No sé qué decir. La verdad que, ya gané el Tour, pero aún sigo sin creerlo. Yo creo que necesito un par de días para asimilar esto.
Ese era Egan Bernal, según la BBC, su victoria se ha celebrado especialmente entre los colombianos de origen más humilde, muchos de lo cuales viven en las marginadas zonas de mayoría indígena de los Andes colombianos. ¿Cuál es la importancia de esta victoria en el Tour de Francia, la primera de un colombiano?
LUIS GILBERTO MURILLO: Bueno, en primer lugar, todos estamos muy contentos. No lo podemos creer —como lo dice Egan— semejante triunfo. Primero, tan joven, primera vez que ganamos el Tour de Francia y, realmente, es un momento de orgullo y es de orgullo porque proviene de nuestras comunidades, comunidades que han sido afectadas por la exclusión, por las dificultades, por la falta de oportunidades y él está mostrándole a las nuevas generaciones que el único límite realmente es el firmamento y que superando los obstáculos se puede llegar. Y es realmente un ejemplo, un referente para nuestros niños y para nuestras niñas jóvenes de que sí se pueden lograr este tipo de hazañas, como la que ha hecho Egan, y que todos estamos muy contentos y realmente todavía seguimos celebrando.
AMY GOODMAN: Luis Gilberto Murillo, gracias por estar con nosotros. Gobernador en dos ocasiones del departamento del Chocó, un área de mayoría afrocolombiana, y exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 2016 a 2018 durante el mandato del presidente Santos. Gilberto Murillo es actualmente investigador invitado en el Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos en la American University. Esto es Democracy Now!, soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos.

Producido por Clara Ibarra, Igor Moreno, Iván Hincapíe y Democracy Now!.
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Retoma las armas el ex número dos de las FARC

Denuncia una traición del estado
Iván Márquez, ex líder de las FARC, retoma las armas en Colombia
Timochenko pide perdón y aclara: los que seguimos con el proceso de paz somos más

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▲ Rodrigo Londoño, Timochenko, tras la rueda de prensa que ofreció ayer en Bogotá.
Bogotá. Vestido de traje verde oliva, Iván Márquez, ex número dos de la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), reapareció para proclamar, en un video grabado en la selva y subido ayer a Internet, que retomó las armas junto con otros jefes rebeldes que se apartaron de los acuerdos de paz firmados en 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos para acabar con más de medio siglo de confrontación.
El presidente colombiano, Iván Duque, ordenó una ofensiva contra quienes llamó “banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de (el mandatario) Nicolás Maduro” en Venezuela. Desde la Casa de Nariño, sede de gobierno, expuso: debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla.
A su vez, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la captura de los ex guerrilleros que anunciaron el retorno de las armas.
Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, quien fue el máximo comandante de la ex guerrilla y ahora es dirigente del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que conservó las siglas de las FARC, pidió perdón tras el anuncio de Márquez, jefe del equipo negociador del proceso de paz.
A Márquez se sumaron Jesús Santrich, el otro negociador de los históricos acuerdos suscritos en La Habana (shorturl.at/mORYZ), y el ex líder guerrillero Hernán Darío Velásquez, conocido como El Paisa.
Le pedimos perdón al país y a la comunidad internacional porque ellos fueron, en un momento dado, nuestros voceros. Se apartaron del proceso y ahora tienen que responder, declaró Timochenko.
Sin embargo, tenemos que avanzar. Esto crea una situación que puede ser aprovechada por los enemigos del proceso de paz; los que seguimos somos más y, modestia aparte, somos mejores, agregó Londoño, quien aseguró que más de 90 por ciento de los desmovilizados están comprometidos con el proceso de paz y no tienen interés en sumarse a las disidencias.
Nuestro compromiso hoy más que nunca, como mayoría, como partido, como país, es la paz, la defensa y cumplimiento del acuerdo. Se equivocan quienes se alejan de la paz, como quienes la han atacado siempre, tuiteó Londoño.
Flanqueado por Santrich y El Paisa, Márquez aseveró: Ha comenzado la segunda Marquetalia (cuna histórica de la rebelión armada) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión.
En el video, que dura 32 minutos, los tres líderes rebeldes están acompañados por 17 hombres y mujeres con fusiles. Al fondo, una pancarta colgada en la que se lee Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-EP.
La perfidia, la modificación unilateral del texto del acuerdo, el incumplimiento de los compromisos por el Estado, los montajes judiciales y la inseguridad jurídica nos obligaron a regresar al monte, sostuvo Márquez, quien no había aparecido públicamente desde hace un año, y no se presentó como comandante.
Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana, añadió, y expuso que el grupo armado buscará coordinar esfuerzos con el Ejército de Liberación Nacional, y con aquellos compañeros que no han plegado sus banderas.
Uriel, comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN que opera en el departamento de Chocó, saludó el llamado en redes sociales.
Márquez, quien anunció una nueva modalidad operativa que se excluye de los secuestros con fines económicos, tiene 64 años. Su nombre verdadero es Luciano Marín y antes de empuñar las armas por primera vez, en la década de los 80, fue seminarista, estudió filosofía y militó en el Partido Comunista.
Santrich, cuyo nombre es Seuxis Pausias Hernández, fue congresista por las FARC y fue detenido en Colombia en 2018 por sospechas de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos. Estuvo un año detenido y desapareció en julio tras ser liberado por una orden judicial. Washington solicitó su extradición.
El Paisa comandó durante más de dos décadas la principal fuerza élite de la disuelta guerrilla, conocida como la columna Teófilo Forero, e integró la dirección de las FARC. Es acusado por las autoridades de múltiples asesinatos y secuestros y pesan sobre él 10 condenas por homicidio y terrorismo y 27 por secuestro.
De acuerdo con Márquez, la grabación fue realizada en la selva del departamento de Guainía, sureste de Colombia, en la frontera con Venezuela. Fuentes de inteligencia dijeron al diario El Tiempo que el video habría sido grabado del lado venezolano.
Tras el acuerdo de paz y el desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada, las muertes en Colombia no han cesado por distintos factores, principalmente el tráfico de drogas, aseveró Márquez. En dos años, más de 500 líderes del movimiento social han sido asesinados y ya suman 150 los ex guerrilleros muertos en medio de la indolencia e indiferencia del Estado, denunció.
La Fundación Paz y Reconciliación registró entre el 24 de noviembre de 2016 (cuando se firmaron los acuerdos de paz) y el 12 de agosto pasado fueron asesinadas 106 ex combatientes que se reincorporaron a la vida civil.
Márquez dijo que el ex presidente Santos (2010-2018), distinguido con el Nobel de la Paz, no evitó que el actual gobierno hiciera trizas el acuerdo. Además, denunció que Duque se entromete indebidamente en los asuntos de Venezuela en favor de los intereses de Estados Unidos.
Después de la difusión del video, el presidente Duque solicitó a la justicia reactivar las órdenes de captura contra los líderes rebeldes, a quienes acusó de burlarse de la paz, ofreció una recompensa de alrededor de 863 mil dólares por cada uno de los que aparecen en la grabación, y ratificó su compromiso con los ex combatientes.
El ex mandatario y senador ultraderechista Álvaro Uribe, mentor de Duque y detractor a los acuerdos de paz, pidió en Twitter que el pacto sea eliminado de la Constitución. Aquí no hubo paz, sino el indulto para algunos responsables de delitos atroces a un alto costo institucional, escribió.
Unos 7 mil combatientes rebeldes y 6 mil milicianos entregaron sus armas a observadores de la Organización de las Naciones Unidas como parte del acuerdo negociado con el apoyo de Estados Unidos, Cuba y Noruega, para acabar una guerra que dejó uno 260 mil muertos y millones de desplazados durante 50 años.
Santos publicó en Twitter: a los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia, mientras 90 por ciento de las FARC sigan dentro del proceso de paz hay que seguirles cumpliendo.
La magistrada Patricia Linares, titular de la JEP, señaló en un comunicado que comenzará un trámite para despojar a Márquez y los demás ex guerrilleros que aparecen en el video de sus beneficios jurídicos, entre ellos la reducción de sentencias y su enjuiciamiento ante tribunales ordinarios.
El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, declaró a la radio RCN que percibía el anuncio como una noticia triste para aquellos que genuinamente quieren seguir con la implementación de los acuerdos de paz.
La Organización de las Naciones Unidas reafirmó su apoyo a la paz, mientras los gobiernos de Estados Unidos, Ecuador, Argentina y España condenaron el regreso a las armas en Colombia. La etiqueta #SeguimosPorLaPaz fue tendencia durante el día en las redes sociales de Twitter y Facebook.

Foto Afp
Periódico La Jornada

Xiéxié

Ilka Olvia Corado

Observo por la ventana del automóvil el cielo oscurecido, todo el día ha estado soleado pero es agosto y es la hora de la oración; en un santiamén bajan las nubes amontonándose unas sobre otras con sus vientres a reventar; el paisaje de cielo azul en pampa se torna cenizo, está por caer un aguacero. Me voy a encontrar de frente con la tormenta, en el horizonte se ve el raudal aplacando el calor de los últimos días de verano, el tráfico va lento es viernes, estoy cansada, quiero llegar a la casa y tumbarme sobre la cama y dormir, dormir con el aguacero cayendo, refrescando la noche, acariciando la madrugada.

Pero también quiero celebrar que he terminado de editar mi nuevo libro y quiero para la cena comida china de mi restaurante favorito y tomarme tres tragos de tequila, hace muchos años que no tomo tequila, hará tal vez unos diez y hoy quiero celebrar: celebrar mi necedad y mi cría número catorce. Quiero celebrar conmigo misma y nada más que conmigo misma.

Bajo del automóvil en medio de la tormenta y voy corriendo al restaurante, es pequeño, tan pequeño que solo tiene una mesa y dos sillas para los comensales, la mayoría de la venta es para llevar. Es un restaurante familiar: el esposo es el cocinero, la esposa atiende los pedidos y el hermano del cocinero hace las entregas a domicilio. Jian es de Hong Kong y su esposa Li es de Taiwán, ambos llegaron a Estados Unidos muy jóvenes, hará cosa de unos 30 años. 

Al entrar noto a Li muy cansada, más cansada que lo de costumbre, pero siempre sonriente y atenta, aunque el dolor en su espalda y en sus pies se refleje en las líneas de su rostro, pido lo de siempre: una sopa de la casa de verduras, un arroz mixto pequeño y un enrollado de verduras. 

La sopa tiene su historia, cuenta Jian que la gente de los arrabales en China solo tiene esa sopa para comer, y la preparación es muy simple: se le dejan caer verduras picadas a una taza de agua hirviendo a la que se le agregan unas gotas de aceite de sabor y un poco de arroz blanco y listo se sirve con las verduras a media cocción. 

Li, -le digo, para tratar de sacarla del cansancio emocional- y entonces, ¿tuviste que aprender el idioma de Jian? Sí, porque me fui a vivir con ellos a la casa de su familia y nadie hablaba mi idioma y tuve que aprender el de ellos. ¿Ustedes se conocieron aquí? Sí, aquí, yo hablo mandarín y otro idioma de Taiwán y ellos hablan el cantonés. 

La única hija del matrimonio ya tenía cuatro años cuando Jian emigró, misma que nunca se aparece por el restaurante, a ella le gustó el estudio y no quiere saber nada del negocio de sus padres, me cuenta Li, un poco cabizbaja porque tienen planeado venderlo en cinco años más para lograr retirarse y regresar a vivir ya sea a Taiwán o a Hong Kong, porque la vida aquí es muy dura para los retirados. 

Aunque Li siempre tuvo un trabajo de medio tiempo en las mañanas para una entrada de dinero extra y fija y a partir del medio día estar en el restaurante atendiendo, eso le permitió una especie de retiro del cual recibe una miseria que no le alcanza ni para pagar la luz, me cuenta. 

Jian también hace parte de la conversación desde la cocina donde está a dos manos con sartenes, aceites, arroz y verduras, tiene ahora sesenta y dos años y piensa vender el restaurante a los sesenta y siente para retirarse y largarse del país, tiene la esperanza que le den un buen dinero en la venta para poder irse, porque no aguanta más el dolor en las rodillas con el frío del invierno. 

Suena la campanita que avisa cuando se abre la puerta principal del local y Li saluda a José, un hombre de mediana edad que inmediatamente incluimos en la conversación, José llegó a Estados Unidos de cuatro años, es dueño de una empresa de jardinería en la que tiene a veinte empleados mexicanos, todos indocumentados. Pide cinco platos de porciones grandes porque es para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, lo están esperando en el local donde dejan estacionados los camiones. 

Jian parte por lo menos quince chiles jalapeños que le echa en una bolsa con limones partidos en cruz, le agrega una especie de entrada que regala solo cuando la compra pasa de cuarenta dólares, es pasta de calamar frita en harina. José lleva de conocerlos desde su adolescencia, toda su familia compra ahí, dice que conoce a la hija de Jian y Li y cuenta que son de una edad, que él le consiguió la niñera mexicana que cuida a sus dos hijos. Jian está feliz porque la señora mexicana de setenta años que los cuida les habla solo en español y ellos lo entienden y lo hablan a la perfección. Entonces los niños, tiene ilusión, que hablen cantonés, mandarín, inglés y español. 

Finalmente mi comida está lista, me despido para avisar que regresaré en una próxima ocasión por la misma orden: una sopa de verduras, una arroz mixto y un enrollado de verduras. Doy las gracias no sin antes preguntarle a Li cómo se dice gracias en mandarín y en cantonés, ella entusiasmada se acerca al mostrador, respira y me explica que en mandarín se dice: Xiéxié y en cantonés: Dō zé. 

Ha pasado la tormenta, las calles están limpias, pocos automóviles en la calle, comienza a oscurecer, llego a la licorería a comprar la mini botella de tequila, me atiende su dueño, un hindú con el que he conversado de su India natal durante muchas tardes a los largo de los años cuando he llegado a comprar vino o cerveza. Se sorprende al ver que llevo puesta una blusa hindú, tanto que sale a abrir la puerta y a hacer la reverencia del Namasté, de origen sánscrito, mismo saludo que al inclinar la cabeza en japonés se llama gasshō y que realizan en Corea también. 

Salgo con mi mini botella de tequila, llego a la casa con mi comida china, quemo un poco de sage, me siento a comer y luego, en el transcurso de la noche, me tomo mis tres tragos de tequila; porque no todos los días se edita un libro y no todos los días las pequeñas batallas cotidianas se pueden celebrar con un plato de comida, en una noche fresca con el canto de los grillos y las chicharras. 

Ilka Oliva Corado. 
23 de agosto de 2019, Estados Unidos.

La estrategia del hambre


Por Carolina Vásquez Araya

La miseria en la cual viven millones de seres humanos no es natural ni justificable.

En mi memoria aún persiste la imagen del puerto de Valparaíso cubierto de bananos. Se retrasó el barco y entonces esa montaña de fruta en perfecto estado sería destruida a menos que los habitantes del área pudieran rescatarla. También recuerdo los miles de toneladas de productos lácteos arrojados al mar por una compañía estadounidense para “mantener el precio del producto” y proteger de ese modo un sistema comercial a la medida. El hambre, cuyos devastadores efectos cobra la vida de millones de seres humanos alrededor del mundo, no tiene justificación alguna.
En la realidad, el sistema político impuesto por un rígido marco de intereses corporativos no deja espacio a las indispensables acciones de los Estados orientadas a satisfacer las necesidades básicas de la población. A partir de esos acuerdos solapados, resulta inevitable el incremento de la masa ciudadana obligada a vivir bajo la línea de la pobreza. Entre las consecuencias de este desajuste en las prioridades de gobiernos regidos por un neoliberalismo extremo que ha echado raíces en la mayoría de naciones latinoamericanas, se encuentra también la pérdida acelerada de la biodiversidad con fines de explotación de recursos, cuyos efectos no solo tienen impacto en el medio ambiente, sino también en las posibilidades de desarrollo de los países y en la calidad de vida de sus habitantes.
En la destrucción de la Amazonia brasileña –un reservorio de oxígeno y biodiversidad cuya protección debería tener la máxima prioridad del gobierno de Brasil y de los países aledaños, cuyos territorios también se ven afectados- se puede observar cómo los intereses corporativos llegan al extremo de poner en riesgo la vida misma del planeta. Es decir, en tanto los proyectos extractivos y agroindustriales tengan el poder de condicionar las decisiones gubernamentales, deja de ser importante la conservación de uno de los territorios ya considerados patrimonio de la Humanidad, pero también la supervivencia de las comunidades autóctonas que en él habitan, las cuales han sufrido persecución, desalojos y asesinatos de sus líderes.
La estrategia del hambre en los países en vías de desarrollo ha sido efectiva y ha logrado neutralizar la fuerza del factor humano, con una fórmula propicia para desarticular cualquier intento de subversión ante el sistema impuesto por los países industrializados sobre aquellos sometidos a las normas dictadas por las agencias financieras y las organizaciones empresariales multinacionales. Es decir, los dueños legítimos de los territorios han observado desde el graderío cómo las grandes corporaciones se han adueñado de su agua, de su tierra, de su aire y de todo el mineral que les resulte útil para obtener inmensas utilidades; todo ello, gracias a leyes, convenios, tratados y cantidad de recursos legales ad hoc para convertir el despojo en una buena noticia: incentivos a la inversión extranjera. 
Mientras tanto, ese gran contingente ciudadano cuyas carencias lo impulsan a aceptar cualquier limosna disfrazada de programa asistencialista, ignora los detalles del negocio y por lo tanto está en una posición de dependencia, conveniente para que su gobierno tome decisiones abiertamente lesivas a los intereses nacionales, sin que la oposición –debilitada ya por la falta de soporte popular- tenga la menor incidencia en la fiscalización de esas acciones. Si hay una herramienta capaz de corregir el rumbo de las naciones, es la organización ciudadana; y comprender que si el futuro del planeta está bajo semejante amenaza, sus habitantes también lo están.  

Las decisiones políticas surgen en los despachos de las grandes multinacionales. 

www.carolinavasquezaraya.com

elquintopatio@gmail.com

Colombia: seguir apostando por la paz

Editorial La Jornada

En un video difundido en Internet, el ex número dos de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC), Iván Márquez, anunció ayer que retomará las armas debido a la trampa, la traición y la perfidia, la modificación unilateral del texto del acuerdo, el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado, los montajes judiciales y la inseguridad jurídica. Acompañado de otros ex líderes guerrilleros, quien encabezó las negociaciones con el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos que culminaron en un histórico acuerdo de paz en 2016 y el desarme de 7 mil combatientes en 2017, afirmó que se ve obligado a regresar al monte, y sostuvo que buscará la suma de esfuerzos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos.
La inminente reactivación de las acciones guerrilleras en Colombia es sin duda una pésima noticia para el conjunto de América Latina, pues el proceso colombiano de paz ha suscitado grandes esperanzas de que se pondría fin al conflicto armado más añejo de la región, además de que en muchos de sus aspectos constituyó un empeño ejemplar de negociación por parte de actores considerados irreconciliables en pos de un bien mayor. No está de más recordar que la lucha política armada que estalló en 1964 en la nación caribeña tuvo un saldo de 300 mil muertos, 45 mil desaparecidos y hasta 6.9 millones de desplazados internos a lo largo de medio siglo, según cifras que no recogen el drama humano detrás de los números.
Es innegable que el gobierno del presidente Iván Duque, buena parte de la clase política conservadora y los poderes fácticos de la derecha colombiana se han prodigado tanto en provocaciones como en intentos explícitos de descarrilar los acuerdos de paz; pero al mismo tiempo es necesario reconocer que ni los incumplimientos puntuales ni las condenables agresiones contra los ex combatientes desmovilizados pueden compararse con la auténtica cacería humana desatada por el Estado o con su connivencia en procesos anteriores de desarme. En este sentido, es obligado remitirse a la historia de la Unión Patriótica, un esfuerzo de las FARC por transitar hacia la vida política legal que fracasó debido a la barbarie de los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado: en las décadas de 1980 y 1990, fueron asesinados dos candidatos presidenciales, cinco congresistas en ejercicio, 11 diputados, 109 concejales, varios ex concejales, ocho alcaldes en ejercicio, ocho ex alcaldes, así como entre 3 mil y 5 mil de sus militantes y simpatizantes, mientras muchos otros debieron huir del país. Con un saldo sangriento menor, el Movimiento 19 de Abril, guerrilla fundada por estudiantes universitarios, como reacción al fraude electoral de 1974, corrió un destino similar cuando intentó disputar el poder en las urnas a la oligarquía gobernante.
Hay, pues, grandes diferencias entre la actuación del Estado en los procesos anteriores y en el actual; ha de considerarse además que en el proceso de paz aún en curso todos los actores han sido conscientes desde un inicio de los grandes obstáculos que habría de enfrentar el tránsito a la plena integración civil de los ex combatientes. Por ello, la decisión tomada por la facción disidente de las antiguas FARC es una medida tan lamentable como injustificable que, para colmo, fortalece a la ultraderecha del ex presidente Álvaro Uribe, la cual ve reforzada así su apuesta por el fracaso del proceso de paz y por una macabra política de resolución de las diferencias mediante el exterminio físico del adversario.
Cabe hacer votos por que la sociedad colombiana logre rencauzar el camino hacia la paz mediante un rechazo tajante a cualquier pretensión de usar este episodio como pretexto para empujar una regresión a los tiempos más oscuros del paramilitarismo y la violencia extrema de Estado.

Bolivia: un escenario electoral muy despejado


Bolivia- un escenario electoral muy despejado_
El escenario electoral en Bolivia está cada vez más claro: el balotaje no parece probable dada la centralidad de Morales en la arena política del país.

A casi dos meses de la elección presidencial, el escenario en Bolivia está cada vez más despejado. Al analizar el contexto de un proceso electoral, si bien es importante atender a cuestiones coyunturales que siempre emergen con un impacto relativo imposible de anticipar, lo fundamental es identificar las tendencias en las preferencias de los electores, así como el mapa de sensaciones vigente en la opinión pública. Es cada vez más habitual observar una gran proliferación de datos de una u otra encuesta sobre el porcentaje de votos que obtienen los candidatos en una contienda electoral como si de tratara de una carrera de caballos. Sin embargo, la clave de un estudio riguroso siempre reside en la coherencia entre la cifra de intención de voto y otras variables que dan una panorámica sociológica y política más amplia.
Según la última encuesta de CELAG, realizada a nivel nacional con una muestra representativa de 2.000 entrevistas presenciales en el ámbito rural y urbano, en Bolivia predomina un clima de sensaciones positivas respecto de la situación nacional. Casi un tercio de los bolivianos sienten esperanza, la principal sensación en orden de importancia, seguida de confianza (14%). Esto es justamente lo contrario de lo que está ocurriendo en la “Argentina de Macri”, donde el enojo y la angustia son los sentimientos mayoritarios según otra encuesta de CELAG del mes de julio. Dicho de otro modo: en Bolivia, el clima en el que se dan las elecciones está absolutamente disociado del intento de algunos voceros de la oposición por presentar el país al borde de una hecatombe.
Siguiendo la misma fuente, hay que resaltar que el 54% de los bolivianos tiene una imagen positiva del presidente Evo Morales; misma proporción que manifiesta tener sentimientos positivos hacia su persona (confianza, respeto y afecto). Además, tras 13 años de mandato, la evaluación positiva de su gestión es del 72%, siete puntos más que en el mes de marzo de 2018. Esta valoración a favor del actual presidente contrasta con las opiniones de la ciudadanía sobre los sectores de la oposición: dos tercios de los bolivianos tienen sentimientos negativos sobre “las peleas de la oposición” (angustia, cansancio y enojo). O, visto con otro dato de la misma encuesta CELAG: sólo el 37% evalúa positivamente su desempeño (el de la oposición).
No obstante, hay que remarcar que la oposición no es monolítica y, por tanto, es pertinente descifrar qué es lo que ocurre al interior. Se percibe que la candidatura de Mesa se estanca en un techo electoral en torno al 37% (proporción que manifiesta que podría llegar a votarle) y decrece en imagen positiva (pasa de 35,2% a 28,6%). En consonancia con su techo electoral, sólo despierta un 39% de sentimientos positivos, mientras que entre decepción y rechazo acumula un 42,3%. Por su parte, la candidatura “made in Santa Cruz”, de Óscar Ortiz, se asienta y mejora su posicionamiento en todos los indicadores, alcanzando un alto nivel de conocimiento (cuestión que hasta hace pocos meses era su principal debilidad). Su imagen positiva crece de 15,2% a 23,1% y aumenta significativamente su techo electoral, pasando de 12,5% a 28,7%. Y en comparación con Mesa, en lo que concierne a decepción y rechazo, su valor es mucho menor (33%).
Otra variable fundamental que ayuda a conocer mejor el clima electoral es la expectativa sobre quién será el próximo presidente, más allá de las preferencias de cada elector. Y en esto, según la encuesta CELAG, el dato habla por sí solo: el 60% de los bolivianos y bolivianas cree que el próximo presidente del país será Evo Morales. Incluso entre los votantes opositores este valor es muy elevado: en el caso de los votantes de Mesa, casi la mitad cree que Evo será el presidente. Dicho de otra manera, 4 de cada 10 votantes de Carlos Mesa no creen que su candidato vaya a ganar la elección, lo cual denota que la desesperanza crece al interior de sus propias filas.
Otro aspecto que nos permite indagar la investigación cuantitativa son los sentidos comunes y posicionamientos ideológicos de los electores, para detectar el mapa de afinidades hacia las diferentes candidaturas. En la misma encuesta CELAG, por ejemplo, observamos que más del 50% de la población apoya la continuidad de las políticas sociales actuales y considera que se debería avanzar en la nacionalización de sectores estratégicos. En una evaluación global de la política económica de los últimos años, más de la mitad de los bolivianos considera que el modelo económico ha mejorado el bienestar, el consumo y el nivel de empleo, según datos de la encuesta CELAG del mes de marzo.
Después de todo lo expuesto, casi huelga presentar el dato de intención de voto, dado que cualquier lector ya presupone que hay una diferencia cada vez más holgada a favor de Evo Morales frente a sus perseguidores. Son 18 puntos por encima de Carlos Mesa. Evo Morales crece 6 puntos desde marzo hasta hoy, pasando de 37,5% a 43,4%; mientras que Carlos Mesa cae en el sondeo (28,6% a 25,1%) y Ortiz mejora (7,6% a 12,8%). De esta forma, se constata que la oposición no logra sintonizar con las aspiraciones de la ciudadanía, aunque Ortiz sí haya logrado tener una tendencia creciente en estos últimos meses.
Los sectores de oposición todavía están muy lejos de la centralidad que ocupa Evo Morales en la política boliviana. El actual mandatario goza de una gran credibilidad, un reconocimiento mayoritario positivo de su ejercicio de gobierno y encarna los grandes consensos alcanzados gracias, fundamentalmente, a las políticas implementadas en materia económica y social en estos años. Y, por todo ello, en la elección del 20 de octubre una segunda vuelta es cada vez más improbable.

Cuando se aleja el agua y el ajaw ya no responde

Guatemala

Durante una asamblea formativa, donde se analizaba orígenes, historia e impacto del sistema neoliberal en Guatemala, en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, Héctor Seb, fornido indígena maya q’echí, de 38 años de edad, tomó la palabra, y lloró ante la asamblea al narrar la tragedia que vive su Municipio, Chisec, por la inaudita ausencia del agua.
“Los ríos, las lagunas, los nacimientos, los pozos… se han secado. Enero fue la última vez que cayó la lluvia en Chisec. No tenemos agua. Nuestro único pozo que aún tiene agua en el centro urbano es motivo de discordia porque todos vamos a hacer fila allí…”, indica, con voz entrecortada, ante la asamblea.
“Hace tres días, con mi familia, fui a la comunidad Pozo Seco para lavar ropa acumulada de dos semanas. Viajamos casi dos horas en carro para llegar. Allí también las autoridades comunitarias ya están restringiendo el uso del agua… En la casa ya no lavamos los platos. Sólo medio limpiamos con trapito mojado. Nos estamos bañando cada dos días con un jumbo (2 litros). Las moscas y las enfermedades han aumentado… Perdimos todas nuestras cosechas por falta de lluvias…”, narra en una entrevista don Héctor.
Chisec es un Municipio del Departamento de Alta Verapaz, a 300 Km al norte de la ciudad de Guatemala, con una población promedio de 80.000 personas, casi en su totalidad mayas q’echís. Es una región tropical, con permanente precipitación pluvial, abundantes ríos y lagunas turísticas superficiales y subterráneas.
En la medida que nos acercamos al centro poblado, bajo el picante sol del mediodía, de 40º de temperatura, indígenas q’echís deambulan por los caminos cargando consigo piñas de bidones de agua vacías. No son vendedores de plásticos. Son buscadores de agua. En el trayecto, los ríos aún vivos son succionados con bombas desde los puentes hacia improvisados camiones vendedores de agua, los mismos que compiten con lavanderías “comunitarias” de ropas al aire libre.
Desde la orilla de la carretera unos jóvenes varones nos regalan una triste sonrisa mientras esperan para llenar sus cántaros de plástico en un caño público de agua que apenas gotea.
En el Parque Central del municipio, la vida comercial fluye con mediana normalidad aunque todos están con el agua restringida. El sistema del agua municipal también está racionado, por barrios y por horas, porque el río de donde se abastecía dicha red está casi muerto.
Incluso en el Parque Central una fila de carros, con pipas improvisadas, compiten en el único pozo municipal de agua con los vecinos sedientos que hacen fila con sus tinacos. “Estos últimos días la gente amanece aquí haciendo fila con sus bidones, esperando agarrar agua”, indica don Héctor al mostrarnos el lugar.
¿Cómo explican los vecinos esta inédita tragedia?
Chisec fue muy conocido por sus paradisíacas lagunas turísticas de Sepalau, a 7 km de la cabecera municipal, pero incluso éstas están casi muertas. Al igual que sus dos ríos principales (San Simón I y II).
“Las empresas palmeras, que en los últimos 15 años se expandieron aquí, han desviado los ríos y los nacimientos de agua para regar sus cultivos. Ésa es la principal causa”, indican los lugareños. Y efectivamente, al salir de Chisec, el horizonte geográfico se pinta de verde oscuro constante de la palma.
“No llueve desde enero. En mayo esperamos la lluvia, pero ya estamos terminado agosto y no hay lluvia”, indica el entrevistado. Y ésta es otra de las causas de la muerte de los ríos, lagos, pozos y nacimientos de agua en el lugar.
Pero otra de las razones, que en voz baja indican los lugareños, es la “irresponsable y generalizada deforestación de los bosques, incluso en los márgenes de los nacimientos de agua, y la venta de los predios a los empresarios palmeros”. Quienes pudieron rebanaron las montañas húmedas. Y otros alquilaron o vendieron sus predios tropicales para la “civilidad” de la palma.
¿Qué soluciones existen?
Vecinos y autoridades locales se encuentran atónitos e inmóviles ante esta inédita tragedia. “Nadie sabe identificar la causa a ciencia cierta”. “Mucho menos emprender una solución técnica al problema”.
“Nuestras autoridades ya fueron a realizar varias ceremonias mayas en las cuevas y nacimientos de agua más lejanas para pedir a los ajaw (“creador y formador” para los mayas) que vuelva el agua”, indica Seb, con mirada impotente.
100 km más arriba, en el Departamento de Petén, defensores comunitarios de derechos en el Movimiento Sociopolítico CODECA-MLP debaten las consecuencias del sistema neoliberal, analizan las posibles soluciones a la “orfandad hídrica” que también sufren y plantean constituirse en un movimiento comunitario de reforestadores y de criadores de nacimientos de agua, cuencas y lagunas.

Trump, Mesoamérica y los acuerdos de Tercer País Seguro


Trump, Mesoamérica y los acuerdos de Tercer País Seguro
El interés de EE. UU. por establecer acuerdos de Tercer País Seguro en Mesoamérica es más bien una política antiinmigrante y de establecimiento de “estados tapón” que no pueden proteger a los migrantes ni a sus propios habitantes.

En medio de la segunda ronda electoral, Guatemala fue presionada por el presidente estadounidense Donald Trump para la firma del Acuerdo de Tercer País Seguro. Tras varias tensiones políticas entre el presidente Jimmy Morales y la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, otros Estados centroamericanos se vieron presionados para la adopción del Acuerdo en materia migratoria y de refugiados. Los últimos acontecimientos en este tema reflejan que la Administración Trump pretende continuar una senda de militarización de la migración, hecho que abona a su causa electoral.

¿Qué es el Acuerdo de Tercer País Seguro?

De acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la medida de un Tercer País Seguro “(…) se ha aplicado en los casos en que una persona podría tener o puede encontrar protección en un tercer Estado, ya sea en relación con un caso individual específico o de conformidad con un acuerdo bilateral o multilateral entre los estados sobre el traslado de solicitantes de asilo” (2018; 2).[1] Es decir, un “Tercer País Seguro” corresponde a un Estado que no es el de acogida inicial o bien corresponde a un Estado en la ruta al país de acogida, que se compromete a la protección de personas refugiadas (ya sea un caso individual, familiar y colectivo).
Sin embargo, ese compromiso no es suficiente. De acuerdo con ACNUR es necesario que el Tercer País Seguro cumpla con los siguientes requisitos: “i) (re)admitir a la persona; ii) otorgar a la persona el acceso a un procedimiento justo y eficiente para la determinación de la condición de refugiado y otras necesidades de protección internacional; iii) permitir a la persona permanecer mientras se realiza la determinación; iv) otorgar a la persona estándares de tratamiento acordes con la Convención de 1951 y con las normas internacionales de derechos humanos incluyendo -pero no limitados a- la protección contra la devolución y; v) cuando se determina que la persona es refugiada, debería reconocérsele como tal y otorgarle una estancia legal”.[2] Para ello, el Estado debe contar  –mínimo– con la adhesión a los instrumentos básicos de Derechos Humanos y con la posibilidad de solventar lo expuesto en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados (ONU, 1951) y el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados (ONU, 1967). Estos derechos básicos tienen que ver con la no deportación y/o no retorno, la garantía de la posibilidad de estancia en el Estado, libertad de tránsito, derecho al acceso a un trabajo digno, vivienda y educación, entre otros.
En conformidad a ello, ACNUR establece como fundamental el desarrollo de exámenes individuales sobre si el Tercer Estado cumple con los requisitos para la protección del o la refugiada. Tal examen, además, debe ser individual y sobre las especificidades de cada uno de los casos (no estándar ni colectivo). Asimismo, ACNUR determina que los Estados no deben negar el asilo únicamente en razón de que éste podría buscarse en otro Estado, pues el espíritu de los traslados corresponde a “mejorar la cooperación internacional y regional, la responsabilidad compartida, la repartición de la carga y no trasladar la carga. Los traslados a terceros países deben contribuir a mejorar el espacio general de protección en el Estado que hace el traslado, en el Estado receptor y/o en la región en su conjunto”. [3] En ese sentido, el fin último siempre es la protección internacional de las personas que corren el riesgo de perder su vida en su país de origen.
Por otra parte, las autoridades de EE. UU. han dejado claro que el interés en establecer a Centroamérica como terceros países seguros corresponde más a una política estatal antiinmigrante que al interés por la protección internacional de estas personas. Utilizando tendenciosamente el discurso respecto de la protección de las personas refugiadas, EE. UU. amplía su frontera a la denominada “Frontera del Siglo XXI” y establece, de facto, “estados tapón” que realmente no pueden proteger ni a migrantes ni a sus propios habitantes.

Contexto: Mesoamérica entre el despojo y la intervención política

Intervención, inestabilidad y violencia son, quizás, los conceptos que mejor definen a Mesoamérica. Siendo la región latinoamericana más cercana a EE. UU., ha sido objeto de un sinnúmero de presiones para garantizar la hegemonía del Norte, consolidándose como una región arrojada a la violencia estructural producida por procesos de acumulación neoliberales y por procesos de índole histórico, cultural y social que arrastran largos períodos de conflictos internos que contaron con la intervención estadounidense. A pesar de ello, la posibilidad de desplazamiento a través del Istmo Centroamericano, así como la puerta al Caribe, el Canal de Panamá, han propiciado que para EE. UU. esta región sea considerada como el Mare Nostrum (el Gran Caribe como mar estadounidense) y la región per se en América Mediterránea (en alusión al Mediterráneo europeo). Ambas nociones resultan clave para la comprensión del interés geopolítico sobre Mesoamérica[4] y, en extenso, el Gran Caribe (área conformada por México, Centroamérica, El Caribe, Colombia y Venezuela).
La migración es una situación consustancial a la humanidad; existen suficientes evidencias sobre las oleadas relacionadas con los cambios mundiales de orden económico y social, y de manera puntual en el contexto de la globalización y su estructura de división internacional del trabajo. En la actualidad, el registro es de 257.7 millones de migrantes en el mundo, es decir, 3,4% de la población mundial”.[5] En ese contexto, podemos afirmar que “las migraciones internacionales son, en gran parte, resultado de las fuertes desigualdades en términos de desarrollo y poder entre unos países y otros, enmarcándose así en las relaciones Norte-Sur”.[6]
Las migraciones aportan al crecimiento de los países, tanto receptores como expulsores, y resultan potentes para el desarrollo de ambos. Sería ideal que las personas decidieran migrar por razones distintas a las extremas condiciones de desigualdad. En el caso de Mesoamérica las condiciones estructurales convierten la migración en la única oportunidad para resolver las necesidades vitales de migrantes y sus familias. Las remesas enviadas hacia América Latina en el 2018 crecieron respecto de años anteriores, llegando a 86.060 millones de dólares; Mesoamérica recibe el 25,8%, alrededor de 22.176 millones de dólares, y México el 38,9 %, (en un 95% proveniente de los EE.  UU.).[7]
Según datos de abril de 2019, las remesas de las y los migrantes de Honduras ascienden a 4,883 millones de dólares, representando cerca del 20% del PIB.[8] El Salvador recibe por remesas 5.469 millones de dólares, que representan el 18% del PIB,[9] y Guatemala 9.288 millones de dólares que equivalen al 11% del PIB.[10]
Como se observa, esos países se benefician de la migración y, si vamos a fondo, en los municipios donde llegan esas remesas mejoran un poco las condiciones sociales, arruinadas por el neoliberalismo. EE. UU. también se beneficia. Según datos económicos del 2018 el poder adquisitivo de la población latinoamericana en EE. UU. alcanzó 1,4 billones de dólares, lo que significa el 10% del poder adquisitivo de todos los estadounidenses, estimado en 13,9 billones de dólares, siendo un aporte importante al dinamismo económico de la potencia del Norte.[11]
La migración generada en Mesoamérica hacia EE. UU. se explica por las condiciones de pobreza, violencia, profunda desigualdad, y por factores ambientales y culturales relacionados con el propio sentido neoliberal del Americam Dream. Se acusa a los países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) de ser “estados fallidos”, utilizando como referencia la corrupción y la “baja calidad democrática”,[12] sin que se reconozcan los factores externos que facilitan y apoyan a las élites locales en tales comportamientos.
Es evidente en el caso de Honduras y Guatemala la injerencia externa de los EE. UU. en materia de seguridad y del llamado “soft power” a través de la asistencia para el desarrollo.[13] En las pasadas elecciones de Honduras, aún con las evidencias de un megafraude que garantizó la continuidad de Juan Orlando Hernández en la presidencia, la OEA y en especial los EE. UU. lo respaldaron, impidiendo el recuento de votos y la impugnación de la oposición. Se trata de una acción esperada debido al papel activo de la diplomacia estadounidense en el Golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en 2009.[14]
Mientras la OEA y los EE. UU. apoyan a los gobiernos de Guatemala y Honduras, éstos continúan desarrollando las políticas económicas y sociales que profundizan la desigualdad. Claramente es un círculo de la pobreza que termina con la intención de las familias afectadas por ese ciclo a migrar a los EE. UU. como último recurso para sobrevivir, sabiendo de las violentas condiciones del tránsito hacia la frontera.
La respuesta de los poderes globales y de la actual OEA es sostenerlos, como acaba de ocurrir con el apoyo de Donald Trump para que Jimmy Morales dé por terminada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -decisión que el presidente electo Alejandro Giammattei prometió continuar-, y no se pronuncian ante la represión del Gobierno de Hernández en Honduras.[15] Un caso distinto es El Salvador, cuyos indicadores mejoraron de forma sustancial con los dos gobiernos -2011/2019- del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque no hubo retorno de la histórica migración salvadoreña en los EE. UU., y se mantuvo un flujo migratorio producto de la violencia de los grupos delincuenciales, las “maras”, como factor principal de migración.

Mapa de la migraciónDatos migratorios

La migración hacia EE. UU. desde México y Centroamérica viene descendiendo en los últimos años producto de la mejora sustancial de la situación económica salvadoreña (con los dos gobiernos del FMLN) y por una mejora en las condiciones en México. Guatemala y Honduras siguen siendo los principales países expulsores en términos proporcionales. El mapa de la migración de estos países se expresa en la siguiente tabla:

El conflicto: presiones de Trump a los países centroamericanos

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala decidió recientemente que el Gobierno necesitaba la aprobación del Congreso para firmar con EE. UU. un Acuerdo de Tercer País Seguro. Esa determinación fue cuestionada por Jimmy Morales, quien afirmó que el órgano, “sin las facultades para entrometerse en política exterior, asumió erróneamente una postura negativa a los intereses nacionales”. Asimismo, la negativa de la Corte de Constitucionalidad hizo que Trump amenazara al país centroamericano con aranceles punitivos, prohibiciones de viaje e impuestos a las remesas, además de volver a amenazar con eliminar los programas de asistencia al Triángulo Norte,[16] amenaza que ya ha realizado antes sin ninguna concreción.
Durante la campaña, el candidato Giammattei expresó su rechazo al acuerdo y criticó duramente al Gobierno de Morales por haber firmado un acuerdo de este tipo en la recta final de su Administración. Posteriormente dijo que la decisión final debe pasar por el Congreso de Guatemala, pero que lo rechazaría tal y como está firmado. En su posicionamiento más reciente aceptó que se trata de un hecho consumado que “tendremos que solventar”.[17] Desde la Casa Blanca, se pidió al nuevo mandatario guatemalteco mantener el acuerdo “que no supondría ningún gasto para Guatemala” y que permitiría “entrar en un periodo histórico” en la relación bilateral entre los dos países.[18]
Según el canciller Lisandro Rosales, Honduras aún no ha recibido una propuesta de EE. UU. para convertirse en tercer país seguro para migrantes, pero la analizará cuando la reciba.[19] Hay que considerar que Juan Orlando Hernández podría recurrir a la firma de un acuerdo de estas características para retrasar los procesos de investigación en su contra sobre posibles vínculos con el tráfico de drogas y lavado de activos en una Corte estadounidense. Honduras es uno de los países del Triángulo Norte de Centroamérica que está expulsando a su población. La violencia, los megaproyectos extractivos y los últimos gobiernos no han podido hacer prácticamente nada para cambiar la tendencia creciente de expulsión. De ahí la necesidad de firmar el acuerdo entre EE. UU. y Guatemala. reforzar la frontera del Siglo XXI y continuar con uno de los lineamientos de la Estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno de Trump.[20]
El Salvador, con su presidente Nayib Bukele a la cabeza, también ha sostenido reuniones con el Departamento de Estado de los EE. UU. para abogar por la continuación del Estatus de Protección Temporal (TPS), para resolver la situación de 129 mil salvadoreños que están en territorio de los EE. UU. solicitando reconocimiento en el marco de ese acuerdo.[21] Mientras trabaja con México para incorporarse a la política de contención de la migración con un programa económico en los municipios rurales más pobres del país, como lo expresaron en su más reciente encuentro de presidentes.[22] Es imposible que este país sea considerado como un “tercer país seguro”, siendo el de mayor indices de violencia de toda la región (uno de los principales factores de migración de dicho país).
Uno de los puntos más importantes en la relación bilateral entre México y EE. UU. ha sido la migración. La Administración Trump deja claro que la vía para parar las migraciones es la militarizada. La amenaza de imposición de aranceles a México hizo que el país movilizara a la recién creada Guardia Nacional[23] a puntos estratégicos para detener la migración, y estableció un acuerdo con EE. UU. para comprometerse a bajar la entrada de migrantes al país reforzando la seguridad al sur de la frontera con Guatemala, por lo que esa frontera es uno de los puntos estratégicos más importantes para EE. UU.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene como uno de sus compromisos modificar la política militarizada contra la migración, crear empleos y establecer una alianza de cooperación para el desarrollo con los países centroamericanos -en el que también estaría EE. UU.- además de promover dos megaproyectos en el sur-sureste del país: el Tren Maya y el Corredor Transístmico. Estos dos proyectos tienen resistencia por parte de algunos sectores sociales que verán afectados sus territorios. Por otra parte, geopolíticamente la creación del Corredor partiría al país por su parte más estrecha, aspecto que EE. UU. ha pretendido desde el siglo XIX.
En 2016, el uso político de la migración funcionó como aglutinante al interior de EE. UU. y Trump logró capitalizar en votos un contexto social antimigrante y nacionalista. En 2018, durante las midterms (elecciones intermedias), Trump volvió a recurrir a ese discurso refiriéndose a que las caravanas de migrantes suponían un problema de seguridad nacional, y que por la frontera sur estaban entrando drogas y delincuentes.[24] Lo cierto es que, a pesar de la retórica antiinmigrante, al interior del Gobierno es ardua la discusión sobre la articulación de los objetivos de seguridad nacional con la problemática migratoria. Frente a la postura de línea dura de la Casa Blanca –acompañada por constantes amenazas de recorte en la asistencia–[25] diversos sectores (entre demócratas y republicanos) coinciden que el incremento/mantenimiento de la asistencia es la vía más efectiva para frenar la llegada de migrantes a la frontera de EE. UU. y reducir las actividades criminales en los países de origen. Tanto es así que, el 15 de julio, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Participación Mejorada del Triángulo Norte-EE.UU. (HR 2615), designando 577 millones de dólares en asistencia para el año fiscal 2020.[26]
La reciente gira por los países del Triángulo Norte de una delegación bipartidista del Congreso, encabezada por la presidente de la Cámara de Representantes y una de las principales opositoras a Trump en las filas demócratas, Nancy Pelosi, pone en relieve esa tensión y anticipa el peso que la cuestión migratoria va a tener en las próximas elecciones estadounidenses. En los encuentros con altos funcionarios del Gobierno, representantes de la sociedad civil y empresarios en Guatemala, Honduras y El Salvador, se promovieron tres pilares: seguridad, la prosperidad y la gobernanza. “En cada uno de los países que visitamos, señalamos que no puede tener seguridad a menos que ponga fin a la corrupción. No puedes tener prosperidad a menos que promuevas la justicia. Por lo tanto, el buen gobierno es fundamental para la prosperidad.”[27] Reformas a los poderes judiciales y leyes anticorrupción son dos de los pilares del soft power estadounidense en la región.
Ahora bien, aunque se presente como contrapeso a la actual política migratoria, estas posturas no cuestionan que décadas de asistencia no han cambiado las condiciones estructurales de los países receptores, pues ese no es su objetivo. La “ayuda para el desarrollo” auspiciada por EE. UU. estuvo históricamente anclada a lineamientos de seguridad y promoción de inversiones. Desde la ayuda promovida luego de los Acuerdos de Paz hasta programas recientes, como la CARSI y la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (creados durante la administración Obama y perpetuados por el actual gobierno), se ha conducido a la militarización del Triángulo Norte afectando directamente la vida cotidiana y limitando la acción de movimientos políticos y sociales.
No es de sorprender que “expertos” de think tanks que influyen en la toma de decisión planteen regresar al concepto central del Plan Colombia como forma de revitalizar el enfoque del Gobierno estadounidense hacia el Triángulo Norte de Centroamérica. “En lugar de las actuales decisiones políticas desarticuladas, EE. UU. debería considerar renovar su apoyo condicional a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, a través de un compromiso a largo plazo, bipartidista, consistente y coordinado, similar al Plan Colombia”.[28]
Por otro lado, la propuesta de Tercer País Seguro ha generado rumores y presiones sobre otros países. Tal es el caso de Costa Rica que, tras la publicación de las declaraciones del secretario interino de Seguridad Nacional, en las que mencionaba que el presidente Trump invitaría a Costa Rica y a Panamá a firmar el acuerdo debido a que la migración corresponde a una “responsabilidad regional”.[29] El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, instó al Gobierno a no aprobar el acuerdo en respeto a la soberanía costarricense. Posteriormente la embajadora estadounidense en Costa Rica, Sharon Day, desmintió tales intenciones.[30]

Reflexiones finales

La revisión de las decisiones tomadas por la Administración Trump permite concluir que hay una continuidad en la política anitmigratoria en los últimos gobiernos estadounidenses. Lo realizado por el actual presidente sigue una línea establecida en la Estrategia de Seguridad Nacional y no es una cuestión del orden personal o decisiones tomadas a la ligera, como han querido establecer los principales medios hegemónicos.
Habría que continuar analizando el impacto de tres aspectos de la política exterior de EE. UU. hacia el Triángulo Norte de Centroamérica: la asistencia para el desarrollo que promueve inversiones y modifica el territorio, expulsando población; la promoción de leyes anticorrupción y modificaciones al sector judicial y; por último, la militarización de la seguridad en la región. Finalmente, todo parece indicar que en el uso político de estos tratados está la continuación y fortalecimiento de la Frontera del Siglo XXI. Este plan va en detrimento de la soberanía de los estados centroamericanos y también de sus poblaciones más vulnerables dado que estas disposiciones no influirán en la disminución de los flujos migratorios y, menos aun, en la mejora de las condiciones de vida. Más bien, influirán en la preparación del territorio centroamericano para las inversiones de empresas privadas de EE. UU., en proyectos extractivos, en el uso intensivo de la mano de obra barata para procesos manufactureros y la destrucción de ecosistemas. Como hemos mencionado, El Gran Caribe es el Mare Nostrum de EE. UU., el cual se torna vital en un contexto de competencia, crisis y cuestionamiento de su hegemonía.
La situación estructural de la migración y las causas generadas por el neoliberalismo no se resuelven generando un tapón para impedir la migración en el Triángulo Norte. Esto, en cambio, podría agravar la situación de crisis de DD. HH., social y económica que viven los habitantes de estos tres países y una parte de la población mexicana. El doble rasero de la política de los EE. UU. es evidente, y es uno de los principales causantes de la crisis en tanto apoya los gobiernos de los países con mayor flujo migratorio mientras impide que ingresen los migrantes de esos países expulsados por las políticas de represión, corrupción y desigualdad de sus socios en los gobiernos.


[1] Consideraciones legales sobre el acceso a la protección y la relación entre las personas refugiadas y el tercer país en el contexto del retorno o traslado a terceros países seguros, disponible en: https://www.refworld.org.es/topic,57f504710,57f5091f1,5adf72014,0,,,.html
[2] https://www.acnur.org/determinacion-de-la-condicion-de-refugiado.html
[3] https://www.acnur.org/reasentamiento.html
[4] González, B. 2013. La reconfiguración de Mesoamérica. Una aproximación teórica. Documento de estudio, N. 8. Heredia; EUNA.
[5] https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/09/1809_AnuarioMigracionRemesas_2018.pdf
[6] https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Cohesi%C3%B3n%20Social/MIGRACION.pdf (pág.7)
[7] https://www.cemla.org/PDF/2019-03-fuerte-dinamismo-2018-ingreso-remesas.pdf
[8] https://www.bch.hn/download/remesas_familiares/remesas_familiares_012019.pdf
[9] https://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_k2&view=item&id=1281:remesas-familiares-de-el-salvador-crecen-84-y-superan-los-$5400-millones-en-2018&Itemid=168
[10] https://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/remesas/remfam2010_2019.htm&e=143294
[11] https://estore.uga.edu/C27063_ustores/web/classic/product_detail.jsp?PRODUCTID=6020
[12] https://www.csis.org/analysis/where-are-northern-triangle-countries-headed-and-what-us-policy
[13] http://cdsa.aacademica.org/000-061/648.pdf
[14] https://www.celag.org/honduras-una-decada-de-golpes-e-inestabilidad/
[15] https://www.celag.org/la-permanencia-de-la-encrucijada-hondurena/  y https://www.celag.org/honduras-una-decada-de-golpes-e-inestabilidad/
[16]  https://www.nodal.am/2019/07/trump-amenaza-a-guatemala-con-imponer-aranceles-y-jimmy-morales-culpa-a-la-corte-de-constitucionalidad/
[17] https://elpais.com/internacional/2019/08/16/america/1565918342_288246.html
[18] https://www.pressreader.com/spain/el-pais/20190817/281590947208369
[19] https://www.voanoticias.com/a/canciller-honduras-no-ha-recibido-propuesta-ee-uu-para-acuerdo-sobre-migracion-/5037182.html
[20] https://www.celag.org/la-estrategia-seguridad-nacional-ee-uu-impacto-america-latina-caribe/
[21] https://www.nodal.am/2019/05/bukele-se-reune-con-altos-funcionarios-de-eeuu-y-pide-por-la-proteccion-a-migrantes/
[22] https://www.telesurtv.net/news/lopez-obrador–nayib-bukele-reunion-migracion-20190620-0010.html
[23] https://www.nytimes.com/es/2019/06/24/guardia-nacional-migrantes-mexico/
[24] https://www.celag.org/desafio-eeuu-caravana-migrante-mexico/
[25] https://www.celag.org/ee-uu-y-la-asistencia-para-centroamerica/
[26] https://www.cbo.gov/publication/55348
[27] https://pelosi.house.gov/news/press-releases/pelosi-statement-on-conclusion-of-congressional-delegation-to-the-northern
[28] https://www.csis.org/analysis/where-are-northern-triangle-countries-headed-and-what-us-policy
[29] https://www.crhoy.com/nacionales/trump-pide-a-costa-rica-firmar-acuerdo-migratorio-igual-al-de-guatemala/
[30] https://www.nacion.com/el-pais/politica/estados-unidos-niega-haber-pedido-pacto-migratorio/FTB6FPST3VGK3OYPZD5GH52FYI/story/