Editorial La Jornada
En diversas ciudades de
Estados Unidos se instauró ayer un clima de terror debido al inicio de
las redadas de migrantes decididas por el presidente de ese país, Donald
Trump, quien pretende expulsar a miles de trabajadores extranjeros.
En Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami, Atlanta, San
Francisco, Baltimore y Denver, que son las urbes en las que empezó la
persecución de migrantes a cargo del Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), miles de personas se
encuentran en estado de zozobra, imposibilitados de salir de sus casas
por temor a ser capturados y adoptando planes de contingencia ante
detenciones que se traducen, en muchos casos, en abruptas separaciones
familiares. La víspera, en la primera de esas ciudades, miles de
inconformes salieron a las calles para manifestarse en contra de la
cacería humana anunciada por el gobierno federal.
En contraste, las autoridades municipales de casi todas las ciudades
afectadas por la medida ordenaron a sus corporaciones policiales no
compartir con los agentes federales datos que pudieran permitir la
captura de migrantes, decidieron impedir que las prisiones locales sean
utilizadas para encerrarlos y anunciaron servicios de apoyo para los
afectados, como asistencia legal y auxilio a menores de edad que
pudieran quedar abandonados por la detención de sus tutores.
Asociaciones de empleadores, por su parte, han expresado preocupación
ante la posibilidad de que sus trabajadores no asistan a las labores a
consecuencia de las redadas.
No es exagerado afirmar que con la persecución a extranjeros en
Estados Unidos el mundo asiste a una de las expresiones más atroces de
xenofobia y racismo, protagonizada, como agravante, por el gobierno más
poderoso del planeta y el más despectivo para con los derechos humanos y
la legalidad internacional. Pero esta atrocidad tiene, para colmo, una
faceta de hipocresía e incluso de farsa, porque es evidente que la
administración de Trump no puede ni quiere expulsar al conjunto de los
trabajadores migrantes; ello no sólo es administrativa y operativamente
impracticable, sino que conllevaría un golpe demoledor a la propia
economía estadunidense. Es claro, en cambio, que la Casa Blanca busca
reducir a las comunidades de inmigrantes a un permanente estado
deindefensión y pánico, así como azuzar las fobias de los sectores más
atrasados y provincianos de votantes estadunidense con propósitos
inocultablemente electoreros.
Por lo que hace a México, aunque el canciller Marcelo Ebrard informó
que hasta ahora no se ha registrado el caso de mexicanos capturados, la
situación no es menos preocupante, toda vez que en buena parte de los
casos el gobierno vecino buscará deportar a los extranjeros detenidos a
través de nuestro territorio, y que ello agudizará la circunstancia que
ya se vive en el país a consecuencia de los miles de migrantes varados
en este país.
En estas condiciones resulta impostergable formular estrategias
concretas para gestionar la presencia de extranjeros en territorio
mexicano con pleno respeto a sus derechos humanos y evitar que el
fenómeno tenga el efecto indeseable de exacerbar los sentimientos
xenofóbicos que existen, por desgracia, en sectores de nuestra sociedad.
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