Bajo nuevas amenazas de
agresión contra la soberanía de su país, el presidente reelecto de la
República Bolivariana de Venezuela ha jurado como para un nuevo término
de seis años. Conforme al Artículo 231 de la Constitución vigente, el
presidente jura el día 10 de enero siguiente a la fecha de su elección.
Las últimas elecciones presidenciales se efectuaron el mayo de 2018
donde, a pesar de todo el cerco imperialista contra su gobierno, Maduro
obtuvo la victoria con más de seis millones de votos. Previamente, en el
año 2013 Nicolás Maduro obtuvo un mandato para asumir la presidencia de
la República. Sin embargo, ya desde diciembre de 2014, el gobierno
estadounidense, como parte de su política injerencista contra Venezuela,
aprobó la ley titulada En defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela.
En ella se facultaba al entonces presidente a sancionar las personas
que él estimara habían sido responsables o causantes de alegados actos
de violencia contra elementos de la oposición venezolana; imponer
sanciones económicas, medidas de bloqueo de activos, revocación de
visados y prohibiciones sobre transacciones de propiedades de ciudadanos
venezolanos en Estados Unidos.
Esta Ley facultó, además, al
gobierno estadounidense a procurar acercamientos y subvencionar
económicamente organizaciones e individuos dentro de la denominada
sociedad civil en Venezuela con miras a desestabilizar el gobierno
constitucional en dicho país. Ya para febrero de 2015, el gobierno
venezolano denunciaba cómo los organismos de seguridad del Estado
desbarataban otra intentona golpista contra el gobierno venezolano.
El 9 de marzo de 2015 Obama promulgó la Orden Ejecutiva titulada Contributing to the situation in Venezuela
, en la cual se incluyeron siete miembros de la Fuerza Armada
Venezolana y de la Fiscalía, los cuales habían jugado un rol importante
en desbaratar el fallido intento de Golpe de Estado fraguado para el 12
de febrero. Ese mismo año, la Casa Blanca hizo público un estudio
titulado Estrategia Nacional de Seguridad (2015) donde se incluyen referencias concretas contra el gobierno del presidente Maduro.
Dentro de la preparación de Venezuela contra las agresiones
injerencistas del gobierno de Estados Unidos y las acciones
desestabilizadoras armadas de la oposición, el 1 de mayo de 2017, en el
ejercicio de las facultades delegadas al presidente de la República por
la Constitución de 1999 en sus artículos 347, 348 y 349, el presidente
Maduro convocó al pueblo venezolano a una Asamblea Nacional
Constituyente.
El primero de estos artículos nos señala que la
fuente primaria de soberanía la tiene el pueblo venezolano y que es en
éste y no al margen del mismo donde reside el poder constituyente
originario para mediante una autoconvocatoria, escoger quienes podrán
¨transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar
una nueva Constitución.¨ El segundo nos indica en manos de quién reside
el poder de convocatoria a una asamblea constituyente: el presidente de
la República, la Asamblea Nacional, los consejos municipales o el 15% de
los electores hábiles conforme al registro electoral del país. El
tercero nos indica que el presidente de la República no podrá oponerse a
una nueva Constitución adoptada conforme a lo antes indicado, ni
tampoco los poderes constituidos en el país mediante la Constitución
vigente, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la
Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral.
Su propósito en la
convocatoria fue que el pueblo, en su ejercicio soberano constituyente,
hiciera aquellos cambios necesarios en el documento fundacional de la
República Bolivariana de Venezuela para profundizar las conquistas
revolucionarias alcanzadas.
Al momento de la convocatoria, el
gobierno venezolano denunció al menos 11 pronunciamientos públicos y 4
comunicados de parte del gobierno de Estados Unidos contra su país,
junto con la intromisión del Secretario General de la Organización de
Estados Americanos (OEA) entre los días 28 de febrero y 19 de abril,
incluyendo cuatro sesiones extraordinarias del organismo aprobando
ilegítimamente y sin el consenso requerido, resoluciones contra
Venezuela.
A este conjunto de eventos, debe sumarse el
desarrollo de ejercicios militares auspiciados por el Comando Sur de
Estados Unidos, junto a efectivos militares de Brasil, Perú y Colombia.
Durante el año 2017, además, en ocasión del desfile militar por el 81
Aniversario de la fundación de la Guardia Nacional de Venezuela, se
efectuó, con el apoyo, instigación o anuencia directa del gobierno
colombiano, un atentado contra la vida del presidente Maduro utilizando
artefactos voladores (“drones”) cargando explosivos.
El 25 de
octubre de 2018, en ocasión de su comparecencia ante la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense Donald Trump
anunció su intención de forzar el derrocamiento del gobierno de Nicolás
Maduro, dando a conocer nuevas sanciones económicas. Señaló, además, que
no descartaba ninguna medida contra Venezuela, lo que deja abierta la
opción de una intervención militar. Ese mismo mes el gobernador de
Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares ofreció nuestro suelo patrio como
plataforma de intervención contra el gobierno del presidente Nicolás
Maduro, señalando que Puerto Rico podría pasar a ser el “centro
logístico” desde donde se preparara la transición hacia una democracia
plena en Venezuela. En aquella ocasión ofreció a nuestro país como
espacio o sede para la celebración, bajo la dirección del opositor ex
alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, de una reunión de la
llamada Comisión de Reconstrucción de Venezuela.
No es
casualidad que precisamente en la fecha de la jura de Maduro como
presidente, el Secretario de Estado de Puerto Rico, Luis G. Rivera Marín
haya publicado un escrito, publicado en la edición digital de El Nuevo Día
, donde indica que hay que salvaguardar a los ciudadanos venezolanos
haciendo un llamado injerencista contra este hermano país utilizando
como referentes las agresiones llevadas a cabo por Estados Unidos bajo
el gobierno de Ronald Reagan y evocando nada menos que al reaccionario y
conservador filósofo político Edmund Burke. Rivera Marín evoca, además,
al actual Secretario de Estado de Estados Unidos Michael R. Pompeo,
señalando que nunca está descartada como opción, la intervención
militar.
En un artículo publicado en ALAI (alainet.org) de
fecha 9 de enero de 2019, el periodista puertorriqueño Jesús Dávila da
cuenta de que una de sus fuentes en la sede del gobierno de Puerto Rico,
la Fortaleza (Palacio de Santa Catalina), le indica que “la operación
para el derrocamiento del Gobierno de Venezuela está lista para su
ejecución, pero que todavía falta la pieza clase de un anuncio de
Washington para cancelar o reducir las compras de petróleo y provocar
así el colapso de la presidencia de Nicolás Maduro”. Señala que, como
parte de los planes, que ya Colombia “tiene fuerzas militares en su
frontera noreste¨ y que, de la misma manera, tropas de Brasil “han sido
activadas en el noreste de ese país”. Indica que el papel que jugaría
Puerto Rico dentro de los planes de agresión contra Venezuela, sería el
de una “base de retaguardia para suministros y plataforma
política…porque permite mantener almacenamientos, así como montar un
puente marítimo y aéreo desde territorio controlado directamente por EE
UU.”
Dentro de la aparente estrategia de la cual Puerto Rico
formaría parte se encuentra establecer aquí un llamado “gobierno
provisional”, el cual sería reconocido por varios países
latinoamericanos, particularmente aquellos que se agrupan hoy bajo el
denominado “Grupo de Lima”, constituido por Argentina, Brasil, Canadá,
Costa Rica, Chile, Guatemala, República Cooperativa de Guyana, Honduras,
Panamá, Paraguay y Santa Lucía), a la par que desconocerían la
legitimidad de la presidencia de Maduro. México, que bajo el gobierno
del presidente Peña Nieto del PRI formó parte del Grupo de Lima, con la
llegada del nuevo presidente López Obrador puso distancia de estos
países y votó en contra de la propuesta de no reconocer, alegando
ilegitimidad, al gobierno del presidente Maduro.
Se trata a fin
de cuentas de un esquema que, además, se complementaría, por un lado,
por un proceso insurreccional interno donde participen elementos de la
oposición civil y elementos militares que ya han desertado de la Fuerza
Armada Venezolana así como desafectos dentro de la misma que pudieran
sumarse en un proceso golpista contra Maduro; de otro lado, por el cerco
e intervención militar que pudiera provenir de parte de países con
gobiernos de extrema derecha como son hoy Colombia y Brasil, junto con
el apoyo logístico y diplomático de Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay,
Chile y la República Cooperativa de Guyana. En el plan desestabilizador
también juega un papel las distintas bases militares estadounidenses en
la región del Caribe Oriental conocidas como “Forward Operation
Locations”.
Es importante señalar que países como México y
Uruguay, al igual de Cuba, Nicaragua y Bolivia, han manifestado su
oposición a una intervención militar en Venezuela. A nivel de
Centroamérica todavía hay un relativo silencio, aunque es de esperar que
gobiernos como los de Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá se sumen
a las demandas de los países del Grupo de Lima.
De acuerdo a
un análisis de la situación en Venezuela hecho por varios autores, a
saber, Arantza Tirado, Javier Calderón Castillo, Silvina Romano, Tamara
Lajtman y Aníbal García Fernández, en escrito publicado por celag.org,
el pasado 6 de enero, titulado El Grupo de Lima. EE UU y la disputa geopolítica,
señalan que “para algunos países integrantes del Grupo de Lima, el dedo
acusador contra Venezuela resulta ser una válvula de escape a las
propias dificultades en la política doméstica. Si se repasan las
situaciones en cada uno de estos países, lo menos que se observa es
estabilidad. Salvo algunas excepciones, estos gobiernos están
cuestionados y en 2019 se enfrentarán a procesos electorales.”
Señalan, además dichos autores con relación al Grupo de Lima, que se
trata de “países que de manera obsecuente están siguiendo el libreto de
EE UU de intervención sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua”, que “utilizan
la retórica y las acciones antivenezolanas para descomprimir la crisis
interna que tienen en sus realidades nacionales”; y finamente, que
estando “en dificultades económicas y energéticas, alistan un plan de
saqueo a Venezuela con el cual pretenden resolver sus demandas de gas,
petróleo, oro, y de colocación de productos manufacturados
industriales.”
Una intervención militar en Venezuela y las
posturas que se asuman ante la misma plantea otras complicaciones a
nivel hemisférico.
La Organización de Estados Americanos (OEA),
fundada el 30 de abril de 1948, dispone en su Carta Constitutiva que
trabaja para fortalecer los procesos de paz en la región. Una
intervención militar contra uno de sus países miembros, coloca en
entredicho tal objetivo. La Carta también señala en su Artículo 3 (b)
que: “El orden internacional está esencialmente constituido por el
respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y
por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y
de otras fuentes del derecho internacional.
Por su parte, el
Capítulo V, Artículo 24, que las “controversias internacionales entre
los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de
solución pacífica” que la propia Carta señala. Los procedimientos
pacíficos que contempla la Carta en su Artículo 25 son: “negociación
directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación y
conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que
especialmente acuerden, en cualquier momento las partes.” A pesar del
contenido de estos artículos, en reunión celebrada el mismo día de la
jura del presidente Maduro, con una votación de 19 votos a favor, 6
votos en contra, 8 abstenciones y una ausencia, la OEA acordó no
reconocer la legitimidad constitucional del período de gobierno
presidencial a partir del 10 de enero de 2019.
Una mirada al
documento constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
organismo de integración suramericano que comenzó funciones en el año
2011 aunque fue fundada el 23 de mayo de 2008 en Brasilia, señala que
sus integrantes ratifican “que tanto la integración como la unión
suramericanas se fundan en principios rectores de: irrestricto respeto a
la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados;
autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz;
democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos
universales, indivisibles e interdependientes; reducción de las
asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible.”
En su Artículo 14 también llama a que sea la “concertación entre los
Estados Miembros de UNASUR…un factor de armonía y respeto mutuo que
afiance la estabilidad regional y sustente la preservación de los
valores democráticos y la promoción de los derechos humanos.”
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), instancia
de integración regional latinoamericana y del Caribe, se pronunció en su
Segunda Cumbre realizada en La Habana en 2014 por su apego y “respeto
irrestricto a los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones
Unidas y el Derecho Internacional, la solución pacífica de
controversias, la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la
fuerza, el respeto a la autodeterminación, a la soberanía, la integridad
territorial, la no injerencia en los asuntos internos de cada país la
protección y promoción de todos los derechos humanos, el Estado de
derecho en los planos nacional e internacional, el fomento de la
participación ciudadana y la democracia.”
La Carta de la ONU,
por su parte, en su Artículo 2, sección 4, dispone que, en sus
relaciones internacionales, los Estados miembros de la organización ,
“se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la
integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o
en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones
Unidas”.
Una mirada en su conjunto de tales disposiciones
supone con relación a los planes contra Venezuela, una violación crasa
de lo acordado entre los Estados que suscriben tales documentos
constitutivos, y ciertamente coloca en jaque, particularmente aquellas
instancias de integración regionales, su desarrollo futuro.
No
deja de dar vergüenza ajena que la persona que en Puerto Rico
constitucionalmente hablando, asume la responsabilidad por las pocas
atribuciones que en el plano internacional tiene el Estado libre
Asociado, se exprese con relación a Venezuela con tanta soltura,
irresponsabilidad e ignorancia sobre cómo intervenir en asuntos internos
de otro Estado soberano sin tomar en consideración los efectos de tal
injerencia en el mantenimiento de un orden internacional y las
relaciones pacíficas entre Estados.
Los puertorriqueños no
tenemos por qué hacernos eco de posturas injerencistas contra otros
pueblos hermanos. Es obvio que sobre Venezuela no todos los
puertorriqueños pensamos igual, mucho menos podemos señalar que haya un
consenso entre nosotros sobre el presidente constitucional Nicolás
Maduro Moros o sobre la conducción de su gobierno hacia el socialismo en
Venezuela. Sin embargo, las diferencias con su gobierno no deben
desenfocarnos apoyando posturas que lesionan el orden difícilmente
alcanzado entre los distintos países para establecer un marco de
convivencia mutua, a pesar de diferencias en torno a sus sistemas
económicos o de otra naturaleza. Por esto, las opciones que debemos
favorecer siempre deben enmarcar en el respeto a la soberanía de los
pueblos y el principio de no injerencia en sus asuntos internos.
La historia de la injerencia imperialista en América Latina por parte
de Estados Unidos con el apoyo de las oligarquías de sus pueblos, sólo
ha traído para éstos muertes, torturas, dolor y terror. Son decenas de
miles los muertos, heridos, torturados y desaparecidos los sacrificados.
Una agresión contra Venezuela podría significar un baño de sangre para
el país, algo que no ha ocurrido en dos décadas de Revolución
Bolivariana.
El momento nos impone la
obligación de rechazar el uso de nuestro territorio nacional en los
planes contra Venezuela, como nos impone también, demandar con la mayor
firmeza a nuestro gobierno, el cese en ser cómplice en una agresión
contra el bravo pueblo venezolano que como lee la propia letra de su
Himno Nacional “el yugo lanzó”.
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