Las contradicciones de la asunción de Bolsonaro

por Amílcar Salas Oroño y Camila Vollenweider

Las contradicciones de Bolsonaro y la simbología de asunción

Además de una preocupación para la ciudadanía brasileña, la misma asunción de Jair Bolsonaro como presidente puede ser observada como una afrenta en relación con los elementos que componen el ceremonial de investidura. También, en cierta medida, con aquella liturgia simbólica que termina constituyendo el ensamble de un determinado ciudadano –ahora devenido presidente- con la historia política del país. Su postura reñida y “facciosa” para con la democracia en un sentido amplio, desplegada durante tantos años y conocida en mayor detalle por la comunidad internacional en la última campaña presidencial, vuelve a actualizarse en el mismo ritual que lo consagra; una circunstancia nada secundaria y que, sintomáticamente, marca la excepcionalidad (precocupante) que su llegada al Gobierno supone.

Ya el punto de partida del ceremonial es un nudo contradictorio entre Bolsonaro y los elementos de la asunción: la Catedral de Brasilia. Diseñada por uno de los arquitectos modernistas más célebres del país, Oscar Niemeyer, en el marco de un proyecto de trazado urbano tan ambicioso como sorprendente para una nación periférica –la propia ciudad de Brasilia-, su planificador nunca renegó de su inspiración y militancia comunista, y así concibió algunos aspectos centrales de la Catedral, como la estructura hiperboloide asimétrica (de la creación) con forma de manos moviéndose hacia el cielo. Se trata de una plaza católica muy singular. Bolsonaro, de constante y vulgar militancia anticomunista y adscripción evangélica, arranca allí mismo su periplo hacia el cargo, en una atmósfera todavía impregnada por las críticas y referencias –si bien indirectas, pero referencias al fin– del actual Papa Francisco en relación con algunos dichos y actitudes del próximo presidente.

Acto seguido, Bolsonaro es transportado en el ya caracteristico y perenne Rolls Royce  Silver Wraith. Utilizado por primera vez por Getúlio Vargas en Volta Redonda, en ocasión de las celebraciones por el Día del Trabajo del 1 de mayo de 1953, su formato (descapotable) fue un elemento indisimulable para la conexión buscada entre el líder laborista y su pueblo, lo que llevó no sólo a utilizarlo en varias oportunidades sino que terminó siendo incorporado al propio protocolo institucional de consagración presidencial. Paradojas del destino brasileño: el auto de Vargas, el de las caravanas “queremistas”[i], ahora ocupado por alguien que no hace más que hostigar la “herencia populista” y arranca su mandato aboliendo, precismente, el Ministerio de Trabajo.

A esa altura del trayecto, la comitiva es escoltada por el 1º Regimiento de Guardia de Caballería –los “Dragoes da Independencia”-, una unidad del Ejército creada cuando todavía los territorios formaban parte del Reino de Portugal, en 1765, pero cuyas insignias y indumentarias actuales fueron definidas más contemporáneamente por el mariscal Deodoro da Fonseca, el primer presidente brasileño. La vocación republicana del mariscal contrasta notablemente con la referencia y tradición militar que Bolsonaro suele reivindicar permanentemente –incluso durante la votación a favor del impeachment a Dilma Rousseff–, la de Luis Alves de Lima e Silva –el Duque de Caxias–, guardián acérrimo del esclavismo en su momento y una figura muy poco agradable para la historia latinoamericana como protagonista de la Guerra de la Triple Alianza.

Luego, el presidente electo es acompañado por quienes presiden la Cámara de Diputados y Senadores, junto con el presidente del Supremo Tribunal Federal; poderes públicos que Bolsonaro ha hostigado a lo largo de toda su vida política, propiciando descaradamente tanto el cierre del Congreso –como ha quedado registrado en varias de sus intervenciones públicas– así como el desprecio con el que se ha referido, en reiteradas oportunidades, al Poder Judicial. En la extensa lista de exabruptos también se deberían incluir algunos dichos de sus hijos, como los de Eduardo Bolsonaro quien en plena campaña electoral señaló que “basta un soldado y un cabo para cerrar el Supremo Tribunal Federal”[ii]. Y eso tan sólo si consideramos las dimensiones formales de las instituciones, porque ni Rodrigo Maia –presidente de la Cámara de Diputados, y dedicado a componer un bloque de 15 partidos que pueda retener su posición en la Cámara[iii], excluyendo al PSL, el partido del propio Bolsonaro– ni Eunicio Oliveira –presidente del Senado, que declaró no haberlo votado[iv]– pueden ser considerados compañías fraternales para el actual momento histórico.

Se trata de una asunción cargada de contradicciones entre el personaje en cuestión y los elementos institucionales, históricos, y políticos en general. Más allá del programa a ser desarrollado durante los próximos cuatro años, hay un aspecto que no puede soslayarse: en un capitalismo como el brasileño, característicamente cargado de contradicciones y asimetrías, resulta fundamental poder establecer cierta coherencia de proyecto y compatibilidad con los engranajes y resortes institucionales establecidos como para recrear, eventualmente, una dialéctica mediantamente estable y virtuosa. De lo contrario, las probabilidades de que el el propio Gobierno se vuelva contra su sociedad son bastante altas. Nada auspicia caminos diferentes para los destinos próximos en la República Federativa do Brasil.

[i] El “queremismo” fue un movimiento surgido en mayo de 1945 que buscaba la permanencia de Getúlio Vargas en la Presidencia. El nombre tuvo su origen en el slogan del movimiento, “Queremos Getúlio”.
[ii] https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/21/em-video-filho-de-bolsonaro-diz-que-para-fechar-o-stf-basta-um-soldado-e-um-cabo.ghtml
[iii] https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/partidos-negociam-bloco-para-isolar-psl-e-pt-da-presidencia-da-camara.shtml
[iv] https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2018-11-09/eunicio-oliveira-bolsonaro.html

Escenarios y perspectivas de EE. UU. en América Latina

por Silvina Romano, Aníbal García Fernández, Arantxa Tirado y Tamara Lajtman

Considerando las decisiones y acciones del gobierno estadounidense de Donald Trump y algunas tendencias que trascienden al cambio de gobierno en materia de relaciones entre EE. UU. y América Latina y el Caribe (ALC), a continuación se presentan de modo esquemático algunos escenarios y perspectivas para 2019-2020 en lo relativo a los temas de mayor importancia o conflictividad en estas relaciones.

EE. UU. y las relaciones comerciales con América Latina TLCAN

Escenario 1

La firma del nuevo TLCAN, el USMCA, en el que todos los países ceden en parte a sus exigencias iniciales, supone una victoria a varias bandas. Por un lado, Trump gana porque presenta como victoria un cambio de siglas que quizás no tiene tanto de distinto en su contenido. Por su parte, México y Canadá también ganan porque siguen vinculados al intercambio comercial con EEUU. En el caso de Canadá, sin tener que hacer concesiones sustanciales en la realidad. Pero, en el caso de México, aceptando condiciones que modifican su estructura manufacturera, sobre todo en el sector automotriz, en beneficio del empresariado estadounidense. Este escenario beneficia a Donald Trump de cara a su electorado pero podría no convencer a los sectores demócratas y republicanos que lean el USMCA como una victoria del “proteccionismo” Trump.

Escenario 2

El USMCA no es aprobado por el nuevo Congreso de EE. UU. resultado de las elecciones intermedias de noviembre y la “modernización” del TLCAN queda en el aire. Se mantiene el TLCAN tal y como existía hasta la fecha, lo que refuerza a Trudeau y a López Obrador ante sus respectivos electorados. Trump se muestra incapaz de concretar sus propuestas por las oposiciones internas lo que debilita su posición y su margen de maniobra en otros asuntos.

Promoción de la democracia y los DD. HH. 

Escenario 1

EE. UU. continúa su estrategia de “acoso y derribo” al Gobierno venezolano, forzando la intervención militar bajo la excusa de la “crisis humanitaria” provocada por la conjunción de la crisis económica y la crisis migratoria. La salida de venezolanos a terceros países se utiliza para involucrar a los gobiernos de estos países (Colombia, Ecuador, Brasil) en una eventual intervención militar de tipo “humanitario” que se haría bajo paraguas de la OTAN y legitimada por el Grupo de Lima y la OEA (ante la paralización del contrapeso de la UNASUR y la CELAC). El panorama se complejiza aún más con la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, cuyo canciller ha declarado que no descarta una posible intervención militar en Venezuela. Si no hay intervención directa, se podría imponer un bloqueo abierto a la economía venezolana, incluyendo el fin de los intercambios petroleros. EE. UU. presionará al resto de países para que secunden el aislamiento a Venezuela en sus relaciones bilaterales. La presión sobre Venezuela impactará en la geopolítica regional, poniendo en una situación difícil a Cuba, Bolivia y también Nicaragua. En el primer caso, se deterioran todavía más las relaciones EE. UU.-Cuba. En el segundo, crecerá la presión para impedir la reelección de Evo Morales. En el tercero, se podrían agudizar las presiones para derrocar al gobierno nicaragüense, unido a la reciente aprobación de la “Nica Act”, bajo la excusa de una supuesta “ola democratizadora” regional.

Escenario 2

La llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia de México congela el accionar del Grupo de Lima y debilita el consenso regional para intervenir en Venezuela. El resultado es el mantenimiento de la situación actual por la incapacidad para legitimar entre los gobiernos latinoamericanos una intervención armada que derroque al Gobierno de Nicolás Maduro. Su estabilidad permite ciertos equilibrios regionales que ayudan a reagrupar fuerzas para la izquierda continental y, tal vez, volver a activar la CELAC, ante la imposibilidad de reavivar UNASUR tras la salida de Colombia. Esto sería factible en caso de que en 2019 fuerzas progresistas retornen al Gobierno argentino y que en Bolivia sea reelecto el MAS (Bolivia tiene un importantísimo peso simbólico en los procesos de cambio del siglo XXI). Sin embargo, se mantienen las sanciones económicas al Gobierno y distintos funcionarios venezolanos, así como la presión de think tanks conservadores y progresistas por la “democratización” de Venezuela.

Escenario 3

Sectores del establishment estadounidense inician aproximaciones al Gobierno venezolano para distender la relación en la lógica de facilitar los intercambios comerciales y empujar al Gobierno de Maduro hacia las posiciones estadounidenses a través del Grupo de Boston. Tras la visita del senador Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, siguen los contactos bilaterales (públicos y privados) que, unidos a la mediación internacional de Zapatero y compañía, evitan la intervención militar directa en Venezuela. Ello se produce también por la presión que ejerce en EE. UU. la inexistencia de un consenso latinoamericano que apueste por la intervención abierta en el país. El resto de países no puede secundar esta opción porque supondría un riesgo para la soberanía del conjunto de ALC.

Diplomacia

Escenario 1

La falta de estabilidad en el Departamento de Estado, por los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Deep State, socava la capacidad de acción de la diplomacia estadounidense en ALC. Esta tensión se resuelve con un impeachment al presidente Donald Trump que pone fin a su administración y vuelve la política exterior al control del Deep State. Esto podría suponer una vuelta al proceso de “normalización” de las relaciones entre EE. UU. y Cuba, y el desplazamiento de los asesores que abogan por mantener la línea dura hacia Cuba.

Escenario 2

Se mantienen las disputas entre el sector del establishment que quiere continuar la expansión económica por ALC y el Ejecutivo de EE. UU., al que perciben como un escollo por sus declaraciones públicas, para poder realizar dicha expansión. Sin embargo, Trump logra mantenerse en la presidencia hasta el fin de su mandato con una agresividad en el discurso que puede ser llevada más allá de la retórica por la presión de sus asesores más belicistas, como John Bolton y otros actores en la sombra, algunos de ellos vinculados al “lobby” anticastrista.

Con mayoría en el Senado, Trump podría persistir en su agenda de relaciones exteriores, aunque fiscalizada permanentemente por los demócratas. La Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado podría ser asumida por el republicano Jim Risch, uno de los senadores “más ambiguos”, que no ha demostrado interés en cuestionar el Gobierno de Trump y que tampoco se ha especializado en política exterior. Éste parece no tener la trayectoria para liderar la oposición a la agenda de Trump, como sí lo hizo en su momento Bob Corker, pragmático y abierto a negociaciones bipartidistas quien apoyó la ley de sanciones a Rusia por supuesta injerencia en las elecciones de 2016 (claramente en contra de Trump) y realizó un viaje a Venezuela para una posible negociación.

Otra posibilidad es que Marco Rubio asuma las relaciones exteriores, lo que podría establecer una alianza con el demócrata Robert Menéndez para apuntalar las políticas contra Cuba y Venezuela. En ese caso se incrementaría la retórica antimigrante y ultranacionalista (independientemente del rumbo de la retórica Trump), dificultando las relaciones “cordiales” con los países de la región e incrementando la incertidumbre cuando esta actitud de confrontación “choque” o se contradiga con políticas económicas (de mediana duración) que indican relaciones estrechas entre EE. UU. y ALC (incluso con aquellos gobiernos “no aliados” como Nicaragua, por ejemplo).

Elecciones legislativas en EE. UU. y la política exterior

En las recientes elecciones del 6 de noviembre los demócratas ganaron mayoría en la Cámara de Representantes y los republicanos conservaron la mayoría en el Senado. Se estiman los siguientes escenarios y perspectivas en toma de decisión que incumbe a ALC de modo directo o indirecto:

• En política exterior el contrapeso que podrán hacer los demócratas no es nada desdeñable, pero no siempre será definitivo debido a la presencia de una mayoría republicana en el Congreso y, especialmente, a que el presidente puede recurrir a órdenes y acciones ejecutivas para decidir y operar rápidamente con respecto a temas clave.
• Eliot Engel, podría asumir la Presidencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. De cumplirse su asunción, presionará en contra de la política migratoria de Trump (afirma que, en vez de restringir la migración, EE. UU. debe reducir el tráfico de drogas, aumentar la seguridad, la cooperación económica y ayudar a resolver las crisis económicas en la región). Además presionaría para profundizar las investigaciones sobre el “intervencionismo ruso” en los comicios.
• Desde la Cámara Baja los demócratas harán mayor presión para investigar los supuestos lazos de Trump con Rusia. Esto impactaría en cuestiones geopolíticas fundamentales, promoviendo un enfrentamiento directo cada vez “más real” (que la retórica de Trump) con el Gobierno de Vladimir Putin. Asimismo, se activará el control constitucional para aumentar la fiscalización de las políticas del presidente norteamericano.
• Otra de las iniciativas de la Cámara Baja será el intento de bloquear la agenda migratoria de Trump. Hasta ahora, pese a la fuerte retórica antimigrante y los episodios críticos de los últimos meses, existe rechazo a las propuestas de reforma migratoria en el Congreso, aún por parte de representantes republicanos. De seguir adelante con la política de mano dura, y considerando que la presencia de aliados clave de Trump en el Senado no sea suficiente, podría fragmentarse la bancada republicana por falta de consenso (esto sería un antecedente a favor de un impeachment y/o para quitarle apoyo para próximas elecciones). No obstante, puede ocurrir lo opuesto: que debido al triunfo de los demócratas en la Cámara, los republicanos refuercen su unidad -dejando las diferencias a un lado- bajo el liderazgo de Trump.
• La Cámara podrá bloquear proyectos de ley de gasto militar (recordar que el Congreso es el encargado de rechazar, aprobar o modificar presupuestos anuales).
• Se prevé un avance en la judicialización de la política en EE. UU. para lograr el impeachment contra Trump. Aunque con mayoría en la Cámara de Representantes, para llevar a cabo un impeachment los demócratas necesitarían del apoyo de una parte de la bancada republicana, lo que parece más difícil con un Senado de mayoría republicana y con varios aliados directos de Trump.
• Aún cuando por este u otro motivo no logren enjuiciar al presidente, el hecho de que se avance enérgicamente en este sentido sentaría un precedente para América Latina con un mensaje potente: se puede expulsar del poder a un presidente conservador de derecha. Esto sería impulsado a través de medios como The New York Times, The Washington Post, redes sociales, etc. que hacen campaña contra Trump desde las elecciones de 2016. Estos mismos medios que, junto con el gobierno de EE. UU. cumplieron un importante rol en la legitimación de la judicialización de la política contra gobiernos progresistas, podrían cumplir ahora un rol similar frente a gobiernos conservadores de derecha, tales como el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, Jimmy Morales en Guatemala o Juan Orlando Hernández en Honduras.
• Las elecciones mostraron el avance del ala progresista de los demócratas, simbolizada por la joven diputada Alexandria Ocasio-Cortez, quien viene creciendo en los últimos tres años en una suerte de “efecto Sanders”. La congresista por primera pone un contrapeso al establishment del partido y se autodenomina como “progresista”. El triunfo demócrata en general y la posibilidad del avance progresista en particular, abrirían un escenario en el cual desde EE. UU. se promueva un rechazo (en el ámbito de la política formal, medios y redes sociales) a la derecha conservadora y su forma de gobierno. Esto podría impactar en la formación de opinión pública en ALC en contra de políticos o sectores de derecha o conservadores (aunque no necesariamente implique en un apoyo directo a sectores progresistas).
• En síntesis: con el triunfo de los republicanos en el Senado y los indicadores económicos positivos de las medidas proteccionistas, es probable que Trump busque apuntalar el America First persistiendo, por ejemplo, en una política exterior de confrontación (aunque abierta a acuerdos) y una política interna de mano dura contra la migración. Esto alimentará la polarización política y social visualizada en las elecciones legislativas y presionará a los demócratas a inclinarse hacia políticas más progresistas para marcar la diferencia.

EE. UU. y la migración latinoamericana

La caravana de migrantes centroamericanos empezó hace dos meses con 160 pioneros en San Pedro Sula (Honduras) y llegó a sumar más de 6.000 migrantes provenientes en su mayoría de Honduras y Guatemala. Este hecho coincidió con las elecciones legislativas y fue utilizada como tema de campaña de Trump quién advirtió en diversas ocasiones que se trataba de una “invasión extranjera”. Con o sin muro, la tendencia más probable es que el Ejecutivo busque nuevas formas de criminalizar a los migrantes, separar familias, limitar las solicitudes de asilo y militarizar las fronteras.

• Aunque los cruces fronterizos ilegales hayan disminuido significativamente desde sus máximos históricos en los primeros años del siglo XXI (en 2000 más de 1.6 millones de cruces fronterizos ilegales fueron detenidos, en 2001 la cifra fue de 1.3 millones), según estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza 396.579 personas indocumentadas fueron detenidas luego de ingresar ilegalmente al país en 2018. Asimismo, se ha registrado un aumento en los últimos meses -en su mayoría de familias con hijos-, un total de 16.658 personas tan solo en el mes de septiembre.
• Trump ha limitado el número diario de solicitudes de asilo en la frontera (el sistema fue instituido por el gobierno de Barack Obama en 2016 para responder a los miles de inmigrantes haitianos). La cantidad de migrantes que buscaron asilo en la frontera suroeste aumentó en casi un 70% entre 2017 y 2018. En la actualidad, más de cinco mil migrantes están en la lista, lo que significa una espera de dos meses o incluso más.

La caravana ha servido de excusa para profundizar la militarización en la frontera y es probable que se mantenga esta tendencia. Desde el 25 de octubre fueron desplegados casi 6.000 soldados para ejecutar tareas de asistencia y apoyo a la Border Patrol. Si bien el término de la misión estaba previsto originalmente para el 15 de diciembre, el secretario de Defensa, James Mattis, autorizó la extensión hasta el 31 de enero de 2019. En los hechos, los soldados no tienen la potestad para hacer cumplir las leyes migratorias ya que eso contraviene la Ley Posse Comitatus de 1878.

Pese a las amenazas de Trump, es poco probable que se interrumpa la asistencia a los países del Triángulo Norte de Centroamérica de los cuales provienen la mayoría de los migrantes. El recorte propuesto por Trump no fue aprobado por el Congreso, donde puede persistir el consenso bicameral respecto de la necesidad (y funcionalidad) de la ayuda, que incluye asistencia para las fuerzas policiales y militares, la seguridad fronteriza, reforma policial y en los sistemas de justicia. Asimismo, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes presionará por el mantenimiento de la asistencia en temas como seguridad alimentaria, desarrollo rural, esfuerzos anticorrupción e iniciativas por parte de la sociedad civil de prevención a la violencia.

En caso de que la asistencia económica y militar estadounidense siga fluyendo por los mismos canales y programas con los que viene operando en las últimas décadas, no se garantizará la disminución de la migración ni se generarán los cambios estructurales necesarios para disminuir los flujos. Sin embargo, se abre un nuevo escenario a partir del gobierno de Trump.

A nivel interno, la persistencia de una política de mano dura contra la migración generará mayor polarización en la sociedad estadounidense y Trump seguirá utilizando el “problema” migratorio como arma política para justificar su postura conservadora-nacionalista. A nivel regional, esta política de mano dura presiona al gobierno de AMLO a posicionarse como líder en una salida a la crisis migratoria que apunte a resolver las cuestiones estructurales que la generan. Esta posibilidad se apuntala considerando que el gobierno de Trump ha manifestado su acuerdo y apoyo a la propuesta de AMLO.

 EE. UU. y la seguridad en América Latina

Escenario 1

Se prevé un reforzamiento de las relaciones de las fuerzas de seguridad de América Latina con las fuerzas armadas y el complejo industrial militar estadounidense para los próximos años. En países como Argentina, Brasil y Ecuador, se percibe una rápida reversión de procesos en cuanto a la preservación de la soberanía. A su vez, en países como Chile, Colombia y Perú se trata de actualizar el tradicional alineamiento a la doctrina de seguridad estadounidense.

En Brasil, estos vínculos han sido profundizados por el gobierno ilegítimo de Temer y se vaticina su máxima expresión con el nuevo gobierno ultraconservador de Jair Bolsonaro (de trayectoria militar) incluida la posible concreción de un acuerdo para la utilización de la base aeroespacial de Alcántara por parte de EE. UU.

El gasto militar de la región seguirá en ascenso en México y Colombia a lo que se suman Argentina y Brasil, que han aumentado sus compras a EE. UU. Por su parte, Venezuela, Cuba y Bolivia también renuevan su equipo militar con compras a Rusia.

Finalmente, Colombia, Argentina, Chile y Brasil renovarán sus sistemas de ciberseguridad y para ello es probable que sigan recurriendo a las empresas  de EE. UU. e Israel.

Escenario 2

Se espera que el gasto militar en México se modifique debido a la llegada de AMLO, quien plantea una política anti-narcóticos no centrada en la militarización. Aunque el panorama parece adverso al triunfo de sectores progresistas en las próximas elecciones en Argentina, en caso de una derrota de la derecha el acercamiento a EE. UU. podría ser menos intenso y reemplazado por vínculos con China, Rusia y países de la Unión Europea para la provisión de armas y servicios de seguridad. De mantenerse el MAS en el gobierno Bolivia, seguirá apostando en la cooperación militar con China y Rusia.

Presencia de las FF. AA. de EE. UU. en América Latina  2019

La retirada de tropas estadounidenses de Siria y Afganistán, así como la renuncia del secretario de Defensa, Jim Mattis (reemplazado por Patrick Shanahan, de larga carrera en la empresa de armas Boeing), sumado a las críticas de Trump contra organismos internacionales como la OTAN, ha llevado a elaborar hipótesis sobre la deriva aislacionista de EE. UU. Esto se combina, sin embargo, con un aumento de la producción de armas en plena competencia con China y Rusia. Así, la retirada de tropas podría ir acompañada de una mayor presencia de empresas (como Academi), privatizando aún más la guerra. A su vez, intentará tercerizarla, valiéndose de otros países (por ejemplo, el rol protagónico de Colombia frente a las tensiones con Venezuela o el incremento en la venta de armas a Japón ante la “amenaza” de Corea del Norte). Del mismo modo, persistiría la presencia militar menos costosa en espacios geopolíticos clave y útiles para garantizar mercado para productos del complejo industrial militar de EE. UU. Esa parece ser la estrategia en la región.

Escenario 1

Se prevé una mayor presencia de las fuerzas armadas estadounidenses en el continente (incluido despliegue de tropas en ejercicios militares conjuntos), en virtud de la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo, los “desastres naturales”, las “crisis humanitarias” y debido a la amenaza para la seguridad (estadounidense) que implica la presencia comercial china y rusa en el continente. Algunos ejercicios militares que se llevarán a cabo en 2019 son:

• Ejercicio conjunto Fuerzas Comando en Chile, auspiciado por el Comando Sur de Estados Unidos y bajo la dirección del Comando de Operaciones Especiales Sur que tiene como objetivo fortalecer la cooperación regional, la confianza y la colaboración entre las FF. AA. de los países miembros.
• Continuará el ejercicio Lanza del Sur entre Perú, Colombia y EE.UU., cuya primera fase fue un juego de guerra contra el terrorismo y el narcotráfico realizado en Homestead, Florida (agosto 2018). La ejecución del ejercicio real en 2019 implicará en el despliegue de flotas y fuerzas en una zona de frontera entre Perú y Colombia.
• Ejercicio Fuerzas Aliadas Humanitarias (FAHUM-2019) en República Dominicana, cuyo objetivo es sincronizar operaciones regionales de asistencia humanitaria y de respuesta a desastre naturales.
• Se espera que países como Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia y Ecuador sigan participando de estos ejercicios militares, estrechando vínculos con EE. UU.

Escenario 2

De llegar al Gobierno fuerzas progresistas en Argentina podría cambiar el modo y asiduidad en la participación de este país clave para la región, de cara a la implementación de políticas tendientes a recuperar la soberanía en términos geopolíticos y geoestratégicos, y cuestionando la política de seguridad hemisférica de EE. UU. de la mano de un gobierno relevante como el mexicano.

China en América Latina y fuerzas de seguridad de EE. UU.

La guerra comercial con China expresa uno de los desafíos planteados por el Comando Sur (Estrategia del Teatro 2017-2027) y en la Estrategia de Defensa Nacional 2018, donde se cataloga a China como un “depredador” de la región. Las bases chinas (militares o espaciales) en países como Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Venezuela y Argentina aparecen como correlato militar de la “guerra comercial”. China y Rusia disputan la hegemonía de EE. UU. en diplomacia y posicionamientos geopolíticos en torno a diversos conflictos (incluido el caso de Venezuela).

Se espera que EE. UU. siga una política de “defensa de la soberanía regional” (en clave de Doctrina Monroe) frente a las inversiones chinas y proyectos de infraestructura. Brasil, Chile y Perú tienen a China como su principal socio comercial pero su principal socio militar seguirá siendo EE. UU. y es probable que ambas tendencias continúen.

Será clave el contrapeso de Rusia y China en la correlación de fuerzas. En el caso de Rusia, ya se están produciendo declaraciones y movimientos militares en la coyuntura de la actual  crisis en Venezuela frente a la amenaza de “intervención directa” por parte de EE. UU. También habría que estar atento al modo en que pueda aparecer China en la coyuntura electoral boliviana.

Recursos estratégicos y empresas de EE. UU.

Escenario 1

En 2019 EE.UU. será por primera vez exportador de hidrocarburos (gas shale), en lugar de importador. Esto afectará a la geopolítica regional y mundial ya que América Latina es un mercado clave para el gas shale de EE. UU.

Persiste desde EE. UU. el impulso de la “integración energética latinoamericana”, mediante la estrategia Connecting Americas 2022 poniendo énfasis en la energía eléctrica y el gas. Esto se combina con una mayor presión para avanzar aún más en la apertura (privatización) de empresas energéticas estatales como PEMEX, YPF y PETROBRAS. El panorama puede cambiar según se definan las elecciones en Bolivia y Argentina en 2019.

El posicionamiento del nuevo gobierno en México será clave, no solo en materia de hidrocarburos sino también en el plano industrial y comercial, atado al destino del USMCA. Por el momento, la relación con el gabinete de AMLO es cordial. Sin embargo, desde el Congreso de EE. UU., uno de los bastiones antiprogresistas de mayor duración y calado en la política exterior estadounidense, se alerta sobre la “inexperiencia” del que será responsable de PEMEX, de las políticas en torno a los energéticos y de la incertidumbre (calificación negativa) que genera el gobierno entrante. El tema energético ha sido decisivo en las relaciones México-EE. UU., cualquier movimiento sustancial de la reforma energética puede tener consecuencias graves en la relación bilateral, desde presión económica, cancelación del USMCA y/o demandas millonarias.

El rol que asuma Ecuador, hasta el momento cada vez más alineado a las políticas económicas y de seguridad de EE. UU., podría ser de gran importancia.

Escenario 2

El nuevo gobierno electo en México expresó su intención de fortalecer a PEMEX y la industria petroquímica aunque por ahora sin modificar ni cancelar la reforma energética ratificada en el USMCA. Una potencial revitalización de PEMEX podría constituir la punta de lanza en la recuperación de soberanía en materia de hidrocarburos en caso de una derrota de la derecha en los próximos comicios de Argentinos y la continuidad del MAS en el gobierno boliviano.

Relación México –EE. UU. con el Gobierno de AMLO

El cambio de gobierno en México implica cambios en la política exterior mexicana de los últimos sexenios. Sin embargo, los problemas bilaterales siguen siendo, a grandes rasgos, los mismos: migración, narcotráfico y seguridad, energéticos y comercio (USMCA). El canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, se ha reunido ya con Mike Pompeo y Kirstjen Nielsen, mostrando “buena predisposición”. Como subsecretario de América del Norte estará Jesús Seade, quien estuvo a cargo de la renegociación del TLCAN.

Desde mayo hasta diciembre de 2018 la Embajada de EE. UU. en México no tiene titular. Tras la renuncia de Roberta Jacobson no hay embajador. Uno de los candidatos es Christopher Landau, quien podría haber ocupado el cargo de juez federal en su país aunque, finalmente, el puesto le fue asignado a Kavanaugh dado que Landau carece de experiencia diplomática.

Es de  esperar que las relaciones no sean tensas y, a pesar de que hasta la fecha no ha habido grandes desestabilizaciones, es probable que persista la “incertidumbre” que ya forma parte del modo de gobernar de Trump. Por su parte, México parece volver a la Doctrina Estrada de no injerencia en los asuntos de terceros países. Esto implicaría que la política exterior de México no podría instrumentalizarse para condenar a determinados países que no son del agrado de EE. UU. ni bilateralmente ni en el marco de instancias multilaterales como  la OEA. Entre otras cosas, esto impediría un pronunciamiento  de México en contra de Venezuela, debilitando así al Grupo Lima.

Migración

El nuevo gobierno mexicano ha declarado que no pagará por la construcción del muro y que se hará política pública para dar opciones a los migrantes y detener la migración en su lugar de origen. Para ello, se ha propuesto una reunión entre México, El Salvador, Honduras y Guatemala a los fines de crear un plan conjunto de desarrollo, al cual también se invitó a Canadá y Estados Unidos. La apuesta del gobierno de AMLO es crear condiciones de desarrollo socioeconómico y contar con el apoyo de EE. UU. Así, el gobierno mexicano podría perfilarse como líder de la región norte y centroamericana para dar salida a la crisis migratoria.

Narcotráfico-seguridad

Si bien el nuevo gobierno ha destacado el interés por desmilitarizar la guerra contra el narcotráfico, habrá que atender hacia dónde se canalizan los recursos de la Iniciativa Mérida destinados a la guerra contra el narcotráfico que en los últimos años ha disminuido. Algo similar ocurre con los convenios de inteligencia, pues en los últimos dos sexenios se firmaron acuerdos de largo alcance para compartir información de ciudadanos mexicanos con las principales agencias de seguridad de EE. UU. (CIA, DEA, FBI, NSA), además de su presencia en el país. En el último informe del Congressional Research Service se deslizan dudas respecto a que el gobierno de AMLO continúe con la agenda estadounidense contra el narcotráfico.

Energéticos

Se trata de un tema controversial en las relaciones bilaterales. El nuevo gobierno anunció que no modificará la reforma energética, la cual ya fue incorporada al nuevo TLCAN, pero sí se revisarán los contratos ya firmados. Se pretende fortalecer a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual dio marcha atrás a las licitaciones de generación eléctrica y será la CFE quien realice esta actividad. El gobierno de EE. UU. tiene reservas respecto a la política energética de AMLO, pero espera poder trabajar siempre y cuando no se modifique la reforma.

Comercio (USMCA)

La nueva composición del Congreso de EE. UU. y un Parlamento en México con mayoría relativa de MORENA (partido del nuevo presidente) pueden poner trabas para la aprobación del USMCA. Es previsible que se alargue la ratificación ya sea por los tiempos legislativos o por modificaciones futuras. En el caso de México, el USMCA alteró las reglas de origen del sector automotriz y tendrá repercusiones en las cadenas de valor de ambos países. López Obrador deberá proyectar alternativas e incluso dar pasos hacia una mayor diversificación de la composición y rumbo de las exportaciones.

Latinoamérica y el redil atlántico

por Alfredo Serrano Mancilla 

A fines del año 2013, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) escribió su primer documento a modo de acta de nacimiento: “América Latina, de la década ganada a la década en disputa”. En el texto se hacía referencia a un informe del Consejo Atlántico, The Trilateral Bond: Mapping a New Era for Latin America, The United States, and Europe (El vínculo trilateral: inspeccionando una nueva era para América Latina, Estados Unidos y Europa), en el que se manifestaba, literalmente, que había “un deseo de incorporar a este bloque (América Latina) al redil atlántico […] en base a sus comunes raíces occidentales en términos estrictamente liberales: derechos individuales y mercados abiertos”. Este deseo se constituyó, desde ese entonces, en una prioridad en la política exterior de los Estados Unidos y la Unión Europea. Dicho y hecho.

Casi cinco años después, podemos afirmar que no le dimos la suficiente importancia a lo que envolvía dicho deseo. Quizás, creímos que todo sería irreversible y que los momentos felices serían interminables. El cambio logrado fue tan gigantesco que pensamos que habíamos transformado todo. Indudablemente, hubo muchas cosas que sí cambiaron, pero otras no. Y fue justamente sobre nuestras debilidades, sobre aquello que aún no se logró cambiar por completo, sobre lo que la estrategia para atraernos hacia el redil atlántico hizo mayor hincapié.

Estados Unidos, así como la Unión Europea, cada cual con sus propias particularidades, aceleraron el paso de su política exterior, cada vez más proactiva y ambiciosa. Aprovecharon, sin lugar a dudas, el escenario global de crisis económica prolongada que limita el margen de maniobra para muchas economías periféricas. La abrupta caída de los precios de los commodities entre 2014-2017 también fue un factor determinante que afectó sobremanera a muchos países de la región que tenían una fuerte dependencia de esta fuente de ingreso externo.

En este contexto de fuerte restricción externa, el acceso al crédito es concebido como el gran maná para muchos países latinoamericanos. Esa “ayuda” es un mecanismo firme y eficaz para forjar la deseada dependencia atlántica. La nueva deuda externa latinoamericana está íntimamente relacionada con el boom de emisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos y del Banco Central Europeo. Quienes tienen un exceso de liquidez están deseando colocarla en lugar seguro y rentable, con el ánimo de generar una espiral interminable: deuda que contraiga más deuda futura. Y, además de la cuestión financiera, los grandes acuerdos económicos (comerciales, tratados bilaterales de inversión, de propiedad intelectual) también sirven como fórmulas efectivas para que las economías latinoamericanas se inserten en el redil atlántico.

Pero lo económico no lo es todo. La vía electoral es también crucial como canal para conseguir el objetivo trazado. Lo políticamente correcto siempre fue presentar un candidato opositor en aquel país donde hubiera un gobierno progresista. El propósito era evidente: ganar en las urnas con propuestas más proatlánticas. Durante década y media, no les fue muy bien; sólo vencieron en 1 de 25 tentativas en Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Uruguay. En respuesta a ello, se buscaron alternativas que propiciaran el cambio a favor sin necesidad de respaldo electoral. Así fue como sucedió en Honduras y Paraguay. Y luego se repitió en Brasil. En los tres casos, encontraron la “excusa” para dar el golpe parlamentario que permitiera cambiar de presidente sin pasar por las urnas. Y entonces el terreno quedó abonado para que el candidato “atlántico” ganara elecciones: Juan Orlando Hernández en Honduras, y Horacio Cartes y Mario Abdo en Paraguay. En el caso de Brasil, para que Jair Bolsonaro pudiera llegar a ganar, incluso tuvieron que aplicar otra herramienta complementaria: encarcelar a Lula.

Otro caso objeto de estudio es Ecuador. Cuando no se puede por afuera, hay que intentarlo por adentro. Lenín Moreno ganó con el partido de Rafael Correa, con él a su lado, con los colores y símbolos propios de la Revolución Ciudadana, y también con su programa, en el que no se decía nada de salir del ALBA y acercarse a Estados Unidos, tal como se está haciendo en la actualidad. Esta es otra manera de llegar al objetivo de insertarse en el redil atlántico: ganar con una propuesta progresista para que rápidamente se da la vuelta. Seguramente el caso Ollanta Humala en Perú fue la primera vez que se intentó esta fórmula en este siglo XXI latinoamericano.

El lawfare es otro mecanismo utilizado para alcanzar el objetivo de tener un gobierno más proatlántico. La persecución judicial contra líderes progresistas es cada vez más notable. Lo de Lula en Brasil, Cristina Fernández en Argentina y Correa en Ecuador son tres ejemplos de este procedimiento. También lo están haciendo en Colombia, precisamente para prevenir que Gustavo Petro pueda llegar a ser presidente.

La comunicación y las fake news también constituyen otro dispositivo para conseguir erosionar a cualquier líder progresista con la intención de desbancarlo de su carrera presidencial. No sólo se hace el desgaste contra el líder, sino que también afecta a un imaginario, a un proyecto. El caso más emblemático es, seguramente, el que practicaron contra Evo Morales en el año 2016, durante la campaña del referéndum para repostularse como candidato presidencial. No pudieron jamás por la vía democrática, en las urnas, confrontando ideas, y tuvieron que inventar una telenovela, que luego se demostró que era mentira. Pero hizo daño. Estamos en la era de la posverdad, en la que cada noticia cuenta, aunque no exista base material para creerla. Los grandes medios operan con toda su fuerza para ello y las redes propagan.

Y si nada de lo anterior funciona, entonces, llega la hora del botón infalible de las sanciones, los bloqueos y el embargo. Se ponen límites, directos e indirectos, con el uso de toda una artillería pesada de legislación al alcance de las grandes potencias para impedir el funcionamiento normal de un país. Lo hicieron desde hace décadas y lo siguen haciendo contra Cuba; y ahora lo replican contra Venezuela y Nicaragua. De esta manera se limita y se condiciona cualquier actividad de un país, hasta procurar su asfixia.

Y sí aún el país en cuestión no se ha acercado lo suficiente al redil atlántico, siempre se podrá quedará como posibilidad lo militar.

Todos son métodos muy heterogéneos para alcanzar el objetivo manifestado en el documento inicialmente mencionado del Consejo Atlántico. La región latinoamericana ha sido objeto de la aplicación de todos estos métodos. En muchos casos dieron sus frutos y, en otros, aún no. Seguramente, el Consejo Atlántico sigue trabajando y analizando más y nuevos mecanismos para que, definitivamente, Latinoamérica circule por el deseado redil atlántico. Veremos qué pasa próximamente. La arremetida conservadora avanza, pero todavía existen muchos espacios en disputa.

EE.UU.: El último ladrido del Perro Rabioso

Guadi Calvo

Bombardeo de EEUU en Siria

Foto: Cuba Debate

A casi dos años de la asunción del presidente Donald Trump, sus posturas respecto a los conflictos militares que protagonizan los Estados Unidos en el mundo, son cada vez más desconcertantes, y hasta podríamos decir imprevisibles. El repentino anuncio del retiro total de las tropas que operan, de manera ilegal, en Siria, y el repliegue parcial de efectivos norteamericanos, unos 7 mil, de los casi 14 mil que mantiene en Afganistán, han provocado que uno de sus más importantes colaboradores el general James Mattis, nada menos que Secretario de Defensa, anuncie su salida del gobierno para el próximo mes de febrero, sin que se conozca quien será su reemplazante. (Ver: Afganistán: La vuelta del Perro Rabioso.), a pesar de las diferencias expresadas en una carta pública donde crítica tangencialmente al presidente por su “desconsideración con aliados en el extranjero”, Mattis firmó el lunes 24 la orden del retiro de los primeros 2 mil efectivos norteamericanos de Siria. Aunque se estima que la totalidad podría ser el doble, ubicados en noreste del país, con un importante tejido de infraestructuras entre bases y pistas de aterrizajes. La partida de Mattis, quien había advertido que un retiro de tropas norteamericanas de Siria, iba a ser un error estratégico, se produjo solo un día después de conocerse la decisión de Trump sobre ese país. Provocando además los reproches de varios e influyentes representantes y senadores del Partido Republicano, como Lindsey Graham senador por Carolina del Norte o Marco Rubio senador por Florida que definió a Mattis como "una isla de estabilidad en medio del caos de la administración Trump”.

Es por lo menos llamativo que mientras incrementa su presencia militar en África, (Ver Somalia: Después del síndrome Black Hawk) en el marco de la guerra comercial con China, usado de excusa la actividad de bandas integristas, los Estados Unidos, abandonen dos plazas tan estratégicas como lo son Siria y Afganistán.

En el caso de Siria, los grupos terroristas, que están reducidos a su mínima expresión, desde que comenzó el conflicto en 2011, por el accionar de la alianza compuesta por el Ejercito Árabe Sirio (EAS), tropas y aviación rusa, más comandos de elite iraníes y batallones del Hezbollah libanes que los han confinados a pequeños bolsones de resistencia en zonas rurales bien delimitadas. Se estima que son unos 15 mil, de los casi 330 mil que operaron en sus momento de mayor actividad, que solo les resta la rendición, la fuga o resistir hasta ser exterminados. La victoria alcanzada por los aliados del presidente al-Assad, esta última semana intento adjudicársela Trump, de manera tan grosera como estúpida, para justificar frente a sus votantes la retirada.

Por otra parte y con el impulso de Rusia, en lo que se conoce como la “Mesa de Astaná”, por la capital de Kazajistán, por primera vez desde el comienzo del conflicto, se ha logrado conformar una cumbre para discutir seriamente, con todas las partes involucradas y con objetivos claros, como la conformación de una comisión constituyente que tendrían que terminar en un proceso electoral con la participación del presidente Bashar al-Assad.

La retirada de Washington de Siria, obligará a las fuerzas del Reino Unido y Francia que también operan de manera ilegal en territorio sirio a un pronto retiro, mientras Turquía ya anunció el repliegue de sus tropas, dejando como únicas fuerzas beligerantes a Israel que junto a los muyahidines del Daesh, conforman una alianza, que por extraña que parezca, viene de lejos, y se constituyen como el último escollo para alcanzar la paz.

Por otra parte y mucho más confuso es la retirada de los 7 mil efectivos norteamericanos de Afganistán, en un momento altamente crítico para el gobierno pro norteamericano de Kabul, ya que más allá de las negociaciones de paz que se realizan en Moscú, con la presencia de representantes del Talibán, los integristas afganos no dejan de realizar operaciones cada vez más osadas en casi todas las provincia del país.

El último ataque de proporciones se registró en Kabul, contra el Ministerio de Obras Públicas, cuando en la tarde del lunes un atacante suicida se hizo estallar en un automóvil, mientras otros comandos terroristas ingresaron al edificio de la Autoridad Nacional para Personas Discapacitadas y Familias de Mártires, tomando una gran cantidad de rehenes, lo que dio paso a un largo enfrentamiento entre muyahidines y fuerzas de seguridad afganas que se zanjó con 43 muertos y varias docenas de heridos, entre los 350 civiles que habían quedado atrapados en el interior del ministerio.

Aunque ninguno de los grupos wahabitas que operan en Afganistán, se adjudicó el ataque, se cree que hayan sido comandos del Daesh Khorasan, ya que son los únicos que están produciendo atentados en la capital en los últimos meses.

Con esta nueva incoherencia de Trump respecto a la presencia norteamericana en Afganistán, vuelve a dar un paso más en el confuso minué que el presidente parece estar bailando en Asía Central, ya que es importante recordar que a la llegada de Trump a la presidencia entre sus primeras acciones en política internacional, fue detener la retirada de tropas de Afganistán ordenadas por Barack Obama que habían llegado a reducir la presencia en unos 5500 efectivos y Trump reimpulso la presencia hasta llegar a los 14 mil actuales.

Para algunos analistas cercanos al Pentágono las retiradas anunciadas por Trump, son una clara señal de la debilidad de Estados Unidos, lo que podría desembocar en una ola de mayor violencia en una vasta región que va desde las costas del Mediterráneo del Líbano y el enclave sionista, hasta la frontera de Pakistán con la India.

La piedra en el zapato

La retirada ordenada por Trump de Siria y Afganistán, sin duda responde a la imposibilidad, de poder mostrar logros positivos en alguno de los dos conflictos de mayor envergadura que desarrollan los Estados Unidos, sabiendo muy bien que respecto a Siria ya sería demasiado costoso que el Pentágono reavive los frentes contra Bashar al-Asad.

El mundo ya ha tenido suficientes experiencias trágicas, particularmente Europa, sobre que significa pactar con el terrorismo, asesorarlo y después traicionarlos. Con infinidad de recursos en esa guerra, Daesh, y al-Qaeda que fueron financiados por Arabia Saudita y Qatar, creyeron poder alcanzar sus aspiraciones políticas, con la ansiada creación de un nuevo Califato, que a pesar de haberse constituido abarcando un extenso territorio montado en la frontera siria-iraquí, finalmente fueron desalojados a finales de 2017, con mucho esfuerzo e importantes bajas civiles, destrucción de infraestructuras y generado una gran cantidad de veteranos, que han llevado sus experiencias a países tan distantes como Filipina de Mali, pasando incluso por Libia, Egipto, el propio Afganistán, Cachemira y Pakistán.

Hoy sería muy difícil pensar en que las dos monarquías wahabitas, pudieran volver a colaborar, como lo hicieron desde marzo de 2011, con los terroristas, ya que el emir de Qatar, Hamad bin Jalifa al-Thani, debió abdicar a favor de su hijo Tamim en 2013, tras el escándalo de los fondos que el emirato desvió a los terroristas en Siria y la caída en desgracia del príncipe heredero Mohamed bin Salma (MbS) tras el affaire Khashoggi en octubre pasado (ver: “Caso Khashoggi: Oda a la hipocresía” y “Jamel Khashoggi, crónica de una muerte anunciada.”) que puso al príncipe en la mira de las organizaciones de derechos humanos y más de un país occidental, por el crimen del periodista, lo que lo obligo también a buscar una salida a la guerra en Yemen, donde ha asesinado a más de ochenta mil civiles.

Será importante estar atento a las próximas movidas del presidente norteamericano, ya que el máximo factor de conflicto en Medio Oriente es Irán, un jugador clave en la restructuración no solo de Siria, sino de todo el Medio Oriente, que sigue siendo la piedra en el zapato del presidente Trump, cada vez más cuestionado por sus torpes políticas de interior y exterior.

- Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC

https://www.alainet.org/es/articulo/197328

Petro: el incómodo outsider

Germán Ayala Osorio

Foto: Zenú Radio

Las billonarias sanciones fiscales impuestas por la Contraloría Distrital de Bogotá, en cabeza de Juan Carlos Granados[1], contra el ex alcalde Gustavo Petro Urrego, expresan con claridad el miedo que tiene una parte sustantiva del Régimen frente a la posibilidad de que aquel pueda, con su liderazgo y con el movimiento político de la Colombia Humana, alzarse con victorias regionales en las elecciones de 2019. Y por supuesto, que en el escenario electoral de 2022 pueda llegar a la Casa de Nariño en la condición de Presidente de la República.

Petro es un outsider de la política y esa condición lo hace ser aún más incómodo para el Régimen de poder. Al venir de la lucha armada, Gustavo Francisco Petro Urrego [2] carga sobre sus hombros la pesada carga moral de haberse levantado en armas contra una Establecimiento que se ve a sí mismo como legítimo y moralmente superior a sus críticos y detractores.

Otra circunstancia que el Régimen no le perdona al ex alcalde de Bogotá es, además de su probada inteligencia y sus capacidades de oratoria y convocatoria popular, el haberse atrevido a tocar los intereses de particulares en el lucrativo negocio de las basuras, cuando decidió competir, como Estado[3] distrital, en la recolección de las basuras en la capital del país. Esa acción, a todas luces temeraria, abrió el camino para que el entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez[4] Maldonado, eximio representante del Establecimiento y de la godarria bogotana, lo persiguiera y sancionara. Allí empezó a fraguarse el fino proyecto político que hoy exhibe la derecha y la ultraderecha colombiana de sacar de la lucha electoral y política a Gustavo Francisco Petro Urrego. Huelga recordar lo acontecido en torno a las medidas cautelares otorgadas en su momento por el CIDH[5] y la orden de restituirlo en su cargo de Alcalde Mayor de Bogotá, ante lo dispuesto[6] por el lefebvrista, Ordóñez Maldonado[7].

Pero antes de las decisiones adoptadas en materia de recolección y procesamiento de las basuras, entre otras decisiones político- administrativas como Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro ya era un sujeto político incómodo para el Régimen por haber develado la penetración paramilitar en el Estado. Y lo hizo, confrontando  a Álvaro Uribe Vélez[8], quien es, de tiempo atrás, el agente de poder que se “auto designó” para asumir como propio el desprestigio moral de un Establecimiento que supo usar la figura carismática (mediáticamente[9] construida) del hoy senador del Centro Democrático (CD) para probar hasta dónde el  Régimen era capaz de estirar sus propios límites éticos y morales en el periodo presidencial de 2002-2010. Y quedó claro, después de esos aciagos años, que los más sobresalientes y poderosos agentes de poder del Régimen borraron[10] todos los límites entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legal y lo ilegal, entre lo legítimo y lo ilegítimo. Se suma a lo anterior, los recientes debates en los que participó Petro, al interior del Congreso, en las comprometedoras, turbias, sinuosas, liosas y dolosas relaciones entre sectores de la clase política, empresarial (empresas del grupo AVAL) y el Fiscal General de la Nación[11] con la multinacional Odebrecht, en el marco del pago de millonarias coimas y de contratos ficticios en la construcción de la Ruta del Sol II.

Dos tesis

En el caso de las sanciones fiscales contra Petro Urrego confluyen todo tipo de interpretaciones jurídico-políticas que comprometen el juicio jurídico, el interés político y las lecturas ideologizadas de los magistrados de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal Superior de Cundinamarca que insisten en la tesis que indica que por sanciones de tipo fiscal no debió haberse permitido que Gustavo Petro se posesionara como Congresista y que, de cara al futuro, no podría aspirar a ser Presidente de la República, hasta tanto no cancele el monto de la sanción fiscal.

Esta tesis claramente va en contravía de la defendida por otros magistrados de las mismas corporaciones y del Tribunal Superior de Cundinamarca, en el sentido en que sanciones de tipo fiscal no pueden ponerse por encima de los derechos políticos de ningún ciudadano que busque acceder a un cargo público de elección popular. Esta tesis hace que lo señalado por la CIDH, y que va en el mismo sentido, se torne vinculante para el Estado y para las decisiones que en dicha materia deban tomar las altas cortes colombianas y los entes de control.

Finalmente, la defensa de Petro Urrego sabe que su futuro político está en manos de los magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca que, en sala plena deberán fallar de fondo en torno a si quedan en firme las medidas cautelares para proteger los derechos políticos del hoy senador de la República; y por supuesto, esa misma defensa estará atenta a lo que en su momento se decida al interior del Consejo de Estado e incluso, en la propia Corte Constitucional.

Llama la atención el silencio del actual Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien ya había mostrado su molestia por lo sucedido con la “caída” de sanción de su antecesor, Ordóñez Maldonado impuso contra Petro. Carrillo es partidario del poder disciplinar de la Procuraduría sobre funcionarios de elección popular.

Las circunstancias contextuales

Más allá de la confrontación de las tesis expuestas y del desconocimiento que pueda hacerse de lo prescrito por la CIDH, el proyecto político de la derecha y la ultraderecha colombiana de sacar del juego político-electoral a Gustavo Francisco Petro Urrego se explica por las siguientes circunstancias contextuales: la primera, que guarda estrecha relación con el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso y los efectos sociales y económicos que generará en la clase media y baja del país. Más claro: el Régimen sabe que el malestar social en Colombia es creciente y que quien puede capitalizarlo, electoralmente, es Gustavo Petro. De allí la necesidad de sacarlo de la arena política, imponiéndole sanciones billonarias impagables. La segunda, que el Régimen reconoce en Petro a un líder popular, cuyo liderazgo puede verse debilitado por la imposibilidad de ejercer el único cargo que le interesa realmente ocupar al ex alcalde Bogotá: el de Presidente de Colombia. La tercera circunstancia está dada en el miedo[12] que tienen los agentes del Régimen por lo que pueda ocurrir en las regiones en las elecciones de 2019. De triunfar la Colombia Humana en varias regiones, la gobernabilidad de Duque estaría seriamente comprometida, lo que de inmediato pondría en riesgo la continuidad de la derecha en el poder del Estado. Y la cuarta circunstancia tiene que ver con las presidenciales de 2022. De no darse un llamado intempestivo a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)[13], y de consolidarse la imagen negativa de Iván Duque[14] y de extenderse el malestar social por las medidas económicas adoptadas por el actual gobierno, la derecha está, desde ya, preocupada por quién podría asumir la presidencia en 2022. Dentro del mismo Régimen hay serias dudas sobre la figura que pueda recoger sus banderas. El caso de Germán Vargas Lleras preocupa al interior del Establecimiento por su nulo carisma y por la catástrofe electoral que sufrió recientemente[15], lo que de inmediato obliga a pensar en otras opciones. Quizás el propio Régimen esté pensando en “Pachito”[16] Santos, quien ha mostrado no solo lealtad, sino el carácter pusilánime que se necesita para cumplir a pie juntillas lo que se le ordene desde las instancias de poder económico y político. Y la quinta circunstancia tiene que ver con que la apuesta desarrollista de Duque, a todas luces insostenible[17], estaría en riesgo con la eventual llegada de Petro a la Casa de Nariño. Estarían en riesgo el modelo de la gran plantación, la especialización agrícola (monocultivos de palma africana y azúcar) y la locomotora minero energético, bastiones que el Régimen de poder defenderá a dentelladas, por cuanto ya existe una institucionalidad servicial y al servicio de este modelo económico y social de sociedad.

Así entonces, las billonarias sanciones fiscales que hoy recaen sobre Gustavo Francisco Petro Urrego son, sin lugar a dudas, el camino expedito, aunque controversial, para sacar a este incómodo outsider del juego político electoral. Como sucedió con los casos[18] de Gaitán y Galán, el Régimen supo sacarlos del camino y facilitó su eliminación física. Aunque no deben desecharse planes para asesinar a Petro, el Régimen apela a la sanción fiscal para frenar sus aspiraciones presidenciales. De no prosperar la tesis que niega los efectos políticos de las sanciones económicas, la posibilidad de que Petro llegue al Solio de Bolívar en 2022 es alta. De lograrlo, su magnicidio o el hacer invivible la República serán opciones que muy seguramente se barajarán al interior del Establecimiento, si ese escenario político se llegar a dar. Habrá que esperar. Por ahora, lo único claro y evidente es el miedo y los odios que genera Petro en un Régimen que, como diría Gómez Hurtado, no es más “que un conjunto de complicidades”.

Notas

[1] Véase: https://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-imputara-cargos-al-contralor-de-bogota-juan-carlos-granados/587161  Es cuota política de Germán Vargas Lleras. Para esto último, véase:  https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/juan-carlos-granados-becerra

[2] Véase: https://www.alainet.org/es/articulo/191239

[3] Véase: https://laotratribuna1.blogspot.com/2013/01/modelos-discrecionales-de-estado.html

[4] Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/01/la-cruzada-de-los-inmorales.html

[5] Véase: http://zonacero.com/?q=politica/cidh-recomienda-estado-colombiano-revocar-sancion-exalcalde-gustavo-petro-94625

[6] Hay que recordar que el Consejo de Estado tumbó el fallo disciplinario proferido por Ordóñez Maldonado. Véase: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/consejo-de-estado-tumba-fallo-que-saco-gustavo-petro-de-la-alcaldia-de-bogota-articulo-723365

[7] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2016/07/del-ahogado-el-sombrero.html

[8] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2014/05/los-danos-que-uribe-velez-le-hizo.html

[9] Véase: http://www.voltairenet.org/article157635.html

[10] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2010/01/se-impuso-el-todo-vale.html

[11] Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/11/el-fiscal-no-se-cae.html

[12] Véase: https://www.pulzo.com/elecciones-2018/paloma-valencia-dice-como-seria-colombia-humana-PP493062

[13] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com/2014/04/los-riesgos-de-una-asamblea-nacional.html

[14] Véase:  https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/08/el-gran-reto-de-duque.html

[15] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2017/03/los-presidenciables-i.html

[16] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/09/pachito-santos-y-la-crisis-venezolana.html

[17] Desde lo ambiental, lo socia, lo político, lo cultural y lo económico.

[18] Hay que sumarle el caso de Ingrid Betancur Pulecio quien en su relato ante la JEP, dejó entrever que su secuestro bien pudo haberse facilitado por agentes de poder e incluso, por el propio presidente Pastrana, pasar sacarla del juego político, dado que al momento de ser privada de su libertad por parte de las Farc, fungía como candidata presidencial por el Partido Oxígeno Verde. Véase: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0611/articulo06.html

Germán Ayala Osorio

Comunicador social y politólogo

https://www.sur.org.co/petro-el-incomodo-outsider/

Amenaza Trump a los demócratas con un cierre total de la frontera

Exige liberen 5 mil mdd

Responden opositores que aprueban financiar la seguridad interna, pero no el muro

▲ Turistas visitan el Capitolio de Estados Unidos en una mañana lluviosa en Washington, mientras el gobierno se encuentra en un cierre parcial ante el desacuerdo entre la Cámara de Representantes y el Presidente sobre las asignaciones presupuestarias del año, principalmente por el financiamiento al muro que Trump promueve se levante en la frontera con México

Washington. El presidente Donald Trump amenazó este viernes con cerrar la frontera sur de Estados Unidos si no consigue 5 mil millones de dólares para el muro que prometió en campaña, agravando una disputa que ha provocado la paralización parcial del gobierno federal.

Cuando los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes el jueves próximo, planean aprobar rápidamente partidas de gastos que pongan fin a la paralización del gobierno que comenzó el 22 de diciembre.

La oposición ha dejado en claro que el proyecto de gasto, que luego tendrá que votarse en el Senado, controlado por los republicanos, no incluirá los 5 mil millones de dólares que Trump dice son necesarios para la parte clave de una valla que fue su promesa de campaña.

“Los demócratas están unidos contra el muro inmoral, ineficaz y oneroso del presidente… que prometió claramente que México pagaría”, dijo en un comunicado Drew Hammill, portavoz de la que será la nueva presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

Sin embargo, Trump ha elevado sus exigencias por Twitter.

Nos veremos obligados a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y también cambian las ridículas leyes de inmigración a las que nuestro país está sometido, escribió Trump.

"O construimos el muro o cerramos la frontera", agregó.

En varias entrevistas televisivas emitidas el viernes, los colaboradores de Trump culparon a la oposición por la situación, asegurando que se habían negado a negociar desde que la Casa Blanca presentó una oferta el pasado fin de semana.

Los demócratas han ofrecido mil 300 millones de dólares en fondos para la seguridad general de las fronteras, pero se han opuesto desde hace mucho tiempo a la construcción de una valla de seguridad.

Drew Hammill, vocero de Pelosi, tuiteó el jueves que los demócratas ofrecieron tres opciones a los republicanos para reabrir el gobierno y todas incluyen fondos para una seguridad fronteriza fuerte, sensible y efectiva, pero no el muro del presidente.

El Senado se reunió brevemente el jueves por la tarde antes de levantar sesión hasta la próxima semana y no se vislumbra un acuerdo para superar la parálisis presupuestaria que cerró una cuarta parte del gobierno federal.

El cese, actualmente en su séptimo día, ha afectado a nueve agencias federales y ha obligado a unos 420 mil empleados federales considerados esenciales a trabajar sin pago, mientras que otros 380 mil recibieron una licencia sin sueldo.

Foto Ap

Reuters, Xinhua y Sputnik

 Periódico La Jornada

Un pensamiento desconectado de la realidad

Emir Sader

Rebelión

La separación entre teoría y práctica fue algo que acompañó a la izquierda a lo largo de casi un siglo. Quedaron atrás los momentos en que los grandes dirigentes políticos de la izquierda eran, a la vez, grandes intelectuales. Marx, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Gramsci, fueron ejemplos determinantes de aquel momento en que teoría y práctica se imbricaban mutuamente.

A partir de la estalinización de los partidos comunistas y del abandono por parte de la socialdemocracia del anticapitalismo, la teoría pasó o en el mejor de los casos tendió a quedar recluida en las universidades y centros de estudio, sin tener ninguna relación con la realidad, teorías sin trascendencia práctica. Mientras que la práctica política se fue amoldando a las estructuras existentes de los sistemas políticas, sin análisis más profundos de la realidad y sin capacidad de diseñar futuros alternativos.

Latinoamérica tiene una larga tradición de pensamiento crítico, que tiene en Mariategui, con su capacidad creativa de captar nuestra realidad en sus particularidades, en el marco del marxismo, a su fundador. En este siglo, la intelectualidad crítica vivió nuevos desafíos frente a la ola neoliberal, no solamente como proyecto económico, sino como modelo hegemónico renovador del capitalismo.

En un primer momento se trató de resistir a la ofensiva neoliberal, defendiendo las empresas públicas de las privatizaciones, los derechos de los trabajadores, las regulaciones estatales, la soberanía externa. Ello exigió solamente firmeza de principios. Pero incluso en el seno del Foro Social Mundial hubo quienes -especialmente intelectuales europeos- optaron por criticar al Estado desde el punto de vista de la sociedad civil, rindiéndose a tesis de carácter liberal. En lugar de proponer procesos de democratización del Estado, han preferido caracterizar al Estado como reaccionario, conservador, adversario de los movimientos sociales. Pero han sido posiciones minoritarias, que no han sobrevivido con fuerza al surgimiento de los gobiernos antineoliberales en América Latina.

En un segundo momento -después de haber participado activamente en los foros sociales mundiales desde la dirección de CLACSO-, fue el tiempo de construcción de gobiernos alternativos al neoliberalismo, con protagonismo de los nuevos liderazgos (Chávez, Lula, Néstor y Cristina, Pepe Mujica, Evo, Rafael Correa). Solamente una parte de la intelectualidad latinoamericana ha comprendido el carácter profundamente antineoliberal de esos gobiernos, que respondían concretamente a los desafíos de construir alternativas al neoliberalismo.

Otros han mantenido puntos de vista críticos y distancias, cuando no oposición frontal. Unos, afirmando que esos gobiernos no eran distintos a los gobiernos neoliberales que los habían antecedido y a los cuales se oponían. No veían cómo la Venezuela de Chávez era radicalmente distinta a la que él había heredado. Ni como el Brasil de Lula era absolutamente distinto, comparado con el país que Cardoso le había dejado. Ni que la Argentina de Menem era un país frontalmente diferente al que los Kirchner habían reconstruido. Ni que los gobiernos del Frente Amplio uruguayo habían cambiado radicalmente la sociedad del país. Ni que entre los gobiernos anteriores y el de Evo Morales había un abismo de diferencias. Ni tampoco que el Ecuador de Rafael Correa era otro país respecto a los gobiernos anteriores.

Otros han tratado de descalificar a esos nuevos gobiernos, caracterizados como modelos primario exportadores, dilapidadores de la naturaleza, sin darse cuenta de las trasformaciones económicas, sociales y políticas que esos países han tenido, por ejemplo, en comparación con países como Perú y México, que habían mantenido políticas neoliberales. Son intelectuales que se han alejado de la ola progresista que se había producido en el continente, no logrando ningún tipo de apoyo popular y tampoco logrando proponer alternativas de gobierno, consiguiendo que las alternativas a esos gobiernos hayan estado siempre a la derecha, como la crisis posteriores a esas administraciones han demostrado.

Aun la parte de la intelectualidad que se ha identificado con esos mandatos, en general, no ha tenido una participación activa en la formulación de las políticas antineoliberales, que han sido más mérito de los líderes de esos procesos. Gran parte de la intelectualidad de esos países ha votado por esos gobiernos, pero bajo la forma de un consenso pasivo -los han preferido a los de derecha o de ultraizquierda-, pero sin participar activamente en la construcción de las nuevas políticas y muchas veces sin siquiera participar en el intenso debate ideológico.

Un tercer período fue el del retorno de la ofensiva conservadora y crisis de gobiernos progresistas, sustituidos en varios casos -Argentina, Brasil, Ecuador- por gobiernos de restauración neoliberal o sometidos a duras ofensivas de la derecha, como en los casos de Venezuela, Bolivia e incluso Uruguay.

En este período, la distancia entre la práctica intelectual y los desafíos políticos concretos de la realidad latinoamericana ha sido más evidente. Los líderes políticos de la izquierda, los partidos y los movimientos populares no cuentan, en general, con contribuciones de intelectuales que puedan ayudar a hacer balances, ubicar las debilidades, apuntar hacia su superación y comprender el nuevo período político que tenemos por delante; estos líderes y colectivos tienden a sufrir el aislamiento respecto a la intelectualidad, a sufrir la falta del debate de ideas pertinentes con los desafíos concretos y los nuevos horizontes a dibujar y a encarar.

Una tendencia a encierro en las universidades, centros de estudio, instituciones, con los correspondientes procesos de despolitización, de burocratización en los medios intelectuales. Rasgos típicos de épocas de reveses, de repliegue de la izquierda, de pérdida de iniciativa y de ofensiva de la derecha. En el período actual es notoria la falta de participación de la intelectualidad en los debates públicos, la pérdida de perfil de la presencia de gran parte del pensamiento social latinoamericano, mostrando un período de retroceso en la creatividad teórica y el compromiso político.

Las tendencias críticas, que no valoran las conquistas de este siglo, tienden a predominar; el alejamiento de partidos y movimientos populares, la adhesión a otras alternativas. Pero, principalmente, la despolitización, el refugio en temas e intercambios académicos, lejos de las prioridades y las urgencias políticas de sus países, del continente y del mundo. Las críticas a los partidos y liderazgos de izquierda vuelven a encontrar espacio, a veces de forma muy coincidente, con las de la derecha, después de haber prácticamente desaparecido en los años de auge de los gobiernos progresistas, frente a los cuales habían perdido su discurso.

Es muy significativo que Álvaro García Linera, que fue considerado el más importante intelectual latinoamericano, reciba manifestaciones de rechazo en el medio intelectual del continente. Que Rafael Correa no sea reivindicado también por el medio intelectual, como si él no fuera, además de gran líder político, un importante intelectual latinoamericano, señales de que la contraofensiva conservadora hace sentir sus efectos, de forma directa o indirecta, también en la intelectualidad del continente.

Solamente la comprensión de la perspectiva histórica en que se ubica Latinoamérica, la naturaleza de los problemas que enfrenta la izquierda, el carácter de los reveses actuales, la dimensión de los nuevos retos, los elementos de continuidad con la lucha antineoliberal y los elementos nuevos, que exigen readecuaciones por parte de la izquierda, permiten un nuevo ciclo de compromiso de la intelectualidad latinoamericana con la historia contemporánea de nuestro continente. No caben más iniciativas que no se traduzcan en contribuciones concretas, en nuevas interpretaciones de lo que vivimos.

La intelectualidad del pensamiento crítico latinoamericano necesita más profundidad, creatividad, trabajo colectivo, compromiso político, ideas, acercamiento a los movimientos y partidos populares. Agregar a la resistencia al neoliberalismo la participación concreta, con análisis y propuestas, en la recuperación de las fuerzas antineoliberales, más allá de lo cual, la teoría se volverá a apartar de la práctica, se perpetuará como ideas sin trascendencia respecto a la realidad concreta y se facilitará la ofensiva política e ideológica de la derecha.

Sin teoría, la práctica se vuelve impotente. Sin práctica, la teoría se vuelve inocua.