Casi
dos años después de la muerte del Comandante Hugo Chávez, la pregunta
clave que muchos de la izquierda están debatiendo en Venezuela y otras
partes es: ¿sus sucesores son fieles a su legado, o está el “proceso
revolucionario” estancado o, peor aún, en retroceso? Los agudos
problemas que han aquejado a Venezuela durante los últimos años
parecieran convencer a algunos Chavistas que la revolución ha sido
traicionada, o en el mejor de los casos, que a Maduro le falta por
completo la astucia política de Chávez. Una de las principales
dificultades es la escasez de numerosos productos, incluyendo los de
primera necesidad, y una tasa de inflación por encima de 60 porciento.
Según Maduro, ambos problemas forman parte de una “guerra económica”
llevada a cabo por intereses poderosos con el fin de desestabilizar a
Venezuela. Las dificultades del gobierno incluyen también el problema
universalmente reconocido de la corrupción.
Estos flagelos
también estuvieron presentes durante el gobierno de Chávez, aunque con
menor intensidad, y de todos modos él los enfrentó con ahínco. Su
respuesta a la escasez de productos básicos – que llegó a ser
particularmente fuerte en 2007 e influyó el resultado del referéndum
sobre la propuesta reforma constitucional – fue decretar numerosas
expropiaciones. En 2009, enfrentó el problema de la corrupción que
condujo a una crisis financiera al encarcelar por lo menos dieciséis
banqueros incluyendo el hermano de un ministro de mucha confianza,
Jesse Chacón, y ordenar la detención de cerca de 40 más que se fugaron
del país, al mismo tiempo que nacionalizó trece bancos.
Chavistas
radicales señalan que a Maduro le falta este tipo de audacia. Critican,
por ejemplo, la decisión de reemplazar la consigna chavista “Chávez
Vive, la Lucha Sigue!” con “Chávez Vive, la Patria Sigue!” como
indicativo de un retroceso político y una merma del fervor
revolucionario de la dirigencia chavista. Un Chavista radical concluyó
que con este tipo de modificación retórica Chávez está “frente a una
segunda muerte y desde la revolución”. (1) Los radicales también
cuestionaron la lógica implícita en la propuesta “diálogo de paz” con
los líderes de la oposición y el sector empresarial que fue diseñado
para controlar las protestas violentas que estremecieron a Venezuela en
los primeros meses de 2014. Los radicales estaban convencidos que esas
conversaciones abrieron las puertas a concesiones a los enemigos
históricos de la revolución bolivariana. Antonio Aponte y Toby
Valderrama, este un ex-guerrillero a quien Maduro ha atacado
personalmente, escribieron “Es hora… de decir nos equivocamos: Quisimos
ahorrarle sacrificios a la sociedad, tendimos la mano a la burguesía,
cometimos la candidez de querer construir la paz con los enemigos de la
paz….quisimos controlar el monstruo capitalista que es incontrolable.”
(2)
Estas críticas conducen a la pregunta ¿cómo evaluar un
gobierno comprometido con el camino democrático gradual para lograr el
cambio de largo alcance en el contexto de la polarización extrema y el
conflicto? ¿Un periodo de calma en el proceso de cambio, incluyendo
entendimientos con los adversarios, significa necesariamente una señal
que todo está perdido, como alegan a veces aquellos que invocan el
término de la “revolución permanente”? Ciertamente, la historia está
repleta de ejemplos de gobiernos comprometidos con la transformación
del país que, después de avances iniciales, empiezan a echar atrás y
terminan abandonando por completo la lucha. Por otro lado, la consigna
de Lenin de “un paso hacia atrás para luego dar dos pasos hacia
adelante” (en referencia a la Nueva Política Económica) puede ser
aplicada a Venezuela bajo Maduro, como algunos Chavistas moderados
alegan. Finalmente, ¿cuáles son los asuntos que debemos examinar con el
fin de determinar la validez de la afirmación que Maduro ha heredado el
manto revolucionario de Chávez? Y ¿cuáles son los asuntos que no son
particularmente relevantes a esta discusión, pero que algunos
izquierdistas analizan en un esfuerzo, probablemente equivocado, de
definir la orientación ideológica del gobierno de Maduro?
Los aciertos del gobierno de Maduro y sus limitaciones Una
de las claves del éxito político de Chávez fue su estrategia de
aprovecharse de cada victoria electoral y no-electoral para acometer
inmediatamente medidas que profundizaban el proceso de cambio,
iniciaban una nueva etapa en la transformación del país y golpeaban a
los adversarios. Por ejemplo, varias victorias electorales durante los
primeros dos años del gobierno de Chávez abrieron el camino para la
legislación anti-neoliberal controvertida en noviembre de 2001,
incluyendo la Ley de Tierras y la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Las
derrotas del golpe del estado de 2002 y el paro petrolero de 2002-2003
crearon las condiciones que hicieron políticamente factible el anuncio
de Chávez de su intención de combatir al imperialismo. Similarmente, la
derrota del referéndum revocatorio en 2004 condujo a su declaración del
socialismo como la meta principal de su gobierno. Su re-elección en
2006 con el porcentaje de votos más alto en la historia moderna del
país se aprovechó para nacionalizar telecomunicaciones, electricidad,
acero, cemento y otras industrias estratégicas.
En 2014 Maduro
rompió con esa estrategia de radicalización. En mayo, el gobierno
emergió victorioso de tres meses de desobediencia civil combinado con
actos de violencia (conocidos como “la guarimba”) con el objetivo
explícito de tumbar a Maduro. En las semanas siguientes, sin embargo,
el gobierno se abstuvo de aprovecharse de la oportunidad para realizar
más cambios, y lo que hizo fue seguir instando a la oposición a
participar en el diálogo de paz para garantizar la estabilidad.
Sin
embargo, la decepción de los radicales por la supuesta inercia de
Maduro no se justifica. Las reuniones del “diálogo de paz” –
independientemente si produjeron concesiones al sector privado (como
alegan los radicales) o no lograron producir acuerdos concretos (como
afirma la oposición) – crearon un clima conducente a la restauración
del orden. Además, la iniciativa abrió divisiones en el campo del
enemigo al confrontar el sector privado (que acordó participar) y
muchos seguidores de la oposición (que objetaron a los desordenes)
contra la oposición intransigente, que incluía casi todos los líderes
anti-chavistas (la única excepción importante fue el gobernador del
estado Lara, Henri Falcón). Como resultado, la oposición se encontró
profundamente dividida, desmoralizada, carente de capacidad de
movilización y sin un portavoz que pudiera representar un bloque
anti-gubernamental unificado.
Conjuntamente con otras
acciones, los esfuerzos de Maduro de combatir la especulación, el
acaparamiento, el contrabando y la corrupción, a pesar de fallas y
limitaciones, establecen las credenciales izquierdistas del gobierno y
lo diferencian de los de antes de 1998. La campaña es apuntalada por
una definición de propiedad privada anteriormente formulada por Chávez
que rechaza el concepto de los derechos sagrados y no condicionados de
los propietarios, fundamentado en la ideología capitalista que data del
siglo 18. Al promulgar la Ley de Tierras de 2001 y expropiar empresas
inactivas en 2005, Chávez insistió que el sector privado tiene
responsabilidades bien definidas, está sujeto a la intervención estatal
y eventualmente a la expropiación si no cumplían esas obligaciones.
Maduro
ha reforzado este principio a nivel de discurso, legislación y acciones
concretas en un esfuerzo para contrarrestar la “guerra económica”. En
noviembre de 2013 su gobierno inició una campaña contra el
acaparamiento y especulación al multar algunos comercios y obligarlos a
vender sus productos a un menor precio y en algunos casos encarceló a
los gerentes. La campaña fue bien acogida por los votantes que dieron a
los Chavistas un margen de 11,5 puntos porcentuales por encima de los
candidatos de la oposición en las elecciones municipales del mes
siguiente. La encuestadora Hinterlaces indicó que solamente 28 por
ciento de los votantes se opusieron a las medidas económicas tomadas
inmediatamente antes de las elecciones. El impacto positivo electoral
de las acciones gubernamentales asustó a la asociación empresarial
Fedecámaras, que las vio como expresión de acoso.
Después de
las elecciones de diciembre de 2013, el gobierno estableció nuevos
mecanismos para combatir la “guerra económica”. Hasta entonces, los
comercios fueron sancionados debido a la evasión de impuestos, el
no-cumplimiento con el régimen de precios regulados, y la cobranza de
precios exorbitantes para mercancías importadas con dólares
preferenciales. A partir de 2014, la Ley de Precios Justos creó la
Superintendencia Sundde, que limitó el margen de ganancia para
transacciones comerciales a 30 por ciento. Además, la ley estableció el
castigo de prisión en casos de acaparamiento, especulación y
contrabando (de hasta 14 años). Para mediados de 2014, Sundde anunció
que habían inspeccionado más de 4.000 empresas por mes, de las cuales
900 estaban sujetas a sanciones. Mientras que en algunos casos, Sundde
obligó a los comercios a bajar los precios, en otros tomó posesión de
las mercancías y las entregó a los consejos comunales para venderlas en
la comunidad o, en el caso de medicinas, a los hospitales. En otros
casos se aplicó los extremos de la ley, confiscando las gandolas
involucradas en el transporte de productos de contrabando a Colombia, y
encarcelando los camioneros.
Sundde cuenta con la
participación activa de la población en general. Cada uno de los
fiscales de la Superintendencia trabaja con dos o tres “inspectores
populares¨ escogidos por los consejos comunales o las UBECHEs del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Algunas de las
inspecciones son respuestas a información provenientes de la comunidad.
Redes informales también ayudan a informar al público acerca de la
venta de mercancías a un precio oficial bajo la supervisión de Sundde.
Además
de regular los precios y ganancia, el gobierno de Maduro ha mantenido
la insistencia de Chávez que el sector privado sostenga niveles
aceptados de producción. En septiembre, el gobierno respondió
favorablemente al pedido de sindicalistas de garantizar la producción
en las dos plantas de la empresa gigante Clorox, cuyos propietarios
pocas semanas antes habían salido de Venezuela y abandonaron sus
obligaciones con la empresa por lo que los trabajadores se apoderaron
de ella. El gobierno de Maduro anunció que le empresa estatal Pequiven
suministraría componentes a las dos plantas. El vice-presidente Jorge
Arreaza, quien inspeccionó una de ellas, señaló que la acción del
gobierno debe servir como una advertencia a otras compañías. La
decisión del gobierno fue especialmente audaz porque, a diferencia de
las compañías cerradas y luego expropiadas por Chávez en 2005, Clorox
es una multinancional y por eso podría llevar el caso a los tribunales
internacionales.
Los radicales que caracterizan al gobierno de
Maduro como uno de retroceso y entrega no reconocen que la estrategia
del gobierno iniciada por Chávez y recientemente extendida en respuesta
a la ¨guerra económica¨ tiene poco precedente en Venezuela. Los
gobiernos en el pasado nunca enfrentaron al sector empresarial en la
forma de la ocupación temporal de comercios y galpones, la confiscación
de camiones involucrados en el contrabando, la promoción de la
participación de las comunidades en combatir abusos empresariales, y la
fijación de límites sobre las ganancias.
Similarmente, la
aplicación de la ley y el encarcelamiento de Chavistas bajo cargos de
corrupción no tienen precedente, aún cuando esas acciones evidentemente
no han servido para detener prácticas anti-éticas. Más recientemente,
el ex-ministro y ex-gobernador Rafael Isea se fugó del país después de
ser acusado de malversación de fondos asignados para obras públicas. La
oposición típicamente alega, aunque sin prueba, que las acciones del
gobierno son represalias contra los disidentes chavistas. Sin embargo,
Isea, como otros Chavistas importantes que han enfrentado
enjuiciamiento bajo el gobierno de Maduro, estuvo asociado
estrechamente con la dirigencia del PSUV y la maquinaria del partido.
De acuerdo con la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, 493 venezolanos
fueron encarcelados por cargos de corrupción durante la primera mitad
de 2014.
Sin embargo, hay limitaciones y fallas en la
respuesta del gobierno a la ¨guerra económica¨. El gobierno no ha
ofrecido al público información detallada de las investigaciones y
procedimiento judicial después de los operativos bien publicitados
contra el contrabando, acaparamiento, y especulación. Esta falla ha
producida escepticismo entre muchos Chavistas de la base referente al
compromiso del gobierno de enfrentar los intereses económicos poderosos
en vez de los camioneros, pequeños comerciantes y miembros de la
economía informal – aunque ciertamente el gobierno ha impuesto
sanciones también sobre los comercios grandes. Aparentemente, el
gobierno de Maduro ha sido receptivo a la insistencia de Fedecámaras –
expresado durante el diálogo de la paz – a favor de los canales legales
y el derecho de la defensa antes de recibir sanciones, en vez de la vía
rápida justificada en situaciones de crisis.
Los críticos
izquierdistas de Maduro describen la respuesta gubernamental a la
guerra económica como ¨defensiva¨ y ¨reactiva¨. En contraste, la
asesora gubernamental y profesora universitaria Judith Valencia dice
que prefiere el uso de la palabra ¨contra-ofensiva¨. (3)
Independientemente de cuál de los dos términos son más apropiados, las
medidas tomadas por Maduro que definen y restringen las prerrogativas
del sector privado contradicen la tesis que el gobierno ha sido pasivo
y carente de una agenda alternativa.
Controles de cambio fuera del control
La
inhabilidad del gobierno de Maduro de frenar el incremento constante de
la tasa de cambio en el mercado libre, que para diciembre de 2014 llegó
a 160 bolívares (más del doble del cambio de hace 12 meses atrás), ha
generado críticas desde ambos lados del espectro político. Sin embargo,
la mayoría de los críticos pone etiquetas ideológicas a un problema que
demanda soluciones prácticas libres de los esquemas dogmáticos del tipo
neoliberal o marxista.
La proporción entre el cambio oficial y
del mercado libre es ahora más de diez a uno, una disparidad que es un
récipe para actividad de contrabando y corrupción. La economía
venezolana (a veces descrita como una “economía de puertos”) es
altamente dependiente de importaciones y, con la falta de dólares
“preferenciales” suficientes para cubrir todas las necesidades, la
tendencia ascendente de la tasa del mercado libre genera inflación.
Comerciantes que venden mercancías importadas, independientemente de si
fueron adquiridas con dólares preferenciales, tienden a fijar precios
en base al cambio del mercado libre y no al cambio oficial. Además,
entre más grande es la disparidad entre los dos tipos de cambio, mayor
es la ganancia derivada de solicitudes fraudulentas para dólares
preferenciales, que luego son vendidos en el mercado libre para una
ganancia fabulosa.
Fiel a sus creencias neoliberales, los
líderes de la oposición atribuyen estos problemas al pecado original
chavista de haber establecido el control de cambio en 2003. (4) El
economista más destacado de la oposición José Guerra culpa “el modelo
en el cual el Estado es el eje central de la economía y eso no ha
funcionado en ninguna parte del mundo”. (5)
Sin embargo, el
sistema de control de cambio funcionó relativamente bien durante casi
una década, durante la cual la disparidad entre las dos tasas
permanecieron más o menos dos a uno. Cuando al final de 2012, el cambio
del mercado libre se duplicó, el gobierno se abstuvo de tomar acciones
en la forma de aumentar el cambio oficial, o tomar medidas contra la
manipulación de precios, o ambas. En ese momento, la condición física
de Chávez estaba sujeta a mucha especulación, pero de hecho tenía pocos
meses de vida. Ciertamente la agonía física y sicológica impidió su
capacidad de tomar acción inmediata y decisiva. Maduro heredó este
dilema: una vez que una disparidad tan grande existía entre los dos
cambios, cualquier devaluación con el fin de restablecer la proporción
de dos a uno de los años anteriores corría el riesgo de disparar la
inflación. Por supuesto, culpar a Chávez de ser responsable de la
debacle cambiaria es impensable para Maduro y pudiera ser considerado
nada menos que sacrílego.
Frente al debilitamiento constante
del bolívar y otras dificultades financieras, el gobierno de Maduro se
ha abstenido de tomar medidas difíciles pero necesarias, como una serie
de mini-devaluaciones y el aumento del precio de la gasolina
(actualmente el más barato del mundo). Varios factores explican la
inamovilidad del gobierno. En primer lugar, algunos ministros
(incluyendo el Ministro de Planificación Jorge Giordani antes de su
salida del gobiern) apoyaron una posición marxista dogmática al ver el
mercado como contrario a las metas socialistas y en gran parte no
relevante en la formulación de la política económica. En segundo lugar,
algunos líderes chavistas consideran la economía dual en Venezuela
aceptable desde el punto de vista político: por un lado, los miembros
de las clases populares hacen largas colas en sucursales de tiendas
nacionales para obtener productos a precios artificialmente bajos; por
otro lado, los venezolanos de la clase media y alta pagan precios mucho
más altos para mercancías en violación del criterio de “precio justo”,
y en algunos casos vendidas en transacciones ilegales. (6) En vista de
la precariedad de la situación política durante la guarimba y
anticipando las elecciones para la Asamblea Nacional pautadas para
final de 2015, Maduro decidió no pagar un precio político por una
devaluación de mayores proporciones y un aumento del precio de la
gasolina, y más recientemente ha indicado que prefiere esperar a
condiciones más favorables antes de tomar una decisión. Sin embargo, el
momento ideal para actuar hubiera sido cuando la derrota de la guarimba
a mediados de 2014 (o el triunfo de las elecciones municipales en
diciembre de 2013) cuando el gobierno estaba en condiciones de ventaja
– como Chávez probablemente hubiera hecho.
El debate sobre la
devaluación y los precios de la gasolina en Venezuela no corresponde
directamente con posiciones en el espectro ideológico. En algunos
casos, los conservadores concurren con los de la izquierda (aunque, por
supuesto, emplean argumentos distintos). Grupos izquierdistas como
Marea Socialista se oponen a la implementación inmediata de ambas
medidas. Marea Socialista argumenta que antes de devaluar es necesario
acometer un estudio sobre la deuda pública, y que los precios de la
gasolina deben ser aumentados solamente si la medida está aprobada en
un referéndum consultivo. Mientras tanto, el dos veces candidato
presidencial de la oposición Henrique Capriles, en una expresión del
populismo contra el cual él constantemente arremete, también pone
resistencia a la devaluación y al incremento en el precio de gasolina.
Por
otro lado, el respetado economista chavista Victor Alvarez propone una
devaluación mayor en la cual la tasa oficial aproximaría a la del
mercado. Fedecámaras, de acuerdo con sus principios neoliberals, va más
allá al apoyar la eliminación por completo del control de cambio. El
ex-Ministro de Petróleo Rafael Ramírez, insiste en la necesidad de
implementar medidas complementarias con el fin de suavizar el impacto
de los ajustes sobre los sectores populares. No cabe duda que además de
los programas de compensación, la devaluación no debe ser tan abrupto
como para estimular protestas masivas (como hizo la “terapia del shock”
en los años 80 y 90), o la inflación galopante, o ambas.
Los resultados mixtos
En
resumen, aunque a Maduro a veces le falta los instintos políticos de
Chávez, y sus acciones no han logrado frenar la inflación, él ha
demostrado un compromiso en enfrentar a los abusos del sector
empresarial que no tiene equivalente entre los gobiernos de los países
capitalistas avanzados en las últimas décadas. Sin embargo, el gobierno
de Maduro puede ser culpado por la lentitud en responder al problema
del control de cambio que ha llegado a proporciones críticas. Dentro
del movimiento chavista, el debate sobre las varias propuestas
diseñadas para estabilizar el cambio carece en gran parte de
significado ideológico.
La crítica al gobierno por parte de
aquellos que apoyan el proceso de cambio proviene de varios sectores,
particularmente los intelectuales chavistas y las tendencias radicales
como Marea Socialista, pero sus opiniones reflejan la frustración de
una parte importante de la base del movimiento. La erosión del
entusiasmo es quizás natural dada la duración de dieciséis años en el
poder, agravada por los problemas económicos apremiantes y la
corrupción reconocida por los mismos líderes del PSUV como extensiva.
Los
dirigentes PSUVistas frecuentemente emplean la consigna favorita de
Chávez “Unidad, Unidad y Más Unidad”, contra los críticos radicales. La
hostilidad persistente de Washington hacia el gobierno chavista, más
recientemente demostrada por las sanciones impuestas por la
administración de Obama contra Chavistas, refuerza el argumento a favor
de suavizar las críticas y cerrar filas. Otro término usado por los
líderes del PSUV para desacreditar sus críticos es “izquierdistas
trasnochados”.
Más preocupante e indicativo de la intolerancia
creciente es el número significativo de Chavistas críticos cuyos
programas han sido eliminados de la radio y televisión del Estado. Un
ejemplo es la izquierdista de larga trayectoria, Vanessa Davies, quien
tendía a formular preguntas incómodas en su programa de televisión
“Contragolpe”. Algunos ministros la consideraron una espina en el
costado y fueron renuentes a aparecer en su programa, pero fueron
obligados hacerlo por Chávez. Muchos dirigentes chavistas están reacios
a aceptar críticas abiertas en este frente porque consideran los medios
privados como una fortaleza de la oposición que ha desempeñado un papel
clave en la campaña de desestabilización, prácticamente desde el
comienzo del gobierno de Chávez.
Dado el desempeño mixto del
gobierno, la dirigencia chavista debe esperar y tolerar críticas
fuertes desde adentro del movimiento. Un paso importante en la
dirección de un pluralismo muy necesitado estaría separar por lo menos
una parte de la dirigencia del PSUV del Estado – o sea, los ministros
del gabinete y los gobernadores que actualmente dirigen el partido. Por
cierto los dirigentes de los movimientos sociales no ocupan ninguna de
las ocho vicepresidencias del partido. La corrección de esta falla
abriría espacios para las “auto-críticas” desde abajo. Por encima de
todo, los líderes PSUVistas deben reconocer tanto a nivel de discurso
como de acciones que las críticas desde adentro del movimiento no son
parte del problema, sino parte de la solución. Al mismo tiempo, los
Chavistas radicales, independientemente de lo acertado de sus críticas,
exageran cuando apuntan hacia los errores del gobierno y los problemas
que el país enfrenta como prueba que las metas revolucionarios han sido
abandonadas y que el proceso de cambio está en completo retroceso.
*
Steve Ellner ha sido profesor en la Universidad de Oriente-Anzoátegui,
Venezuela desde 1977. Es compilador de La izquierda radical
latinoamericana: Complejidades del poder político en el siglo veintiuno
(Celarg, 2015).
[1] Evaristo Marcano, “Chávez frente a una
segunda muerte y desde la revolución”. Aporrea, 9 de septiembre de
2014. http://www.aporrea.org/actualidad/a173188.html]
[2]
Valderrama y Aponte, “La socialdemocracia proveedora y su fracaso
inevitable”. Aporrea , 30 de octubre de 2014.
http://www.aporrea.org/ideologia/a197530.html
[3] Valencia, entrevista personal, Caracas, 3 de diciembre de 2014.
[4] José Guerra, Del legado de Chávez al desastre de Maduro. Caracas: Editorial Libros Marcados, 2014.
[5]
Guerra, “Para superar la crisis hay que cambiar este modelo económico”.
El Progreso (Ciudad Guayana), 28 de octubre de 2014.
[6] Maryclen Stelling, entrevista personal, Caracas, 4 de diciembre de 2014.
7. Davies, entrevista personal, Caracas, 3 de agosto de 2014.
Fuente: http://www.newleftproject.org/index.php/site/article_comments/after_chavez_the_maduro_government_and_the_economic_war_in_venezuela1
El Año Nuevo 2015 llega a Australia y Nueva Zelanda (+Fotos)
La
Habana, (PL) El 2014 fue para la economía cubana el año en que
arrancaron nuevos motores para su despegue definitivo en 2015, y dejar
atrás la desaceleración de los últimos años, con la contribución de
nuevos componentes como la Ley 118 de la Inversión Extranjera. (
