Estados
Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) se suman a las
voces que urgen a México investigar el paradero de 43 estudiantes,
desaparecidos hace diez días tras ser atacados por agentes locales y
sicarios en el municipio de Iguala, norte del país.
La portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Jen Psaki, manifestó el martes la preocupación de su país por este crimen y demandó una investigación “completa y transparente” para que los responsables sean llevados a la justicia.
El gobierno estadounidense, comentó, sigue los reportes sobre el hallazgo de una fosa común cerca de Iguala, donde desparecieron los estudiantes mexicanos.
El pronunciamiento de EE.UU. coincide con el mensaje del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, exigiendo al Gobierno de México “el esclarecimiento de un asesinato tan inhumano como absurdo”, que “enluta no solo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas”.
En un ambiente de repudio y consternación, organizaciones defensoras de Derechos Humanos, como el Observatorio de Derechos Humanos, (HRW, en inglés) y Amnistía Internacional (AI), instan al presidente de México, Enrique Peña Nieto, a ir más allá de los mensajes de condena o de solidaridad hacia los familiares de las víctimas e investigar a fondo el caso.
Después de que el fin de semana las autoridades mexicanas hallaran fosas con 28 cadáveres aun no identificados, entre los que se cree que hay estudiantes, Peña Nieto lanzó el lunes en Iguala un despliegue de centenares de policías y militares con el fin de encontrar a los jóvenes desaparecidos y capturar a todos los responsables del ataque.
El pasado 26 de septiembre, unos 22 policías municipales y presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos dispararon contra estudiantes de la Escuela Normal y un autobús de un equipo de fútbol juvenil.
Como consecuencia de los tiroteos, seis personas murieron, entre ellas tres estudiantes, y otras 25 resultaron heridas. Además, decenas de jóvenes desaparecieron y, según distintos testigos, fueron subidos a varias patrullas de la Policía.
Los ataques comenzaron cuando los alumnos se apoderaron de varios autobuses privados para regresar a la Escuela Normal, que funciona como internado, después de hacer una colecta en Iguala para protestar contra las reformas educativas.
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